El ayuntamiento de Guadalajara y el consorcio Afronta Grupo México siguen minimizando los daños colaterales de la construcción del nuevo Mercado Corona. Aparte de las grietas y desprendimientos reportados en viviendas y negocios cercanos, está a punto de derrumbarse una casona del siglo XIX con valor patrimonial. Con tal de no comprometer el suculento negocio, la constructora y la autoridad municipal allanaron la propiedad a fin de apuntalarla, pero lo están haciendo contra la voluntad del propietario y sin permiso del INAH.
Una casona del siglo XIX, de dos pisos, que está en la calle Zaragoza 67, entre Independencia e Hidalgo, está a punto de colapsar a causa de las obras del nuevo Mercado Corona.
La delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) conoce del problema, pero lejos de proteger el inmueble que la propia dependencia declaró monumento histórico civil relevante, solapa al consorcio Afronta Grupo México, contratado por el ayuntamiento tapatío para realizar los trabajos.
Ambos, Afronta México y el municipio tapatío que encabeza el priista Ramiro Hernández García, incurrieron en los delitos de daño a monumento histórico, despojo y, en el caso de los funcionarios, abuso de autoridad, pues al observar el daño estructural de la finca decidieron intervenirla, pero lo hicieron sin tener permiso del propietario, Jaime Francisco Monraz Rivera, sin licencia para la obra ni autorización del INAH.
La delegada de ese instituto en la entidad, Martha Lorenza López Mestas Camberos, dice desconocer que se realicen trabajos en el inmueble antiguo, que alberga en la parte inferior seis locales. No obstante, los abogados del propietario de la finca, Rafael González Garí y Juan Carlos Martínez Durán, muestran a la reportera los oficios que le han enviado al INAH.
Uno de ellos –número 401.F (6)11.2015 /0591.Dirección–, con fecha 21 de mayo de 2015, lo envía la delegada del INAH al director de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Cornelio Buenrostro Rodríguez, para informarle sobre el avance de los trabajos de apuntalamiento y reparación de la finca que pretende hacer Afronta para protegerla en la temporada de lluvias.
Protección Civil de Guadalajara detalla que recibió el oficio del consorcio Afronta-TEC-08-15 con fecha 13 de mayo, firmado por su representante legal, Arturo Leopoldo Flores.
Tras recibir el oficio DPCB07/1285/2015 de Buenrostro, en el que solicita al INAH aprobar las obras, López Mestas le responde al director de Protección Civil y Bomberos que el “proyecto de apuntalamiento preventivo propuesto para el inmueble (excepto el correspondiente a la planta alta) ya fue ejecutado, tanto en la fachada principal como en el interior de la planta baja (…) lo que genera un apuntalamiento puntual y no en forma distribuida”.
La delegada del instituto agrega: “Coincidimos en que se deberá recabar la autorización correspondiente ante las dependencias injerentes en el asunto, previo a la ejecución de la obra” y advierte que en vista de los daños que presenta el inmueble es “urgente la ejecución de obras de protección y preservación”.
Para ello, indica, se necesita un proyecto de intervención aprobado por el instituto, por lo que sugiere a Buenrostro comunicarse con el propietario de la finca “previo a los trabajos a realizar”.
En un oficio fechado el 26 de marzo pasado –401.F (6)11.2015/0401.Dirección–, que el INAH envió a Jaime Monraz para confirmar que el inmueble fue declarado monumento histórico civil relevante, se le informa que el artículo 36, fracción I, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, estipula que cualquier ejecución de obra en el inmueble que data de la primera mitad del siglo XIX “deberá ser tendiente a su rescate, restauración, mantenimiento y adaptación a nuevas necesidades de uso del suelo, previa obtención de la licencia para obra ante este instituto y la correspondiente ante la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara”.
Por ello, el lunes 7, Monraz y sus abogados solicitaron por escrito a la delegada del INAH que suspenda urgentemente “cualquier tipo de obras que se ejecuten tanto en el interior, exterior y cimentación” de la casona.
En ese documento el afectado señala que las “obras nunca fueron autorizadas o consentidas por el suscrito, ni por mis apoderados o representante legal, y por lo tanto me deslindo desde estos momentos de lo que pudiera acarrear la realización de esas obras ilegales y perjudiciales que han sido y son ejecutadas en el monumento histórico de mi propiedad”.
Monraz añade que en la reunión del miércoles 2, que sostuvieron López Mestas y su jefe de departamento de Trámites y Servicios Legales del INAH, Jorge Guillermo Olveda García, con sus abogados Rafael González y Juan Carlos Martínez, la delegada afirmó que el instituto “no había otorgado autorización, licencia o permiso para ejecutar las obras realizadas”.
En su escrito los abogados de Monraz indican que el 21 de agosto fueron a la propiedad con la perito arquitecto del INAH Martha Leticia Ulloa Hernández. El propósito era realizar una inspección “ordenada por usted –la delegada–, con la finalidad de tomar fotografías y registros de los avances y evolución de las grietas, fisuras, fracturas y desprendimientos visibles que presenta la estructura, muros, pisos, bóveda y azotea y con ello poder dictaminar y documentar debidamente los daños ocasionados por las obras colindantes del nuevo Mercado Corona al inmueble con valor patrimonial”.
Por ello, los abogados de Monraz reclaman a López Mestas que, pese a su compromiso de entregar el dictamen técnico y la cuantificación de daño desde el 29 de abril, “a la fecha no nos ha sido entregado”.
