En 2010, sicarios del Cártel de Los Zetas les mataron a sus hijos e hijas en San Fernando, Tamaulipas, y desde entonces los padres de las 72 víctimas han visto eternizada su tragedia ante la actitud indolente, omisa y humillante de los gobiernos de México, El Salvador y Honduras en lo que respecta al proceso de identificación y entrega de cuerpos. Las autoridades de estos países siguen dando largas a los deudos que aún no reciben los restos, o de plano ya ni les toman las llamadas, en tanto que otros familiares carecen de pruebas confiables de que los cuerpos que recibieron en verdad correspondan a los de sus parientes.
Eva Nohemí Hernández Cerrato se cansó de malabarear para encontrar empleo fijo en Honduras, se despidió de sus tres hijos y se fue a buscar ingresos a Estados Unidos. En el camino coincidió con Wilmer Antonio Núñez Posada, un paisano suyo recién deportado que deseaba volver a California para acompañar a su esposa en el parto de su segundo hijo. En el mismo camión de redilas que se acercaba a la frontera de Tamaulipas con Texas iba Glenda Yaneira Medrano Solórzano, quien quería capitalizarse para cursar la carrera de maestra.
Una trampa mortal los esperaba a la altura de San Fernando, Tamaulipas: un retén de criminales, donde todos los pasajeros fueron secuestrados.
Lo que siguió es información conocida. El 24 de agosto de 2010 un grupo de marinos –guiados por un joven ecuatoriano malherido– llegó a un abandonado bodegón en medio de campos de sorgo. A la redonda, al pie de las paredes, encontraron los cuerpos de 72 personas (58 hombres y 14 mujeres) con los ojos vendados, maniatados, tiro en la cabeza. Esta barbarie sería conocida como la masacre de los 72 migrantes. Se responsabilizó del crimen a Los Zetas.
Desde esa fecha y en ataúdes sellados, los cuerpos de los migrantes fueron regresados por tandas a sus familias en Ecuador, Honduras, Guatemala, Brasil o El Salvador. Algunos de los masacrados fueron entregados en urnas, ya convertidos en cenizas, uno de ellos hasta India.
Este mes, en que se cumplen cinco años de la masacre, 11 de las víctimas permanecen en la fosa común, sin ser identificadas.
Eva Nohemí fue la última migrante a la que se le devolvió la identidad: Apenas el 24 de julio de 2014 el gobierno mexicano la entregó a su familia, cuando ya operaba una Comisión Forense en la que la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó trabajar junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y organizaciones de víctimas de México y Centroamérica.
Desde una provincia de El Salvador, Mirna, la mamá de Glenda Yaneira, sigue pidiendo una exhumación independiente del cuerpo que le fue entregado, pues desde el año 2010 duda que los restos que le dieron en un ataúd sellado y que abrió a escondidas sean de su hija.
En Tegucigalpa, Haidé Posadas, la madre de Wilmer Antonio, sigue esperando noticias de su hijo: Su mochila y su cartera fueron hallados en la escena del crimen, junto a los 72 cuerpos; hace cinco años recibió una llamada de México en que le anunciaban que él estaba entre las víctimas, pero nunca más volvieron a contactarla y sigue sin recibir el cuerpo.
Así, continúan las dudas respecto de los hechos fundamentales de esos asesinatos y un grupo de familias –representadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)– no cree haber recibido los restos correctos.
No hay información pública sobre quiénes permanecen en la cárcel pagando por el crimen. El Estado nunca investigó al propio Estado por haber desatendido las alertas previas sobre los secuestros masivos de migrantes en ese municipio.
La masacre tampoco ha sido clasificada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como violación grave a los derechos humanos, por lo que la información es mantenida como reservada. Esto lo señala la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD.
Amnistía Internacional también acusa: “La escandalosa falta de investigaciones sobre la matanza de 72 migrantes en México hace cinco años da luz verde a grupos criminales que aterrorizan y asesinan a quienes cruzan el país en busca de seguridad y una mejor vida”. Exige también al gobierno aclarar si Los Zetas actuaron en colusión con autoridades estatales y federales.
En 2014 y 2015 esta reportera viajó a El Salvador y a Honduras para entrevistar a familias que perdieron uno o varios miembros en esta masacre. Conoció a los niños huérfanos de Mirna y de Glenda, que necesitan ayuda para continuar sus estudios. Éstas son las historias que dan cuenta de que la tortura de los migrantes continuó después de la masacre.
El que nunca llegó
“Yo estoy en una incógnita todavía. Él no apareció en los muertos ni he tenido noticias de él de ninguna forma”, dijo en agosto del año pasado doña Haidé Posadas. Su hijo Wilmer Antonio iba guiando a su sobrino Joan Adolfo y a dos amigos de éste, con los que se había criado en la conflictiva colonia Planeta de Tegucigalpa, un barrio cercano al aeropuerto y controlado por pandilleros de La Mara. Los cinco se iban reportando a casa desde el camino.
