En sus dos primeros años, la Fuerza Única de Jalisco se distingue no tanto por sus resultados en materia de seguridad, como por la opacidad, según la información obtenida por Proceso Jalisco a través de la Ley de Transparencia.
Aunque lleva dos años operando, se desconoce cómo maneja la Fuerza Única de Jalisco (FUJ) los recursos que recibe a través de un fideicomiso. Sólo se sabe que en sus primeros 19 meses recibió casi 3 mil 750 millones de pesos para la compra de equipo y el pago de nómina.
Pese a la elevada inversión para el mantenimiento de la policía de élite, la seguridad no se refleja en la entidad, donde los delitos de alto impacto como homicidios dolosos, extorsión, amenazas y lesiones, entre otros, siguen aumentando, según revelan las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Si se toma en cuenta que hasta julio la Fuerza Única recibió más de 2 mil 215 millones de pesos, cada arresto significó un costo de casi 1.9 millones de pesos. Otro dato: del resto de los detenidos, cuatro fueron capturados durante algún tiempo y sólo dos fueron presentados ante el Ministerio Público.
De acuerdo con la página web de la Fiscalía General del Estado (FGE), la FUJ está integrada por la Fuerza Única Metropolitana (FUM), conformada por 450 elementos, y por la Fuerza Única Regional (FUR), de mil 400 integrantes con presencia en 19 regiones de la entidad, además de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG).
El 15 de diciembre de 2013, cuando la FUM arrancó, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz declaró que la nueva corporación tenía como objetivo reforzar la seguridad en la ZMG. Sus elementos, dijo, tienen conocimientos de defensa personal, planeación de misiones, patrullaje, comunicaciones, manejo de armas, derechos humanos y normatividad.
También expresó que los elementos de la FUM son los mejor pagados del país, pues ganan 22 mil 400 pesos al mes, menos impuestos.
La FUR, que inició su labor el 21 de julio de 2014, está conformada por policías de élite de corporaciones municipales de Jalisco. Todos ellos, a decir de la autoridad, están altamente capacitados para enfrentar a la delincuencia organizada en 120 de los 125 municipios de la entidad y cuentan con el mejor armamento. Su sueldo oscila entre los 12 mil y 15 mil pesos mensuales.
La FUJ, según indica la FGE en su página web, “es una de las columnas que sostienen el sistema estatal de seguridad pública de Jalisco; se concibe como un instrumento operativo cuya misión es reforzar la capacidad de los gobiernos del estado y de los municipios de Jalisco para garantizar el orden y la paz pública, así como para proteger la integridad física y patrimonial de sus habitantes, residentes temporales y personas en tránsito”.
No obstante, hasta ahora ese objetivo no se ha cumplido, como lo demuestra un comparativo de las estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del SNSP de 2014 y los primeros 11 meses de 2015, fecha de la última actualización.
En aquel año se registraron 900 homicidios dolosos, mientras que sólo en 11 meses de 2015 fueron 903. En diciembre pasado, según el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los peritos practicaron 112 autopsias por homicidio, que, sumadas a los 903 homicidios, dan mil 15.
Logros ínfimos
José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, sostiene en su estudio Jalisco: La amenaza del crimen organizado que desde 2008 existe en el estado una “creciente violencia homicida similar a la nacional”.
Con base en datos de la Oficina para las Drogas y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, “la tasa de homicidios sitúa al país en la posición 20 de entre 156 naciones, ordenadas de mayor a menor incidencia”, indica el estudio.
Con respecto a las lesiones dolosas, en 2014 se registraron 7 mil 261 casos, mientras que en los primeros 11 meses de 2015 fueron 7 mil 465; las denuncias sobre extorsiones también se incrementaron de 664 a 776 en el mismo lapso; y con respecto al robo de vehículos de carga, hubo 322 casos contra 336.
Los robos comunes con violencia clasificados como “otros” crecieron de 962 a mil 117; los robos sin violencia a transportistas casi se duplicaron, pues pasaron de 55 a 90; los despojos subieron de mil 271 a mil 368; las amenazas, de 6 mil 653 a 7 mil 201, y el rubro “otros delitos” pasó de 31 mil 205 a 33 mil 562 en el periodo referido.
