MADRID.- El 14 de abril de 2010, Darío Rivas, nonagenario gallego que vive en Buenos Aires, presentó una querella contra el Estado español por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo español cerrara toda posibilidad de enjuiciar los crímenes del franquismo, al amparo de la Ley de Amnistía, diseñada para beneficiar a los verdugos en vez de a las víctimas.
En 1930 Darío, entonces de nueve años, se despidió de su padre, Severiano Rivas Barja, desde el barco que lo llevó a Buenos Aires. Cuando tenía 17 se enteró por carta que su padre, entonces alcalde de Castro de Rei, en Lugo, había sido asesinado por falangistas en Portomarín, en la misma comunidad gallega: fue acusado de “comunista” y de “traición a la patria” por ayudar a los desposeídos.
“Pasé décadas juntando todos los documentos sobre el asesinato. Todo lo denunciado está probado por escrito y con sellos y firmas”, relató Darío a la revista gallega Luzes, en enero de 2014.
En 2004, durante una visita a Galicia para rendir homenaje a su padre, viajó a Portomarín y, preguntando a los vecinos, descubrió detalles hasta entonces desconocidos sobre la detención, el fusilamiento y el sitio donde yacían los restos, detrás de la iglesia del pueblo.
En 2005, con el apoyo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Darío exhumó los restos de su padre y los sepultó en un nicho de la familia. Su lápida reza: “Fue alcalde de Castro de Rei, nacido el 13 de septiembre de 1875. Lo asesinaron en Portomarín los falangistas el día 19 de octubre de 1936. Volvió a casa para descansar en paz el día 19 de agosto de 2005. Papá, descansa en paz. Te lo pide tu niño mimado. Darío”.
Asesorado por un equipo de abogados, encabezado por Carlos Slepoy, especialista en justicia universal, la ARMH, las Abuelas de Plaza de Mayo y otras asociaciones, Darío presentó su demanda, que sirvió de base para el histórico proceso judicial en Argentina contra los crímenes del franquismo.
En ella se denunció al Estado español como responsable de los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad perpetrados entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones tras la muerte del dictador Francisco Franco. Se señala que los crímenes de lesa humanidad no prescriben bajo el criterio de la justicia universal.
En la causa judicial 4591/2010 que inició el Juzgado Federal 1 de Buenos Aires, a cargo de la magistrada María Servini de Cubría, se suman más de 300 querellas, muchas colectivas, con la exigencia de que termine “la impunidad del franquismo”, se “restablezca la verdad” y se abra la vía a “la reparación de todo el dolor producido”.
Demandan que el Estado español se haga cargo de la recuperación de los restos abandonados en 2 mil 269 fosas comunes identificadas y su devolución a los familiares; que se investigue y castigue el robo de 30 mil menores de edad de madres “rojas” (comunistas); que se anulen todos los procesos judiciales de los tribunales especiales de la dictadura y se aplique la legislación internacional de crímenes de lesa humanidad contra los supervivientes de la dictadura, entre otras cosas.
Y en breve se sumará una querella más por la desaparición y asesinato del poeta Federico García Lorca, que anunció la ARMH en abril pasado.
La querella aportará a la juez Servini un nuevo documento recién recuperado que contiene la primera versión del régimen sobre el fusilamiento de García Lorca, en Víznar (Granada). Se trata de un informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada, de 1965, donde se recoge que las acusaciones contra el escritor se debían a que era “socialista y masón”, así como a sus “prácticas de homosexualismo”.
Extradiciones negadas
La juez Servini, que ha recogido cientos de dramáticos testimonios, emitió el 30 de octubre de 2014 un auto de detención con fines de extradición contra una veintena de ministros de Franco que aún vivían, jueces, mandos militares y torturadores de los cuerpos de seguridad de la época.
La petición de extradición a Argentina del exministro Rodolfo Martín Villa es quizá uno de los casos más relevantes. Hoy sigue siendo un hombre inmerso en la política española, como consejero de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, entidad aprobada por un decreto del gobierno del presidente Mariano Rajoy.
Durante el franquismo ocupó la jefatura del Sindicato Español Universitario (1962-64), fue gobernador civil de Barcelona (1974) y ministro de Relaciones Sindicales (1975).
Su mano dura contra los opositores y trabajadores le hizo ganarse el mote de La Porra del Franquismo. Estando en el Ministerio del Interior, entre 1976 y 1978, ordenó quemar toneladas de documentos de la Guardia Civil, que eran pruebas de los excesos del régimen.
Fue presidente de la empresa eléctrica Endesa (entonces parcialmente pública), entre 1997 y 2002, y encabezó su privatización. Después fue presidente de la Fundación Endesa.
Entre 2003 y 2010, el grupo Prisa, editor del diario El País, lo tuvo como presidente de Sogecable, la empresa que gestionaba la televisión de pago del grupo, según lo documentó Pascual Serrano en su libro Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles (Editorial Foca, 2011).
