La constructora OHL volvió a verse envuelta en el escándalo tras la difusión de dos nuevos audios sobre el presunto tráfico de influencias para beneficiar a la empresa española, que ahora implican al propio presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Enseguida, sin embargo, la PGR y la SCT, junto con el gobernador mexiquense, se lanzaron con toda la fuerza del Estado contra Infraiber, una firma especializada en tecnología aplicada a la que el consorcio español responsabiliza por la filtración de las videograbaciones.
Con una celeridad inusitada, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se alinearon para operar el contragolpe anunciado desde Madrid el lunes 7 por el presidente de la compañía constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir.
Ese día, el empresario hispano advirtió que la compañía estaba “en proceso” de llevar a cabo “las exigencias civiles y penales” contra sus supuestos enemigos que han filtrado más de una decena de audios a través de Youtube.
Villar Mir lanzó la amenaza desde Madrid, y en la Ciudad de México, alrededor de las 15 horas del mismo lunes 7, Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa de tecnología aplicada Infraiber, fue interceptado por cuatro vehículos de la PGR, cuyos agentes lo detuvieron para presentarlo en calidad de “testigo” por el presunto delito de interferencia ilegal de comunicaciones contra OHL.
Los agentes, afirma, le sembraron un arma, después de lo cual lo llevaron a las instalaciones de la PGR en la Colonia Nápoles. Durante más de tres horas lo tuvieron incomunicado. Doce horas después fue trasladado a las instalaciones de la misma dependencia en la calle de López 14, en el Centro Histórico, mientras su abogado Jesús Moreno tramitaba un amparo contra la detención irregular.
Díez Gargari salió bajo caución hasta el miércoles 9 a las 18:30 horas, tras pagar 65 mil pesos por presunta posesión ilegal de armas. De acuerdo con su abogado, el pretexto para detenerlo fue que su nombre apareció como responsable en los desplegados de prensa que Infraiber publicó para denunciar que OHL ha recaudado de manera irregular, desde enero de 2013, 50 centavos por cada automovilista que transita en el Circuito Exterior Mexiquense, la obra más importante de la compañía española, que representa más de 40% de sus ingresos en México.
La cacería contra el abogado y los empleados de Infraiber continuó el viernes 11. Elementos de la PGR realizaron un cateo en las instalaciones de la empresa, ubicada en Campos Elíseos, en la colonia Polanco, y retuvieron ahí durante varias horas a cuatro trabajadores.
Durante el operativo, los agentes impidieron el ingreso de los representantes legales a la oficina. La PGR argumentó que la actuación se apegó a derecho, pues se obtuvo una orden judicial del juez federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones.
La acción de la procuraduría se realizó un día después de que OHL anunció ante la Bolsa Mexicana de Valores que había interpuesto una denuncia penal contra Infraiber y “terceras personas físicas (por) la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía y que ha causado un perjuicio patrimonial a los accionistas de la misma”.
Los nuevos audios
En su comunicado, la firma española manifestó que “hará uso de los recursos legales a su alcance para valer sus derechos con la finalidad de salvaguardar su patrimonio, que en definitiva es de sus accionistas”.
El contraataque de OHL se produjo los mismos días que fueron divulgados dos nuevos audios: uno con el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y otro en el que José Andrés de Oteyza, presidente y director general de OHL México, relata un encuentro en Los Pinos con Enrique Peña Nieto y la cúpula de la constructora el pasado 6 de abril.
Este último audio, divulgado en Youtube el martes 8, prendió los focos rojos en Los Pinos. Es la primera vez desde que comenzó a filtrarse en mayo pasado más de una decena de audios sobre presuntas irregularidades y tráfico de influencias de OHL que el nombre del mandatario sale a relucir dando instrucciones para favorecer a esta empresa en su litigio mercantil con Infraiber.
En medio de esta operación, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, anunció que clasificará como “información reservada” por nueve años más todo lo relacionado con OHL y el Circuito Exterior Mexiquense.
Desde diciembre de 2012, el gobierno de Ávila firmó una quinta modificación al título de concesión con la constructora española para ampliarle el plazo hasta 2051 y permitirle el cobro de 50 centavos extra de cuota a cada automovilista, bajo el pretexto de que ello serviría para la instalación de un sistema conocido como Sistema Independiente de Verificación de Aforo (SIVA), concesionado a Infraiber.
Se calcula que de enero de 2013 a la fecha OHL ha recaudado más de 110 millones de pesos por ese cobro extra. Además, la compañía española se ha escudado en la opacidad de su título de concesión para no aclarar las denuncias por irregularidades en el Circuito Exterior Mexiquense, una obra de 110 kilómetros que genera el 50.1% de los ingresos de la trasnacional, en el Viaducto Bicentenario, de 22 kilómetros, y en otras obras.
Las concesiones vigentes de OHL en México representan el 17% de sus ingresos totales. Tan sólo en los dos primeros años de gestión de Peña Nieto recibió de la SCT siete contratos por 41 mil 500 millones de pesos, con sobrecostos de 610 millones, según han denunciado las otras compañías competidoras del corporativo hispano.
