Los derechos humanos se han colocado en el centro de la política nacional. Son, junto con la corrupción, un tema que será prioridad en la vida política del país durante los próximos años. Las instituciones internacionales han contribuido a darles esa notoriedad. La evaluación negativa al respecto ha sido contundente. “Hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”, declaró al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al hacerlo, expresó también el apoyo incondicional a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH para el caso de Iguala.
El no cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales es común en el precario orden global en que vivimos. Se puede señalar –con justeza– que gran número de Estados ni siquiera han firmado y menos ratificado los marcos jurídicos en la materia. Sin embargo, el caso de México es singular por la brecha tan amplia que existe entre el empeño con que se han suscrito los compromisos correspondientes y la realidad interna del país.
México vive una dualidad: Por una parte, desde comienzos del presente siglo los diplomáticos mexicanos se colocaron a la vanguardia de los países que otorgan a instancias internacionales facultades para intervenir en la defensa de grupos e individuos que sufren violaciones a sus derechos humanos. Ello se expresó en la suscripción de las convenciones y protocolos que contemplan dichas facultades, así como en las negociaciones para hacer prevalecer a los organismos defensores de derechos humanos cuando éstos eran combatidos por naciones decididas a entorpecer sus trabajos. Las posiciones de México en la OEA defendiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fuertemente atacada, entre otros, por Venezuela, son un ejemplo de ello.
Contrariamente a lo que sugiere ese comportamiento, en el ámbito interno los relatores internacionales se encuentran con fosas clandestinas rellenas de cadáveres, con miles de desaparecidos, niveles de violencia que han producido decenas de miles de muertos desde que empezó la guerra contra el narcotráfico en 2007. Todo eso ocurre en medio de fallas descomunales en la administración de justicia (98% de los delitos cometidos han permanecido impunes); de la inoperancia de las policías federales, estatales y municipales que ha llevado a otorgar al Ejército las funciones de mantenimiento de la seguridad pública, y, finalmente, del frecuente contubernio ente las autoridades y los miembros del crimen organizado.
Ayotzinapa no es un evento excepcional. Es un ejemplo que saca a la luz los problemas estructurales que existen en todo el territorio. Tal es la impresión que se lleva el alto comisionado, la cual inspira sus recomendaciones relativas al fortalecimiento de las procuradurías y a las capacidades de la policía; la adopción de un cronograma para el retiro de las Fuerzas Armadas de funciones de seguridad pública, y la implementación de las recomendaciones del GIEI.
La profundización de la toma de conciencia respecto a esta crisis que enfrenta el país obliga a una respuesta del gobierno. Se requieren acciones que reviertan la agudeza de los problemas devolviendo la confianza a la ciudadanía y a los observadores internacionales. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cuáles son los factores que determinarán el cauce que se siga?
Responder a las preguntas anteriores invita a reflexionar sobre la presión que pueden ejercer grupos internos que tienen influencia en la opinión pública y capacidad de hacer sentir sus voces en las élites políticas. Por un lado, hay un sector importante de ONG, académicos, estudiantes, intelectuales y formadores de opinión que ven en los organismos internacionales un valioso apoyo para obligar a investigaciones más rigurosas y acciones más decididas del aparato de justicia que pongan un freno a las violaciones de derechos humanos. Se precisa, entre otras cosas, de sentencias cuya transparencia y legitimidad pongan fin a la impunidad de delincuentes de diverso orden, incluyendo a altos mandos políticos. Dentro de esa línea de pensamiento, hay quienes incluso verían con buenos ojos la invitación a una comisión similar a la que desarrolló las investigaciones que desembocaron en la caída, por acusaciones de corrupción, del presidente guatemalteco Pérez Molina.
En otro grupo se encuentran miembros de la administración pública cuyas posturas pueden oscilar entre insistir en las organizaciones nacionales y la larga lista de leyes aprobadas por el Congreso para la defensa de los derechos humanos (independientemente de lo efectivo que hayan podido ser), sin poner en duda la pertinencia de la cooperación internacional, y quienes francamente se oponen a dar facultades a las organizaciones en comento. En este último caso ha sido notoria la posición del sector militar.
En una acción poco común, el secretario de la Defensa, general Cienfuegos, ofreció entrevistas a la prensa y la televisión dando a conocer sus puntos de vista sobre diversos temas. Entre ellos destacó su viva oposición a permitir que expertos internacionales entrevisten a los soldados del 27 Batallón de Infantería instalado en las cercanías de Iguala. No tienen por qué declarar –dijo enfáticamente–, las leyes no lo permiten. “Nosotros solamente respondemos a las autoridades mexicanas”.
Está presente, así, una clara diferencia entre el México que defiende la postura de ampliar facultades de organizaciones internacionales para la defensa los derechos humanos y quienes se oponen a ello. ¿Qué línea va a prevalecer? La respuesta no es trivial. Al darla, el presidente Peña Nieto –a quien toca zanjar esta diferencia– hará posible, o no, el camino para salir de la grave crisis de derechos humanos. l