En aquella inspección, tanto los abogados de Monraz como la perito Ulloa Hernández encontraron que “habían abierto e ingresado ilegalmente a los locales que alberga el inmueble con valor patrimonial con los números 67, 73, 77 y 77A de la calle Zaragoza, alrededor de 20 personas (…) que se encontraban realizando obras-perforaciones en los pisos y subsuelo de los locales”.
La perito y los abogados se dirigieron con el “ingeniero encargado de la obra”, quien primero dijo llamarse Francisco Loyola y después Francisco González Loyola. Su casco ostentaba el logotipo del consorcio Perse (una de las cinco empresas que se encargan de la construcción del mercado).
Ulloa Hernández le preguntó a Loyola si tenían permiso del INAH o de Obras Públicas de Guadalajara para trabajar en la vivienda y quién le dio la orden de iniciarlas. El empleado del Consorcio Perse respondió que la orden provenía del ingeniero Edson Anuar Vera Medina, encargado de la construcción del nuevo Mercado Corona, y que la autorización para ingresar al domicilio la dio Nicolás Francisco Uribe Tapía, funcionario de la secretaría de presidencia. Admitió que no contaba con licencia de la obra.
Enseguida, Loyola indicó a los empleados de Perse que se retiraran y sacaran las herramientas y las máquinas perforadoras. Los abogados tomaron fotografías y videos para acreditar el allanamiento de la propiedad privada.
A fin de elaborar un dictamen técnico y de cuantificación de daño, así como el acta de inspección, los representantes de Monraz entregaron ese material a Ulloa Hernández el 27 de agosto y ella firmó de recibido, pero no ha entregado los documentos.
Doble allanamiento
El 22 de agosto, los abogados de Monraz volvieron a la casona para cambiar las combinaciones de las cerraduras y colocar candados de alta seguridad en las cortinas metálicas de los locales y puertas del inmueble, para que los empleados de Perse no entraran otra vez sin autorización.
Sin embargo, el 25 de agosto la constructora violó los candados, sus trabajadores se introdujeron en la vivienda y volvieron a trabajar. La parte afectada certificó el hecho mediante la escritura 2944, levantada por el notario público 132 de Guadalajara, Ramiro Ruiz Casillas.
En ella consta que la fachada de la finca es detenida por puntales apoyados en el arroyo. Dentro de la casa estaban el ingeniero encargado de la obra, Francisco Loyola, y otros empleados de la constructora “realizando perforaciones en el subsuelo y pisos del inmueble”. También había una máquina en el local 77A, el cual tiene excavaciones y grietas en los muros.
El notario preguntó a los trabajadores de la constructora Rogelio Acevedo Hernández y Gerardo López Muñoz qué estaban haciendo y quién los autorizó a entrar. Respondieron que apenas los habían contratado y “les ordenaron hacer varios pozos y zanjas para inyectar concreto a seis metros de profundidad”, y que la autorización “la dio personal de Lanzacreto –que también se encarga de la construcción del Mercado Corona–, del ayuntamiento tapatío y policías, quienes pidieron a un cerrajero tumbar los candados”.
En el acta se da fe de que también había puntales sosteniendo el techo del inmueble, fracturas en muros y techos, así como agujeros, zanjas, excavaciones. En la planta alta se constató la colocación de más puntales para soportar el techo, grietas y “dos aparatos conocidos como testigos, que (según le comentó al notario el abogado González) tienen la finalidad de medir la inclinación que ha sufrido la finca por el desplazamiento del suelo, derivado de la falta de muros de contención cuando se hizo la excavación de la obra del nuevo Mercado Corona”.
El abogado Juan Carlos Martínez refiere que “nuevamente habían ingresado ilegalmente al monumento histórico y estaban realizando de nueva cuenta obras en el interior sin autorización o permiso de su propietario y del INAH. Además de que habían violado las cerraduras de las puertas y quitado los candados. El inmueble estaba custodiado por dos policías de Guadalajara, pero al identificarse el notario público con uno de ellos, después de unos minutos se retiraron del lugar”.
Recalca que también la perito del INAH Oda Jadi Lamas Vázquez es testigo de que se realizaron obras sin autorización del INAH porque fue a la propiedad el pasado miércoles 2, según ella porque la delegada la envió a comprobar si ahí se realizaban trabajos.
“Dicha perito sólo tomó unas fotografías de las obras realizadas en el inmueble, tuvo una corta conversación con el ingeniero Edson Anuar Vera, una arquitecta de nombre Rocío y otro ingeniero, quienes trabajan para el consorcio Afronta Grupo México, y dijo que se tenía que retirar para levantar un acta-informe” y entregarlo a la delegada para suspender las obras.
En el escrito que el propietario del inmueble entregó a López Mestas le pide que el instituto presente una denuncia penal contra quien resulte responsable de los “daños ocasionados al monumento histórico civil relevante” y añadió: “de los cuales es conocedora usted, delegada”.
El 25 de junio, Monraz entregó los planos de la casona a la arquitecta Ulloa Hernández para que emitiera el dictamen técnico, pero no ha tenido respuesta.
La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara dirigió el oficio DPCB07/0603/2015 a María Elena Homs Tirado, secretaria particular del alcalde Ramiro Hernández, para informar que los días 10, 17 y del 25 al 27 de febrero se inspeccionaron 29 comercios cercanos a la obra del Mercado Corona. Como resultado, se reportaron varios locales con fisuras, humedades y desprendimiento del enjarre.
Sin embargo, en los locales de la calle Zaragoza 73 y 77 Protección Civil hizo un llamado urgente para que “personal de contingencias de la Secretaría de Obras Públicas determine qué medidas preventivas tomar para evitar que el daño avance”, pues detectaron grietas verticales y horizontales en columnas adjuntas a los muros y en las bóvedas. l
