Venezuela estrenará el año con un previsible choque de fuerzas: por un lado, la Asamblea Nacional –que se instalará este martes 5 y tiene mayoría opositora– buscará cambiar las políticas social y económica del gobierno; por el otro, los poderes Ejecutivo y Judicial –éste, con gran número de integrantes leales al presidente Maduro– harán hasta lo imposible por detener las transformaciones que tiene en mente el Legislativo y que llegarían, eventualmente, a defenestrar al mandatario y convocar a un Congreso Constituyente.
Caracas.– Aunque la oposición venezolana está más fortalecida que nunca en los 17 años de chavismo y desde este martes 5 tendrá el control de la unicameral Asamblea Nacional (AN), el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca, mediante una serie de maniobras jurídicas deploradas por la comunidad internacional, reducir la capacidad de legislar que le otorgaron los votantes.
Sin resignarse a convivir con una AN con mayoría absoluta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el gobierno de Maduro ha echado mano de recursos de última hora para quitarle a ese bloque opositor algunos de los diputados que obtuvo en los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre –112, de un total de 167– e impedir así que tenga la mayoría absoluta del Congreso unicameral.
El miércoles 30, mientras todo el país se encontraba en receso por el puente de fin de año, los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendieron sus vacaciones para analizar ocho recursos de impugnación presentados por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra igual número de diputados opositores elegidos el 6 de diciembre.
“En Venezuela está en marcha un golpe judicial contra la voluntad popular. Estas impugnaciones no tienen ningún sustento legal pero el gobierno aprovecha el control total que tiene sobre el TSJ”, dice a Proceso el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.
Al cierre de esta edición, la Sala Electoral del TSJ analizaba las impugnaciones y bastaba que anulara la elección de uno solo de los ocho diputados opositores para despojar a la MUD de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
De ocurrir esto, la MUD vería limitada su capacidad de legislar en temas fundamentales para este país en crisis, como convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o aprobar enmiendas constitucionales.
Ruta crítica
Pero más allá de sus atribuciones legislativas, y en medio de la ofensiva gubernamental para restar el poder que le otorgaron los votantes, la MUD está decidida a aprovechar su mayoría en la AN para impulsar una agenda legislativa que haga frente a la severa crisis económica y social que vive el país y para fiscalizar a un gobierno acusado de corrupto por sus propios exministros.
“Estas maniobras conspirativas no nos van a impedir ser la mayoría política de Venezuela, como lo decidieron los votantes el 6 de diciembre, y vamos a ejercer esa mayoría”, señala Torrealba.
De hecho, y más allá de las impugnaciones del PSUV a los triunfos opositores, la MUD ya tiene trazada una ruta crítica cuyo objetivo es poner fin de manera anticipada al gobierno del presidente Maduro.
El entrante diputado opositor y virtual presidente de la nueva AN, Henry Ramos Allup, afirma que “en un plazo de seis meses debemos tener lista una solución constitucional, democrática y pacífica para lograr un cambio de gobierno”.
Entre las opciones que menciona el dirigente de la MUD, la coalición que congrega a los principales partidos de oposición, está un referendo para revocar el mandato a Maduro este mismo año de 2016 o convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reconfigure el régimen político construido por el fallecido líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
Ramos Allup piensa que el referendo revocatorio es un mecanismo “muy complejo” porque, para convocarlo, la MUD debería recopilar a partir de abril próximo –cuando Maduro cumplirá la mitad de su mandato– las firmas, huellas dactilares y fotografías de 3.9 millones de electores inscritos, 20% del total.
Esta opción resulta intimidante para amplios segmentos de ciudadanos que creen que el gobierno usará esa información para despojar de sus empleos a trabajadores del sector público simpatizantes de la oposición. Además, si se obtienen las firmas, para revocar a Maduro se necesitarán al menos 7 millones 587 mil 532 (38.9% del actual padrón electoral), que son los que obtuvo cuando fue elegido presidente, en 2013.
“Un referendo revocatorio tiene demasiadas exigencias, pero sólo es uno de varios mecanismos. No hemos definido nada. Vamos a optar por lo que nos garantice más estabilidad. Es algo que debemos evaluar y que va a depender, también, de la manera en que reaccione el gobierno ante esta nueva situación política. Lo que sí no veo es a Maduro terminando su periodo”, señala Ramos Allup.
El dirigente político explica que con la mayoría absoluta –lo cual depende de que el TSJ no revierta algunos triunfos opositores– la MUD podrá incluso impulsar una reforma constitucional que acorte el periodo de gobierno de Maduro, que vence en abril de 2019, aunque no existe aún una decisión sobre cuál mecanismo adoptar.
“Lo que tenemos definido, por ahora, es que el camino que vamos a elegir va a ser resultado de una decisión colectiva que tomaremos todas las organizaciones políticas integrantes de la MUD”, señala Ramos Allup, quien es secretario general del socialdemócrata partido Acción Democrática.
Choque de poderes
El control del Legislativo que obtuvo la MUD en los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre no sólo le permitirá a esa coalición opositora desafiar la permanencia de Maduro y el chavismo en el poder, sino incidir en las políticas económica y social del gobierno en un contexto de crisis.
La oposición proyecta impulsar un paquete de leyes para fomentar la producción nacional con incentivos a la inversión privada; para otorgar títulos de propiedad a los más de 900 mil venezolanos que han recibido viviendas del Estado condicionadas a su lealtad política, y para liberar a los presos políticos.
