BRUSELAS.- En octubre de 2014 el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pidió a las autoridades mexicanas no hacer donaciones al Teletón, cuya principal beneficiaria es la empresa Televisa, al encargarse de su difusión y la producción del evento.
La ONU acusó al Teletón de promover “estereotipos” sobre las personas discapacitadas, los cuales violan la convención internacional en la materia. Ese comité de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, otorgó a México un largo periodo de gracia para dejar de hacerlo, ya que el gobierno de Enrique Peña Nieto no está obligado a dar cuentas hasta 2018.
Los directivos de la Fundación Teletón han aprovechado ese tiempo para cabildear a favor de sus intereses directamente en la ONU. El pasado 27 de octubre, tres de esos directivos ofrecieron en la sede del organismo en Nueva York una conferencia sobre sus supuestos “logros”.
Según su comunicado de prensa, “los encargados de llevar el mensaje” de la Fundación Teletón a la ONU fueron Arturo Pichardo, director médico corporativo; Roberto Uribe Noya, director general del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) del Estado de México, e Isabel Montes, coordinadora corporativa de calidad.
Pichardo abogó por una participación del Teletón “más activa en la planeación de políticas públicas y en la priorización de recursos”. En tanto, Uribe Noya aseguró que el objetivo del Teletón “va de la mano con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Esa actividad de cabildeo del Teletón en el seno mismo de la ONU fue patrocinada por el gobierno de Peña Nieto a través de la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas, poniendo así la diplomacia nacional al servicio de una empresa ligada a Televisa.
El artículo 35 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad –la cual firmó el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa el 30 de marzo de 2007 y ratificó el 17 de diciembre del mismo año– señala que los Estados partes deben presentar al mencionado comité un “informe exhaustivo” sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir con las obligaciones que asumieron.
México presentó su “reporte inicial” en junio de 2011, pero el comité lo examinó y emitió sus observaciones y recomendaciones en septiembre de 2014.
En su documento, el comité le da dos fechas al Estado mexicano para verificar que haya cumplido con todas sus recomendaciones, incluyendo la de no donar dinero público al Teletón. Una es presentar a más tardar en enero de 2018 su segundo y tercer informes, combinados en una sola entrega. La otra es que México le pida al comité que prepare una lista de preguntas un año anterior al plazo límite mencionado y que sus respuestas (a entregarse a más tardar en enero de 2018) sean consideradas como un informe.
La jefa de prensa en Ginebra para los comités de la ONU, Elizabeth Throssell, confirmó a Proceso que la implementación de las recomendaciones a México será evaluada “en la fecha indicada” de 2018, de conformidad con la periodicidad que dicta también el artículo 35 de la convención.
Throssell refirió que el comité no dispone en este momento de nueva información específica sobre los señalamientos al Teletón. Ningún miembro del comité estuvo disponible para hablar sobre ese tema.
El artículo 8 de la convención aborda la implementación de políticas efectivas para crear conciencia social sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En acatamiento a esa disposición, el Estado mexicano se comprometió “a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas”.
Por lo tanto, el Estado mexicano –a través del Ejecutivo– prometió “poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública, destinadas a fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad”, lo mismo que “promover percepciones positivas y una mayor conciencia social” en relación con dicha población, además de impulsar el “reconocimiento de sus capacidades, méritos y habilidades”.
Objeciones al Teletón
En su reporte inicial de 2011 –rubricado por la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa–, el gobierno de México afirmó que pretendía “encauzar el cúmulo de esfuerzos” nacionales para así “evitar que las acciones que se tomen en la planificación y aplicación de políticas (…) y medidas de otra índole como la asignación de recursos, tengan un objetivo distinto a los objetivos de la convención”.
Tal reporte de 132 páginas que el gobierno federal mexicano entregó a la ONU contenía 577 puntos en que se describen a detalle programas, eventos y políticas gubernamentales concordantes con la convención desde el punto de vista oficial.
No obstante, aunque el reporte no lo mencionó, el citado comité de la ONU estaba al tanto de la entrega de recursos públicos al Teletón mexicano y activó las alertas.
En las recomendaciones que planteó al reporte inicial de México, el comité expresó su preocupación de “que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad” fueran “administrados” por una empresa privada como Teletón. Observó igualmente que dicha campaña de donaciones “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”.
Por eso el comité instó al gobierno mexicano a “establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que debe acometer para la rehabilitación” de esos ciudadanos con discapacidad.
Más aún, la ONU recomendó al gobierno de Peña Nieto desarrollar programas que de verdad ayuden a que la sociedad tome conciencia sobre esas personas “como titulares de derechos”.
El mismo día de los señalamientos de la ONU, el director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Jesús Toledano, afirmó que el gobierno federal no había aportado “ni un solo peso” al Teletón, y que los gobiernos de los estados que sí lo habían hecho debían ofrecer explicaciones.
La revista emeequis reportó que entre 1997 y 2012 el Teletón recibió mil 832 millones de pesos de recursos públicos, y sólo contando 10 estados del país cuya información pudo obtener esa publicación. Es decir, un tercio de las donaciones que obtuvo esa fundación privada durante el citado periodo provenía de los gobiernos estatales o municipales, que además han donado los terrenos donde se construyen los centros de rehabilitación y hospitales Teletón.
El mismo reportaje reveló que en varios estados, como Jalisco, Puebla, Chiapas o el Estado de México –el que más donaciones aporta al Teletón–, los congresos locales emitieron leyes que obligan a sus gobiernos a donar entre 24 millones y 73 millones de pesos anuales al Teletón. l
