En las calles Vidrio 2214 y Mexicaltzingo 2209, entre Unión y Simón Bolívar, se edifica una torre de al menos nueve pisos, 30 departamentos y 64 cajones de estacionamiento que fue autorizada por la administración del priista Ramiro Hernández García en Guadalajara.
Aunque los vecinos han denunciado que la construcción tiene irregularidades y ha ocasionado daños serios a construcciones vecinas, el actual ayuntamiento emecista no les ha respondido.
La constructora Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V., comenzó a violar el reglamento de construcción al demoler las fincas sin permiso, por lo que pesa sobre la obra una clausura parcial. Sin embargo, los trabajos continúan con la complacencia de la autoridad.
Para documentar su queja, Gregorio Mora, uno de los afectados por la obra, solicitó por la Ley de Transparencia, en abril pasado, que el ayuntamiento tapatío entregara copias certificadas de las licencias de demolición de las dos casas de Vidrio y Mexicaltzingo; las infracciones que se hubieran impuesto a la obra y el pago correspondiente, además de copias de las actas de levantamiento de la clausura, entre otros documentos.
El 17 de abril de 2015, la coordinación jurídica de la Dirección de Inspección y Vigilancia le informó a la titular de la Unidad de Transparencia de Guadalajara, Nancy Paola Flores Ramírez, que no pueden entregar copia del levantamiento de clausura de la obra porque “no existe orden de autoridad alguna que deje sin efecto esta medida”, según dice el oficio DIV/CJ/713/2015, con fecha del 21 de abril, es decir, que se envió por adelantado.
Lo único que ofreció entregar el director de Inspección y Vigilancia, José de Jesús Roldán González, fue “copia simple de las infracciones que se impusieron a la constructora en marzo y abril de 2012, así como el acta de verificación y/o inspección con fecha 6 de abril de 2015”.
Así se enteró Mora de que ese 6 de abril Gabriela Rangel Bernal, inspectora de la Unidad Departamental de Inspección a Construcción e Imagen Urbana, de la Dirección de Inspección y Vigilancia, levantó el acta de verificación 1079 a la constructora por dañar la finca vecina, de Vidrio 2218. Ahí constan los daños:
“Se ocasionó desplome de cochera/terraza en una superficie de bóveda de 45 metros cuadrados en planta baja, así como cuarteaduras en recámaras del departamento 3 del mismo edificio.”
A partir del derrumbe, la Dirección de Inspección y Vigilancia clausuró parcialmente la obra, que está a cargo de José Ascensión de León Haro, y colocó los sellos 13235 y 13236. La autoridad sólo permitió que la constructora realizara “trabajo de reparación, apuntalamiento y retiro de escombros”.
Sin embargo, en la visita que hizo esta reportera el lunes 12 de octubre, observó que las labores continúan y que el sótano está casi terminado.
También se buscó a Marisa, propietaria del edificio mencionado, pero se negó a hablar. Según los vecinos, esto se debe a que la constructora ya reparó los daños en su propiedad, que consta de varios departamentos y locales para rentar.
Según la información oficial, la constructora fue multada y su obra clausurada por lo menos dos veces antes del 6 de abril.
La primera vez que la Dirección de Inspección y Vigilancia, a través de la Unidad Departamental de Inspección a Construcción e Imagen Urbana, sancionó a la constructora fue el 1 de marzo de 2012. En esa ocasión el inspector Miguel Alberto Cerda de la Torre levantó la infracción 116481 por carecer de “licencia de demolición y dictamen del centro histórico para casa habitación al estar demoliendo bóvedas y muros en una superficie aproximada de 100 metros cuadrados, con un avance de bóvedas demolidas al 100%”. La obra se clausuró.
El 5 de abril de 2012 el mismo inspector fue al lugar y encontró las mismas irregularidades, por lo que volvió a colocar los sellos de clausura.
También por medio de la Ley de Transparencia, los vecinos obtuvieron copia de la licencia de construcción para el edificio, que tiene vigencia de 900 días a partir del 23 de diciembre de 2014.
Ese documento, emitido por la Secretaría de Obras Públicas y firmado por su entonces titular, José Luis Moreno Rojas, y la directora de Control de la Edificación, Cecilia Lizette Moncayo, costó casi 395 mil pesos y quedó bajo el registró M-0558-2014, a nombre de Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
En cuanto al dictamen de trazo, usos y destinos específicos, también en manos de los vecinos, llama la atención que ostente dos fechas. La primera es del 2 de septiembre de 2014, cuando la constructora solicitó a la comisión de dictamen de la Secretaría de Obras Públicas que se le emitiera la factibilidad del uso de suelo en una superficie de 739 metros de vivienda vertical en Mexicaltzingo 2209. Se le asignó a la obra el expediente 039/D1/E-2012/2129, con la clave catastral D6513104018.
