Guerrero se encuentra en manos de la delincuencia, pero los gobiernos estatal y federal no dan muestras de poder contener la crisis. Mil 651 homicidios en los primeros 10 meses del año dan una idea del clima de terror en la entidad. La región de la Sierra –corazón de la zona productora de estupefacientes– resiente el azote de varias bandas criminales que se disputan su control a tiros y granadazos. El nuevo gobernador encomendó oficialmente el estado a Dios, pero ni así. Lo más reciente fue el hallazgo de un cementerio clandestino en El Naranjo de donde se han detectado 19 cadáveres hasta ahora…
CHILPANCINGO, GRO.- El hallazgo de al menos 19 cadáveres en las inmediaciones del poblado serrano de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, y los constantes tiroteos entre grupos criminales que se disputan las zonas de producción, trasiego y venta de narcóticos en Guerrero han exhibido a la entidad como un cementerio clandestino más en el país.
El reporte sobre la incidencia delictiva del fuero común elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refleja un incremento sustancial en el rubro de homicidios dolosos entre 2014 y 2015.
Las cifras oficiales indican que en 2014 hubo mil 514 homicidios dolosos –810 cometidos con arma de fuego–, mientras que de enero a octubre de este año se reportaron mil 651–de ellos, mil 52 con arma de fuego–.
Falta contabilizar los crímenes cometidos en noviembre y diciembre, periodo durante el cual se ha recrudecido la violencia en toda la entidad.
La estadística indica que en los primeros 30 días de gobierno de Héctor Astudillo Flores, quien asumió el cargo el pasado 27 de octubre, hubo al menos 165 ejecuciones en diferentes partes de la entidad. Más de cinco asesinatos diarios.
En menos de un mes de su administración, Astudillo mostró su impotencia frente al crimen al dejar “en manos de Dios” a su gobierno para conseguir “el orden y la paz” que ofreció en campaña.
El 21 de noviembre último el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dijo durante una misa oficiada por la jerarquía católica en el Club de Golf de Acapulco:
“Le entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos y todo lo que tenemos en el estado. Al hacer esta consagración le pido a Dios perdón por todo lo que ha sucedido en nuestro estado en el pasado y le pido que nos ayude a cambiar todo lo que no sea de Él, que nos conceda la paz y el orden social de nuestra patria. Yo, Florencio Salazar Adame, como representante del gobernador Héctor Astudillo Flores, declaro este juramento delante de Dios y del pueblo. Amén.”
Luego, agobiado por las ejecuciones diarias, Astudillo solicitó públicamente “mayor ayuda” del gobierno federal para resolver la crisis. En respuesta, el secretario federal de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, viajó a la entidad el martes 8 y el miércoles 9; responsabilizó a los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, así como a exalcaldes, de la dramática situación de inseguridad, al afirmar que fueron omisos en formar cuerpos policiacos confiables.
Osorio Chong llamó a la sociedad guerrerense a denunciar los delitos y exhortó a las autoridades locales a profesionalizar a las corporaciones policiacas para recuperar la confianza ciudadana.
Pero el jueves 10, diputados del PRI y sus aliados del PRD, PT, PVEM y PAN designaron por mayoría a Xavier Olea Peláez titular de la Fiscalía General del Estado.
Olea –abogado que defendió a Raúl Salinas de Gortari, Arturo Durazo Moreno y al asesino de Manuel Buendía, Rafael Moro Ávila Camacho– tiene abierto un proceso legal en su contra en Tabasco por el presunto delito de fraude y peculado.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado local por el Movimiento Ciudadano, denunció públicamente que Olea es una imposición del exalcalde de Acapulco presuntamente vinculado con el narcotráfico Manuel Añorve Baños, señalado asimismo como alfil del líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
“Se la ha pasado defendiendo a delincuentes, asesinos, defraudadores y políticos corruptos; sólo le faltó defender al Chapo Guzmán”, expresó Mejía Berdeja durante la sesión del pleno donde fue nombrado Olea Peláez.
Cementerio clandestino
Paralelamente a la visita de Osorio Chong, del martes 8 al jueves 10 un grupo de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó un operativo en las inmediaciones del poblado El Naranjo, ante la denuncia de la existencia de un cementerio clandestino.
Las autoridades ministeriales ubicaron una barranca en el camino que va de Chichihualco, la cabecera municipal, a El Naranjo. Ahí fueron hallados al menos 19 cadáveres, algunos de ellos quemados.
La información fue difundida en medios locales el martes 15, un día después de que personal de la dependencia federal revelara el hallazgo durante una reunión en Iguala con integrantes del comité Familiares de los Otros Desaparecidos.
De inmediato la administración de Astudillo calificó de “falsa” la versión. En un comunicado difundido el mismo día, el gobierno estatal informó que el delegado de la PGR, José Juan Monroy García, había descartado algún operativo de exhumación y negó que un grupo especial de peritos trabajara en la entidad.
