Al desconocer a dirigentes y federaciones deportivas, el director de la Conade, Alfredo Castillo, puso en riesgo la participación de México en los Juegos Olímpicos. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, tuvo que implicarse en el caos ocasionado por su subalterno, y mediante una carta desautorizó buena parte de las acciones del exprocurador mexiquense. Así, ante las máximas instancias del olimpismo, el gobierno mexicano tuvo que admitir que las federaciones son autónomas y comprometerse a no intervenir en sus asuntos internos. Con esto queda anulada la principal línea de acción de Castillo.
La carta que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, envió al Comité Olímpico Internacional (COI) descalifica las acciones y los dichos del director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo, respecto de su poder para remover y designar por dedazo a los presidentes de federaciones deportivas nacionales que han abusado de sus funciones.
Nuño tuvo que apagar el incendio que desató Castillo para evitar que el COI sancionara a México expulsándolo de los Juegos Olímpicos del próximo año, luego de que el mexiquense pidiera a senadores y diputados que aprobaran una nueva ley del deporte que le permita al gobierno federal controlar el movimiento olímpico “para cambiar el deporte mexicano”.
El documento de Nuño, enviado el martes 1, abrió la puerta para que el COI determinara que, por el momento, el conflicto que priva entre las federaciones deportivas y el Comité Olímpico Mexicano (COM) no pone en riesgo la participación de México en los Olímpicos de Río 2016, pues no hay evidencias de que exista interferencia gubernamental en la autonomía de las federaciones –como éstas denunciaron.
Un día después, el miércoles 2, Castillo y el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, firmaron un acuerdo de voluntades –del cual posee copia Proceso–, en el cual el director de la Conade se comprometió a respetar el movimiento olímpico, a las federaciones deportivas y a sus asociaciones afiliadas.
“Por tal motivo, las federaciones podrán determinar su propia estructura y gobierno de sus organizaciones, ejercer el derecho de realizar elecciones, libres de cualquier influencia externa, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCD) y su reglamento”, indica la Declaración de Principios contenida en cinco puntos.
En la misiva que dirigió al presidente del COI (Thomas Bach), Nuño explicó que “la Secretaría de Educación Pública y, en específico, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) –máxima autoridad del deporte nacional– ha sido y seguirá siendo absolutamente respetuosa del Movimiento Olímpico, de la autonomía del COM, así como de las asociaciones deportivas nacionales, también llamadas federaciones nacionales mexicanas”.
Este semanario también posee una copia de la carta firmada por Nuño, en la que, además, el jefe inmediato de Castillo le aclara a Bach que ese respeto no es sólo “un derecho del COM y de las federaciones deportivas nacionales”, sino “una obligación del gobierno mexicano”, en virtud de que así está asentado en el artículo 67 de la LGCD.
Dicho artículo indica que el COM es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, compuesto, entre otros, por las asociaciones deportivas nacionales debidamente afiliadas a las federaciones deportivas internacionales que cuenten con el reconocimiento del COI, de conformidad con el contenido de la Carta Olímpica, cuyas actividades son de utilidad pública en virtud de que buscan fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos en nuestro país y representar al COI en México.
“De esta manera, reiteramos nuestro absoluto compromiso con los valores del olimpismo, la independencia y autonomía del deporte, así como el reconocimiento al COI como líder del movimiento olímpico, tal y como lo reconoció en 2014 la Asamblea General” de la ONU, escribió Nuño.
El titular de la SEP se refirió también a una carta que el pasado 25 de noviembre le enviaron Patrick J. Hickey, miembro del Comité Ejecutivo del COI y miembro delegado para autonomía, y Pere Miró, director general adjunto del COI y de relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales.
En esa comunicación, Hickey y Miró dieron como plazo máximo el martes 8 de diciembre para poner fin a la injerencia de las autoridades gubernamentales en las federaciones, o el COI impondría sanciones que podrían afectar la participación de México en Río 2016.
