La demora en regularizar el servicio de mototaxis, que constituye el segundo tipo de transporte personalizado en la entidad aunque sólo opera en Tlajomulco de Zúñiga, se convirtió en ring político. Un representante de estos transportistas señala que la Secretaría de Movilidad ya había aceptado generar el reglamento, pero en las elecciones de junio pasado el partido Movimiento Ciudadano retuvo el ayuntamiento y el gobierno priista del estado postergó el asunto.
Desde que en 2010 comenzaron a circular 140 mototaxis en la entidad, su número ha aumentado rápidamente. Incluso se duplicó: a finales de 2014 eran 3 mil y al término de 2015 son 6 mil, afirma el representante legal de la firma Transporte de Enlace Especializado Condominal, Édgar López Tinoco.
A pesar de eso, señala, la Secretaría de Movilidad del estado no parece interesada en regular ese tipo de transporte y por presiones de los taxistas tradicionales afiliados a centrales priistas comenzó por la reglamentación del servicio de taxis ejecutivos Uber. El gobernador Aristóteles Sandoval envió esta iniciativa al Congreso local el pasado 24 de septiembre.
En ese proyecto se ordenan modificaciones a la Ley de Movilidad y a la Ley de Ingresos para incluir los servicios de transporte que se presten mediante aplicaciones móviles. No obstante el líder de los mototaxistas refiere que eso es incongruente, pues los estudios técnicos en el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) señalan que la segunda fuerza “en servicio de movimiento personalizado” son los mototaxistas, aun cuando sólo operan en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
López Tinoco menciona que la regularización del servicio que prestan los mototaxistas se ha empantanado por intereses políticos, debido a que Tlajomulco es gobernado desde hace seis años por el partido Movimiento Ciudadano (MC), que repitió el triunfo en las elecciones del pasado 7 de junio:
“El gobierno del estado es representado por el PRI y nuestro municipio es representado por MC. Equivocadamente piensan que todo lo que hay en Tlajomulco representa a MC. La ciudadanía escoge a quien nos gobierna y escoge quien los traslade; no los traslada MC, los traslado yo. No tenemos nada que ver con MC, pero el gobierno cree que en cuanto nos ayuden a nosotros (se pensará que) MC es el que lo hizo.”
Explica que mientras el gobierno de Tlajomulco culpa a la Secretaría de Movilidad por no regular el servicio ni meter en cintura a los conductores, la autoridad estatal le imputa al municipio que haya permitido la multiplicación de los mototaxis, cuando sólo se habían expedido 300 permisos.
“El gobierno municipal permitió que (la flota de mototaxis) creciera desmedidamente y el gobierno estatal no quiso dar un permiso más. En ese pleito, no nos van a autorizar siquiera los 300 que ya están otorgados. El gobierno estatal dice: ‘no me importa’, y el gobierno municipal dice: ‘a mí tampoco, yo dejo que crezcan’.
“Si preguntas de quién es responsabilidad, uno dice: ‘del gobierno municipal por dejarlos crecer’, y el otro dice: ‘del gobierno estatal por no querer dar los permisos, porque si éste lo regularan, una vez que extienden un permiso tendría que venir el gobierno estatal a recoger el exceso’. Pero como entre los dos se echan la culpa, el servicio no se regulariza.”
López Tinoco dice que si las autoridades fueran más sensatas, organizarían mesas de diálogo con todas las cooperativas de mototaxistas para regular el sistema. Señala que su asociación tiene propuestas y ni siquiera piden que el gobierno estatal les financie el reemplazo de sus unidades por camionetas Van, como se supone que está previsto en la Ley de Movilidad y Transporte del estado aprobada en julio de 2013.
Recuerda que en ese año la armadora de vehículos Ford les aprobó un crédito de 150 millones de pesos para adquirir nuevas unidades sin enganche, con sólo el tarjetón como garantía de pago.
Afirma que la Secretaría de Movilidad ya estaba dispuesta a que se regulara el servicio, pero el gobierno municipal exigió que se reglamentara todo el parque vehicular y entonces la autoridad estatal se detuvo.
Por eso los mototaxistas calculaban que al término del proceso electoral de este año podía reactivarse la propuesta para regular el servicio, pero como MC volvió a ganar la alcaldía de Tlajomulco por tercer periodo consecutivo, el pleito con el gobierno estatal continúa y no hay visos de que puedan superarlo en corto plazo.
El conflicto entre el municipio y el gobierno del estado data del trienio pasado (2013-2015), cuando fue alcalde Ismael del Toro Castro –hoy coordinador de la bancada de MC en el Congreso local– y Mauricio Gudiño Coronado encabezaba la Secretaría de Movilidad.
