El gobierno y el Poder Legislativo de Chile analizan la derogación de la Ley Reservada del Cobre, la cual ha permitido desfalcos millonarios en las Fuerzas Armadas. Con base en esa norma, 10% de los ingresos brutos de la empresa estatal Corporación Nacional del Cobre se destina a la adquisición de armamento. Se trata de una fuente sustancial de recursos para la institución castrense. Derogar dicha ley afectaría los fundamentos del actual sistema de financiamiento militar.
Valparaíso, Chile.- Un millonario fraude en los fondos que la industria del cobre destina a las fuerzas armadas se está convirtiendo en la lápida de la ley 13.196 “Reservada del Cobre”, la cual ha permitido la entrega de más de 20 mil millones de dólares para la compra de armas y gastos de mantenimiento militar en los últimos 25 años.
De hecho, las tres ramas de las Fuerzas Armadas –Ejército, Marina y Fuerza Aérea– tienen en dichos fondos una fuente sustancial de sus ingresos.
Aunque el desfalco –conocido como Milicogate– comenzó a ser investigado judicialmente en abril de 2014, no fue sino a principios de 2015 cuando trascendió. El Ejército lo reconoció –el 23 de febrero– en un comunicado público: “Como consecuencia del trabajo fiscalizador de los mecanismos de control institucionales, en el mes de abril de 2014 fueron detectadas irregularidades en el pago de facturas a terceros, por concepto de adquisición y contratación de servicios, situación que involucraba a dos integrantes de la institución”.
A partir de entonces una serie de investigaciones periodísticas –publicadas fundamentalmente en el medio electrónico The Clinic– mostraron la verdadera dimensión del ilícito.
El reportaje de Mauricio Weibel, “El Pentagate de los cuarteles”, publicado por The Clinic el 16 de marzo de 2015, reveló que en enero de 2014 el extesorero del Estado Mayor del Ejército, coronel Clovis Montero, se concertó con el cabo y auxiliar contable de la Dirección de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército (CAF), Juan Carlos Cruz, para realizar una adquisición ficticia de repuestos para vehículos militares que alcanzó un monto de 50 millones 41 mil 80 pesos (100 mil dólares al cambio de aquel entonces).
Esta operación fue justificada con cuatro facturas de la empresa Frasim Ltda, propiedad de Francisco Huincahue –proveedor habitual del Ejército–, pero los repuestos nunca fueron entregados.
Una vez que la operación culminó y los pagos fueron realizados al proveedor, éste le pasó a Montero –dentro de un auto estacionado en el Club Hípico de Santiago– 35 millones de pesos, quedándose con la diferencia por concepto de comisión y pago de IVA. Montero, por su parte, le entregó a Cruz 15 millones, y se quedó con el resto.
“Milicogate”
Felices por el éxito de esta operación, los implicados quisieron continuar el juego. El 18 de marzo Frasim Ltda emitió la factura 013234 por 5 millones 435 mil pesos. En este documento se registra la compra de “frenos, juegos de balatas y ejes palieres traseros”, para el Ejército. Otras cinco facturas fueron emitidas en esos mismos días.
Para conseguir que se autorizara el pago de dichas facturas, Cruz mandó hacer un timbre del Ejército y falsificó en un acta de recepción las firmas del general Héctor Ureta, comandante de la División de Mantenimiento; del coronel Jorge Silva, jefe de Mantenimiento; y del teniente coronel Pedro Ferrer Laguna, jefe de Departamento de Vehículos Motorizados a Ruedas.
El cabo Cruz envió la documentación a Tesorería del Ejército. El coronel Montero apresuró el pago mediante una llamada y el tesorero del Ejército, Samuel Poblete, autorizó el desembolso de 53 millones 41 mil 750 pesos, que fueron girados a la cuenta de Huincahue.
Sin embargo, Poblete quedó con dudas, por lo que revisó en detalle los documentos y comprobó que Ferrer aparecía suscribiendo el acta de recepción en calidad de teniente coronel, cuando ya era coronel. Para aclarar dudas, Poblete llamó a Ferrer. Éste rechazó tajantemente haber signado las facturas señaladas.
Montero fue puesto al tanto de esta situación, por lo que se comunicó con Ferrer, pero este rechazó airado cualquier posibilidad de arreglo. En pánico, Montero le pidió a Huincahue que emitiera un “vale vista” a nombre del Ejército por la totalidad de lo recién transferido a su cuenta. “Han surgido problemas”, se justificó. Huincahue siguió las instrucciones y al otro día Montero le entregó este documento bancario al coronel Poblete en el estacionamiento del edificio Bicentenario del Ejército.
Pese a esto, los afectados por la falsificación de firmas hicieron las denuncias respectivas y el caso creció como espuma hasta afectar los fundamentos mismos del sistema de financiamiento del Ejército.