Nuño retomó un párrafo de esa carta, en el que se señala: “Los Comités Olímpicos Nacionales (CON) y las Federaciones Nacionales (FN) podrán contar con apoyos estructurales, técnicos o económicos del gobierno o de autoridades públicas, quienes podrán encargar o delegar comisiones específicas a los CON o FN. En dicho supuesto el CON y la FN serán responsables del uso de dichos recursos públicos ante las autoridades gubernamentales”.
El titular de la SEP le explicó a Bach: “Me permito hacer de su conocimiento que la secretaría a mi cargo, la Conade y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han actuado única y exclusivamente en relación con la fiscalización y solicitud de rendición de cuentas sobre los recursos públicos que se han otorgado a las federaciones deportivas nacionales, con total apego a nuestro marco jurídico”.
Y añade: “Como resultado de ello, se han detectado serias irregularidades en la comprobación de recursos públicos federales y pago de impuestos que podrían derivar en conductas ilícitas, las cuales actualmente están siendo investigadas e integradas por las autoridades competentes”.
Nuño también le informó a Bach que ya solicitó a Castillo que se reúna con el COM para unir esfuerzos y apoyar a los atletas rumbo a los Olímpicos.
“Por lo antes expuesto, le hago extensivo el compromiso de nuestro país por trabajar armónicamente en el desarrollo del deporte y de los atletas de México”, concluyó Nuño.
La carta sirve para excusar a Castillo y tapar los excesos que ha cometido, según ha dicho, con el fin de mejorar el deporte.
La retórica
Nuño mintió a Bach cuando aseguró que “la Conade ha sido absolutamente respetuosa” del movimiento olímpico, así como de su autonomía y de las federaciones deportivas.
Lo cierto es que Castillo sí fue más allá de la fiscalización y violentó la autonomía cuando solicitó a dirigentes de federaciones internacionales que desconocieran a los presidentes de las federaciones mexicanas; también cuando él mismo desconoció a algunos de ellos, como Ricardo Contreras, de boxeo, y Antonio Lozano, de atletismo, e, incluso, cuando de facto “destituyó” a Alonso Pérez, de beisbol, y en su lugar nombró al exligamayorista Ismael Rocket Valdez como titular de una nueva federación que, por cierto, aún no existe.
El titular de la SEP también encubrió a Castillo, quien el 4 de noviembre pasado presentó ante diputados y senadores una nueva ley con la que el director de la Conade pretende quitarle al COM y las federaciones deportivas los derechos que les concede la Ley del Deporte vigente, que el propio Nuño invocó para persuadir a Bach de que el gobierno mexicano no interfiere en estas asociaciones civiles.
Si lo que dice la carta de Nuño fuera cierto, Castillo solo podría haber denunciado ante la PGR al presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano, por el delito de peculado derivado de la compra de suplementos alimenticios por 2.3 millones de pesos y haberle cortado la entrega de recursos federales, pero no desconocerlo por haber cometido la “aberración” –como él mismo la llamó– de “obligar” al mediofondista Juan Luis Barrios a participar en el Campeonato Nacional que fue el selectivo para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Asimismo, Castillo pudo haber retirado el suministro de dinero a Ricardo Contreras y a Alonso Pérez, pero no haberlos desconocido ni tampoco a las federaciones que dirigen –y que cuentan con el aval de sus pares a escala internacional–, pero no haber elegido al boxeador Juan Manuel Márquez y al Rocket Valdez como las cabezas de las nuevas federaciones.
En la carta que el COI envió el 25 de noviembre a Nuño para recordarle los derechos y obligaciones de los gobiernos, de los Comités Olímpicos Nacionales y de las federaciones nacionales, le advirtió también de las posibles sanciones si no cesaba la intervención de Castillo.
“Los CON y las FN deben establecer su propia gobernanza y manejar sus operaciones internas de acuerdo con sus estatutos respectivos, las leyes generales del territorio y las reglas aplicables de las organizaciones deportivas internacionales a las cuales están afiliadas; y debe haber una cooperación cercana y constructiva con las entidades gubernamentales para desarrollar el deporte. Sin embargo, el gobierno no debe interferir con la jurisdicción ni las operaciones internas de los CON y las FN”, se lee en uno de los párrafos de la carta que publicó el diario Reforma el 26 de noviembre.
