El Estado mexicano aún les debe a los familiares de los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, una investigación efectiva y el acceso a la justicia. Además, sigue sin determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos presuntamente implicados en ese y otros homicidios de indocumentados.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), representante de las víctimas de las masacres de migrantes ocurridas en San Fernando en 2010 y 2011, y en Cadereyta, Nuevo León, expresa sus dudas en torno a las indagatorias, sobre todo a partir de los datos nuevos que se conocen en los casos de San Fernando.
En 2010, dice, la Procuraduría General de la República dio a conocer que fueron sicarios de Los Zetas quienes asesinaron a los migrantes, pero advierte: si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite un fallo en contra de determinar que esa matanza fue un caso de grave violación a los derechos humanos quizá la verdad no se llegue a conocer.
La fundación que ella dirige interpuso un amparo que está por definir la SCJN, en el que se exige una versión pública de los expedientes de esas tres masacres. Según Delgadillo, la resolución de la Corte será decisiva para sentar precedente sobre si la sociedad podrá tener acceso a la información gubernamental de casos de ese tipo que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
“Ya está circulando el proyecto, que estuvo a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero, y vemos un riesgo de que la Corte vaya a decidir entregarle a la CNDH el monopolio para determinar cuándo un caso se considera como grave violación, porque sería una manera de nulificar el derecho a la transparencia, al acceso a la información y el derecho a la verdad. Tampoco se permitiría vigilar cómo está siendo investigado cada caso”, sostiene Delgadillo.
Y agrega: “La Suprema Corte tendrá que definir primero si estos casos se consideran graves violaciones a los derechos humanos –algo que la CNDH no ha querido admitir ni se ha pronunciado, aun cuando tiene las facultades–. También decidirá si mantiene la facultad del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), de desclasificar los casos que se constituyen como graves violaciones. Es un riesgo que esa facultad quede sólo bajo el monopolio de la CNDH”.
Delgadillo desconfía de la CNDH, pues tardó años en hacer la recomendación acerca de la matanza de los 72 migrantes ocurrida en San Fernando. No la clasificó como grave violación a los derechos humanos, no tomó en cuenta a las víctimas y aún no dictamina nada sobre las masacres que siguieron ocurriendo en ese mismo municipio tamaulipeco y que fueron destapadas en abril de 2011 con el hallazgo de 193 cadáveres en fosas clandestinas.
“Si la CNDH monopolizara esa facultad nos estaría negando derechos como tener un procedimiento para investigar responsabilidades por violaciones a derechos humanos graves, el de la reparación del daño a las familias, además del derecho al acceso a la información para investigar cómo el Estado está investigando estas graves violaciones”, insiste Delgadillo.
Optimismo moderado
La directora de la FJEDD se muestra optimista por la apertura de la procuradora general de la República, Arely Gómez González, ante las demandas de los comités de familias de migrantes desaparecidos, con los que acordó la creación de un mecanismo trasnacional de búsqueda de desaparecidos.
De concretarse, ese mecanismo permitirá a las familias de las víctimas ejercer sus derechos y acceder al sistema mexicano de justicia desde el país donde residen. Así, por ejemplo, si tienen a un familiar extraviado o fue víctima de un delito, podrán presentar su denuncia sin necesidad de desplazarse a México.
Otro de los acuerdos con la procuradora Gómez, que incluso había aceptado su antecesor Jesús Murillo Karam, fue el permiso para que una comisión de fiscales internacionales hagan una revisión de cómo se han investigado en la PGR las masacres de San Fernando y de Cadereyta, así como otras desapariciones de migrantes. Esto ayudará a que se tenga una metodología de investigación de la delincuencia que afecta a la población migrante, comenta Delgadillo.
“En abril –dice– la procuradora aceptó que se conformara el grupo de fiscales o expertos internacionales que puedan apoyar en la revisión de los casos y trabajar con fiscales o ministerios públicos mexicanos para determinar las líneas de investigación que se tienen que abrir, tomando en cuenta que estamos tratando con una delincuencia trasnacional entre Centroamérica, México y Estados Unidos, y que se requiere una mirada distinta de asumir la investigación.”
Al volver al tema de la próxima resolución de los ministros sobre el acceso a la información en los casos de San Fernando y Cadereyta, Delgadillo menciona que “la cerrazón de la PGR para transparentar los casos está provocando un descontrol sobre la forma en que se están llevando a cabo las investigaciones. Eso abona a la impunidad y a no dar un seguimiento a los servidores públicos omisos o negligentes en las investigaciones.