La justicia argentina acusa a Martín Villa de haber ordenado la represión policial contra unos trabajadores huelguistas que se refugiaban en la catedral de Vitoria, en 1976. Éstos fueron gaseados para que abandonaran la iglesia y luego fueron recibidos con disparos de arma de fuego. El saldo fue de cinco trabajadores muertos y otros 100 heridos.
Por estar involucrados en este episodio también se pide la extradición de los ministros Alfonso Osorio y Jesús Quintana. El primero de ellos fungió, posteriormente, como presidente de la petrolera BP en España.
Se pide también la extradición de los ministros José Ultrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licino de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo (fallecidos los dos últimos después de la solicitud de la juez) por convalidar con su firma la condena de muerte del antifascista catalán Salvador Puig Antich, último ejecutado con garrote vil por el régimen, en 1974.
Ultrera Molina, suegro de Alberto Ruiz Gallardón, primer ministro de Justicia con Mariano Rajoy, reaccionó con un escrito publicado en la página web de la Fundación Francisco Franco, donde advirtió que va a “ejercer las acciones judiciales pertinentes” para defender “su honor”. En su opinión, la resolución de la juez argentina “constituye una iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal por carecer de fundamento legal alguno”.
Por redactar y avalar la condena de muerte del Consejo de Guerra contra Puig Antich, se pide la extradición de Carlos Rey, entonces capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército.
También la de los ministros Carro Martínez, Fernando Suárez, Jesús Cejas Mohedano y José María Sánchez Ventura-Pascual por firmar la sentencia de muerte de los últimos cinco fusilados por el franquismo, en septiembre de 1975.
El auto judicial argentino incluye a Antonio Troncoso de Castro, vocal del Consejo de Guerra sumarísimo 31/69 (el Proceso de Burgos contra 16 miembros de ETA, en diciembre de 1970) y por participar en otros consejos de guerra desde 1963 hasta el fin de la dictadura.
Al médico Abelardo García Balaguer se le requirió por el robo del hijo de Adela Carrasco Martínez, cometido en un hospital de Cádiz el 5 de noviembre de 1967.
En el expediente se incluye una lista de los principales torturadores de la policía política, la temida Brigada Político Social (BPS), entre ellos Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Hasta el momento el caso se encuentra en etapa de instrucción y la juez Servini sigue recibiendo nuevos testimonios y pruebas.
“Billy El Niño”
La juez Servini ya había emitido una orden similar el 23 de septiembre de 2013, pidiendo la extradición de cuatro torturadores de la BPS: Juan Antonio González Pacheco, conocido con el mote de Billy El Niño; el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, José Ignacio Giralte González y Celso Galván Abascal, aunque estos dos, después se confirmó, ya habían fallecido.
En atención a esa solicitud, el juez quinto de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Pablo Ruz, citó a Billy El Niño, quien acudió a declarar protegido por la policía, ocultando su rostro.
El 30 de abril de 2014, la Audiencia Nacional rechazó extraditar a Argentina a González Pacheco, cuyos sanguinarios métodos de tortura fueron descritos en varios testimonios. El juez Ruz argumentó que los delitos por los que se le reclama no representaban un “ataque sistemático y organizado”, por tanto, no se podían calificar de lesa humanidad. No obstante, el juez le retiró el pasaporte para que no abandonara el país.
El 25 de abril de ese mismo año, la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional había rechazado la extradición del exguardia civil Jesús Muñecas, por considerar que el delito de torturas, cometido en 1968, también estaría prescrito.
En octubre de 2013, María Rumín, torturada por Billy El Niño y cuyo testimonio está en la causa argentina, lo describió así en un reportaje publicado por Proceso (1929): “No es alto ni fuerte. Como persona se ve muy poca cosa. Su cara tiene aspecto infantil (saltan sus ojos saltones, bolsas bajo los ojos, cejas pobladas, el labio superior caído, boca pequeña y cabello ondulado); sin embargo es un tipo siniestro y retorcido que disfrutaba martirizando a los detenidos, cobijado por la impunidad del franquismo”.
Jesús Rodríguez Barrio, otro torturado por este exinspector, dijo en ese reportaje: “Para él, nosotros no éramos antifascistas, éramos putas y maricones, escoria social, y ellos podían hacer con nosotros lo que quisieran. Éramos menos que nada, antipatriotas. Era un tipo pequeño, desagradable, pero muy histriónico, con una personalidad retorcida; gritaba agresivamente y continuamente utilizaba su pistola para amenazar y golpear”.
Actual profesor universitario de economía, Rodríguez Barrio –tres veces detenido y torturado en los separos de la Dirección General de Seguridad, en el sótano de lo que hoy es la Presidencia de la comunidad de Madrid, en la turística Puerta del Sol–, dice: “Billy El Niño disfrutaba haciendo sufrir a los detenidos, se le veía en el rostro esa expresión burlona, de satisfacción”. l
