Los guatemaltecos tienen previsto realizar elecciones generales este domingo 6 en medio de una profunda crisis política provocada por un acontecimiento otrora impensable en un país con débiles instituciones judiciales: la renuncia y el enjuiciamiento del presidente Otto Pérez Molina, acusado de liderar una estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea. Pero varios de los candidatos que se han presentado para sucederlo también se encuentran salpicados por escándalos de corrupción, y el descontento de la población anticipa no sólo una elevada abstención o la anulación de los votos, sino un creciente movimiento que repudia a la clase política.
CIUDAD DE GUATEMALA.- El pasado martes 1 será recordado en la historia guatemalteca como el día en que la manifestación ciudadana venció al político más poderoso del país: tras cinco meses de protestas populares, el presidente Otto Pérez Molina, acusado de encabezar una enorme estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea, fue desaforado por el Congreso, lo que abrió las puertas para su persecución penal por cargos de corrupción. Es la primera vez en la historia reciente del país que un mandatario pierde su inmunidad.
Fue una jornada dramática. A mediados de la tarde se sentía un ambiente tenso en las inmediaciones del Congreso, ya que integrantes de uno de los dos únicos sindicatos que permanecían leales a Pérez Molina –la Unidad de Acción Sindical y Popular, UASP– pretendía bloquear el acceso al hemiciclo, de manera que los diputados no pudieran votar para retirar la inmunidad al presidente. Algunos utilizaron a niños pequeños como escudos humanos cuando agentes de la policía trataron de desalojarlos.
Los manifestantes antigubernamentales llamaban “acarreados” a los miembros de la UASP y gritaban consignas en contra de Pérez Molina. A medida que comenzaron a llegar los legisladores, los opositores al mandatario espontáneamente hicieron una barrera humana para permitir el ingreso al recinto. “¡105 votos! ¡105 votos!”, gritaban en alusión al mínimo de sufragios que se requerían (dos tercios del total de diputados en el Congreso) para aprobar el desafuero de Pérez Molina. Algunos manifestantes entregaron a cada diputado una rosa blanca, símbolo de la paz y de la transparencia.
Era el segundo intento –en tres meses– de retirarle la inmunidad al presidente emanado del Partido Patriota (PP, derecha). La primera tentativa, promovida por el diputado Amílcar Pop, del partido indígena Winaq, se vino abajo el 14 de agosto, luego de que el PP forjara una alianza con el principal partido opositor, Libertad Democrática Renovada (Lider), y no se lograra el mínimo de votos requeridos.
Patadas de ahogado
Pero esta vez influyeron dos factores clave: la solicitud de antejuicio había sido formulada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo financiado por Naciones Unidas que destapó el escándalo sobre La Línea; y votar a favor de Pérez Molina –a cinco días de las elecciones, programadas para este domingo 6– hubiera supuesto un suicidio político para los congresistas, ya que una gran cantidad busca la reelección. Muchos de los diputados ingresaron al Congreso con el semblante contrariado, bajo una evidente presión.
Al final, hasta los integrantes del PP votaron en contra de Pérez Molina. Se le retiró la inmunidad con una mayoría de 132 votos. Cuando se dio a conocer el resultado, la multitud que se encontraba afuera del Congreso estalló en gritos de júbilo y comenzó a entonar las estrofas del himno nacional. Pese a la fuerte lluvia que comenzó a caer al final de la tarde, la celebración continuó en el parque Central, hasta la madrugada.
“No podían hacer otra cosa, no podían adquirir el papel de villanos porque era muy desventajoso para ellos. Fue una victoria de la ciudadanía, no de los diputados”, afirma David Jerez Escobar, integrante de Resistencia Ciudadana, uno de los grupos de protesta que ha exigido la dimisión de Pérez Molina y la anulación del proceso electoral.
Dos recursos de amparo interpuestos por los abogados de Pérez Molina ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que pretendían declarar “sin lugar” el voto fueron inmediatamente rechazados. Eran las patadas de ahogado de un presidente que se hundía.
Tras la pérdida de su inmunidad, no existía ningún obstáculo que impidiera la caída de Pérez Molina. El día siguiente –miércoles 2–, a las 21:30 horas, el Ministerio Público (MP) confirmó que había solicitado la captura del mandatario.
Minutos antes de la medianoche, Pérez Molina firmó su carta de renuncia, la cual fue recibida poco después por el Congreso. Al difundirse la noticia, los manifestantes acudieron nuevamente al parque Central a festejar.