De hecho, la primera iniciativa que según el programa de la MUD aprobará la nueva Asamblea Nacional será la Ley General de Amnistía y Reconciliación Nacional, mediante la cual serían liberados unos 75 presos políticos, entre ellos el líder de Vanguardia Popular, Leopoldo López –sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión–, y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Además, la MUD tiene previsto llamar a rendir cuentas a los ministros y funcionarios públicos que manejan las finanzas, el Banco Central, el enorme aparato de empresas estatales, la industria petrolera y las misiones sociales.
De acuerdo con Ramos Allup, en 17 años de chavismo la Fiscalía y la Contraloría han actuado como caja de resonancia de decisiones del Ejecutivo, sin ejercer sus funciones de control, mientras que la Asamblea Nacional renunció a sus funciones de interpelación política y de llamar a cuentas a ministros y funcionarios de alto nivel.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alexis Alzuru, considera que la nueva correlación de fuerzas en el país –donde el chavismo tendrá por primera vez una Asamblea opositora– augura “meses, y quizás años, de tensiones políticas y de una gran confrontación entre los poderes del Estado”.
Un primer escenario que anticipa el doctor en ciencias políticas es el de un permanente conflicto entre la Asamblea, por un lado, y el Ejecutivo y el TSJ por otro. Esto, de hecho, es lo que ya comienza a verse con claridad en Venezuela.
La saliente AN, dominada por el oficialismo, nombró el pasado 23 de diciembre a 13 magistrados, en lo que la oposición calificó como una maniobra ilegal de última hora porque esas designaciones debían ocurrir en 2016. Este movimiento tuvo como fin garantizar la lealtad al Ejecutivo del máximo tribunal del país, el cual se perfila como el árbitro de la anunciada disputa entre Maduro y el parlamento opositor.
El presidente venezolano ya ha dicho que no acatará leyes como las que pretende aprobar la nueva AN, entre ellas la de amnistía a presos políticos. Esto dejará al TSJ, cuyos magistrados simpatizan o son militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como el fiel de balanza en esa disputa de poderes.
Aunque Maduro carece de facultades para vetar leyes aprobadas por la AN, la Sala Constitucional del TSJ sí tiene esa potestad, lo que de acuerdo con Alzuru “podría dejar a la oposición acorralada en un laberinto jurídico en el que sus legislaciones sean obstaculizadas por el Poder Judicial y acabe por no tener una incidencia real en los asuntos públicos del país”.
Un segundo escenario, indica el académico, sería que la MUD consiga que algunos magistrados del Poder Judicial actúen imparcialmente, “y ahí el acorralado podría ser el presidente Maduro, quien tendría que acatar las leyes aprobadas por la Asamblea”.
Alzuru considera que, en esa circunstancia, el Legislativo venezolano podría además ejercer de manera más eficaz su función de control de las finanzas públicas, en especial de la gigante estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que es “una caja negra de corrupción”, según la información disponible.
“En este caso, la función contralora de la Asamblea podría cobrar un papel capital. Y en términos políticos estaríamos ante una situación muy crítica en la que los casos de corrupción acabarían de disolver el piso de legitimidad que le queda al presidente. Eso haría impostergable un referendo revocatorio o una salida constitucional de fin de su mandato”, afirma el profesor de la UCV.
Emergencia económica
La nueva Asamblea Nacional asumirá funciones en momentos en que Venezuela registra una profunda crisis económica y social.
El desabasto de alimentos y medicinas obliga a los ciudadanos a hacer largas filas en los supermercados para conseguir productos básicos de consumo diario. El salario mínimo, que al tipo de cambio del mercado negro (en Venezuela hay control de cambios) llega apenas a 11.50 dólares mensuales, es pulverizado por una hiperinflación que ascendió a 211% en 2015.
“Y este año la situación económica será peor”, dice el economista Orlando Ochoa, quien estima que la inflación podría acercarse en 2016 a 800% porque el gobierno “no ha hecho nada por controlarla y sigue imprimiendo cantidades exorbitantes de dinero inorgánico”.
De acuerdo con Ochoa, la caída de inventarios y la falta de divisas por el desplome de los precios internacionales del petróleo –que aportan 96% de los ingresos nacionales— producirán un desabasto más agudo este año.
Estima que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) será de 11%, lo que se sumará a la contracción del mismo porcentaje en 2015 y de 4.8% en 2014.
Según estas proyecciones, los venezolanos perderán la cuarta parte de su ingreso per cápita con la recesión acumulada entre 2014 y finales de 2016. Y la pobreza será mayor de 55%, porcentaje más alto que el que había cuando llegó Chávez al poder, en 1999.
Ochoa considera que “en este desastroso panorama económico y social el chavismo tiene incentivos para hacer con la MUD una negociación de transición, renunciar y llamar a un gobierno de unidad nacional. Eso sería lo sensato”.
El doctor en economía por la Universidad de Oxford señala que la Constitución prevé declarar estado de excepción por emergencia económica, “y esto es lo que en realidad tiene hoy el país”.
Además, indica, existe una crisis de inseguridad que, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, hizo de este país el más violento del mundo en 2015, con una tasa de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Para Alexis Alzuru, sin embargo, “la posibilidad de que la crisis y la nueva realidad política lleven al gobierno a una negociación es prácticamente nula porque en este país no hay ninguna posibilidad de alcanzar consensos desde que el chavismo llegó al poder, hace 17 años”.
El politólogo considera que la única salida “a un panorama como el que se abre paso, con la población en pie de guerra por el desabasto, sería una Asamblea Nacional Constituyente” que reformule el pacto social venezolano.
Y la MUD tendría la mayoría necesaria para convocarla en la legislatura que se iniciará este martes, siempre y cuando la Sala Electoral del TSJ –controlada por magistrados progubernamentales— haya decidido rechazar las impugnaciones presentadas por el oficialista PSUV.
