Señor director:
Quiero hacer del conocimiento del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, la situación de vacío jurídico en que nos encontramos quienes padecemos del Síndrome de Alienación Parental (SAP).
En años recientes la ALDF decidió aprobar divorcios sin causa (exprés), y con ello se facilitó la disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, no tomaron en cuenta las consecuencias jurídicas en lo que respecta a guarda y custodia, crianza y rubros sobre el cuidado de los hijos.
El SAP es débilmente reconocido y no existe una adecuada regulación para su prevención y para erradicar sus consecuencias. Bajo el amparo de divorcio exprés algunas personas ejercen presión hacia sus hijos para obtener una ganancia económica o venganza hacia su excónyuge. Llevo más de cuatro años sin que se dé cumplimiento a la cláusula que se firmó en convenio judicial referente al restablecimiento del vínculo paterno filial y de las terapias correspondientes a las partes y a mi menor hija.
La juez, Miriam Olimpia Lozano Rodríguez, del Juzgado Segundo Familiar del TSJDF, fue negligente en este juicio, pues dejó que creciera hasta tomar las dimensiones del SAP (como consecuencia, el caso se encuentra en la Cuarta Sala Familiar del TSJDF) y ordenó dictámenes psicológicos completos en el Área Biopsicosocial de la PJGDF, los cuales concluyen nuevamente en la actitud manipuladora y vengativa de mi excónyuge, en coincidencia con el peritaje en psicología practicado por el TSJDF en 2012. Asimismo, la pericial en psicología practicada a mi hija en la PJGDF determina la alienación parental de que es víctima.
Es un atropello que la progenitora de mi hija se haya burlado del compromiso judicial pactado en audiencia del 7 de mayo del presente, ante la Cuarta Sala, referente a continuar con el tratamiento odontológico que recibía mi hija en meses previos, ya que a su arbitrio lo interrumpió. Sin autorización judicial la canalizó con una amiga suya, quien dictaminó un tratamiento que incomoda a mi hija, quien inclusive lo usa por la noche.
Es absurdo que Nelly Lomelí Torres ejerza como psicóloga especialista en niños y adolescentes (cédula 8810754), en tanto que su abogado, Norberto Enrique Garmendia Flores (cédula 1372323), se maneje sin ética (también él llevó en 2004 otro divorcio, el de la señora Lomelí Torres, bajo condiciones similares de violencia en el Juzgado 18 Familiar).
Hago un enérgico llamado al jefe de Gobierno para que realice las reformas correspondientes. Es inaceptable que el marco jurídico de su administración no reconozca el SAP como una modalidad de violencia familiar ejercida por uno de los progenitores. Es una realidad que no quiere ver su gobierno. Incluso algunas ONG, como Fupavi, promueven el cese de la violencia familiar con un estereotipo parcial, con la imagen de un varón como agresor.
Entiendo que el doctor Mancera es un estudioso del derecho y debería remover de su cargo a jueces negligentes como Miriam Olimpia Lozano Rodríguez, castigar con todo rigor a quienes ejercen de manera mezquina el SAP, a quienes no lo evitan o denuncian, y suspender del ejercicio de su profesión a abogados que actúan como mercachifles.
Mientras exista este vacío jurídico institucional seguirá creciendo el SAP. Invito al doctor Mancera para que recorra los Centros de Convivencia Familiar y se percate del creciente número de casos, de su saturación (una hora de convivencia) y de lo absurdo de la llamada “administración de convivencias supervisadas”, en las que incluso se niega un vaso con agua simple a los menores como “medida de protección”.
Ante todo esto, la ley es letra muerta y estamos condenando a un futuro aprobioso a la niñez que habita en el Distrito Federal. Con todo respeto, “Capital Social” es un eslogan incongruente cuando no existe una normatividad adecuada para abordar, evitar y castigar al SAP.
Atentamente
José Luis Hernández Jiménez
