El caso de don Ángel Almaraz, de 74 años, ilustra las desventuras de las personas de la tercera edad en los reclusorios del país. En junio del año pasado llegó a Puente Grande acusado del homicidio de su esposa. Lleva meses en ese sórdido universo donde cotidianamente se conculcan los derechos humanos de los reos, quienes sobreviven hacinados en celdas con servicios sanitarios poco funcionales y donde el viejo sistema penal se encarga de “cosificar al individuo”.
–¿Usted por qué está detenido?
–Porque le quité la vida a mi esposa…
–¿La cachó con otro hombre?
–No. Si la hubiera cachado, en ese momento la mato a ella junto con el cabrón.
Así comienza el diálogo con don Ángel Almaraz García, de 74 años, quien purga su condena en el reclusorio preventivo de Puente Grande, Jalisco, donde ingresó el 24 de junio de 2014, acusado de dar muerte a María de Jesús Murillo, su esposa, de un disparo en el abdomen.
Le molestaba que ella coqueteara con un vecino y le disparó. Cuando la vio muerta, don Ángel intentó quitarse la vida: colocó la pistola debajo de su quijada y jaló el gatillo, pero falló. Lleva meses consumiéndose en el penal saturado de reclusos –alberga a 7 mil, cuando su capacidad es de sólo 3 mil–, con servicios de salud deficientes y donde los derechos humanos son violentados de manera cotidiana.
Sentado sobre su cojín beis que él mismo hizo, don Ángel recibe a Proceso Jalisco un domingo, día de visita general. En la terraza el bullicio impide escuchar sus balbuceos. Mientras habla, su mano derecha sostiene el parche que cubre su herida del mentón, en el que se observa una placa de titanio.
“La verdad es que mi plan era llevármela conmigo –cuenta–. Después de matarla me intenté suicidar, pero no me morí. La bala sólo me voló la quijada y un pedazo de lengua. La bala me salió por la frente… Bien dicen que Dios no endereza jorobados. Dios no me dio licencia de morir. Cosas del destino. ¡Vaya usted a saber!”
Hace una pausa y se disculpa porque necesita ir al baño, pues tiene insuficiencia renal aguda. Debe hacerlo por lo menos cada 10 minutos, sobre todo después de que pescó una infección en el sanitario de su celda del módulo nueve, donde están hacinados otros cinco reclusos.
Don Ángel tiene 74 años, pero se ve mucho mayor. Su verdadera pesadilla, dice, comenzó cuando despertó en el hospital después de su fallido intento de suicidio aquella tarde lluviosa de junio de 2014.
Lo primero que dijo fue: “Yo me quería morir”. Y espetó a los médicos que lo atendieron: “¿Por qué me revivieron, cabrones, si yo me quería morir?”. Luego comenzó a llorar de decepción porque, dijo, ya no vería a su compañera María de Jesús, con quien vivió durante más de 50 años.
“A los pocos días que desperté, mis ocho hijos me fueron a ver y me preguntaron si me acordaba de lo que había hecho. Les dije que sí. Me reclamaron porque les maté a su mamá. Yo sólo recuerdo que les pedí perdón día y noche, les dije que los amaba”, relata el entrevistado mientras seca sus lágrimas con la manga de su camisa.
Tras la operación, en la que le reconstruyeron la boca y la lengua, estuvo una semana en recuperación. Luego fue trasladado al penal donde purga su condena de 17 años. Antes de salir del hospital su herida se infectó, por lo que los custodios de Puente Grande lo remitieron al área médica. Ahí permaneció un par de semanas.
Después tuvo dos infecciones más por las condiciones insalubres de la celda en la que está confinado. Hoy sigue quejándose del dolor que le provoca la herida de su mandíbula y de la infección en las vías urinarias que pescó en el baño del módulo nueve. Si no fuera por las vitaminas y las gasas que le trae su hijo Mario Alberto, el menor, dice, ya habría muerto de debilidad.
Mario Alberto es el único que lo visita cada mes. “Aquí uno se acostumbra a la soledad; la única esperanza de todos es saber si nos van a dictar sentencia o si algún día vamos a salir. Pero uno ya de viejo sólo estorba. Yo estoy consciente de eso y lo acepto. Creo que moriré aquí sin que nadie lo note”, dice resignado, antes de soltar el llanto.
Le duele que en Jalisco no se respeten los derechos humanos de los reclusos de la tercera edad, pese a que la Organización de las Naciones Unidas estableció que los adultos mayores deben gozar de derechos especiales, ya que en 2002 México haya publicado la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el fin de garantizar su integridad y dignidad.
Muchos de los senectos que se encuentran en prisión desconocen por qué están detenidos, la mayoría carecen de asesoría jurídica. Aquí, la justicia no llega por la indolencia de quienes administran la Ley de Ejecución de Penas.
Muchos presos se preguntan: “dónde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, dónde está la Procuraduría Social, y por qué no tiene la facultad para intervenir en la incorporación de los adultos mayores, dónde está la institución oficial creada para atender los derechos de los adultos mayores del estado”
Morideros de concreto
El académico Miguel Sarre Iguíniz, adscrito al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), asegura que las cárceles nacionales se convirtieron en morideros de concreto armado para los adultos mayores.
Integrante del Grupo de Trabajo de Expertos y Académicos de la Ley Nacional de Ejecución Penal del Senado, Sarre Iguíniz considera que el sistema penitenciario carece de legalidad, lo que hace doblemente vulnerables a los adultos mayores.
“En el ámbito federal –comenta– se ha extendido el modelo de alta seguridad innecesariamente, que resulta muy costoso y deshumanizante. En los centros locales el hacinamiento y la sobrepoblación son agobiantes, así como los servicios de salud, lo que afecta a los más vulnerables.”
Según el experto en derechos humanos en justicia penal, el Estado mismo viola el estado de derecho, al tener a quienes violaron la ley en condiciones deshumanizantes.
Sarre Iguíniz recuerda que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal que aún no se aprueba en el Senado, podría ser una nueva oportunidad en el sistema de justicia para tener un control más efectivo sobre la prisión. La propuesta, dice, se basa en el respeto a los derechos humanos, en vez de ver a los presos como enfermos sociales.
“El reto –dice– es que los internos no sean considerados como objeto de tratamiento, sino como sujetos de derechos y obligaciones. Que se les trate como adultos responsables y no con una visión del siglo XIX, donde el Estado pretende curarlos. La propuesta se basa en los derechos humanos de las personas”.
Y remata: “Este viejo sistema penal se encarga de cosificar al individuo; lo enferma, sobre todo a los de la tercera edad”. Para ellos recomienda la figura del supervisor de la libertad; es decir, darles una libertad condicionada y monitorearlos con un brazalete electrónico para que terminen su condena en la calle y realicen trabajo comunitario. l