A sus 28 años Wilmer era el más experimentado de todos. Conocía la ruta y tenía prisa por regresar, ya que su mujer acababa de dar a luz en California y estaba sola con su hija de dos años. Lo habían deportado por no pagar una multa de tránsito.
Duró cuatro días en la casa materna. Tenía la vida cimentada en Estados Unidos, adonde había migrado una década antes. Por eso, con su sobrino y los amigos de éste emprendió el viaje de regreso. Ése que pasó por San Fernando.
La primera información que Haidé tuvo fue que su hijo, su nieto y los amigos estaban entre las víctimas. Recibió una llamada para decirle que esperara a su Wilmer en el aeropuerto. Pero éste, a diferencia de los otros, nunca llegó.
Cuando pidió una explicación el cónsul de México, Marco García, le dio un número de teléfono para pedir información. Nadie le contestó.
“Yo regresé a lo del cónsul, me dijo que él no tiene nada que ver, que no es asunto suyo. Me dijo que mi hijo no está muerto porque no aparece entre los cadáveres que trajeron. Eso es lo peor, no sé nada. Yo le dije a ese cónsul que quería una visa aunque sea para ir a México a investigar si quedó encerrado y me dijo que no”, asevera la madre de Joan en la entrevista realizada en la casa de su hija. A la charla acudieron también las mamás de los amigos de su hijo.
A Haidé nadie le informó que en el bodegón fue hallada la cartera de Wilmer con su licencia de conducir, estampas de las vírgenes de Guadalupe, de San Juan de Los Lagos y la Reyna de la Paz, y la foto de “una persona con un menor en brazos”. Esto consta en la descripción de la escena del crimen, elaborada por la procuraduría tamaulipeca, que Proceso pudo consultar.
En el diario La Prensa se publicó que Wilmer era uno de los coyotes. La criminalización de su hijo le duele y la ha dejado sin dormir. “Mi hijo nunca fue coyote, no llevó más gente ni porque le pagaran. Él se los llevó por la misma amistad”. Poco después del hallazgo fue advertida de que unos hombres rondaban su casa, y pensó que eran Los Zetas que venían por ella.
En 2012, cuando cambió el gobierno mexicano, cambió el cónsul. El reemplazo no la atendió. “Me dijo que ya no podían hacer nada porque los casos quedaron en el pasado. El problema es que, al día de hoy, ¿qué pasó con mi hijo’”.
Muestra una foto de su Wilmer, un joven que trabajaba en la construcción. En esa imagen carga a su niña de dos años vestida de tigre. Es Chelita. La bebé que no aparece en las fotos se llama Suley.
“No sé si es ella”
En Libertad, un pueblo a una hora de San Salvador, la señora Mirna del Carmen Solórzano Medrano muestra la foto de un recorte de periódico. Se ve una hilera de veinteañeras presentadas a la prensa como integrantes de Los Zetas. Señala a una de ellas, la que está hasta el fondo, una joven largirucha, delgada, de nariz afilada, a la que apenas se le logra distinguir algo del perfil. Dice que posiblemente ella sea su hija Glenda Yaneira. Que su hija no está muerta, que podría estar en una cárcel mexicana confundida entre delincuentes, o es víctima de explotación sexual, pues pudo haber salvado su vida por bonita.
Para las autoridades mexicanas y salvadoreñas, el caso de Glenda Yaneira ya está cerrado. Es el cuerpo convertido en momia que recibió Mirna dos semanas después de la masacre en un ataúd sellado. Sin embargo, a cinco años de la tragedia, Mirna aún duda si realmente enterró a su hija mayor. Nadie le explicó a la familia cómo se determinó la identidad de esa momia que le enviaron. Nadie le facilitó el expediente donde se describe el cadáver.
Confiesa que su familia incumplió la orden del gobierno mexicano de no abrir el ataúd, y al alzar la tapa se toparon con un bulto dentro de una bolsa blanca con un zíper. Al bajar el cierre encontraron el estropeado cuerpo.
“Me quedé viendo y pienso: ‘Qué raro, no es’. Lo que estaba ahí era como una masa, sin cabello, y mi Glenda tenía su cabello largo, no como ése. Se le miraban los dientes. Como que le echaron cal a todo, como una momia blanca, sin pelo”. En ese momento Mirna dio por cerrada la discusión: “Mi sentir de madre me dice que no es”. A pesar de eso enterró el cuerpo.
Como única documentación recibió una hoja en la que se leía: “Glenda Yaneira Medrano Solórzano muerta a balazos en la brecha de San Fernando”.
Glenda Yaneira salió de El Salvador cuando tenía 23 años. Iba a alcanzar a su papá, que la esperaba en Estados Unidos. Odiaba que Mirna se subiera por las tardes a los camiones a vender comida para pagarle los pasajes para que pudiera continuar sus estudios de maestra. No quería ser una carga. Por eso decidió partir.
