Cuando Luis Carlos Nájera aún encabezaba la Fiscalía General del Estado, esta dependencia pagó más de un millón y medio de pesos por dos estudios demoscópicos, a fin de saber cómo se percibía el delito y se evaluaba el trabajo de diversas instancias de procuración e impartición de justicia. Pero ocurre que una de esas empresas no existe y la otra se dedica a un rubro distinto.
La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó entre sus gastos de 2014 que pagó casi 1.6 millones de pesos a dos empresas por realizar dos encuestas sobre seguridad. Sin embargo, una de esas firmas no existe y la otra se dedica a dar consultorías a negocios en materia fiscal y legal.
En el portal de Transparencia de la FGE se informa que el 19 de septiembre de 2014 la dependencia entregó el cheque 195807 a Stock Services VZF, S.A. de C.V., por 803 mil pesos para realizar “encuestas y evaluación de la prevención e identificación del delito en Jalisco”.
Durante ese año, en el sitio web de proveedores del gobierno del estado se identificó a Stock Services VZF con la clave P23857. Se dio de alta con domicilio en la avenida Juan Alonso de Torres 1443, colonia Valle del Campestre, en León, Guanajuato, con el número telefónico 20552-55, y asentó que se dedica a realizar estudios técnicos y profesionales.
Este semanario se comunicó en tres ocasiones al mencionado número telefónico, donde siempre negaron la existencia de la empresa. La primera vez respondió un hombre, a quien se le indicó que Stock Services se anuncia en distintos sitios web de directorios de empresa, en los cuales proporciona los números 2055254 y terminación 55. El sujeto se negó a identificarse y, molesto, dijo que no sabía nada de eso y que iba a reportar esos sitios web. Después colgó.
En las páginas web Amarilla Z y Pek se detalla que Stock Services VZF es un “establecimiento de comercio ubicado en el municipio de León, Guanajuato, pertenece al sector económico (…) Su giro comercial es servicios profesionales, científicos y técnicos”.
Sin embargo, el domicilio que proporcionó la empresa corresponde a un edificio, en cuya planta baja hay una mueblería. Afuera aparece un anuncio de Argus Business Center que ofrece oficinas virtuales. Este semanario se comunicó al teléfono de Argus, pero nadie respondió.
La segunda y la tercera vez que se llamó al número que aparecía en el padrón de proveedores del gobierno jalisciense hasta el año pasado, una recepcionista respondió: “IF”. Al preguntarle si conocía Stock Services, se molestó: “Ya le dijimos que no”. Al insistirle qué tipo de empresa era la suya, indicó: “No le voy a dar información, ya les dijimos que aquí no es. No es la primera vez que nos marcan”.
Actualmente, Stock Services no aparece en el padrón de proveedores del gobierno de Jalisco.
Kirk-Corp Consultores del Centro, S.A. de C.V., es la otra empresa que contrató la FGE por una consulta ciudadana cuando su titular era Luis Carlos Nájera Gutiérrez. La salida de este funcionario se dio en medio de un incremento de índices delictivos, acusaciones de tortura a detenidos y el escándalo por una serie de atentados contra elementos de Seguridad Pública.
El puesto fue ocupado desde julio pasado por Eduardo Almaguer Ramírez, en cuya administración se han incrementado las ejecuciones. Según estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, desde enero hasta el 15 de diciembre se habían registrado mil 151 de estos delitos, mientras que en 2014 fueron mil 108 casos. Tan sólo del 1 de noviembre al 29 de diciembre se registraron 217 homicidios.
A Kirk-Corp del Centro se le pagaron 785 mil pesos (cheque 195845) por hacer una “consulta y evaluación ciudadana de la seguridad pública en Jalisco”. En 2014 se le identificaba con la clave P23779 en la lista de proveedores del gobierno del estado. Registró como domicilio el número 13 de la calle Ejército Republicano, colonia Carretas, en Querétaro. Su giro: cursos de capacitación. Actualmente tampoco aparece entre los proveedores activos.
Proceso Jalisco se comunicó al número telefónico que proporcionó Kirk-Corp. La recepcionista identificó al lugar como Piu Capital, una firma con 20 años de experiencia en asesoría legal y fiscal. Precisó que reconocen a Kirk-Corp como parte de su grupo y transfirió la llamada a la asesora Alejandra Camil, quien desconocía si se realizó una encuesta para la FGE porque apenas tenía seis meses en la empresa, pero ofreció conseguir información sobre la elaboración de la misma. Nunca devolvió la llamada.
Las encuestas
Conforme a la Ley de Transparencia, este semanario solicitó copia de ambas encuestas. En total, la FGE entregó 234 fojas, de las cuales 109 corresponden al estudio de Stock Services.
Ambos estudios se enfocaron en conocer la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad, los delitos más denunciados y cometidos, y si la población considera que la autoridad hace un buen papel para prevenirlos.
De acuerdo con Stock Services, se entrevistó “cara a cara” a mil 67 personas, 51% de ellas mujeres. En los datos entregados no se especifica la fecha exacta de elaboración, sólo que fue en 2014, ni los lugares donde se aplicó.