El jueves 3, los diputados del Congreso madrugaron. A las 7:50 horas se reunieron para ratificar la renuncia. Con 116 votos a favor, ninguno en contra y 42 ausencias, se confirmó la dimisión y se aprobó la juramentación del vicepresidente, Alejandro Maldonado Aguirre, como presidente interino, hasta que el nuevo mandatario tome posesión en enero de 2016. Empleados de las entidades gubernamentales comenzaron a retirar las fotografías oficiales de Pérez Molina.
Maldonado Aguirre fue electo como vicepresidente luego de que la vicepresidenta, Roxana Baldetti, también señalada como una pieza central de La Línea, se viera obligada a renunciar el pasado 8 de mayo. En una secuencia de acontecimientos que presagiaba lo que le sucedería a Pérez Molina, hace una semana Baldetti fue detenida en el centro médico privado donde se encontraba internada, y fue llevada ante un juez, quien la sujetó a proceso por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Actualmente guarda prisión preventiva.
A las 8:48 horas, Pérez Molina llegó a la Torre de Tribunales, donde el juez Miguel Ángel Gálvez, el mismo que ligó a proceso a Baldetti, escuchó las pruebas en contra del exmandatario, quien lucía cansado y ojeroso. Los gestos rápidos con que le daba vueltas al bolígrafo delataban su nerviosismo.
La Línea
Según los investigadores de la CICIG y del MP, La Línea era una enorme red de defraudación aduanera que mermaba al fisco mediante el ajuste irregular de los aranceles de importación y simulación de ingreso de mercancías. Los investigadores calculan que esta estructura obtenía un promedio de 325 mil dólares a la semana.
Esa estructura jerarquizada incluía desde tramitadores y técnicos administrativos encargados de la inspección aleatoria de los contenedores hasta dos de los exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco y Carlos Muñoz, respectivamente, quienes fueron detenidos el 16 de abril y se encuentran en prisión por su involucramiento en el caso.
El siguiente eslabón en la cadena, según los investigadores, era Juan Carlos Monzón –el secretario de la exvicepresidenta Baldetti– y la última pieza del entramado supuestamente la conformaban Baldetti y el propio Pérez Molina.
Monzón, un militar retirado, igual que el mandatario defenestrado, ha sido señalado como la bisagra que unía a La Línea con el expresidente y la exvicepresidenta. Se encuentra prófugo con orden de captura internacional desde que desapareció mientras se encontraba con Baldetti en Corea del Sur, un “oportuno” viaje oficial durante el cual se destapó el escándalo de La Línea. La fuga de Monzón y los indicios de que la presidencia mintió sobre la fecha exacta en que Baldetti viajó a Corea levantaron fuertes sospechas de su complicidad en la desaparición de su exsecretario.
La pieza de la cadena de la que todavía se conoce poco es la de las empresas importadoras que supuestamente pagaban a la SAT sólo 40% del impuesto que les correspondía. Del restante 60% entregaban la mitad como soborno a la estructura criminal, y se ahorraban, al defraudar al fisco, la otra mitad. Hasta la fecha se han dado a conocer los nombres de siete importadores que se beneficiaron de La Línea, en su mayoría empresas poco conocidas. Pero ésta es apenas una minúscula fracción del total de empresas involucradas y todavía se ignora si entre ellas se encuentran los nombres de grandes consorcios.
El 23 de agosto, en un mensaje grabado desde la casa presidencial, dos días después de que la CICIG lo vinculara con La Línea, Pérez Molina desafió a la élite empresarial, la cual se había unido a las voces que exigían su renuncia, y dejó entrever que había grandes compañías involucradas en el caso, cuyos nombres todavía no han salido a luz.
“Entiendo la lógica de los fiscales, pero no hay una línea, son dos, y hasta ahora sólo ha aparecido la que recibe y no la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial”, dijo el exmandatario con tono desafiante.
Las llamadas
La investigación de la CICIG se basa en el análisis de 88 mil 920 llamadas telefónicas, 5 mil 906 correos electrónicos y 175 mil documentos. Entre las escuchas telefónicas más sensibles se encuentran aquéllas que contienen referencias al “uno”, al “mero mero” y al “dueño de la finca”. Otras contienen referencias a “la señora”, “la dos” y “la R”. Los fiscales las han interpretado como referencias a Pérez Molina y a la exvicepresidenta Baldetti.
Pero quizá la grabación más incriminadora es una en la que se escucha la voz de Pérez Molina en conversación con Carlos Muñoz, quien se encuentra en prisión por su involucramiento con La Línea.