En su ranchito, cerca de una granja industrial procesadora de pollos, Mirna muestra las fotografías ampliadas de su única hija mujer y que aún considera desaparecida. Enseña también un papel donde se leen algunas de las irregularidades que notó en el proceso de identificación del cadáver y que refuerzan sus dudas. Entre éstos destaca que, a las cinco horas de haberse hecho el examen de ADN en la cancillería de El Salvador, la funcionaria Paula Figueroa le mintió diciéndole que la prueba resultó positiva: Es imposible tener resultados en menos de un par de semanas.
En su último viaje a México, el año pasado, Mirna insistió tanto con su caso que logró que le permitieran el acceso a Servicios Periciales de la PGR, donde le mostraron un cuarto lleno de cajas de cartón donde se conservan las posesiones de los 72 migrantes. La caja 46 contenía el DUI (identificación oficial salvadoreña) de Glenda, que supuestamente fue hallada en la escena del crimen. No le aclararon si estaba tirada en el piso o entre la ropa de alguno de los muertos.
La última identificada
Eva Nohemí salió de Honduras el 4 de febrero de 2010. Tenía 26 años y tres hijos que hoy tienen 12, 10 y seis años. Se había cansado de hacer talachas para mantener a su familia, ya fuera cortando el pelo o vendiendo comida, lociones, manualidades o billetes de lotería. Había emigrado dos veces, pero no había logrado cruzar a Estados Unidos.
Regresó a casa adentro de un ataúd, cuatro años después. Y llegó por casualidad.
“El último día que habló fue ese sábado 21 de agosto de 2010 a las ocho de la noche. Después de eso nos dimos cuenta de la masacre. Mi hija mayor le hablaba y ella no contestaba. Teníamos sospechas de que podía estar muerta porque siempre preguntaba por nosotros, si estábamos bien, o cómo estaban los cipotes (los niños)”, relata José Genaro Hernández, el padre de Glenda, sembrador de yuca, hombre de 77 años, 32 hijos y 45 nietos. Sentada a su lado se encuentra Élida Yolanda Cerrato, su esposa, mujer con la que parió sus seis últimos hijos.
La pareja habla con una misma entonación, como de predicador de iglesia. Son cristianos, lo hacen notar en todo momento. Esa misma fe los llevó a esperar en silencio el regreso de su hija.
En agosto de 2010 se enteraron de la masacre a través del programa de televisión Al Rojo Vivo. En cuanto vieron las fotografías que se divulgaron en la prensa reconocieron a su hija: “Por el cuerpo, el pelo, el jean y la camisa negra sin manguita que se llevó allá”.
La madre muestra el recorte de un periódico que muestra la fotografía de tres de las jóvenes masacradas. Una de ellas, de camisa negra y con el rostro mirando al piso, está adentro de un círculo que los padres trazaron en cuanto la reconocieron.
En las fotos de la masacre es notorio que las mujeres –a diferencia de los varones– fueron amarradas de manos por debajo de la entrepierna. Como si las hubieran hincado.
Con la imagen en la mano, el papá sigue explicando: “Como que Dios la puso de frente. Ésta es. Tenía un tiro, tiene como sangre aquí, estaban maniadas así –y muestra las manos amarradas–. Fue una barbaridad lo que le hicieron, una maldad. Ellos no tenían pisto (dinero), por eso los mataron esos zetas”.
“Ella era bien fotogénica, bien psicodélica”, añade la madre.
No mencionaron a nadie el hallazgo. Sólo esperaron su traslado a casa. Su lógica fue sentarse a esperar: ¿Si ellos la habían reconocido a poco el gobierno hondureño no iba a reconocerla?
“Desde ese tiempo empezamos a esperar. Traían los cuerpos de allá y estuvimos esperando que iba a venir su cuerpo porque era ella. Pero su nombre nunca salía y venían otros cuerpos”. El último hondureño llegó en febrero de 2011.
En 2012 la familia recibió una llamada: una persona citó a los padres en Tegucigalpa para hacerles una prueba de ADN. Fue gracias a que una de sus vecinas avisó a algún funcionario de gobierno que en su colonia vivía la familia de una de las víctimas.
“Esos dos años en espera de noticias yo decía ‘¿estará viva?’. Tenía esa posibilidad, pero no. Pasó tiempo y pasó”, dice la madre, y el padre abunda: “Yo tuve una revelación: Se cruzó un arcoíris de tres colores. Señal de que iba a parecer esa cipota viva o muerta. Sentí que era una señal, me sentí comprometido a aumentar mi confianza, y así con el telefonazo de allá apareció ella.”
El 24 de julio de 2014 la familia recibió un ataúd con un cuerpo “disecado” y la explicación de que había recibido dos balazos.
*Este reportaje forma parte del proyecto En el camino, de la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations
