Señor director:
Permítame dirigir la siguiente carta al procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, con el fin de solicitarle revisar y, en consecuencia, resolver sobre el desistimiento de una orden de aprehensión en mi contra.
El 8 de julio del 2014 solicité el divorcio a Laura Maricela Velázquez Fernández en razón de la imposible convivencia entre nosotros. Llena de ira me dijo que no me lo otorgaría y que yo me iba a arrepentir por pretender “desecharla” después de 15 años de casados, que acabaría con mi imagen y carrera profesional, que las cosas serían a su modo y que no descansaría hasta verme muerto si era necesario.
El 31 de julio abandonó el hogar llevándose a nuestros tres hijos, y ante la Agencia del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y Género (Ampevfsyg) de Ixtapaluca denunció que yo había violado a mi hijo de cuatro años.
Aun cuando se dictaminó que nunca hubo tal delito, ella me advirtió que no vería más a mis hijos si no detenía la demanda de divorcio y si ella no regresaba al hogar. Aunque yo acepté, la convivencia era imposible, y el 29 de agosto se fue de casa otra vez arrastrando a mi descendencia.
En septiembre del 2014 me presenté en el Ampevfsyg para denunciar la violencia familiar que padecíamos mis hijos y yo por parte de Laura Maricela. Allí, el agente del Ministerio Público Mario Johan Galicia Hernández me advirtió que la averiguación sobre el caso de mi hijo de cuatro años estaba en curso, pero que con 30 mil pesos él le daría la vuelta “a la loca” de mi esposa, que dispondría hacerle exámenes psicológicos para evidenciar su desequilibrio, y que yo obtendría fácilmente la guarda y custodia de mis hijos, además de librarme del grave problema que tenía encima.
Me negué a dicho trato y le indiqué que hiciera su labor, pues yo no había cometido ningún delito.
Lo que sigue puede resumirse de la siguiente manera: Ella me demandó pensión alimenticia y la obtuvo en octubre, a pesar de que siempre le hacía depósitos en su cuenta bancaria. Regresó dos veces a nuestra casa, y otras dos veces se marchó nuevamente con los menores. A consecuencia de todos estos hechos que trascendieron en mi ámbito laboral, perdí el trabajo y me liquidaron, de lo que ella recibió en diciembre 50 mil pesos.
El 9 de diciembre del 2014 ratifiqué mi decisión de divorciarme, pero nos dieron nueva fecha de audiencia para el 26 de enero del 2015. Un día después, Laura Maricela denunció ante el mismo agente del MP que yo también violé a mi hijo de 13 años. Inexplicablemente, logró que éste integrara en ese mismo día los tres elementos para enviar a juzgado la averiguación y en una semana tener una orden de aprehensión en mi contra.
Uno de esos elementos fue la falsa entrevista de mi hijo de 13 años, que obviamente no se grabó porque nunca existió, y en la falsa declaración quedó asentado que Laura Maricela Velázquez Fernández se negó a que grabaran la entrevista. Otro, fue un falso peritaje médico.
El 17 de diciembre, el juez de Control de Chalco giró orden de aprehensión en mi contra (Carpeta de Investigación 302070970203514, Carpeta Administrativa 1406/2014). A partir de esa fecha entregué el inmueble a un familiar y lo abandoné.
Vinieron luego una serie de querellas y demandas, incluyendo una de mi hijo de 13 años en el MP 59 del DF (FNNA/59/T1/01671/15-06), quien, huyendo del cautiverio de su mamá, la perfeccionó en el Centro Regional de Atención Integral en Materia de Violencia de Género con sede en Amecameca, donde ha quedado plenamente demostrado en primera instancia la inexistencia del delito de violación equiparada que ilícitamente me han imputado, y en segunda instancia la confirmación de los actos ilícitos cometidos por el agente del Ministerio Público Mario Johan Galicia Hernández y demás servidores públicos que resulten responsables, además de Laura Maricela Velázquez Fernández.
Señor procurador general de Justicia del Estado de México: Respetuosamente y con urgencia le solicito resolver el desistimiento en la orden de aprehensión en mi contra, pues con la dilación al respecto no podría dictaminarse mi inocencia, lo que haría a su autoridad responsable de que sigan menoscabándose mis derechos fundamentales y los de mis hijos.
Esto, porque la carencia de mi libertad jurídica me imposibilita económica, física y psicológicamente velar por la integridad física, psíquica y sano desarrollo integral de mis tres menores hijos, derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en diversos tratados internacionales. Confío en que la verdad y el Estado de Derecho prevalezcan por encima de la corrupción y la perversidad. (Carta resumida.)
Atentamente
Fernando Olivares Figueroa
ferolivaresf@yahoo.com
