Dar por terminada la transmisión de televisión analógica y entrar de lleno a la digital es una política que se está aplicando en todo el mundo y tiene ventajas; entre otras, libera espectro utilizable para diversos servicios de banda ancha y abre la arena para la competencia. Pero este panorama le eriza los cabellos a Televisa, consorcio que ha puesto en marcha una campaña para retrasar el “apagón analógico”. Quien tiene la última palabra, el gobierno, parece no saber qué camino tomar, luego de que su fecha límite para ejecutar el apagón está siendo torpedeada desde varios frentes.
Errores en la operación del “apagón analógico” en Monterrey, medida que estaba prevista para aplicarse el 24 de septiembre último en esa ciudad, dieron pie a que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y en especial el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, emprendieran una campaña mediática y un intenso cabildeo legislativo para postergar la fecha límite –el próximo 31 de diciembre–, establecida en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones, para ordenar el cese de las transmisiones analógicas de televisión y realizar el “encendido digital”.
Dos meses y medio antes de ese plazo, el pasado 19 de octubre, la CIRT dejó de guardar silencio: señaló que el apagón de Monterrey no había sido exitoso, tal como lo habían anunciado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Un estudio de la firma Nielsen-Ibope, responsable de medir los índices de audiencia o rating, afirmó que no fueron 472 mil sino 645 mil regiomontanos quienes se quedaron sin señal de televisión analógica. Es decir, 16% y no 10.3% como habían señalado un día antes el presidente del IFT, Gabriel Contreras, y la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe. El 72% de esas personas son de nivel socioeconómico “muy bajo”, afirmó Roberto Vázquez, de Nielsen-Ibope, en conferencia de prensa convocada por la CIRT.
Los datos de Nielsen-Ibope fueron la señal de arranque de la intensa campaña mediática.
Azcárraga Jean afirmó en entrevista con Radio Fórmula que la fecha límite para el apagón debía aplazarse unos meses para no afectar a la población de escasos recursos. “Estamos claros que el mandato constitucional habla del 31 de diciembre, pero lo que nos preocupa con los números arrojados en la ciudad de Monterrey es que miles de personas se quedaron sin televisión”, afirmó el presidente de Televisa, quien por primera vez hizo una declaración pública en sentido contrario a una política gubernamental peñanietista.
Extrapolando la cifra de 16% de la población sin acceso a la señal televisiva –analógica ni digital–, Azcárraga afirmó que más de 7 millones de mexicanos no podrían ver televisión.
En sincronía con la CIRT y la propuesta de Azcárraga, el 22 de octubre los senadores Javier Lozano, del PAN, y Zoé Robledo, del PRD, propusieron dos iniciativas de reforma al artículo 5 transitorio en materia de telecomunicaciones para aplazar el apagón: que sea el 31 de diciembre de 2016, propuso el panista; o el 30 de junio del mismo año, dijo el perredista.
El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, declaró su apoyo al aplazamiento del apagón, sin tomar en cuenta que varios legisladores de su bancada se opusieron de inmediato, principalmente Dolores Padierna, Luis Sánchez y Angélica de la Peña.
En la bancada del PAN, Javier Corral acusó a Lozano y Robledo de formar parte de un “nado sincronizado” para favorecer a las televisoras. En un memorándum dirigido a los legisladores de su bancada argumentó que modificar la reforma retrasará la competencia en televisión abierta, protegerá a las empresas de Televisa que ofrecen televisión por cable en la frontera y vulnerará el proceso de licitación de la “red compartida” en la banda de 700 Mhz.
Fue más allá y acusó de mentiroso a Azcárraga. Afirmó que no es cierto que Televisa hubiera invertido para estar preparado para la transición de la tecnología analógica a la digital. Citando datos del IFT, el chihuahuense afirmó que del total de señales complementarias en televisión (846) sólo 67 operan bajo el sistema digital, 313 tienen solicitud de migración y más de 55% (466) ni siquiera han hecho esa solicitud.
