En el anexo de inversión pública –tomo IV del tercer informe de gobierno–, Aristóteles Sandoval mostró cifras alegres sobre obras públicas e inversiones que no se sostienen, según el análisis realizado por Proceso Jalisco. El documento contiene datos sesgados o francamente falaces sobre presuntos avances de la administración, pues alude a obras ejecutadas en años anteriores o, peor todavía, a otras que apenas se inician.
En su tercer informe de gobierno, Aristóteles Sandoval Díaz presumió obra pública antigua, no realizada o inconclusa; habló también de millones de pesos desviados para el pago de asesorías, encuestas, estudios de opinión, el equipamiento de tortillerías, la compra de botanas, papelería y la impartición de talleres…
Los datos se encuentran en formato digital en el “anexo informe de inversión pública” –tomo IV– que se puede consultar en el portal electrónico denominado “capital de la innovación”. En ese sitio se hace un desglose de las acciones e inversiones hechas por el Ejecutivo y sus dependencias durante 2015 en “las 12 regiones administrativas de Jalisco y sus 125 municipios”.
Según la información oficial, el Ejecutivo destinó 2.1 millones de pesos para la “elaboración del proyecto ejecutivo del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en la zona conurbada de Guadalajara”. También habló de una partida de 40.7 millones de pesos para la construcción del inmueble, aunque, aclaró “sólo se habían ejercido casi 19.5 millones”.
Sin embargo, Proceso Jalisco detectó que Sandoval Díaz colocó la primera piedra de esa obra el 25 de noviembre de 2013 que, según el cronograma, debió terminarse en enero del año siguiente. No fue así, pues el inmueble se inauguró 13 meses después: el 5 de febrero de 2015.
El martes 9, cuando autoridades estatales acudieron al CJM, que celebró su primer aniversario, escucharon a su coordinadora, Zulema Carrillo Núñez, quien se ufanó de haber atendido a casi 5 mil usuarias en ese periodo. En el evento estuvo Eduardo Almaguer, titular de la Fiscalía General del Estado, a la que está adscrito el centro.
En entrevista con Proceso Jalisco, Carrillo Núñez confirmó que el edificio estaba completamente terminado en febrero de 2015, cuando se inauguró, incluso aclaró que ese año no hubo ningún plan para ampliarlo.
En su tercer informe, el gobernador aludió a una “segunda etapa de renovación urbana de Avenida Chapultepec, tramo 2”, en la cual presuntamente se invirtieron 15 millones 300 mil pesos. En realidad los trabajos se iniciaron el miércoles 3 –dos días después del informe–, pero sólo de norte a sur, mientras que la segunda fase, la de sur a norte, se ejecutará en dos meses más.
En el mismo tomo IV se menciona también “el plan maestro de Espacios Recreativos y Equipamiento para el predio ubicado en Avenida Normalistas, calle A. Rubio y Carlos Pereira”. En esa obra, según el documento, se invirtieron 875 mil 133 pesos.
Vecinos de la zona aseguran que la calle A no existe y aclaran que el equipamiento en Normalistas comenzó en febrero de 2014 y la obra se entregó en abril de 2015 al ayuntamiento, presidido entonces por el priista Ramiro Hernández García.
En algunos tramos del camellón de Avenida Normalistas se instalaron aparatos deportivos desde la calle Ceboruco hasta tres cuadras antes de la Avenida Alcalde. Asimismo se colocaron bancas y lámparas; y poco antes del cruce con calle Brillante se colocó piso laminado, que ya está en malas condiciones.
El entonces alcalde y el gobernador sólo se tomaron la foto y nunca le dieron mantenimiento al camellón, dicen los vecinos. Hoy, las plantas se están secando y las lámparas están prendidas las 24 horas y el piso, “que parece como de madera”, ya tiene agujeros.
Las obras ficticias
Con relación al Museo de Arte Moderno y Contemporáneo –conocido como Museo Barranca–, la obra se encuentra detenida desde hace aproximadamente dos años. Sin embargo, según el informe, el museo recibió 13.4 millones de pesos a través del “programa de donativos a municipios en especie de obra pública ejecutada por el gobierno del estado”, así como 3.7 millones de pesos.
El Ejecutivo también dispuso de casi 1.4 millones de pesos para el mismo museo provenientes del programa de “servicios relacionados con obras públicas”, informó Sandoval, aunque aclaró que sólo se entregaron 850 mil a la gerencia técnica y financiera para la construcción de la tercera etapa del edificio. También detalló que el estado canalizó 408 mil 398 pesos “para el control de calidad” de esa etapa.
El tomo IV incluye otros logros ficticios, entre ellos la “construcción del sistema metropolitano de Espacios Públicos parque Huentitán”, para la que presuntamente se destinó 1 millón 334 mil 302 pesos; las obras del parque lineal Patria Sur, a las que se canalizaron casi 30 millones de pesos, y la segunda etapa de la “solución vial” en el circuito López Mateos y Periférico, que en realidad arrancará este mes.
Según el mandatario, se invertirán 49.6 millones de pesos en esta obra, pero el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos, declaró que en realidad costará 110 millones de pesos, más del doble de lo estimado.
Sandoval informó también sobre los gastos millonarios en análisis, encuestas, estudios, proyectos y asesorías.
La Comisión Estatal del Agua, por ejemplo, pagó poco más de 21.3 millones de pesos en ocho asesorías, aunque el informe no especifica a qué empresa.
Una de ellas fue “para la consolidación de una metodología de planeación y presupuesto para le revaluación de los programas, metas, objetivos y gastos para la generación de beneficios y ahorros y la mejora del servicio de la entidad gubernamental”.
