El comandante Enrique González Hernández y los 22 policías municipales de Vista Hermosa, Michoacán, implicados en la desaparición de dos agentes federales y las fosas clandestinas localizadas en La Barca en noviembre de 2013 podrían recuperar su libertad, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal les concedió un amparo. Aun cuando los implicados admitieron trabajar para el CJNG y aportaron datos sobre la organización, la autoridad decidió que se reiniciara la investigación por fallas al debido proceso.
Los policías municipales de Vista Hermosa, Michoacán, presuntamente vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) implicados en la desaparición de dos agentes federales y en el caso de las narcofosas de La Barca donde se encontraron 74 cuerpos hace dos años, consiguieron un amparo indirecto (el 250/2015) el pasado 6 de noviembre.
Ese día, el magistrado ponente Adalberto Maldonado Trenado, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, externó su decisión en favor del comandante Enrique González Hernández y sus 22 subalternos detenidos en noviembre de 2013, con lo que ratificó el fallo emitido en julio pasado por el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito que ordena al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco reponer el procedimiento judicial al que se somete a los uniformados.
Según la resolución del amparo, las declaraciones del comandante González Hernández y sus agentes se obtuvieron con tortura y se ofrecieron como pruebas dictámenes médicos en los que constan lesiones.
“De modo que debía restarse eficacia probatoria a tales dichos ministeriales, siendo además que el juez responsable no valoró en su conjunto los dictámenes de integridad física y el dicho ministerial de Enrique González Hernández, que además fue rendido bajo incomunicación”, expuso Maldonado Trenado.
Asimismo, la defensa alegó que aun cuando se informó al juzgador de distrito que los detenidos fueron agredidos físicamente e incomunicados, éste omitió dar parte al Ministerio Público federal para que iniciara una averiguación previa contra quien resulte responsable por tortura. También apuntó que este tipo de hechos llevaron a la falsedad de declaraciones, prefabricación de culpables y autoincriminación.
Además, hubo fallas en el debido proceso, toda vez que la orden judicial de localización y presentación, fechada el 7 de noviembre de 2013, fue para los policías de Vista Hermosa, Michoacán, quienes laboraron el 3 de noviembre de ese año, pero no se señalan nombres ni apellidos de las personas presentadas.
Los orígenes
El 3 de noviembre de 2013 desaparecieron los agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago cuando se trasladaban en una camioneta con placas del Distrito Federal a la base de operaciones localizada en Briseñas, Michoacán.
El día 7, agentes federales arraigaron al comandante González Hernández y a 22 de sus subalternos. Algunos detenidos dieron pistas que llevaron a los elementos de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al descubrimiento de las fosas clandestinas en el municipio jalisciense de La Barca, ubicado en los límites con Michoacán, y de 74 cadáveres, entre ellos los de dos mujeres (Proceso 1934).
El rescate de los cuerpos se inició el 9 de noviembre. Al principio las autoridades informaron que se trataba de sicarios del CJNG que disputaban el territorio a Los Caballeros Templarios.
Los 23 detenidos fueron acusados por la desaparición de los agentes federales y se les imputaron los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Durante su arraigo, revelaron cómo corrompía el CJNG a los policías de Jalisco y Michoacán, así como la forma en que eliminaban a los integrantes de los grupos rivales, como Los Caballeros Templarios, Los Zetas y La Familia Michoacana.
Según los documentos consultados por Proceso Jalisco, los policías de Vista Hermosa recibían mil pesos semanales por facilitar las actividades del CJNG, representado por Omar Espejo Flores, El Toro, quien se dedicaba al secuestro, robo de hidrocarburos, cobro de piso y el trasiego de droga.
Él era quien coordinaba a los grupos de informantes, operadores y células en Michoacán y Jalisco. Una de las células, declararon los detenidos, la encabezaba El Chulo, quien vendía mariguana y cocaína en Vista Hermosa y La Barca y controlaba a más de 30 distribuidores e informantes que se desplazaban en motocicletas de bajo cilindraje.
Algunos incluso admitieron estar involucrados en la venta de narcóticos y en el secuestro de los oponentes del CJNG. Recibían 7 mil pesos mensuales y portaban armas de alto poder que les proporcionaba la organización criminal.
Uno de los policías arraigados declaró: “Tengo nueve años trabajando para la Policía Municipal de Vista Hermosa de Negrete en el estado de Michoacán. Y como ahí no nos dan armas, yo compré un arma calibre .380 y un cargador abastecido con nueve balas a un compañero que era policía, de nombre Juan”.
Las revelaciones del comandante
El comandante González Hernández, quien ingresó a la corporación en 2009, aportó datos sobre la estructura del CJNG. Expuso que seis de sus subalternos eran colaboradores de la organización. Siete meses antes de su detención fue contactado por El Chulo, quien, a través de un expolicía se enteró que el comandante tenía problemas económicos, pues su esposa padece cáncer.