Con respecto a los secuestros, bajaron de 22 a 18, lo mismo que las violaciones, que pasaron de 418 a 343, y los robos con violencia, que se redujeron de 6 mil 478 a 5 mil 836.
El pasado 25 de diciembre, la FGE dio a conocer los logros de la FUJ del 1 de enero al 7 de diciembre de 2015.
Durante ese periodo, según la dependencia encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez, se aseguraron 45 mil 600 litros de hidrocarburo en varios municipios del estado; además, se decomisaron 279 kilos de mariguana, 2.8 kilos de cocaína, 5.4 de crystal, 800 gramos de piedra base de cocaína, 440 de metanfetaminas, mil 348 pastillas psicotrópicas y 40 mililitros del mismo estupefaciente.
Asimismo, reportó la captura de mil 169 personas, la retención de cuatro, la presentación de dos ante el Ministerio Público –todos mayores de edad–, y 18 menores.
Según el desglose de la FGE, fueron detenidos un infractor en cada uno de los siguientes delitos: allanamiento de morada, intento de violación, portación de arma blanca, señalamiento y violencia intrafamiliar.
Por fraude y robo de hidrocarburos, fueron dos; por robo de autopartes y violación, tres; por usurpación de funciones, cuatro; daño a las cosas, seis; robo a casa habitación, persona, negocio y vehículos, ocho, 13, 14 y 34, respectivamente; también hubo 22 por lesiones, 69 órdenes de aprehensión, 114 por portación de arma de fuego y 876 por posesión de droga.
Durante ese mismo periodo –del 1 de enero al 7 de diciembre de 2015–, la FUJ confiscó 148 armas de fuego, 136 cargadores, 2 mil 332 cartuchos y una granada. Además, se aseguraron 134 vehículos y se recuperaron otros 74.
El gobierno del estado maneja los multimillonarios recursos de la FUJ a través de un fideicomiso, mediante el cual se pueden adquirir Fondos de Inversión de Renta Fija con liquidez diaria y calificación AAA que, en teoría, darían un pequeño margen de ganancia, según explica a este semanario un ejecutivo bancario.
El 1 de agosto de 2014, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz; el secretario general de gobierno, Roberto López Lara; el entonces titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Ricardo Villanueva Lomelí –hoy regidor en Guadalajara–, y el defenestrado fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco firmaron un contrato de fideicomiso público con el grupo financiero Actinver.
El Comité Técnico del fideicomiso quedó conformado por los cuatro firmantes, que pueden ser sustituidos por quienes ellos designen.
Según el convenio firmado por el gobierno estatal, el fideicomiso tiene como propósito “establecer un mecanismo ágil y transparente que coadyuve al desarrollo del Programa Fuerza Única Jalisco”, a cargo de la FGE.
Asimismo, se encarga de administrar y otorgar los recursos estatales y municipales que se obtengan de los convenios de coordinación sobre seguridad pública que celebren el estado y los ayuntamientos. Según el documento, es posible que en el futuro puedan incorporarse al patrimonio del fideicomiso “recursos federales para la ejecución de programas, obras, acciones y servicios en materia de seguridad pública”.
A pesar de que el fideicomiso inició formalmente el 1 de agosto de 2014, la información de los estados de cuenta consultados por la reportera indica que se constituyó en febrero de ese año con un capital cercano a 192 mil pesos.
Esa cantidad se mantuvo hasta mayo de 2014, cuando se contabilizaron casi 100 millones de pesos que se invirtieron en la compra de “equipo de transporte”.
Con base en la Ley de Transparencia, Proceso Jalisco solicitó el pasado 20 de noviembre a la FGE una copia del contrato del fideicomiso (folio 02221815), y otra de sus estados financieros desde que se instituyó.
La dependencia sólo proporcionó información sobre los estados financieros del fideicomiso de febrero de 2014 a julio de 2015. Curiosamente, el día 9 del último mes, Almaguer Ramírez sustituyó a Nájera Gutiérrez en la fiscalía. A partir de entonces dejaron de transparentarse los estados de cuenta.
