CHILPANCINGO, GRO.– A un año de perpetrados los ataques contra los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que provocaron seis muertes –tres estudiantes y otros tantos jugadores del equipo de futbol Los Avispones–, una decena de heridos y 43 estudiantes desaparecidos, la inseguridad y violencia no cesan en Guerrero.
Hasta la fecha nada ha cambiado en esta entidad, pues nadie ha sido castigado pese a los señalamientos contra políticos por sus presuntos nexos con la delincuencia, y a pesar de la ola de asesinatos y desaparecidos en las siete regiones de la entidad, comentan a Proceso sobrevivientes del ataque y miembros de la dirigencia estudiantil.
El gobierno federal lleva meses aferrado a su “verdad histórica”, aun cuando científicos mexicanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insisten en que es “inverosímil”. Entre tanto, el gobernador interino, Rogelio Ortega, se empecina en “comprar voluntades” en un vano intento de reducir las protestas y dividir a los familiares de los estudiantes.
Ortega incluso quiso seguir una tradición y apadrinar a la generación 2011-2015 de normalistas denominada Sangre, resistencia y esperanza, y destinó 1 millón de pesos del erario para subsidiar la fiesta de clausura que se realizó a mediados de julio en el casco de la exhacienda de Ayotzinapa, sólo que no pudo acudir pues un grupo de escritores, intelectuales y periodistas, entre ellos Elena Poniatowska, Juan Villoro, Armando Bartra, Luis Hernández Navarro, Marta Lamas y Gabriel Retes, presidieron el acto en el que se recibieron 117 maestros.
Ernesto Guerrero Cano, uno de los normalistas sobrevivientes al ataque del 26 de septiembre de 2014, quien cursa el segundo año de la licenciatura en educación primaria, considera que “desgraciadamente” el dinero público que ha repartido el gobernador Ortega corrompió “a personas y dividió” a las organizaciones sociales, como el magisterio disidente y las policías comunitarias, cuyos integrantes están confrontados ahora a causa de las prebendas.
La estrategia de Ortega –quien se jacta de haber “pacificado” la entidad– es aislar a los padres de los normalistas desaparecidos y a la base estudiantil de Ayotzinapa, sostiene Guerrero.
Dice que los normalistas y los padres de sus 43 compañeros desaparecidos tienen que buscar nuevas formas de manifestación para lograr sus objetivos, lo cual implica “tener más cuidado” con las personas que se suman al movimiento y luego son cooptados por las autoridades.
Se queja por que la mayoría de la sociedad en Guerrero y el país ha sido apática. “Les da igual lo que pase mientras no sea su familia (la perjudicada). Ojalá que no sea demasiado tarde cuando entiendan lo que ocurre en México”, dice el normalista.
Y agrega: “Nada va a cambiar en el país mientras siga la misma clase política corrupta protegida por el Ejército y las corporaciones que fungen como un brazo armado y violan los derechos humanos”.
Guerrero, quien desde el principio denunció que a sus 43 compañeros se los llevaron policías municipales, insiste en que el gobierno federal debe cumplir con las recomendaciones del informe presentado por los integrantes del GIEI el domingo 6, según las cuales es inverosímil que los estudiantes desaparecidos hayan sido calcinados en el basurero de Cocula.
De dádivas e impunidad
Carlos Pérez Díaz, integrante del comité estudiantil Ricardo Flores Magón, sostiene que a un año aún no hay respuesta a la exigencia de justicia y acusa al gobierno federal de poner obstáculos con la finalidad de que los crímenes contra los normalistas permanezcan impunes.
“Ellos (el gobierno) quieren prolongar el caso para cansar a los padres y estudiantes. Le apuestan al desgaste y al olvido”, sentencia.
Pérez Díaz, quien cursa el tercer año en la licenciatura con enfoque interbilingüe, también considera que la situación en la entidad no ha cambiado a pesar de la magnitud de la masacre de Iguala que atrajo la atención del mundo hacia Guerrero.
“Esto no ha cambiado. Siguen los políticos señalados por sus presuntos nexos con la delincuencia; siguen los desaparecidos y los asesinatos porque el gobierno no ha hecho nada por erradicar esta mafia”, comenta al corresponsal.
Se queja también del gobernador Ortega porque desde que suplió a Ángel Aguirre no deja de repartir dinero a las organizaciones sociales “para resolver necesidades particulares”, pero sin atender los problemas de fondo: la violencia y la inseguridad.
A principios de mayo, el mandatario se reunió en privado con integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) y se comprometió a entregarles 200 concesiones para el transporte público en la capital del estado, así como a legalizar las plazas magisteriales que no tienen sustento presupuestal.
La minuta correspondiente –que el gobierno estatal clasificó como “información reservada”– consta de 41 puntos en los cuales se incluyen temas como la ley de amnistía para presos políticos, que aún no aprueba el Congreso local, así como resolver problemas del sector transportista, justicia laboral y apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.
El 11 de mayo, durante una sesión de la pasada Legislatura local, el entonces coordinador de la fracción priista, Héctor Apreza Patrón, criticó la autocomplacencia de Ortega, quien dijo que antes todo estaba mal, pero ahora “todo va mejorando”.
El legislador acusó al mandatario de alentar a los grupos sociales “radicales” para confrontarlos con sus opositores políticos. Y citó como ejemplo la firma del acuerdo en sigilo con el MPG, integrado por el magisterio disidente y organizaciones sociales, del que nadie sabe nada.
“¿Qué esconde ese acuerdo que no se puede divulgar? Parece que están hipotecando el estado a favor de los grupos radicales y es lamentable que existan acuerdos públicos y beneficios privados”, expresó Apreza Patrón.
La administración de Ortega, que concluye el 27 de octubre, se ha caracterizado por la opacidad y los señalamientos de presuntos actos de corrupción. En contraste, los efectos del reparto de dinero a las organizaciones que respaldan el movimiento de los padres de los 43 desaparecidos son evidentes, dicen los entrevistados.
Entre tanto, la sociedad guerrerense sigue secuestrada, inmersa en la indiferencia de las autoridades y en la ola de violencia que no cesa, dice Guerrero Cano. Y añade: “No estamos para lamentarnos, ni ahora ni nunca. Hemos dicho que aunque solamente sea Ayotzinapa, seguiremos en pie de lucha”. l