Otra fue para analizar los consumos de los “distintos tipos de usuarios en la zona conurbada de Guadalajara”; el organismo también pagó un “estudio de opinión y encuestas sobre la aceptación de los consumidores, acerca de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado”.
Según el anexo del tomo IV, en la primera etapa del proyecto del sistema de transporte de altas especificaciones para el Periférico (Peribús) –que debió iniciarse en 2013–, se destinaron 19 millones 264 mil pesos el año pasado para el estudio de viabilidad; asimismo se contempló una inversión de 77 millones más, repartidos entre los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.
También se incluye el desglose de “inversión pública” para los municipios de la zona metropolitana: el de Tlaquepaque recibió casi 1 millón de pesos para la impartición de talleres y para la “conformación de comités comunitarios y contralorías sociales (en seis colonias)”; el de Tonalá, 640 mil pesos para el equipamiento de dos tortillerías –una llamada Los Populares y otra ubicada en la localidad Los Potreros de los Ríos–, y para el equipamiento de otros dos negocios: el de botanas La Paz y el de la papelería El Fresno, ambas ubicadas en la localidad Paseo de las Cañadas.
El ayuntamiento de Tonalá también recibió casi 9.7 millones de pesos para la colocación de cubierta de al menos 11 mallas sombra en patios escolares. En esos espacios, según el documento, se impartieron cursos de capacitación a migrantes.
En Guadalajara, el gobierno etiquetó 144.2 millones de pesos en 2015 para apoyar a productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros a través del subcomité técnico estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo. El dato llama la atención, pues en el municipio casi no hay superficie cultivable, más todavía cuando San Cristóbal de la Barranca, zona eminentemente agrícola, apenas recibió 37 mil 730 pesos.
El gobernador también habló de una inversión de 118.4 millones de pesos en la construcción del nodo vial del entronque de Avenida Concepción-Camino Unión del Cuatro, a la altura de la vías del tren. Aunque, en rigor, la obra arrancó a mediados de diciembre de 2014 y se debió concluir en octubre de 2015. Y, según el proyecto inicial, en ese periodo el Fondo Metropolitano invertiría 208 millones de pesos.
Con respecto al estadio de beisbol –que desde octubre de 2014 es utilizado por el equipo Charros de Jalisco–, el Ejecutivo invirtió 22 millones 620 mil pesos el año pasado en “obras de reforzamiento estructural de la zona de graderías, y en señalización y pintura de la estructura”.
El 8 de octubre de 2015, el equipo de beisbol obtuvo la concesión para que explote el lugar a cambio de darle mantenimiento hasta 2018; los beneficiados solicitaron al Congreso local que se le ampliará por 45 años.
La crítica de los académicos
El año pasado, según el anexo de inversión pública, se ejerció un presupuesto superior a 8 mil millones de pesos. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública fue la que más erogó: 4 mil 212 millones de pesos, seguida de Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios, con casi mil 335 millones.
Después, la Universidad de Guadalajara (UdeG), 799.5 millones; el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco, 732.1 millones; la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, casi 191 millones; la Comisión Estatal del Agua, 175 millones 737 mil; el Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco, 153 millones, y Desarrollo Rural, 96.6 millones.
Las dependencias que ejercieron menos recursos fueron: la Secretaría General de Gobierno, 712 mil 500 pesos; la de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 18.7 millones; el Fideicomiso de la Ciudad Creativa Digital, 10 millones, que comenzaron a ejercerse a partir del 22 de enero pasado. Ese día se envió maquinaria pesada a las obras aledañas a la casa Baeza Alzaga, en el centro de Guadalajara, para comenzar las excavaciones de lo que será el primer complejo.
Ignacio Román Morales, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) sostiene que el tercer informe del gobernador parece más un reporte de actividades que una evaluación del beneficio a los ciudadanos sobre el gasto público.
Román Morales, quien participó el lunes 8 en la glosa ciudadana en el Congreso en el eje de “Desarrollo Económico” –materia en la que es especialista–, enfatizó que en la zona metropolitana de Guadalajara persiste una inequidad en el desarrollo regional que no está en el informe.
Ante esas omisiones, dijo, “se requiere un informe con una mayor lógica cualitativa. No se dice, por ejemplo, cuáles son los criterios para priorizar dónde se pone el dinero, cuánto se gasta y quién vigila que ese gasto sea eficiente”.
Según él, “se requiere indicar cuáles han sido los beneficios para la gente de a pie. Y habrá que tomar en cuenta también los recortes federales del gasto público en infraestructura que le van a pegar fuerte a los estados”.
Sus colegas Adrián de León Arias, de la UdeG, y Agustín Escobar, del Centro de Antropología Social, quienes participaron en la misma mesa, comentaron que, más allá de presumir una inversión extranjera en el estado como parte de un desarrollo económico, el informe debió señalar que el salario de los trabajadores cayó 3% en los últimos tres años. Hoy, dijeron, el promedio salarial es de 6 mil 900 pesos al mes.
Al día siguiente, el martes 9, durante la exposición del tema “Gobierno Abierto”, Antonio Sánchez Bernal, investigador de la UdeG, así como Gilberto Tinajero Díaz y Alfonso Hernández, ambos del ITESO, coincidieron en que la rendición de cuentas en el tercer informe es participación y diálogo, más que la enumeración de indicadores y estadísticas.
Los académicos también apuntaron que, si bien el Plan Estatal de Desarrollo indica que el estado requiere una inversión de 50 mil millones para atender los problemas de infraestructura, el gobierno sólo invertirá 36 mil millones, por lo que habrá un déficit superior a 20 mil millones de pesos. l