Advirtió que la iniciativa de reforma de Lozano no sólo propone posponer la fecha del apagón, sino suspender la medida en siete entidades, donde se han apagado 57 señales analógicas.
Los titubeos pusieron en un predicamento a la bancada del PRI, cuyos votos son esenciales para lograr una reforma constitucional. Su líder nacional, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que eran “sensibles” al reclamo de la CIRT y de Televisa, pero en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada, metió el freno y señaló que escucharían a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, encargada del reparto de televisores digitales), el IFT y la SCT antes de tomar una decisión.
El 30 de octubre, a nombre del PRI, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz anunció que su bancada escuchará a las autoridades del gobierno federal la próxima semana y abrió la posibilidad de que, “si fuera necesario”, los priistas aceptarían modificar la Constitución.
El gobierno sigue en lo suyo
El 29 de octubre, tras una semana de presiones, la SCT y la Sedesol reiteraron que hay condiciones para cumplir “en tiempo y forma” la entrega de los 3.2 millones de televisores digitales faltantes antes de la fecha límite del apagón analógico. El IFT hizo pública una carta al senador Lozano en la cual le pregunta por qué había aprobado la reforma constitucional si no estaba de acuerdo con su fecha límite.
En un comunicado, la SCT afirmó que hasta el pasado 25 de octubre se habían entregado 6.5 millones de televisores digitales en todo el país y faltan 3.2 millones por repartir de aquí al 31 de diciembre. La Sedesol sostuvo que se entregarán alrededor de 50 mil televisores diarios.
Con esta posición, las dos principales dependencias responsables del reparto de televisores digitales rechazaron la propuesta de senadores del PAN y del PRD, así como de Televisa y de diputados locales del Congreso de Morelos, para aplazar el apagón analógico.
Otro ingrediente apareció en el escenario. Versiones extraoficiales del Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña, advirtieron acerca de la posibilidad de que el apagón conlleve consecuencias legales, pues afectaría el plan de inversiones de la nueva cadena de televisión digital licitada por el IFT.
Este grupo pagó mil 808 millones de pesos por 123 frecuencias de televisión digital y planea invertir 10 mil millones de pesos para alcanzar en cinco años al menos 8.5% de la audiencia televisiva. Retrasar el apagón afectaría a la nueva cadena.
Por otro lado, también se afectará el plan de inversiones de más de 7 mil millones de dólares de grandes trasnacionales de las telecomunicaciones para la llamada “red compartida” en la banda de 700 Mhz, donde se aloja parte de las señales de televisión analógica.
¿Pleito o desencuentro?
–¿Asistimos al primer pleito público entre dos aliados, como son el gobierno de Peña Nieto y Grupo Televisa? –pregunta el reportero a los senadores y especialistas asistentes al foro “El apagón analógico. Lo que está en juego”, convocado por el senador Corral el 27 de octubre.
–No creo que haya un pleito entre Peña y Televisa –sentencia Corral–. Más bien han medido en el gobierno federal el mensaje de incertidumbre brutal que enviarían a la inversión extranjera si modifican una reforma constitucional. Este episodio es el colapso de todo poder cuando se cree definitivo.
“Si no hay pleito, al menos hay un forcejeo intenso. La pregunta que surge tras este episodio es, ¿quién manda en México: Televisa o Peña Nieto?”, reflexiona en entrevista la senadora petista Layda Sansores.
Para Manuel Bartlett, se trata de una “presión brutal de Televisa por sus intereses. Este es un asunto de poder”. El senador poblano recordó que hace unas semanas los intereses de Televisa forzaron al Senado y a la Cámara de Diputados a aprobar una ley de derecho de réplica que beneficiaba a los grandes medios electrónicos y no a las audiencias.
La perredista Angélica de la Peña subrayó que no existían condiciones para lograr el voto de las dos terceras partes necesarias del Senado y de la Cámara de Diputados para hacer una reforma constitucional antes del 31 de diciembre de este año.
