Señor director:
En Guadalupe Etla, Oaxaca, tenía su asiento la honradez hasta antes de que llegara la corrupción que esparcen los altos funcionarios del neoliberalismo.
En el periodo 2008-2010, el presidente municipal recibió del gobierno estatal 3.8 millones de pesos para construir una planta de tratamiento de aguas residuales. El edil olvidó instalar la cosa y olvidó devolver el dinero, pero informó que la obra era real. Llegó un nuevo presidente (2010-2013) y aceptó que existía la planta que no existía. Omitió denunciar los ilícitos.
Ya en tiempos del gobernador Gabino Cué, el lic. Gilberto Ramírez Ruiz fue electo presidente municipal del lugar y sí cumplió sus obligaciones de ciudadano y jefe de la comuna. Denunció la conducta antijurídica de los expresidentes y sus adláteres. Se abrió la causa 06/2015 en enero de 2014 y, después de un año, el juez de la causa, Victoriano Barroso, dictó formal prisión por peculado y otros delitos a los acusados. Después de amparos y desamparos, se emiten las órdenes de prisión respectivas, pero los procesados siguen libres y risueños.
Esa laxitud para castigar los agravios a la sociedad y a los erarios emana de las propias cavernas del poder. El Congreso local se negó a destituir al expresidente, que ahora es síndico y cobra bien, y la Secretaría de Finanzas, donde el mismo es empleado, no lo ha suspendido y le paga su segundo sueldo. La Secretaría de Contraloría y Transparencia no cumple con su transparencia; deja que se pudra el proceso.
Por esto, por derecho de sangre y por interés jurídico de contribuyentes en Guadalupe Etla, exigimos al gobierno de Oaxaca ejecutar, en el caso, el mandato del Poder Judicial del Estado.
Atentamente:
Alejandro y Vicente Miguel Méndez