Información parcial
De acuerdo con la información obtenida, de junio a diciembre de 2014 se gastaron mil 425 millones 246 mil 590 pesos en vehículos, compra de equipo de radiocomunicación y operativo, cascos y chalecos antibalas, escudos balísticos, mobiliario y equipo de oficina. En tanto que de enero a julio de 2015 se erogaron 2 mil 215 millones 380 mil 80 pesos en esos mismos rubros.
Según esas cifras, la autoridad estatal no cumplió con el “convenio de coordinación, colaboración y regionalización para la integración de una fuerza operativa bajo un solo mando para el estado” que firmó con los municipios.
El eje estratégico 3 del anexo único del documento, por ejemplo, menciona que a los elementos de la Fuerza Única se les asignarán uniformes, fornituras, chalecos con placas, cascos, aros de aprehensión… pero no se les entregaron, como se aprecia en las erogaciones de los estados de cuenta del fideicomiso.
Además, de los 19 centros de mando regionales proyectados, que serían completamente equipados, sólo se construyó uno en Puerto Vallarta.
En la copia de uno de los convenios de coordinación, colaboración y regionalización se lee en su séptima cláusula: “La administración y mantenimiento de los bienes materiales y equipamiento que las partes aporten para el cumplimiento de los fines del presente convenio y para la creación e implementación de la FUJ, será responsabilidad y correrá a cuenta del gobierno del estado de Jalisco”.
Y aunque el Ejecutivo compró armamento, equipos de radiocomunicación, vehículos blindados, chalecos, cascos y escudos, la FGE entregó a los elementos de la FUJ chalecos que estaban almacenados en la bodega de la dependencia ubicada en la calle de Manzano, al cruce la avenida La Paz.
“Son pocos los chalecos nuevos entregados, los puedes reconocer porque están pixeleados”, comentan a la reportera varios uniformados.
Con relación a los vehículos blindados, la fiscalía también cumplió de manera parcial, puesto que de las 10 unidades que forman un convoy, sólo una o dos están blindadas.
Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el fideicomiso destinó más de 104.5 millones de pesos para “gastos y gastos administrativos”. Sin embargo, en el desglose los dos conceptos se clasifican como pérdida, aunque no especifica cuáles fueron esos gastos.
Llama la atención que el fideicomiso no considere como pérdida la depreciación de vehículos y el equipo operativo, pues los clasifica como activo. Los estados de cuenta tampoco reflejan los rendimientos, intereses y/o ganancias que se generaron en virtud de la inversión de los recursos líquidos con los que cuenta el patrimonio.
La información proporcionada a la reportera por la FGE tampoco menciona cuáles fueron los fondos de inversión ni a dónde se canalizaron los recursos. Además, la dependencia considera como activo circulante el concepto de deudores diversos, cuando por lo general éste se toma como pasivo.
La sexta cláusula del contrato especifica que Actinver invertirá el dinero del fideicomiso “de acuerdo con las instrucciones que reciba por escrito del fideicomitente (gobierno del estado) por conducto del Comité Técnico”.
Y añade: “En caso de no recibir instrucciones, invertirá en Fondos de Inversión de Renta Fija con liquidez diaria y calificación AAA, cuya composición de cartera consista exclusivamente en papel gubernamental calificación AAA que estén autorizados por la legislación vigente o por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores operados por Banco Actinver”.
El documento indica que Actinver “no se hace responsable por el menoscabo que sufra el patrimonio del fideicomiso, cuando se adquieran instrumentos y plazos de inversión conforme a las instrucciones por escrito que le gire el gobierno del estado, ni por la minusvalía o suspensión de la cotización de los valores, títulos o documentos adquiridos”.
La cláusula decimotercera alude a los honorarios de Actinver. Por la constitución del fideicomiso, indica, se le pagarán 15 mil pesos; por la administración, recibirá 8 mil en mensualidades adelantadas, y por cada modificación al contrato del fideicomiso, 10 mil pesos.
Por otorgamiento y firma de poderes, así como por la firma de cualquier otro documento relativo al contrato, Actinver cobrará 3 mil pesos; y por la administración de los contratos de inversión que se “aperturen”, 500 pesos anuales más IVA. l
