Cuando Enrique Peña Nieto anunció la creación de la Secretaría de Cultura, como parte de diez medidas para dar al país un “renovado impulso”, esgrimió que la decisión es “resultado del análisis del presupuesto de base cero y lejos de implicar un mayor gasto permitirá optimizar y dar mayor relevancia a la inversión que se realiza en cultura”.
En la iniciativa publicada por la Gaceta Parlamentaria no aparece ese concepto. Tampoco se desglosa el análisis al cual se refiere el ejecutivo. En un oficio de César J. Campa Campos, director general de Programación y Presupuesto “A”, enviado a Julieta Y. Fernández Ugalde, directora general Jurídica de la Subsecretaría de Egresos, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se señala que el anteproyecto “contempla la transformación de un órgano desconcentrado en una nueva Secretaría y no impacta en el gasto de las dependencias o entidades”. Se asegura que “no se requerirán recursos adicionales por su entrada en vigor” y no se requieren de nuevas asignaciones presupuestarias.
Tanto el doctor en derecho constitucional Bolfy Cottom como el gestor cultural Eduardo Cruz ponen en duda las afirmaciones y demandan que se haga público ese análisis presupuestal, pues no basta con una “opinión” de los funcionarios de Hacienda:
“Que hagan público lo que representaría en términos de una nueva nómina de salarios, gastos y demás. Si contamos con esos datos ya podríamos ser serios en la discusión”, de lo contrario –dice Cottom—“caeremos en lo que hicieron administraciones anteriores: Cumplir un capricho, en este caso de tener una secretaría y punto.”
Cruz dice a su vez que es lógico que ahora se requieran sueldos de secretario, subsecretario, oficial mayor y eso necesariamente incrementa la nómina. Hasta ahora, comenta, no ha encontrado un documento público en el cual basarse para saber cómo se aplicó la metodología ante el presupuesto base cero, “se supone que tuvo que haber una enorme evaluación, para determinar el ‘borrón y cuenta nueva’”.
Ambos especialistas explican de manera coloquial que el presupuesto base cero es eso, “un borrón y cuenta nueva”:
“Los incrementos presupuestales dejan de manejarse de manera inercial, es decir, dejan de aumentar de manera equivalente a la inflación o de acuerdo a la disposición de recursos… Esto es la esencia del presupuesto base cero, pero ni Conaculta ni Hacienda especificaron mayormente esas ‘tripas’ de la evaluación (…) para entonces tener un criterio más claro.”
Cottom detalla que el base cero es una idea de organización presupuestal para empresas privadas, sobre todo con el fin de ahorrar. Para no despilfarrar recursos “se hace un análisis de las necesidades y requerimientos reales y con esa base se construye un presupuesto con el cual desempeñe las funciones para las cuales existe y está programada”.
El problema, juzga, es que ese modelo no se puede reproducir mecánicamente en el presupuesto público, sería “incoherente”, primero porque hay un historial, una trayectoria con la cual las instituciones públicas han venido operando con base en un conjunto de recursos, que a su vez están condicionados por obligaciones legales que vienen de marcos jurídicos.
En todo caso la Cámara de Diputados, cuando evalúa el presupuesto de egresos, debe saber cuál ha sido el presupuesto otorgado anteriormente, cómo fue utilizado, revisar los informes que se entregan, los análisis, y sobre esa base se hace el cálculo. Las instituciones públicas presentan generalmente nuevos requerimientos o aumentos, “entonces necesariamente se tiene que tomar en cuenta el pasado”.
El también antropólogo pide que “no nos quieran chamaquear” argumentando que la Secretaría de Cultura partiría de cero, pues si no existe al día de hoy, es lógico que no tenga un historial de presupuesto (J. Amador). l