El 2 de abril de 2014, el Alto Mando del Ejército traspasó los antecedentes a la Justicia Militar, que designó a la fiscal Paola Jofré, titular de la Sexta Fiscalía Militar, a cargo de este proceso, cuyo rol es 575-2014, en el que se ha podido comprobar que el relatado caso de defraudación es sólo un minúsculo ejemplo de una práctica extendida en la institución y que se replica en numerosos recintos militares del país.
Cruz y Montero fueron casi inmediatamente imputados como autores de los delitos de “defraudación fiscal” y “falsedad documentaria”. Están detenidos en el Regimiento de Policía Militar Número1, de Peñalolén, Santiago. Luego fueron procesados por “fraude al fisco” la sargento Millaray Simunovic y los suboficiales Claudio González y Miguel Escobar, entre otros.
El 22 de diciembre de ese año el Ejército comunicó la baja del coronel y tesorero del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Oliver Pinto, por apropiación de 30 millones 348 mil pesos (unos 43 mil dólares).
En entrevista con Proceso, Weibel señaló que el Ejército pagó facturas falsas y otras que tenían órdenes por robo o extravío, así como de empresas inexistentes o desaparecidas. Hasta el momento son más de 2 mil 500 las facturas investigadas por ilícitos que comprometen a decenas de oficiales y suboficiales del Ejército.
Los montos defraudados comprobados sobrepasan 10 millones de dólares entre 2010 y 2014. Según Weibel “es imposible saber el monto total, pero sin duda van a ser millones y millones de dólares”.
Para casinos y fiestas
En entrevista realizada en octubre por The Clinic, Montero apuntó como responsables a los jefes del CAF y de su departamento de Planificación, entonces dirigido por el coronel Fernando Grossi: “Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”. Cabe consignar que el CAF es el organismo encargado de administrar los recursos asignados a armas por la Ley Reservada del Cobre.
En 2012 el entonces jefe del CAF, general Jorge Salas, ordenó que se dejaran de revisar las facturas asociadas a gastos de Ley Reservada del Cobre, las que sólo cabía visar para realizar los respectivos pagos.
En la mencionada entrevista Montero dijo que los fondos de reserva del cobre se gastan sin ninguna fiscalización: “Nunca nadie revisa nada”, precisó el extesorero.
Montero fue más allá en sus denuncias. Entregó los nombres de quienes –según su parecer– serían los principales beneficiarios de la corrupción en las compras del Ejército: el general Héctor Ureta y el coronel Jorge Silva (de Mantenimiento); el coronel Fernando Grossi y el general Juan González (CAF), entre otros.
Además aseguró que el dinero se gasta principalmente “en casinos, propiedades, caballos (de carrera) y fiestas”.
En efecto, entre 2008 y 2014, Cruz jugó en casinos Monticello 3.5 millones de dólares. Esto, cuando su ingreso mensual es inferior a los mil dólares.
El Milicogate también es investigado por la jefa de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, Ximena Chong, quien analiza la responsabilidad de Huincahue y otra decena de proveedores civiles en fraudes como los señalados; y por el ministro en visita Omar Astudillo, designado el pasado 17 de noviembre por la Corte Marcial.
Por otra parte, el pasado 4 de noviembre la Cámara de Diputados creo una comisión investigadora sobre el Milicogate, la cual llamó a comparecer al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y al comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo.
En dicha comparecencia –el 23 de diciembre– ambos marcaron distancia con los imputados, prometieron aplicar mano dura y aseguraron que este no se trata de un fraude del Ejército, sino que es un fraude al Ejército y al país.
Oviedo expresó: “No he venido aquí a dar explicaciones para justificar actos ilícitos ni a defender delincuentes. He venido a entregar antecedentes (…) para esclarecer estos hechos que son muy repudiables y nos duelen mucho”.
Gómez, por su parte, sostuvo: “Vamos a perseguir responsabilidades, sea el grado que tengan los involucrados”.
Ley Reservada
En 1958 el presidente nacionalista Carlos Ibáñez del Campo promulgó la Ley del Cobre, publicada en una edición restringida del Diario Oficial, dado que su carácter secreto data de aquel entonces. Esta normativa preveía la entrega de 10% de las ganancias del cobre a la adquisición de armamentos.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet se modificó esta norma –por medio del Decreto Ley 1.530, del 21 de julio de 1976– determinándose que se destinará a la compra de armas 10% de los ingresos brutos de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), lo que supuso un incremento formidable de los recursos para las Fuerzas Armadas.
Entre 1995 y el primer semestre de 2015, Codelco entregó a las Fuerzas Armadas 17 mil 127 millones de dólares. En la primera parte de 2015 –cuando los precios del cobre cayeron– la contribución de la estatal minera a las Fuerzas Armadas, vía Ley Reservada del Cobre, fue de 529 millones de dólares, lo que representó 93% de todos los aportes que esta empresa entregó al país.
Los aportes de la Ley Reservada del Cobre se dividen en partes iguales entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas y tienen un piso mínimo que actualmente bordea los 300 millones de dólares. Si esos recursos no se cubren con 10% de las ventas de Codelco, el Estado debe completarlos.
