Señor director:
El proceso legislativo que tiene el propósito de crear una secretaría de cultura continúa; al respecto es importante reflexionar sobre lo que expresa este hecho cuando el país se debate entre la pobreza, la violencia y la corrupción, por señalar sólo algunas características del actual régimen.
La cultura y la educación han sido aspectos indisolubles en la política del Estado mexicano, impulsado por el proyecto de nación que desarrolló José Vasconcelos y que consideraba que el proceso educativo nacional, aunado a los procesos culturales y artísticos, representarían la libertad y la conciencia cívica y social de los mexicanos.
Vasconcelos combatió el analfabetismo, generó escuelas rurales, la difusión de la lectura a través de la creación de bibliotecas y la investigación científica. Por ello señalaba que quien se integraba a este proyecto no lo hacía por el interés del dinero o los ascensos en la estructura institucional, sino por una mística o filosofía de servicio. En su visión, los funcionarios no trabajan para las instituciones, sino que éstas –a su cargo– trabajan para el pueblo.
En contraste, desde la creación de Conaculta, y ahora con la propuesta del Ejecutivo federal, se pretende desintegrar el funcionamiento histórico de la educación y la cultura, pues el patrimonio cultural dejará de ser un bien social de utilidad pública, como lo mandata la legislación que intentan derogar.
De manera irregular, la política neoliberal arrancó en el periodo salinista, y nos ha dejado lamentables experiencias: el concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec; el espectáculo de los tenores en Chichen Itzá; el espectáculo y evento comercial denominado “Cumbre Tajín” que se realiza dentro de la poligonal de la zona arqueológica; el Wal Mart instalado en el perímetro de protección de Teotihuacán; la destrucción de bienes arqueológicos y artísticos en el Casino la Selva, Cuernavaca, para instalar un centro comercial Costco.
Estas y otras acciones han reducido el alcance y disfrute de la sociedad del conocimiento derivado de la investigación sobre los bienes arqueológicos, artísticos e históricos, pese a la resistencia social que desde 1989 se ha dado frente a las políticas desplegadas en torno a tales temas.
El desinterés por la sociedad y el pragmatismo que plantea la creación de la nueva secretaría, tanto en sus líneas de acción como en su estructura, para favorecer a grupos cupulares de la élite intelectual y empresarial, vuelve a generar el rechazo social y de los trabajadores del INAH, no por cuestiones laborales –condiciones que sin duda serán trastocadas–, sino principalmente por la pulverización de la normatividad y de la institución que estudia, protege y difunde el patrimonio cultural de México, lo cual estorba a las políticas mandadas por el FMI y el BM, así como a los políticos y gobernantes que siguen endeudando y vendiendo a la nación.
En cuanto a las resistencias sociales, la secretaría de cultura, con su nueva estructura vertical, pretende eliminarlas modificando la normatividad para proteger de mejor manera los intereses de los inversionistas, sean trasnacionales y/o públicos, y generar circunstancias donde los órganos de decisión y consejos académicos que evalúen, analicen y autoricen los grandes proyectos, junto con los funcionarios que ocuparán los cargos importantes de la misma, eficienticen las medidas técnicas, administrativas, sociales, políticas y jurídicas en favor de las inversiones.
Para mejorar nuestro sistema educativo y cultural no se necesita dividir este binomio que ha sido la premisa histórica que dio conciencia y unidad a la nación. Con una verdadera visión de servicio y amor por los mexicanos, más bien se deben garantizar los servicios educativos y culturales dignos y al alcance de toda la población, sobre la base de lo que ya existe, no con beneficios exclusivos para la burocracia neoliberal, que además ignora en su iniciativa de ley de la secretaría de cultura los derechos y la cultura indígenas, lo cual es una evidencia vergonzosa de su pragmatismo indolente.
Atentamente
Trabajadores de la Cultura; Seminario
Permanente de Zonas de Monumentos Históricos; Conservación Social del Patrimonio Cultural, A.C.; Claudia Leyva Corro, Gabriela Patterson Delaye, Eréndira Reyes García, Saúl Reyes Galván, José Luis González Mesa, Edwin Romero Meneses, Adriana Cabrera Petriciolli, Rita Cruz Valdez, Gabriel Navarro Avilés, David Castillo Vallarta, Verónica Flores Macías, Nadia Teresa Jaramillo Orellana y Luis Adolfo Gálvez González (responsable de la publicación).