Este funcionario se refirió a los mototaxis como “el peor transporte del mundo” en febrero de 2014, durante la glosa del primer informe de gobierno de Sandoval Díaz.
Del Toro Castro respondió de inmediato que su administración y la de su antecesor, Enrique Alfaro Ramírez, sólo autorizaron 300 unidades y que el resto eran vehículos protegidos por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), así como la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC), que son priistas.
López Tinoco confirma que el líder de la FROC, Alfredo El Güero Barba Hernández controla a un sector de los mototaxistas y a él se debe que 600 de ellos se ampararan ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) a fin de seguir trabajando sin permiso.
Por otro lado, dice, las especulaciones sobre una regularización masiva han contribuido al crecimiento de la flota:
“Empezó el rumor que hizo Mario Córdoba (director del IMTJ). Como en marzo declaró que en el segundo semestre se iba a regularizar el servicio, pues ya había nuevas rutas de mototaxis. Y cada que hay esos rumores va gente que no sé ni de dónde, con mucho dinero, y compra 100 o 200 motos juntas, de 50 mil pesos cada una… saca las cuentas.”
A decir del representante legal de Transporte de Enlace Especializado Condominal, obtuvo la cifra total de mototaxis cotejando el número de ventas de motos en establecimientos del ramo.
López Tinoco recalca que, para no entrar en conflicto con el sistema de transporte público y los taxistas tradicionales, le han hecho a la autoridad propuestas como la instalación de GPS en cada unidad para evitar que salgan del polígono que les corresponde y con el fin de que sirvan de enlace con las rutas de autobuses, ya que éstos no entran a los fraccionamientos.
Sin embargo, dice, “de las autoridades sólo hemos tenido regaños: que no debemos estar llorando. El exdiputado Salvador Zamora Zamora particularmente dijo que debemos aguantar el hambre hasta que las cosas cambien. Y es difícil porque no solamente los prestadores del servicio vivimos de eso, sino que hay fuentes que se crean a la par del sistema de los mototaxis. Todos los negocios a los que acarreamos gente, las escuelas a las que llevamos temprano a los niños… hay muchas cosas que dependen de la movilidad”.
López Tinoco resalta que de los 300 permisos ya autorizados, la cooperativa que él preside sólo tiene 10 en posesión, pero la Secretaría de Movilidad no los ha refrendado desde hace dos años. Por eso es posible que al regularizarse el servicio, la dependencia no reconozca sus derechos.
Regular a Uber
La reglamentación del servicio de taxis ejecutivos Uber y CityDrive comenzó en septiembre pasado, cuando el Ejecutivo estatal presentó su propuesta, que incluye modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado. Entre éstas, se dispone que cada vehículo deberá inscribirse en el Registro Estatal de Movilidad y pagar una cuota de mil 600 pesos por una autorización anual, que podrá renovarse cuantas veces sea necesario.
Además, los taxis ejecutivos no podrán hacer base ni subir pasajeros en la vía pública, como lo hacen los taxis afiliados a centrales priistas. Según Sandoval Díaz, cuando se apruebe el reglamento, sólo podrán operar en la zona metropolitana de Guadalajara, que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos.
La propuesta sigue atorada en el Congreso local, y aunque los diputados de la anterior legislatura debieron resolver sobre ella, se la heredaron a sus sucesores que entraron en funciones el 1 de noviembre.
El problema se complicó porque el exdiputado del PRI Martín López Cedillo, expresidente de la Comisión de Vialidad y Transporte, se negó a deslindarse del dictamen de ley pese a que tiene un conflicto de interés por ser propietario de siete permisos para la operación de taxis tradicionales.
El 5 de agosto, un mes antes de que el mandatario presentara las modificaciones de ley, Uber envió un correo electrónico para advertir a sus usuarios de que el gobierno estatal impide el crecimiento de sus servicios UberX y UberBlack.
“La demanda arrasaría con nuestra capacidad para ofrecer la eficiencia al que estás acostumbrado. Esto sería equivalente a prohibir Uber en la ciudad de Guadalajara”, dice un extracto de ese correo.
Incluso se abrió una iniciativa en el portal Change.org para impedir que el gobierno estatal le quite a los ciudadanos la posibilidad de escoger su medio de transporte, la cual al corte de este número había recabado 77 mil 951 firmas.
Al presentar su propuesta de cambios a la ley, el gobernador recalcó que los llamados taxis ejecutivos sí estarán sujetos a sanciones e infracciones por parte de la Secretaría de Movilidad (Semov). “Que este tipo de servicio sea regularizado, no implica que trabajen fuera de la ley”.
Por su parte, el diputado local de MC Héctor Alejandro Hermosillo anunció que antes de finalizar el año se dictaminará la “ley de redes de transporte”, es decir la regularización de Uber y CityDrive. l