En la Cámara de Diputados, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió la renuncia de Ruiz Esparza a la SCT por “el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción”. La mayoría de los legisladores del PRI y el Partido Verde mandaron el tema a la congeladora.
“¿Qué hacer con este hijo de puta?”
En las nuevas grabaciones difundidas en Youtube el martes 8 se escucha a Ruiz Esparza explicarle a Pablo Wallentin, entonces directivo de OHL, que la empresa Infraiber “no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción contra el gobierno del Estado (de México), porque no hay nada que le haya dado derecho a Infraiber, porque no se firmó ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”.
El encuentro entre Juan Miguel Villar Mir y el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos se realizó el pasado 6 de abril, según confía el titular de la SCT en el video.
Ruiz Esparza prácticamente asesoró durante esta conversación a Wallentin sobre los pasos que seguirán el gobierno del Estado de México, la secretaría a su cargo y su Consejería Jurídica para desestimar las acusaciones de Infraiber y declarar nulo el convenio con esta empresa responsable de administrar el sistema de aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense.
“Infraiber no tiene nada que demandarle a OHL. Infraiber no tiene nada que demandarle al gobierno del Estado de México”, sentenció Ruiz Esparza. “Ahora, ¿qué hacemos para que este hijo de puta pare de chingar? Pues es otro pedo. ¿Me explico? Pues ahí sí, no tenemos forma. Nosotros tratamos de hablar con él para ver qué chingados quería”, agregó.
El funcionario le confesó a su interlocutor –quien aparece en varias de las más de 10 llamadas telefónicas divulgadas desde mayo de este año–: “he tenido que tragar tantita caca, eh, luego les comento”.
El mismo martes 8, un comunicado de la SCT –que no negó el contenido fundamental de esta conversación– calificó las grabaciones como “ilegales, editadas y manipuladas” que “pretenden desorientar a la opinión pública”.
El titular de la SCT consideró que los ataques de Infraiber arreciaron desde que el gobierno del Estado de México declaró inválido y nulo el convenio que le adjudicó de manera directa el organismo descentralizado conocido como Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), responsable de negociar el pago de derechos de vía de las carreteras concesionadas.
“Se sabe que ninguna empresa concesionaria quiso firmar contrato alguno con Infraiber, requisito indispensable para que el convenio tuviera vigencia, situación que generó molestia e inició diversas confrontaciones”, según el documento de la SCT.
Fue la segunda vez que la dependencia emite un comunicado para aclarar el contenido de audios filtrados en relación con OHL. El 8 de julio pasado Ruiz Esparza negó haber proporcionado disco alguno “con información relacionada a los proyectos de Ciudad del Carmen o Indios Verdes”; sostuvo que sólo le entregó a OHL información relativa “a un cambio de trazo de la Autopista Atizapán-Atlacomulco, la cual está concesionada al grupo OHL desde 2014”.
EPN, al servicio de OHL
Horas después, también el martes 8, circuló otro audio en Youtube en el que se escucha a José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México, relatar a Pablo Wallentin lo sustancial de un encuentro sostenido en Los Pinos el 6 pasado de abril.
“Se le dio instrucciones de que hablara él (Ruiz Esparza) al gobierno local (Estado de México) y que le dijera que había habido esta reunión con quien la hubo y que lo arreglaran porque lo arreglaran”, afirmó De Oteyza.
“Este Gerardo (Ruiz Esparza) se defiende delante del presidente y yo no le puedo decir dos veces a un secretario delante del presidente de la República que está equivocado”, abundó De Oteyza, confirmando así las presuntas diferencias que ha tenido con el titular de la SCT.
A la reunión de Los Pinos asistieron Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL; Juan Osuna, vicepresidente de Concesiones; el propio De Oteyza, y Sergio Hidalgo Monroy y Portilla, director general de OHL México.
De Oteyza regañó a Hidalgo Monroy por haber comentado esta reunión en Los Pinos con algunos empleados de OHL. “Le dije: ‘Mira, vas a estar conmigo, pero no le dices a nadie nada ni de que te vas a reunir ni mucho menos de con quién ni cómo, y mucho menos de lo que vamos a tratar’”.
Hidalgo Monroy fue nombrado director general de OHL el 21 de febrero de 2013, en sustitución de Osuna. Fue el tercer director del ISSSTE en el sexenio de Felipe Calderón y dejó varios expedientes de opacidad y manejos irregulares de recursos públicos como director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La Secretaría de la Función Pública documentó que existían al menos 124 procesos de investigación en contra de Hidalgo Monroy como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda (2006-2010) y como director del SAE.
Durante su gestión al frente del SAE, Hidalgo Monroy firmó un contrato por 80 millones de pesos con los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) para vigilar las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en proceso de liquidación.
La respuesta más contundente fue del gobierno del Estado de México que reservó hasta 2024 toda información relacionada con la concesión a OHL en el Circuito Exterior Mexiquense. l
