París.- Fue a mediados de 2013 y en un discreto departamento de Estambul donde un pequeño equipo de refugiados ligados al Movimiento Nacional Sirio (MNS) empezó a trabajar con las 45 mil fotos de cadáveres sacadas de los archivos militares del régimen de Bashar al-Asad.
El grupo analizó primero las 26 mil 948 imágenes de los 6 mil 627 cuerpos de detenidos por los servicios de inteligencia militar de Siria, los clasificó según 24 criterios y poco a poco empezó a sacar estadísticas siniestras: 2 mil 936 víctimas se encontraban en estado de total desnutrición, 37 tenían el rostro o el cuerpo deformado por sustancias químicas, 455 aparecían con los ojos extraídos…
El MNS confió también copias de las 45 mil fotos a un equipo internacional integrado por Desmond da Silva, exprocurador del Tribunal Especial para Sierra Leona; Geoffrey Nice, exprocurador del Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia; y David Crane, primer exprocurador en jefe del Tribunal Especial para Sierra Leona, asesorados por dos médicos forenses y un especialista en fotografía forense. Los tres magistrados sometieron a largos interrogatorios a César (nombre ficticio del exfotógrafo de la Policía Militar siria que extrajo de su país las imágenes).
Financiadas por Qatar, las investigaciones de estos expertos se llevaron a cabo bajo control del bufete británico de abogados Carter-Ruck and Co., el cual insiste en su total independencia.
Bashar al-Asad, por el contrario, aseguró que Qatar había gastado una fortuna para lanzar una amplia campaña de desinformación en su contra con fotos falsificadas.
El 20 de enero de 2014 Da Silva, Nice y Crane publicaron un informe de 30 páginas en el cual califican de fidedigno el testimonio de César y de auténticos los documentos gráficos que extrajo. Su análisis de las fotos es demoledor para la dictadura siria.
A pesar de ese aval y de los esfuerzos de grupos de cabildeo de la oposición moderada siria, el llamado Expediente César, si bien causó conmoción en las instancias ante las cuales fue presentado, no desembocó en acción penal internacional contra al-Asad. Por el contrario, el dictador sirio empieza a dejar de ser considerado el enemigo principal por un número creciente de gobiernos europeos, muchísimo más preocupados por la creciente amenaza del Estado Islámico.
Sólo el gobierno francés dio seguimiento al Expediente César. Basándose en la documentación reunida por el exfotógrafo militar, Laurent Fabius, ministro galo de Relaciones Exteriores, pidió que la Fiscalía de París abriera una investigación preliminar contra persona desconocida, por crímenes de guerra en Siria.
Fabius actuó en virtud del artículo 40 del Código Penal Francés, que obliga a toda autoridad a transmitir a la justicia las informaciones en su posesión, si tiene conocimiento de un crimen o delito. Son los investigadores de la Oficina Central de Lucha contra Crímenes Contra la Humanidad, Genocidios y Crímenes de Guerra, quienes ahora están a cargo.
El canciller francés tomo esa iniciativa el pasado 15 de septiembre, pero no la dio a conocer hasta el 30 del mismo mes, dos días después del enfrentamiento –por el tema de Siria– entre Barack Obama y Vladimir Putin durante la inauguración del 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y el mismo día en que Rusia empezó a bombardear Siria.
Tanto política como jurídica, la decisión de Fabius busca remediar las deficiencias de la justicia internacional, bloqueada por el veto de Rusia y China. Los gobiernos de estos países se oponen a la presentación de toda demanda judicial contra el régimen sirio ante la CPI.
Es con base en la competencia universal que la justicia gala pretende enjuiciar a la dictadura siria por crímenes de guerra, pero sólo lo podrá hacer si una de las víctimas de estos crímenes es francesa o si uno de los verdugos radica en Francia.
La primera tarea de los investigadores es revisar los miles de fotos de los archivos militares sirios para identificar una eventual víctima francesa.
En su libro Operación César, en el corazón de la máquina de muerte siria, Garance Le Caisne hace hincapié en la intensa labor de la Comisión Internacional para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CIJA, en inglés) creada en La Haya, Holanda, en 2012.
Financiada por la Unión Europea y Estados Unidos e integrada por juristas y magistrados internacionales, esa organización tiene una misión específica: juntar pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Siria, para elaborar expedientes que pondrá a disposición de toda instancia judicial, nacional o internacional, dispuesta a enjuiciar a sus autores.
William Wiley, exprocurador canadiense del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, le explicó a Le Caisne: “Las jurisdicciones nacionales no tienen medios que les permitan llevar investigaciones sobre crímenes de guerra. Les faltan dinero, tiempo y personal capacitado. Además, no pueden tomar los riesgos que tomamos nosotros en Siria.”
La CIJA tiene una red de contactos en Siria que recuperan todos los documentos oficiales posibles en las zonas, ciudades o pueblos que caen bajo control del Ejército Libre de Siria. La organización afirma haber juntado 500 mil páginas de documentos que fueron analizados por expertos militares y políticos.
Éstos lograron entender el funcionamiento del régimen sirio y de su cadena de mando y ya tienen listos cuatro expedientes con 24 nombres de presuntos autores de crímenes de guerra. Tres conciernen a altos responsables del régimen y el cuarto incrimina a grupos armados de la oposición a al-Asad.
Desde mediados de 2015 la CIJA trabaja en estrecha colaboración con el bufete londinense Bedford Row International, que sucedió al de Carter-Ruck and Co. en el manejo del Expediente César.
Explica Wiley: “Nuestros contactos en Siria lograron juntar órdenes de detención emitidas por el régimen de Bashar al-Asad contra centenares de activistas que organizaban manifestaciones, estaban en contacto con medios de comunicación extranjeros o hacían circular videos en internet.”
Los expertos de la CIJA empezaron a cruzar estos datos con las fotografías de César y se dicen convencidos de que acabarán disponiendo así de pruebas irrefutables de ejecuciones masivas y sistemáticas de opositores por parte de la dictadura siria. l