Presente en el mismo encuentro, el expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (la desaparecida Cofetel) Mony de Swaan advierte: “estábamos ante la copia calca, el mismo modus operandi que observamos en Tijuana: un alcalde preocupado que exige postergar una ‘crisis social’ inexistente, dos senadores poblanos siempre listos a hacer suya la agenda de las televisoras y una guerra de cifras en contra del regulador”.
Artífice de la primera política de televisión digital terrestre (TDT), De Swaan afirma: “Estamos ante la reacción, natural y entendible, de intereses particulares que se verán afectados por la transición y que en el camino intentan aplastar el interés general”.
En medio de este debate político y legislativo, los defensores de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de Canal Once, de Canal 22 y del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión enviaron un comunicado para que se respete “en lo posible” el mandato constitucional, pero también para que se priorice el derecho “de acceder a una mayor oferta de canales, máxime cuando se licitó una tercera cadena de televisión digital abierta y se prevé la licitación de más canales como medida antimonopólica”.
Lo que está en juego
El apagón analógico representa cancelar señales de televisión analógica y “encender digitalmente” el país, además de liberar espectro muy valioso para servicios de banda ancha, convergentes con telefonía celular. En otras palabras, es una medida que impacta en todo el modelo de triple play: televisión restringida, internet y telefonía móvil.
Así lo explicó De Swaan en la ponencia presentada en aquel foro el 27 de octubre.
Hasta la fecha, abundó De Swaan, más de 40 países ya han culminado su transición. El primero fue Holanda, en 2006; Estados Unidos lo hizo hace seis años y 10 países más lo harán antes de que acabe 2015.
La disputa con las televisoras se inició en 2004, cuando el gobierno de Vicente Fox fijó un estándar para la TDT, pero no puso una fecha límite para el apagón. A cambio, les otorgó a las televisoras 294 Mhz en los llamados “canales espejo” –cuya concesión vence en 2021–, 70% de ellos a Televisa y TV Azteca. En un decreto de 2010, el gobierno de Felipe Calderón estableció la fecha límite para el apagón: 31 de diciembre de 2015. Las dos grandes televisoras se inconformaron también, pero la Suprema Corte le dio la razón al Ejecutivo.
En 2013, con la reforma constitucional en telecomunicaciones, se marcó la misma fecha y se fijó un “umbral” de al menos 90% de cobertura. Paradójicamente, la propia reforma le quitó el control al IFT del reparto de decodificadores y estableció que la SCT entregaría televisores digitales en todo el país. De ahí surgió el gran negocio de comprar y repartir casi 10 millones de televisores, varias veces más caros que los decodificadores (Proceso 1947 y 2005).
Pero el verdadero negocio está en acaparar el espectro actualmente asignado a la televisión abierta. De Swaan expone que los servicios de televisión tienen un total de 402 Mhz de espectro, de los cuales 306 se desperdician, ya sea porque se utilizan para transmisiones de canales espejo (294) o porque son “guardabanda” (mecanismos para impedir que una transmisión invada a otra) en tecnología analógica.
“Para darnos una idea del desperdicio que esto representa, el espectro concesionado para servicios de telefonía móvil asciende a 250 Mhz, es decir, 50 menos que el que estamos desperdiciando todos los días al no transitar a la televisión digital terrestre”, subrayó.
De Swaan afirma que postergar el apagón analógico permitirá que Televisa y TV Azteca mantengan sus transmisiones analógicas y digitales “en clara desventaja competitiva frente al nuevo entrante”, que es Grupo Imagen; se frenaría la pluralidad de canales en televisión abierta, ya que se podrían tener 35 canales adicionales de televisión digital; se afectarán los servicios de internet en banda ancha, particularmente el proyecto de la red compartida en la banda de 700 Mhz, y en menor medida en la de 600 Mhz.
Para el expresidente de la Cofetel, sería “un golpe mortal a la credibilidad del país” si se posterga el proyecto de la red compartida en la banda de 700 Mhz.
Un estudio elaborado por Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, calculó que se perderán entre mil 330 y mil 995 millones de dólares si se aplaza la adquisición e inversión en la banda de 700 Mhz. l
