La presentación del Informe sobre Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha producido numerosas reacciones en la vida política del país; no todas han ido en la misma dirección. Algunos medios de comunicación se han apresurado a descalificarlo; otros lo ven como un peligro para la soberanía del país; otros, los más, han visto con buenos ojos el profesionalismo, la prudencia y la claridad para transmitir su punto de vista de los expertos. Ahora bien, lo más interesante ha sido la reacción del gobierno. En contraste con el comportamiento frente al Informe del relator sobre la tortura, cuando la descalificación fue inmediata y se rompió con las formas diplomáticas más elementales, esta vez la línea ha sido de conciliación y respeto.
Hay muchos motivos que lo explican. La situación interna recomienda no crear más problemas. El descontento y la desconfianza hacia el gobierno se encuentran en niveles muy altos. Ayotzinapa es una herida sin cerrar que seguramente propiciará movilizaciones al acercarse el primer aniversario el 26 de Septiembre. El malestar se profundiza ante las pocas expectativas de crecimiento económico el próximo año. Lo desangelado de las fiestas patrias es una señal más del México desalentado.
No son momentos, pues, para entablar una batalla en defensa de la “verdad histórica” decretada por la procuraduría de Murillo Karam. Por lo pronto, más vale llevarla bien con la CIDH y los expertos independientes; un anticipo de los movimientos mediáticos y estratégicos, seguramente erráticos, que estarán presentes en el comportamiento gubernamental hacia las elecciones del 2018.
El gusto por las comisiones internacionales que ayuden a la solución de problemas internos se ha generalizado. En el Congreso el PAN y el PRD se pronuncian por una comisión internacional independiente que permita avanzar en la lucha contra la impunidad y la corrupción. La sombra de lo ocurrido en Guatemala está presente; es claro que los factores externos propiciaron allá la movilización social que tanto contribuyó a la caída de Perez Molina. La situación en México es muy distinta, pero ello no impide que jugar con la idea de comisiones externas se esté convirtiendo en algo políticamente correcto.
Lejos de mostrar animadversión hacia los trabajos del GIEI, los altos mandos de la Procuraduría y las secretarías de Gobernación y Relaciones han prolongado su estancia hasta por seis meses para que completen sus trabajos. La pregunta es si llegarán, al fin, a un Informe definitivo (el actual es provisional) que proporcione un diagnóstico más esclarecedor de lo que ocurrió en la trágica noche de Iguala y, sobre todo, permita que quienes resulten responsables no queden impunes.
El Informe del GIEI da argumentos para cuestionar las conclusiones a que se había llegado, mantener abierta la investigación y proponer nuevas líneas de trabajo. Dentro de los cuestionamientos, los que han tenido mayor impacto son los relativos a la incineración en el basurero de Cocula y el conocimiento, o no, que la Policía Federal y el Ejército tuvieron de los acontecimientos.
Utilizando una metodología más relacionada con la geometría del lugar que con la investigación de cenizas, un reconocido experto internacional en fuegos llega a la conclusión que en un espacio abierto con las características del mencionado basurero se hubiese requerido de una cantidad de combustible y un espacio de tiempo mucho más extensos que lo considerado hasta ahora. Entre otros puntos, se refiere a 60 horas de combustión y una columna de humo de 300 metros de altura que de ninguna manera hubiese podido pasar desapercibida en las poblaciones cercanas.
En otro orden de cosas, partiendo de datos consignados en el expediente mismo de la Procuraduría, el Informe del GIEI detecta hechos que indican conocimiento por parte de la Policía Federal y el Ejército de lo que estaba ocurriendo. Lo extraño es su pasividad a partir de ciertos momentos. Por lo que toca a nuevas líneas de investigación, los expertos detectan un camino no explorado pero muy sugestivo que podría conducir a establecer vínculos entre la saña contra los estudiantes y el narcotráfico que transporta heroína de Guerrero a los Estados Unidos.
Se puede afirmar que el Informe ha dado elementos para minar, aún más, la credibilidad de las investigaciones de la Procuraduría, así como para buscar nuevas hipótesis que contribuyan a entender lo sucedido. Es menos claro hasta dónde podrá llegar con seis meses más de trabajo. El GIEI no es un grupo con el mandato y los apoyos necesarios para llevar a cabo nuevas investigaciones. Su Informe descansa sobre la revisión de un voluminoso expediente de investigaciones, buenas o malas, pero ya llevadas a cabo. ¿Habría la voluntad y los medios para producir otro totalmente nuevo?
La ambivalencia sobre el mandato que guía la segunda etapa de los trabajos del GIEI no permite albergar esperanza en esa dirección. A cambio, permite prever controversias sobre detalles en ocasiones secundarios, reflectores cada vez más intensos de medios de comunicación contrarios a su presencia, dificultades para mantenerse al margen de los intereses políticos de uno y otro lado, peligro de no mantener el atractivo y prestigio que hoy rodea a los expertos En resumen, a pesar de ellos mismos, éstos pueden convertirse en un elemento más del gran teatro de simulaciones y búsqueda de imágenes mediáticas que caracterizará los momentos políticos que se avecinan.
Sólo una acción muy coordinada de las ONGs, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los padres de las víctimas, los académicos e intelectuales podría evitar el peligro anterior y lograr que el GIEI marque un punto de transición en el tratamiento del grave problema de las desapariciones forzadas en México. l