González Hernández expuso: “El Chulo me prestó 4 mil 500 pesos, que utilicé para su atención médica (de mi esposa) y por los medicamentos que son caros, por lo que posteriormente y en vista de que es una enfermedad poco curable y se ocupa (sic) de dinero, fue que me invitó a trabajar con el Cártel de Jalisco, siendo mis funciones la de pasar información de las diversas autoridades federales y locales, militares que pasaran por las calles del poblado de Vista Hermosa, Michoacán, información que proporcioné en muchas ocasiones sin poder precisar cantidad, por lo que por tal actividad recibía semanalmente mil pesos”.
Comentó que su relevo también estaba vinculado al grupo: “Tengo conocimiento que también recibía mil pesos semanales por hacer las mismas funciones, consistentes en ‘halconear’, él se quedaba con el radio con el cual nos comunicábamos con El Chulo y durante las 24 horas que duraba su turno”.
Con relación al secuestro de los agentes ministeriales, González Hernández explicó que recibió una llamada del Chulo, quien le ordenó que levantara a dos personas que se trasladaban en una camioneta Dodge Ram verde, quienes presuntamente pertenecían a cárteles rivales.
El comandante le pidió a su gente que abordaran las patrullas 0664 y 1032 y se trasladaron a la carretera Vista Hermosa-La Barca. A la altura de un restaurante los interceptó, según declaró. Ordenó a dos de sus elementos someter a los federales, los esposaron y los subieron al vehículo en que se transportaban.
Dijo que cumplió la orden del Chulo, porque lo amenazó con atacar a su familia. Y continuó:
“Los integrantes de la patrulla 1032 brindaron seguridad perimetral, para darnos custodia, por si alguien se acercaba. Yo conduje mi patrulla por una brecha y durante el trayecto le avisé por radio al Chulo que ya íbamos para allá, con los detenidos, contestándome que él también iba con su gente para el lugar acordado (en Los Ocotates).
“Los policías federales se quedaron atados con las esposas. En cuanto a las charolas, dos armas cortas y dos armas largas, así como celulares que portaban, se quedaron en la camioneta verde…
“La razón por la que se ordenó el levantón de los elementos de la Policía Federal fue a petición de los guachicoleros (los que ordeñan los ductos de Pemex) de la zona de Vista Hermosa y Capulín, quienes se dedican a vender ilícitamente gasolina o diesel barato o robado.”
El comandante González Hernández también admitió su participación en otros dos levantones. El primero, a principios de 2013, cuando capturó a un presunto zeta cerca del almacén Los Globos y Vista Hermosa. Lo subió a su patrulla y lo llevó al mismo lugar donde entregó los policías federales al Chulo.
Luego, dijo, privó de su libertad a tres jóvenes que viajaban en un taxi con placas de Michoacán. “Me informaron que eran miembros de la organización denominada Caballeros Templarios”. Presuntamente se dedicaban a robar carros en Colima; “los trasladé al mismo lugar, cerca de las orillas de La Barca, Jalisco, entregándoselos a gente del Chulo, ya sin tener conocimiento del destino o qué fue de ellos”.
Según la averiguación previa, por órdenes del Chulo el comandante secuestró a una persona que llevaba cobre robado. Recalcó que decidió cooperar con la autoridad para que su condena fuera menor y la purgara en una cárcel cerca de Michoacán.
Los 22 policías municipales ingresaron en los penales de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas, y en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en El Rincón, en Tepic, Nayarit.
El informante
Uno de los testimonios clave, en el caso de los dos agentes desaparecidos y el hallazgo de los 74 cuerpos en las fosas clandestinas, fue el de uno de los informantes del CJNG a quien la PGR denomina punto y omite su identidad.
Según él, sus jefes recogieron a los federales en un sitio cercano al bar La Cachimba, pasando el puente de La Barca:
“El Toro me dijo que me bajara (de la camioneta en que iban) y lo esperara ahí. Me pidió que, si veía pasar a los militares, le marcara al nextel del Chulo para avisarle. Me bajé de la camioneta y me quedé a las afueras de La Cachimba. Como a los 15 minutos regresaron por mí, y cuando abrí la puerta trasera de la camioneta para subirme vi en la parte de atrás los cuerpos de dos hombres.”
Un año y un mes después de que el comandante González Hernández y sus subordinados fueran aprehendidos, el 18 de diciembre de 2014, agentes de la SEIDO y un grupo de marinos detuvieron en Zapopan a Omar Espejo Flores, El Toro, presunto líder del CJNG y responsable de la desaparición de los dos policías federales en noviembre de 2013.
Las estrategias de seguridad implantadas desde 2014 por las autoridades federales en Michoacán debilitaron a La Familia Michoacana y a Los Caballeros Templarios. Este último grupo es liderado hoy por Homero González Rodríguez, El Gallito, primo del fallecido Nazario Moreno González, El Chayo.
El CJNG aprovechó para tejer alianzas con grupos como Los Guerrero, La Tercera Hermandad, conocidos también como Los H-3, y Los Viagras, una escisión de Los Caballeros Templarios en Tierra Caliente que encabezan los hermanos Rodolfo, Nicolás, Valentín, Severino, Beatriz, Bernabé, Mariano y Carlos Sierra Santana. l