Pero el escándalo del Milicogate ha provocado duros cuestionamientos a la Ley Reservada del Cobre, principal fuente de recursos para comprar armas en Chile, y fuente de numerosos fraudes y desfalcos que se originan en la opacidad con que se manejan estos recursos.
El 26 de diciembre y después de varias semanas en el ojo del huracán, el ministro Gómez anunció en entrevista con el diario El Mercurio que junto con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, formularán una propuesta alternativa de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Ésta se presentaría a la presidenta Michelle Bachelet en el transcurso de 2016 para su conocimiento, aprobación y despacho al Parlamento.
Gómez sostuvo que “el sistema de financiamiento necesita una modificación” y dejó en claro que no se plantea politizar ni polemizar la discusión de la propuesta: “Las Fuerzas Armadas necesitan que exista un sistema de financiamiento que no las haga competir con la construcción de hospitales o con la educación; el país necesita un financiamiento asegurado para la defensa del país”, manifestó.
Dijo esto ante la enorme presión ciudadana y política que busca que los recursos que hoy se ocupan en la compra de armas, en parte sean destinados a mejorar la salud y la educación públicas.
Un día después que el titular de Defensa hiciera este anuncio, Oviedo abordó el punto: “No me corresponde defender una forma de financiamiento”, declaró. Agregó que “se debe ser muy cuidadoso con la manutención de la capacidad militar”, la cual “debe estar operativa y vigente, bien entrenada y con capacidad de actuar”.
Oviedo –entrevistado por diversos medios– no ocultó su deseo de restringir el debate: “Ojalá no llevemos esta discusión a que la sociedad civil ponga en cuestionamiento lo que debe tener su ejército, porque ésa es una definición de país, de Estado”, manifestó.
Tras el anuncio de Gómez, representantes de la oposición y el oficialismo salieron a respaldar un cambio en el sistema de financiamiento de la compra de armas, recordando algunos de ellos que ya hay un proyecto en esta línea, congelado en el Congreso.
El senador por la derechista coalición Alianza por Chile y exprecandidato presidencial del partido Renovación Nacional, Andrés Allamand, recordó públicamente que “durante el gobierno anterior (del derechista Sebastián Piñera, 2010-2014) aprobamos, por unanimidad en la Cámara de Diputados un proyecto que derogaba la Ley Reservada del Cobre y la reemplazaba por un nuevo sistema de financiamiento… inexplicablemente se estancó en el Senado en 2013 (…) Es hora de retomarlo”.
Allamand –una de las figuras más influyentes de la política chilena– recordó que aquel proyecto constaba de cuatro pilares: distinguía en la Ley de Presupuestos “entre el financiamiento de las actividades generales y el de las capacidades estratégicas: el primero mantenía una base anual; el segundo, una de cuatro años”.
Según esta propuesta las adquisiciones de material bélico deben “encuadrarse en una estrategia de seguridad y defensa de 12 años de duración y aprobada por el presidente, con participación del Congreso y las Fuerzas Armadas”, subrayó el legislador.
También “existía una ‘asignación mínima’, cuyo monto era menor al promedio del gasto incurrido entre 2001 y 2010, a fin de impedir el deterioro de la capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas”, dijo Allamand.
Finalmente, se aseguraba que las inversiones en armas quedaran bajo el control de la Contraloría General de República y se obligaba al Ministerio de Defensa a rendir cuenta detallada de los gastos a las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y el Senado.
El diputado del oficialista Partido por la Democracia y miembro de la Comisión de Defensa, Jorge Tarud, recordó –citó el diario El Mercurio– el proyecto que la Cámara aprobó en 2013. “Desconozco las indicaciones que piensa presentar el ministro. Las estudiaremos. No obstante, la ley quedó bien equilibrada, resguardando la capacidad disuasiva de Chile con las facultades del gobierno y el Congreso para establecer el presupuesto”.
El Milicogate ha hecho que la Contraloría General de la República vuelva a fiscalizar las compras y obras “secretas” de las Fuerzas Armadas con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. El cambio de criterio fiscalizador aparece en el decreto de la Contraloría 98.501, difundido por el diario electrónico The Clinic el pasado 22 de diciembre.
La nueva norma establece que los recursos que entrega la Ley Reservada del Cobre “están destinados a la Defensa Nacional y por lo tanto, el ministerio del ramo y las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) deben someterse a las instrucciones que al respecto le imparta el Órgano Contralor y presentar los documentos fundantes de las inversiones efectuadas que le requiera la Contraloría General, incluso de aquellas obras militares declaradas secretas”.
Para materializar este cambio, se revocó el dictamen de Contraloría Número 56.749 de 2009, que redujo la exigencia de fiscalización sobre gastos castrenses a sólo exigir un Certificado de Buena Inversión, emitido por el Consejo Superior de Defensa Nacional.
