Señor director:
Los firmantes de la presente, miembros de la comunidad universitaria, deseamos hacer del conocimiento de la sociedad y de la Junta de Gobierno de la UNAM el acoso laboral, la discriminación y la violación de nuestros derechos humanos y universitarios perpetrados por la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
A la doctora en oceanografía (profesora de carrera definitiva) María del Carmen Bazúa Durán le impidió por un año ejercer su derecho al sabático y disfrutar de la beca académica obtenida para dicho fin. Durante un trienio le negó el derecho de audiencia, y desde 2013 no le permite realizar sus funciones de docencia e investigación, pues no le otorga un espacio adecuado para colocar sus equipos y no realiza los trámites administrativos solicitados, además de tolerar el acoso a los alumnos bajo su supervisión académica directa y que la comunidad la difame, llegando la situación al punto de que fue golpeada por un “guardaespaldas” del rector, José Narro Robles, dentro de la Facultad de Ciencias.
Al doctor en física (profesor de carrera definitivo) Pablo de la Mora y Palomar Askinasy no le permitía hablar como consejero técnico académico titular por Física, lo interrumpía todo el tiempo y descalificaba lo que decía (la consejera técnica académica suplente por matemáticas hasta marzo de 2015 renunció a su cargo por recibir este mismo trato). A sus “aliados”, en cambio, les da promociones y prestaciones que no merecen.
Al secretario técnico José Antonio López Saucedo le retiene el 95% de su salario desde hace varios meses argumentando faltas injustificadas, cuando él cuenta con dictámenes médicos que avalan su enfermedad causada por el acoso laboral y la discriminación de que es objeto desde hace cuatro años por ella y su secretario administrativo, Aureliano Morales Vargas.
Todos estos atropellos están siendo investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y los juzgados y tribunales de Distrito del Primer Circuito.
Atentamente
María del Carmen Bazúa Durán, Pablo de la Mora y Palomar Askinasy y José Antonio López Saucedo (responsable de la publicación).