El entonces titular del Ejecutivo le exige a Muñoz que cambie al director de Recursos Humanos de la SAT. “El de Recursos Humanos, que habíamos dicho de los cambios, porque si no, no me va a caminar nada. Ya el sindicato dice que va a empezar a boicotear y hacer cosas, entonces antes de eso… Entrémosle”.
Según las indagatorias de la CICIG, el director de Recursos Humanos de la SAT jugaba un papel clave en La Línea, ya que tenía la potestad de nombrar y trasladar personal para asegurar las operaciones de la estructura.
“Ponga entonces a ese Sebastián… pero póngamelo ya, mañana”, afirma Pérez Molina. “Hoy mismo hago el cambio, presidente”, responde Muñoz.
Los investigadores sostienen que la persona a la que Pérez Molina se refiere como “Sebastián” es Sebastián Herrera Carrera, quien fue capturado el 16 de abril junto con otros exfuncionarios señalados de pertenecer a La Línea. Cuando esta grabación fue presentada como prueba clave durante la audiencia de Baldetti, el 24 de agosto, el rostro de la exvicepresidenta reflejó sorpresa y nerviosismo.
Otra pieza clave es un memorándum incautado en la oficina de Salvador Estuardo González, uno de los cabecillas de La Línea, con fecha del 13 de abril de 2015, dirigido a Pérez Molina, el cual contiene un desglose de la recaudación tributaria en aduanas.
“No hay duda que en un nivel superior a Juan Carlos Monzón (el secretario privado de Baldetti) está la participación muy lamentable del señor presidente Otto Pérez Molina y la señora Roxana Baldetti”, aseguró el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, el 21 de agosto.
Tiempos turbulentos
Los guatemaltecos irán a votar este domingo 6 en medio de la mayor crisis política en la historia reciente del país. Con prácticamente todos los candidatos salpicados por diversos escándalos de corrupción, el descontento de los votantes ha crecido día con día y se anticipan altos niveles de abstención y votos nulos.
Manuel Baldizón, del partido Lider, encabeza las encuestas, pero su popularidad ha caído en picada desde que la CICIG acusó en julio pasado a su vicepresidenciable, Édgar Barquín, de complicidad en una enorme red de lavado de dinero durante el periodo en que fungió como presidente del Banco de Guatemala.
En las manifestaciones que exigieron la dimisión de Pérez Molina y de Baldetti también se observaron mensajes de repudio hacia Baldizón, un populista de derecha que promete reinstalar la pena de muerte como medida para combatir la criminalidad e imponer un impuesto único (flat tax).
Además, un informe de la CICIG reveló que 25% del financiamiento de los partidos proviene de estructuras criminales, particularmente del narcotráfico, y señaló a 10 candidatos a diputados y a alcaldes de tener vínculos con el crimen organizado.
Para los opositores de Baldizón, el escándalo en el que éste se ha visto envuelto confirma el temor de que su administración resultaría tan corrupta como la de Pérez Molina, por lo cual rechazan al aspirante opositor y exigen que se anule el proceso electoral hasta que no se apruebe una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que imponga medidas para garantizar la transparencia de los comicios, entre ellos sanciones para el nepotismo y el transfuguismo (la práctica de migrar constantemente de un partido a otro), penas severas para los partidos que realicen campañas anticipadas o excedan el gasto de campaña permitido por la ley, y la no reelección de diputados y alcaldes, entre otras medidas.
El pasado 30 de agosto se filtró una grabación de audio en la que Baldizón arenga a sus candidatos a ediles en el departamento de Guatemala para que hipotequen sus viviendas y vehículos con el propósito de obtener los recursos necesarios para acarrear votantes a las urnas. Más aún, aludió de forma despectiva a los manifestantes que lo rechazan.
“Que éstos sigan discutiendo, que hagan su asunto ahí en la plaza. Nosotros llenamos 50 plazas cuando queramos. Pero no vamos a caer en la tentación, vamos a ser firmes y, como digo en cada uno de mis discursos, tenemos una herramienta de guerra sólida valiosa, que se llama voto. Con el voto les vamos a dar en la madre”, dijo el candidato de Lider.
Las referencias al acarreo y a “darle en la madre” a sus opositores exacerbaron la indignación del electorado y el jueves 3, mientras Pérez Molina era conducido a la Torre de Tribunales, centenares de manifestantes se aglomeraron en el parque Central portando pancartas en las que se leía “Baldinarco” y exigiendo que se suspendiera el proceso electoral. l