Se dice que 41% de los entrevistados tiene entre 31 y 40 años; 32%, entre 18 y 30 años; 20%, de 41 a 50 años, y 7%, de 51 años en adelante. El 47% son casados y 30% solteros. El 43% tiene educación superior y 31% sólo bachillerato. Un 38% cuenta con empleo y 19% sólo estudia. El ingreso de 41% es hasta 6 mil pesos, mientras que 21% gana hasta 12 mil pesos al mes.
Un 35% de los encuestados considera que el robo es de los delitos más comunes y 24% indica que es el secuestro. En otra gráfica Stock Services se contradice al informar que 32% de la población considera que el delito más frecuente es el robo, mientras 24% considera que la extorsión.
Llama la atención que la encuestadora preguntó sobre el desempeño de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando desde marzo de 2013 se transformó en la FGE.
La empresa expone textualmente: “La percepción de la ciudadanía sobre los organismos públicos y de las entidades, opinan que su capacidad de prevenir y perseguir a los actores del delitos es considerada en general como regular o mala”.
Otra de sus conclusiones es que el robo es el delito más frecuente, con 55% de incidencia, y las regiones con mayor número de casos son: Centro, 28%; Costa Norte, 16%; Ciénega y Altos Sur, 11%. El segundo lugar lo ocupan las lesiones dolosas y el tercero la extorsión.
Kirk-Corp estableció que uno de los objetivos de realizar una consulta y evaluación ciudadana sobre la seguridad pública en el estado es identificar el nivel de victimización y delincuencia que existe en Jalisco. El otro es conocer los delitos más frecuentes que ha sufrido la ciudadanía y cómo ésta percibe el trabajo de las instituciones responsables de la seguridad.
Según la empresa, la encuesta se aplicó “cara a cara” a 2 mil 400 personas con residencia mínima de un año en Jalisco.
El 35.37% tiene entre 29 y 39 años, y 34.86% entre 18 y 28 años. El 38% de los encuestados cursó la universidad y 25% sólo el bachillerato. Casi 33% labora, 25% estudia y 16.50% está desempleado. Casi 58% recibe ingresos de hasta 5 mil pesos mensuales y 16% hasta de 10 mil pesos al mes. No se menciona la fecha de elaboración ni los lugares donde se aplicó.
Llama la atención que en una de las preguntas se pide al entrevistado: “De las autoridades siguientes, indique cuáles identifica, dando clic sobre la casilla correspondiente”. Se supone que la entrevista fue “cara a cara”.
El 42% de los encuestados (52% hombres) dijo sentirse seguro en el estado, mientras que 40.25% afirmó lo contrario y 17.75% dijo desconocerlo.
Casi 88% de los entrevistados consideró que su casa es donde se sienten más seguros, mientras que calificó de poco seguros su lugar de trabajo, el transporte público y las calles.
La mayoría cree que la pobreza, el vicio y el desempleo son las principales causas de la delincuencia; y las acciones preventivas del gobierno más conocidas son los operativos contra la delincuencia y las mejoras del alumbrado público.
Los entrevistados mostraron un alto grado de confianza en la Policía de Tránsito, y únicamente “algo de confianza” en las policías Preventiva, Estatal, Federal y Judicial; lo mismo que en el Ministerio Público, Ejército, Marina y jueces.
Parte de los datos que aportó Kirk-Corp a la FGE fueron tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, en la cual se desglosa la tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa y el número de víctimas por estado. De igual forma, se detalla la cifra negra por entidad federativa y los tres delitos reportados con mayor frecuencia en 2012.
La encuesta del Inegi reveló que la tasa de prevalencia delictiva es de 31 mil 861 habitantes en Jalisco, que con ello supera a los otros estados del occidente: Aguascalientes, Colima, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Mientras que la tasa mostró una incidencia delictiva de ocurrencia de 49 mil 83 habitantes jaliscienses por cada 100 mil habitantes.
Los mismos estudios del Inegi establecieron que las personas que fueron objeto de algún delito en Jalisco fueron 1 millón 662 mil 31 (7.69% de las víctimas en el país) y que los tres principales delitos fueron extorsión, robo a vehículos y asaltos en vía pública. El mismo organismo reportó que en 2012 se presentaron 2 millones 560 mil 387 denuncias ante el Ministerio Público.
La evaluación hecha por Kirk-Corp también refleja datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Los comparativos establecen que de diciembre de 2013 a enero de 2014 la extorsión, el secuestro y el robo aumentaron, 10.4%, 5.6% y 2.6%, respectivamente, y que en 2013 el secuestro y la extorsión se incrementaron en Jalisco 34% y 33% en relación con el año anterior.
Con base en las estadísticas oficiales, Kirk-Corp refiere que la zona Centro de Jalisco “es la principal región con mayor incidencia delictiva, seguida de la región Altos Sur. Al respecto, conviene apuntar que estas zonas son las principales regiones con mayor población en el estado”.
En sus conclusiones, menciona: “Con el apoyo de los datos obtenidos tras la investigación documental, se han obtenido bases sólidas (sic) para la toma de decisiones e implementación de estrategias a fin de la mejora en la seguridad pública de Jalisco”.
