Señor director:
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) anunció con bombo y platillo el 21 de noviembre pasado que recibirá un financiamiento de “alrededor de 10 mil millones de pesos” del Banco Mundial (BM) para implementar el “Plan Agua para el Futuro CDMX”. El mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, parece olvidar que los organismos financieros como el señalado no son “hermanitas de la caridad”, y que al conceder tales financiamientos siempre exigen que los servicios correspondientes sean parcial o totalmente privatizados para beneficiar a empresas cuyo fin es lucrar y no satisfacer derechos humanos.
Aun cuando el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) tiene privatizados los aspectos más lucrativos del sistema: medición, facturación, cobro y megatratamiento de aguas residuales, parece que ahora van por todo el pastel que representa la venta de servicios de agua a más de 8 millones de habitantes del DF.
El GDF debería aprender de la experiencia histórica del Caso Boliviano: En 1997 el BM ofreció al gobierno de ese país “ayuda” para el desarrollo de sus sistemas de agua, con la condición de que privatizara el servicio en sus dos ciudades más grandes, La Paz y Cochabamba.
Para abril del año 2000, en Cochabamba, la empresa beneficiaria (Bechtel, de EU) ya había mostrado el cobre incumpliendo sus promesas de inversión en infraestructura hidráulica; además, había incrementado tarifas en más de 400% y, para colmo, mediante una abyecta ley gubernamental, prohibió a la población captar agua de lluvia. Esto provocó un grave conflicto social que arrojó decenas de heridos y algunos muertos hasta que, al fin, Bechtel salió de Bolivia.
Mas la pesadilla no terminó ahí porque la empresa estadunidense y su co-inversionista Abengoa, de España, denunciaron a Bolivia reclamando 50 millones de dólares por concepto de “utilidades no obtenidas” ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una corte cerrada al público que atiende casos relacionados con el comercio internacional y que es manejado por el BM.
Aunque en enero de 2006 el diferendo finalizó con un saldo positivo para Bolivia, no debemos olvidar que nuestro país corre el mismo riesgo de ser demandado ante el CIADI si una inversión resulta fallida, porque el marco jurídico impuesto por el TLC así lo determinó.
Desde nuestro punto de vista, sería mejor que el GDF dejara de gastar en proyectos injustificados, como los pozos ultraprofundos y el Túnel Emisor Oriente (TEO), y que canalizara esos recursos públicos al mejoramiento que pretende con el “Plan Agua para el Futuro CDMX”, sin pedir nada al BM. De todos modos, nosotros estamos dispuestos a debatir estos temas de manera constructiva cuando así se requiera.
Atentamente
J. Ricardo Ovando Ramírez
Vocero de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida.