La comisión aprobó la obra para la construcción de 30 unidades de vivienda plurifamiliar vertical de densidad media, “quedando condicionada a un estudio de incidencia solar y a los lineamientos establecidos en el plan parcial de desarrollo urbano y demás leyes y reglamentos aplicables en la ubicación solicitada”. En la parte inferior del mismo documento aparecen tres firmas, pero no los nombres, y la fecha es 15 de mayo de 2012.
Daños presentes y futuros
Otra vecina afectada, Patricia Camacho, colocó dos mantas en la fachada de su casa en avenida Unión 471, entre Mexicaltzingo y Vidrio. En una le pide al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, que intervenga para poner “fin a los permisos de edificios ilegales y corruptos que acaban con nuestro patrimonio y bienestar”. Y parafrasea el lema del alcalde de Movimiento Ciudadano: “Cuando quieres cambiar la historia vale la pena luchar”.
En la otra manta denuncia: “Atrás de esta casa se construye el edificio de la corrupción. El gobierno nos quita y daña nuestro patrimonio. Ya basta de autorizar edificios”.
En una carta que hizo llegar a este semanario, Camacho recuerda que fue el Jueves Santo de 2013 cuando la constructora comenzó a demoler las dos casas.
“Sin embargo, con el ruido que hicieron alertaron a algunos vecinos, que dieron aviso al Departamento de Obras Públicas, por lo cual nos dimos a la tarea de investigar en Transparencia si contaban con permiso de construcción, y la respuesta fue negativa. Se clausuró la obra y permaneció parada aproximadamente dos años, tiempo en el cual fueron demoliendo con cinceles y martillos, de forma clandestina, las dos casas colindantes.”
En la misiva, también firmada por las afectadas Margarita Arnot Camacho, Patricia Sánchez y Raquel Arnot Aguilera, se dice que en marzo pasado se colocaron dos cartulinas con los “supuestos permisos” en las mallas que rodean la obra.
Ellas hablaron entonces con el residente de obra, Óscar Verges Granados, quien dijo trabajar para la empresa Roots, “cuando en realidad se trata de la constructora Servicios Metropolitanos de Jalisco, cuya propietaria aparente es Magdalena del Socorro González Rosales”, refieren.
Verges Granados les manifestó que se trata de un edificio de 10 pisos, aunque la autorización es para nueve, “a pesar de que las reglas locales prohíben cualquier edificio más alto de tres pisos”.
Añaden: “Este proyecto se inició sin la evaluación del impacto ambiental, y bajo consentimiento de las autoridades alteraron el coeficiente de utilización del suelo, que dentro de la ley es de 2.4 (…), concediéndoles mediante la corrupción de las autoridades alterarlo a 5.4”.
Otra observación de las vecinas es que las vibraciones de la excavación agrietaron las paredes y pisos de sus viviendas, que anteriormente estaban en perfecto estado.
Señalan que para la construcción del sótano del edificio, donde estará el estacionamiento, el constructor utilizó “tirantes de concreto que invadieron y destruyeron nuestra propiedad (…). El resultado actual es una enorme excavación de varios metros de profundidad, que se extiende al menos a otras cuatro casas vecinas”.
Lamentan que la clausura de la obra no sea respetada por la constructora, pero más aún que las autoridades no intervengan. “Con el cinismo que lo caracteriza, el arquitecto Óscar Verges nos dijo que su compañía había gastado mucho dinero en este proyecto y que no tenía intención de detenerlo”.
Si esta obra se concluye, afirman, “el resultado será la destrucción completa de la vista y luz natural de varias de las antiguas casas del centro histórico, así como un gran aumento en el tráfico, que para la infraestructura actual en esta antigua colonia sería insostenible”.
A decir de las denunciantes, tal situación obedecerá a que, con el aumento de población, la zona tendrá problemas en servicios como agua potable y alcantarillado, electricidad y teléfono, “los cuales ya están en su máxima capacidad, sin contar con la afectación a nuestra privacidad. Además, el impacto negativo sobre el medio ambiente es incalculable”. l