Nuño le contestó al organismo internacional que instruiría a Castillo para que se reuniera con el COM, encuentro que ya tuvo lugar y en el cual se firmó el acuerdo de voluntades “en el marco de los recientes acontecimientos que han afectado la imagen de nuestro deporte olímpico mexicano. Ambas partes reconocen que el deporte y la educación son piezas clave del desarrollo humano, por ello, la relación Conade-COM debe ser integral, uniforme y armónica”.
En el primero de los cinco acuerdos, el COM reconoce a la Conade como la instancia máxima del deporte nacional y la Conade, a su vez, al COM como la máxima instancia del deporte olímpico federado.
En el segundo, a pesar de que ya está plasmado en la Ley del Deporte, la Conade reconoce al COI “como el máximo ente rector del movimiento olímpico y a la Carta Olímpica como el instrumento jurídico normativo que rige los destinos del olimpismo y acepta respetarla y acatar los lineamientos que emanan de dicho instrumento”.
Este acuerdo significaría que Castillo debe echar atrás su proyecto de nueva Ley del Deporte que pidió aprobar a los legisladores con el argumento de que las federaciones internacionales y el COI son organismos que solapan los chantajes de las federaciones nacionales y que invocan la Carta Olímpica para defenderse cuando el gobierno las fiscaliza.
“Es una especie de chantaje, si yo me meto y descubro lo que está pasando inmediatamente aluden a la Carta Olímpica. Hoy podría decirles que si no podemos con este enorme monstruo que son las federaciones nacionales e internacionales, entonces hay que dedicarnos al deporte nacional que es lo que ve la Conade”, afirmó el exprocurador mexiquense.
En el tercer acuerdo, Castillo terminó por doblarse ante el COM y las federaciones nacionales. Firmó lo siguiente:
“El titular de la Conade manifiesta su respeto al principio de autonomía del movimiento olímpico, evitando realizar cualquier actividad que pudiese interferir con la gobernanza interna del COM, de las federaciones deportivas nacionales, así como de las asociaciones afiliadas a las mismas. Por tal motivo, las federaciones podrán determinar su propia estructura y gobierno de sus organizaciones, ejercer el derecho de realizar elecciones libres de cualquier influencia externa, en términos de lo dispuesto por la LGCD y su reglamento.”
Ese apartado también refiere que es facultad de la Conade nombrar al Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved) para supervisar el buen desarrollo de las elecciones federativas. Hace ocho meses que Castillo asumió la dirección de la Conade y aún no ha integrado este órgano.
En el cuarto punto, la Conade y el COM acordaron que las federaciones procurarán ser autosuficientes en materia de recursos humanos y financieros, es decir, el gobierno no está obligado a financiarlas. Esta es la única victoria que Castillo puede apuntarse en medio del desastre que ocasionó.
En el quinto punto se acordó que si una federación no puede subsistir con sus propios recursos podrá solicitar dinero público a la Conade, pero esto no le da derecho a Castillo a involucrarse en el manejo de las federaciones.
“El gobierno mexicano buscará en todo momento optimizar los recursos públicos federales. No obstante, esta situación no le permitirá a la Conade solicitar el cambio de dirigente ni involucrarse en el manejo interno de la federación, respetando en todo momento la autonomía y Estatuto de la federación deportiva nacional”, indica el documento.
Por su parte, las federaciones se obligan –como ya lo marca la ley y las Reglas de Operación de la Conade– a comprobar correctamente los recursos públicos, “de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y la Ley Hacendaria en un plazo no mayor de 30 días después de ejercido el recurso”.
Y añade: “En caso de que la federación no compruebe dichos recursos de manera correcta, no tendrá derecho a solicitar de nueva cuenta recursos públicos federales (como ya lo estipula la ley, su reglamento y las reglas de operación), independientemente de las consecuencias de carácter legal a las que se somete cualquier instancia que recibe recursos públicos federales dentro de la legislación mexicana”. l
