El reporte del grupo de trabajo que revisó los avances en la implementación de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hizo a México en 2011 en materia de desapariciones forzadas o involuntarias “lamenta observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas”, con lo cual reafirma los pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, destacando la crisis que vive México en la materia.
El documento, que se discute en la Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo –celebrada en Ginebra, Suiza, desde el lunes 14 y que concluirá el 2 de octubre del presente año–, es un nuevo desmentido al discurso oficial de respeto a los derechos humanos.
La conclusión del grupo es tajante: “…el Grupo de Trabajo reitera su pesar por los pocos avances registrados en la implementación de sus recomendaciones. Los grandes desafíos detectados por el Grupo de Trabajo durante su visita [marzo de 2011] y plasmados en su informe de la misión aún perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación. Esta realidad puede y debe ser transformada”.
El pormenorizado documento, que dedica 189 páginas al reporte de seguimiento de las 34 recomendaciones que se le hicieron al gobierno mexicano en 2011, tras la visita de una misión del 18 al 31 de marzo de dicho año, precisa la recomendación que se hizo; hace referencia a los párrafos del informe que detallaban la situación en ese año; incluye la información proporcionada entonces por el gobierno mexicano, comisiones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, en relación con las medidas adoptadas y la situación actual, y las observaciones del grupo de trabajo sobre el nivel de implementación de las recomendaciones.
El informe precisa que el Grupo de Trabajo coincide con la afirmación del Comité contra la Desaparición Forzada que en febrero de 2015 sostuvo que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
Otra de las observaciones es que “el Grupo de Trabajo lamenta que el Estado no haya proveído información sobre la implementación de su recomendación en materia de investigaciones forenses. El Grupo de Trabajo invita al Estado mexicano a adoptar la recomendación del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de crear una institución nacional de servicios forenses”.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define el término como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (que por cierto también tiene una observación crítica por parte del Grupo de Trabajo porque “no incluye la categoría específica que permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada, [y] no incorpora todos los elementos que el Grupo de Trabajo recomendó como parte de la información estadística”) reporta que a la fecha hay casi 26 mil personas en esa condición; sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil señalan que dicha base de datos podría ocultar miles de desapariciones.
El informe aborda dos de los problemas más acuciantes a partir de que, en diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra la delincuencia organizada: las desapariciones forzadas, es decir, las detenciones arbitrarias y no reportadas por las distintas instancias de seguridad del Estado mexicano, y las ejecuciones extrajudiciales, especialmente evidenciadas en el último año del presente gobierno con las matanzas de Tlatlaya, Apatzingán, Ecuandureo y Calera, entre las más destacadas.
Y aun cuando el gobierno mexicano permite a los observadores de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar sus labores en México y comedidamente afirma que atenderá sus recomendaciones, en la práctica hace lo mínimo indispensable para poder responder a los requerimientos de información de dichas instancias, pero se cuida de dejar los espacios suficientes para poder perpetrar los crímenes de Estado sin dejar evidencias jurídicas que lo incriminen.
Así, en las bases de datos incumple con las especificidades para evitar que se puedan identificar cuáles son desapariciones forzadas y cuáles desapariciones involuntarias (como denomina el Consejo a las no forzadas), y simplemente ignora la recomendación en materia de investigaciones forenses, para dificultar el reconocimiento de las ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno siempre encuentra la forma de evadir su responsabilidad, incluso frente a documentos tan precisos y contundentes como el informe elaborado y difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el cual evidencia que documentos oficiales del Ejército ordenan “abatir delincuentes”, lo que en el lenguaje de los militares significa asesinar; o como el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que señala la imposibilidad de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fuesen cremados en el basurero de Cocula.
En el primero de los casos desvió la discusión a la definición del término “abatir”, y en el segundo, por ahora manifestó su disposición a atender las conclusiones del informe del GIEI, ampliar las líneas de investigación y solicitar una nueva pericial sobre la presunta cremación.
Este nuevo informe hace énfasis en el incumplimiento de las recomendaciones y, como señala el mismo documento, en “la situación deteriorada que prevalece en México desde que se realizó la visita y presentó su informe [2011]”. Sin embargo, en el mejor de los casos –si es estrictamente indispensable– merecerá algún comentario de parte de alguno de los personeros del gobierno reiterando su compromiso con la plena implementación de las mismas y destacando los pocos aspectos en los que se ha avanzado.
Tal como señala el documento, en materia de seguridad y derechos humanos el deterioro es ostensible, pese a los discursos y las cifras oficiales. A la mitad del sexenio el retroceso es evidente e informes de expertos reconocidos por los organismos internacionales así lo documentan de manera fehaciente. l
