La restauración de las artimañas del presidencialismo despótico ha sido una constante del gobierno de Enrique Peña Nieto para evadir las incómodas exigencias de la democracia. Sin inmutarse ante el progresivo declive de su legitimidad, el malestar ciudadano o el debilitamiento institucional producidos por dicha regresión, el mandatario persevera en su instinto predemocrático con una firmeza digna de mejor causa.
Ante el inminente relevo de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, todo indica que se renovará el propósito presidencial de imponer a personas leales y dóciles en el máximo tribunal del país utilizando las mismas tácticas que permitieron el nombramiento de Eduardo Medina Mora en marzo pasado. Abusando de la facultad que le otorga el artículo 96 de la Constitución, el presidente sometió una terna ficticia a la consideración del Senado. A pesar de sus escasas y dudosas credenciales para ocupar el cargo, el elegido del mandatario pudo obtener las dos terceras partes requeridas para su designación debido a la debilidad de las alternativas mañosamente presentadas por el Ejecutivo. Ofende que el jefe de Estado haya manipulado la ley de manera tan burda para satisfacer sus intereses, vulnerando la dignidad y autonomía del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación. Inadmisible regresión en sentido opuesto a la reforma judicial de 1994.
Otra intromisión similar en la Corte se vislumbra para el 30 de noviembre en que dejarán sus cargos los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. En esta ocasión se perfilan como las favoritas del presidente para ocupar dichas vacantes dos mujeres: María del Carmen Alanís, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Martha María del Carmen Hernández Álvarez, consejera de la Judicatura Federal. La cercanía de ambas con el mandatario –rayana en la sumisión cómplice en el caso de la primera– pone en duda la imparcialidad e independencia imprescindibles para quien aspire a ser ministro de la Suprema Corte.
Recordemos que la victoria de Peña Nieto en las elecciones de 2012 fue posible gracias a dos factores determinantes relacionados entre sí: la ilegal campaña publicitaria producto de su alianza secreta con Televisa, y las sentencias del Tribunal Electoral, promovidas por la magistrada Alanís, que dieron impunidad inatacable a esa violación flagrante de los artículos 41 y 134 constitucionales.
La primera de las resoluciones falaces, fechada el 19 de abril de 2011, negó que en los anuncios acerca de los logros del gobernador Peña hubiera “referencias implícitas o veladas” que implicaran la promoción personalizada del precandidato priista, debido a que “no obran en el expediente elementos suficientes que permitan determinar…, ya sea de forma directa o indirecta, que éstas están vinculadas inequívocamente a dicho servidor público”. El fallo fue tomado 40 días después de una comida de Luis Videgaray y Enrique Ochoa, entonces operadores de Peña Nieto, en la casa de la magistrada Alanís cuando era presidenta del TEPJF, lo cual evidencia un pacto secreto entre las partes.
A principios de mayo de ese mismo año, la magistrada Alanís de Rabasa fue la ponente de una segunda resolución aberrante del Tribunal Electoral que exoneró de toda responsabilidad al entonces gobernador del Estado de México por la transmisión en televisión a nivel nacional de propaganda relacionada con su quinto informe de gobierno que, de acuerdo con la normatividad electoral, debe restringirse al territorio de cada estado. Toda la culpa fue imputada a la televisora, dejando intocado a quien contrató el tiempo aire. Finalmente, para rebatir las impugnaciones de la oposición por la ilegalidad de la campaña televisiva, el TEPJF argumentó con desparpajo: “… en ningún momento se ha demostrado la existencia de pacto, convenio, contrato o algún acuerdo de voluntades, escrito o verbal, entre el Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Enrique Peña Nieto y la empresa Televisa”. La deuda del hoy presidente con la magistrada Alanís muy probablemente será premiada con su ascenso a la Corte.
La carrera de la consejera Hernández Álvarez también ha estado estrechamente vinculada a Peña Nieto. Fue subprocuradora de Justicia del Estado de México, cargo al que renunció en 2010 junto con el procurador Alberto Babzbaz tras el escándalo de la niña Paulette Gebara Farah. Peña la nombró subsecretaria de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, y en 2011 le asignó la titularidad provisional de la Notaría 169 en Huxquilucan. Como asesora jurídica del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, salió a la defensa del gobernador Peña Nieto para librarlo de responsabilidad ante la ola de feminicidios ocurridos en la entidad en 2011. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1992, donde ha sido secretaria, magistrada y titular de diversos tribunales, hasta llegar al cargo que hoy ocupa por designación presidencial.
Lo que está en juego es la división de poderes y el Estado de derecho, condiciones indispensables de la democracia. La cualidad esencial de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es la independencia frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo a fin de ser árbitros imparciales de las disputas entre ellos. Los nuevos jueces constitucionales deben estar exentos de cualquier sospecha de sometimiento o conflicto de interés, en primer lugar frente al presidente de la República, así como ante el Congreso, partidos políticos o grupos de presión. Sólo la independencia libre de toda sospecha los dota de la autoridad requerida para ser garantes de la supremacía constitucional.
En su elocuente discurso de bienvenida a la Corte del cuestionado Medina Mora, la ministra Sánchez Cordero expresó con firmeza: “Lo recibe el Tribunal Constitucional del Estado Mexicano, una institución que tiene hoy un papel fundamental en nuestra democracia, que es elemento consustancial a ésta, precisamente porque es la encargada de defenderla”. El jefe del Estado mexicano tiene la responsabilidad de respetar la independencia de la Suprema Corte, no de transgredirla. l