No obstante, el gobierno estatal reconoció que el alcalde de Leonardo Bravo, Alfredo Alarcón, habría informado que desde el martes 8 personal de la Secretaría de Marina y de la PGR realizaban labores en la zona sin haber avisado de ello a las autoridades locales.
El jueves 17 Astudillo confirmó el hallazgo de los cadáveres y dijo que este hecho, el cual exhibe una vez más a la entidad como un cementerio clandestino, no afectará la imagen de Guerrero en esta temporada vacacional “porque no se trata de un asunto turístico”.
Luego, el gobierno estatal anunció la destitución de Melquiades Olmedo Montes, hasta entonces secretario local de Protección Civil, acusado de ser omiso al no informar a Astudillo del operativo.
De acuerdo con pobladores consultados por Proceso, el cementerio clandestino era utilizado desde hacía un año por una célula criminal que dirigen Isaac Navarrete Celis y los hermanos Onésimo y Mario Guevara Rodríguez, afincados en Chichihualco, Jaleaca y Yextla, pueblos de Leonardo Bravo.
Por el control de la región Sierra y la ciudad de Chilpancingo, este grupo está enfrentado con una banda considerada brazo del Cártel de Jalisco Nueva Generación y encabezada por los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano –originarios de la comunidad serrana de Polixtepec–, así como por Onésimo Castillo Adame, El Bombón, y Juan Castillo Gómez, El Teniente, indican fuentes oficiales.
Habitantes de la Sierra que pidieron el anonimato cuentan a Proceso que el hallazgo del cementerio clandestino de El Naranjo ocurrió luego de que un campesino de Chichihualco fuera asesinado y arrojado a la barranca; sus familiares rescataron el cuerpo y decidieron denunciar ante autoridades de la PGR y la Marina la atrocidad que encontraron.
El descubrimiento del cementerio clandestino del grupo que opera en Chichihualco desató una nueva ola de violencia en la Sierra y este viernes 18, sicarios de ambos grupos protagonizaron un tiroteo en Yextla, que se prolongó cinco horas y exhibió la ausencia de la autoridad en la principal zona productora de drogas de la entidad. Habitantes de ese poblado enclavado en la ruta de la heroína de la Sierra lanzaron un grito de auxilio tras quedar atrapados en medio del enfrentamiento.
Fuentes oficiales informan que el enfrentamiento comenzó hacia las 07:00 horas, luego de que pistoleros de Ángel Villalobos irrumpieron en la población para detener a su adversario, Marino Jiménez Rodríguez.
Policías estatales y soldados llegaron al lugar pasado el mediodía; el grupo de los Villalobos se replegó hacia los montes después de advertir que regresaría para acabar con la banda de Marino Jiménez.
Por la tarde del viernes 18 el secretario estatal de Seguridad Pública, Pedro Almazán, confirmó el hecho y justificó la tardía reacción de un grupo de policías estatales destacados en Polixtepec, a 40 minutos de Yextla, argumentando que encontraron troncos atravesados sobre el camino.
Pese a que ciudadanos han denunciado el conflicto originado por la disputa de las zonas de producción y trasiego de heroína en la Sierra, hasta ahora las autoridades nada han hecho para restablecer el orden ahí.
La “nueva estrategia” contra la delincuencia dirigida por el Ejército –anunciada por Osorio Chong el pasado 27 de octubre, durante la toma de posesión de Astudillo– se redujo a ordenar un repliegue de policías estatales y soldados de las zonas donde persisten conflictos de tipo político-social y de lugares controlados por la delincuencia.
Este hecho sigue provocando el desplazamiento masivo de personas y la formación de grupos de autodefensa, ante la indiferencia de las autoridades.
Zona caliente
El repliegue de tropas y policías dio lugar a una matanza el pasado 23 de noviembre en Polixtepec. Un grupo armado asesinó a dos mujeres y a un hombre durante un ataque con metralletas y granadas que dejó reducidas a cenizas al menos tres viviendas precarias.
Los habitantes de este lugar devastado por la violencia reprocharon la inacción gubernamental, debido a que Astudillo había anunciado un operativo de seguridad en la zona; pero “hasta ahora seguimos esperando. Lo único que hay es miedo”, dijo uno de los inconformes.
La acción criminal tuvo lugar a poco más de dos semanas de que integrantes de la Policía Comunitaria, adheridos a la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, tomaron esta comunidad y expulsaron a una célula al servicio de Ángel Villalobos. El saldo de la refriega en esa ocasión fue de tres sicarios muertos y siete comunitarios lesionados.
Después el Ejército tomó el control del lugar y replegó a los policías comunitarios; pero luego los soldados se retiraron y dejaron desprotegido el pueblo.
Y la batalla por la Sierra ya se extendió hacia la capital del estado, donde en los últimos días se ha desatado una ola de crímenes contra jóvenes, en su mayoría trabajadores del transporte.
