Documentos desclasificados a inicios de mes en Estados Unidos revelan que desde 1987 la CIA cuenta con “evidencia convincente” de que el dictador chileno Augusto Pinochet tuvo un “involucramiento directo en un acto de terrorismo de Estado”: el asesinato en 1976 del opositor Orlando Letelier mediante un coche-bomba, perpetrado en Washington D.C. Así, durante la presidencia de Bill Clinton se emitió una recomendación para que Pinochet fuera juzgado por dicho crimen. Sin embargo, los papeles desclasificados muestran también que el gobierno de George W. Bush congeló el proceso.
WASHINGTON.- En el otoño de 1987, el secretario de Estado estadunidense, George Shulz, enfrentaba un desafío formidable: convencer al entonces presidente, Ronald Reagan, de que había llegado el momento de deshacerse de su dictador anticomunista favorito, el general Augusto Pinochet, y alinear abiertamente a Washington con las fuerzas de la democracia en Chile.
En septiembre, Shulz se había reunido con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), William Webster, quien le había informado sobre el papel directo de Pinochet en el atentado con bomba del 21 de septiembre de 1976, en Washington D.C., que cobró la vida de un destacado crítico del régimen militar de Chile, el otrora diplomático chileno Orlando Letelier, y su joven colega del Instituto de Estudios Políticos (Institute for Policy Studies), Ronni Karpen Moffit. La CIA contaba con “evidencia convincente”, se enteró Shulz, de que “personalmente Pinochet había ordenado a su jefe de inteligencia llevar a cabo los asesinatos”.
En un informe secreto titulado Pinochet y los asesinatos Letelier-Moffit: implicaciones para la política de Estados Unidos, Shulz presentó sus argumentos ante el presidente. “Nunca antes la CIA había sacado y presentado la conclusión de que existiera una evidencia tan fuerte del papel dirigente (de Pinochet) en este acto de terrorismo”, advirtió Shulz. “No obstante, éste constituía un flagrante ejemplo del involucramiento directo de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado; uno particularmente perturbador, tanto porque ocurrió en nuestra capital como porque su gobierno (el de Pinochet) ha sido considerado en general como amistoso”.
Washington no podía continuar apoyando al cerebro del que, antes de los atentados del 9 de septiembre de 2001, representaba “el único caso claro de terrorismo apoyado desde el Estado que había ocurrido en Washington D.C.”, concluyó Shulz su argumentación ante el presidente Reagan. “Lo que ahora sabemos sobre el papel de Pinochet en estos asesinatos es de la mayor gravedad y añade un nuevo ímpetu a la necesidad de trabajar para una completa democratización en Chile”.
Este dramático documento se encontraba entre otros 282 archivos desclasificados del caso Letelier-Moffit, que el actual secretario de Estado, John Kerry, entregó –en un acto ceremonial– a la presidente chilena Michelle Bachelet, durante su visita a Santiago la primera semana de octubre.
“Fue un gesto sorprendente”, declaró el hijo de Letelier, el popular senador Juan Pablo Letelier, en una entrevista radiofónica en Chile. “Creo que esta práctica de desclasificar documentos es muy positiva”.
En efecto, el secretario Kerry y la Oficina de Política y Planeación del Departamento de Estado merecen un crédito considerable por practicar la “diplomacia de la desclasificación” –utilizando documentos de Estados Unidos como divisa diplomática para hacer avanzar la causa de los derechos humanos y enmendar la oscura historia intervencionista de las relaciones Estados Unidos-Chile. El gobierno de William Clinton inició esta práctica después del arresto de Pinochet en Londres, en 1998, emprendiendo un proyecto especial de desclasificación de las operaciones encubiertas de la CIA durante los 17 años de la represiva dictadura pinochetista. “Dicha información podría ayudar a fortalecer el consenso dentro de Chile para darle un nuevo vigor a su proceso de verdad y reconciliación”, se afirmaba en un memorando del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), que ordenaba la revisión y desclasificación de 23 mil archivos nunca antes vistos de la CIA, el NSC y los departamentos de Defensa y de Estado, que fueron entregados a la Biblioteca Nacional de Chile en el otoño del año 2000.
Los documentos recién difundidos sobre el caso Letelier-Moffit –muchos de ellos con sello de desclasificación del 1 de octubre de 2015, es decir apenas días antes del viaje de Kerry a Santiago– pretendían ser “liberados” junto con estos 23 mil archivos. Pero después de que las familias de Letelier y Moffit, junto con el Instituto de Estudios Políticos donde trabajaban y el National Security Archive (NSA), presionaron a la Casa Blanca de Clinton a procesar a Pinochet como terrorista, el gobierno decidió conservar estos archivos como potencial evidencia en un futuro juicio.
Antes de dejar su cargo, la exprocuradora general Janet Reno recibió de los investigadores del Departamento de Justicia un informe con la recomendación de procesar a Pinochet por este acto de terrorismo político. Ella dejó este proyecto de juicio a John Ashcroft, su sucesor en el gobierno de George W. Bush, para que lo implementara. Pero el presidente Bush nunca levantó un dedo para juzgar a Pinochet, a pesar de que el combate al terrorismo internacional se convirtió en el tema central de su gestión presidencial.
Si la evaluación de la CIA sobre el papel del dictador en el terrorismo internacional hubiera sido filtrada o desclasificada, la presión para llevarlo a la justicia –En Estados Unidos o en Chile– hubiera sido incontenible. En cambio, Pinochet murió en 2006 sin jamás haber sido juzgado por los asesinatos de Letelier y Moffit. Sus familias y la ciudadanía quedaron frente al peor escenario: ni verdad ni justicia.
A principios de este año (con apoyo del NSA), el gobierno de Chile encabezado por Michelle Bachelet –ella misma fue una víctima del gobierno de Pinochet– solicitó al gobierno de Obama liberar finalmente estos archivos clave. El Departamento de Estado se mostró receptivo y movilizó a la burocracia encargada de la desclasificación para ubicar los documentos faltantes del caso Letelier. El viaje de Kerry a Santiago para una conferencia internacional de legislación marítima fijaba una fecha límite para desclasificar los documentos y proporcionaba una oportunidad de oro para que los llevara él en persona a Chile. Ahora, encabezados como “Pinochet ordenó personalmente el asesinato de diplomático chileno en suelo estadunidense, revelan documentos”, dichos papeles circulan por todo el mundo.
Con toda seguridad todavía hay documentos sobre el caso Letelier-Moffit que permanecen clasificados. La CIA todavía tiene que desclasificar su “evidencia convincente” sobre la culpabilidad de Pinochet. Tampoco la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer su informe de investigación en el que recomendaba a la fiscal general Reno procesar a Pinochet. Pero con este modelo de “diplomacia de la desclasificación”, el gobierno de Obama ha abierto la Caja de Pandora de las evidencias, demostrando una vez más que el poder de los documentos desclasificados de Estados Unidos, si no sirve para rendir cuentas ante la justicia, por lo menos sirve para reivindicar la historia. (Traducción: Lucía Luna) l
*Peter Kornbluh dirige el Proyecto de Documentación de Chile en el NSA y es autor de The Pinochet File: A Declasiffied Dossier on Atrocity and Accountability
