De Óscar González Garí
Señor director:
En Proceso Jalisco 581 se publicó un artículo de Jorge Covarrubias titulado “Detención ilegal, arma contra opositores a mineras”, donde divulga la situación de los nahuas del ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, asentados en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM).
Los indígenas detenidos fueron Miguel Monroy Gerardo y Marciana de los Santos López, a quienes el 16 de diciembre se les consignó al Juzgado Mixto de Cihuatlán acusados de despojar de un terreno de 14 hectáreas en La Huaca al particular Marcelino Bracamontes.
Por mi conducto, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C., hace votos por su pronta liberación dado que –según parece– estamos ante una “fabricación de delitos penales” que resultarían improcedentes por tratarse de un litigio agrario, terreno donde aún no se agotan las instancias.
De acuerdo con la nota, una brigada de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (U. de G.) intervino a su favor, y el 20 de diciembre salió a Ayotitlán “para conocer lo ocurrido y entregar a cada uno de los señalados por Bracamontes una copia del amparo 1940/2015-2, otorgado al defensor Jaime Hernández Lamas en el Juzgado 4º de Distrito en Materia Penal”, con el propósito de asegurar que los imputados enfrentaran “el proceso en libertad”.
Lo que nos resulta inaceptable es la declaración vertida al reportero por el extitular de la UACI César Díaz Galván en el sentido de que tras las “órdenes de aprehensión contra los líderes que siempre se han opuesto a las grandes empresas mineras: Gaudencio Mancilla, Juan Mancilla, Vicente Hermenegildo y Miguel Monroy, entre otros”, estarían los intereses mineros que “golpean a los liderazgos para poder avanzar con el proyecto de minería ilegal, en un momento muy álgido en la sierra”. ¿Alguna vez en su larga historia el pueblo nahua de la RBSM ha vivido en paz?
¿Cómo podríamos aceptar que Gaudencio Mancilla, expresidente del Consejo de Mayores de Ayotitlán, sea “opositor a las grandes empresas mineras” de la región, cuando se sentó –con la asesoría de la UACI– a negociar y pactar beneficios económicos –en el año 2010 un par de “Convenios”– con el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, S.A. de C.V., el mayor causante del ecocidio en la Cuenca Norte del Río Marabasco, y del etnocidio de 15 pequeños poblados nahuas? ¿Cómo aceptar que los imputados y Mancilla “siempre se han opuesto a las grandes empresas mineras” si el 22 de julio pasado guardaron silencio ante el atentado que sufrieron 330 nahuas de Ayotitlán, en terrenos del fundo minero de una empresa dizque “colimense”, al ser apedreados en un operativo orquestado por el personal minero y policiaco de Colima? ¿Cómo puede luchar contra las empresas mineras de la zona quien les reconoce personería y pide beneficios con la mayor de ellas? ¿Cómo puede luchar contra la minería un “líder” que creó una Comisión Ejidal Plural especial para institucionalizar y actualizar –año con año– el despojo de una parte estratégica del territorio ancestral de Ayotitlán?
La Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C., sólo puede reconocer como auténticas víctimas de la minería auspiciada por la UACI y la Comisión Ejidal Plural de Ayotitlán a los pobladores nahuas y mestizos que sufren el asedio directo y permanente de la minería de tajo de la trasnacional italo-argentina Ternium-Peña Colorada en El Platanar, Plan de Méndez, Changavilán, San Antonio, El Mameycito, La Piedra, Cerro Prieto, Chanquiahuitz, La Coconal, Cortapico, El Naranjal, El Pedregal, Las Pesadas y La Astilla; y a los refugiados en la cabecera municipal por el desplazamiento forzado de Jocotlán, la familia de Candelaria Zambrano Mora, a causa del cacicazgo de Michel de Paticajo, Colima.
Los nahuas de la Cuenca son jaliscienses que no juegan con su identidad, y se han ganado un lugar en la historia de Jalisco, pues al luchar por sus tierras diezmadas y amenazadas por la minería, han defendido con mérito propio su propia dignidad ancestral y un vasto territorio que el gobierno de Jalisco entregó hace tiempo al cacicazgo de Colima.
¿Dónde quedó –preguntamos– el respeto a la memoria de fray Antonio Alcalde, fundador de la Universidad de Guadalajara y precursor insigne de los derechos humanos en la Nueva Galicia? Hasta hoy la UACI lo ignora defendiendo intereses, no derechos, de unos pocos. (Carta resumida.)
Atentamente
Licenciado Óscar González Garí
Presidente de la RJDH, A.C. y delegado de la REMA
(Portal de la RJDH: Redjaldh@gmail.com)
