Rodrigo Rato, autor del milagro económico español y a quien Aznar llamaba “el mejor ministro de Economía de la democracia”, enfrenta ahora cargos de lavado de dinero, fraude fiscal y otros. Su principal cómplice, Alberto Portuondo, acaba de ser detenido cuando intentaba viajar a México, donde esperaba sentirse seguro. Y ahora se sabe que el actual gobierno español le dio un trato especial al exfuncionario: tuvo reuniones supuestamente secretas con los ministros de Hacienda y del Interior, con quienes trataba de negociar impunidad.
Madrid.- Rodrigo Rato fue el supuesto artífice del “milagro español”, esa etapa de esplendor económico de España poco antes y poco después del cambio de siglo. El entonces presidente José María Aznar lo presumía como “el mejor ministro de Economía de la democracia”. Sin embargo, ahora es un lastre para el gobierno de Mariano Rajoy y su partido, el Popular (PP), que no saben qué hacer con el hombre “ejemplar” que pretendió gobernar el país.
Quien fuera vicepresidente español y luego director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2004 a 2007, cae en un precipicio judicial, acusado de apropiación indebida, blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, alzamiento de bienes, maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude fiscal.
Está acusado de ser uno de los responsables de la quiebra de Bankia –cuarta entidad financiera española, presidida por Rato entre 2010 y 2012–, hoyo financiero que el Estado español rescató con cerca de 23 mil millones de euros.
La justicia también lo imputó por ser uno de los 86 consejeros de Bankia que usaron las llamadas tarjetas black, cuyos ingentes gastos no tributaron en Hacienda.
Los registros de los gastos que Rato hizo entre octubre de 2010 y noviembre de 2011 muestran su fastuoso tren de vida. En ese periodo hizo 519 cargos con esa tarjeta VIP por casi 100 mil euros en tiendas y restaurantes de lujo… o miles más en bebidas alcohólicas.
Y disponía de efectivo en el cajero, como lo hizo el sábado 5 de mayo de 2012, mismo día en que el ministro de Economía, Luis de Guindos, lo convocó para hablar sobre la delicada situación en Bankia.
La justicia también abrió una pieza separada por las supuestas acciones delictivas con las cuales hizo una fortuna, con cuentas en Suiza: el cobro de sobornos, el llamado Caso Rato.
El tema se hizo público gracias a la investigación iniciada por la plataforma 15MpaRato, que presentó una denuncia por la estafa contra miles de cuentahabientes, la mayoría ancianos que cotidianamente realizan protestas en las calles de Madrid para demandar el regreso de sus ahorros de toda la vida. A esa se sumaron otras querellas, las de los partidos Unión, Progreso y Democracia e Izquierda Unida.
La conexión mexicana
El cerco judicial contra Rato se cierra cada día más. El domingo 16 fue una fecha clave, cuando la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, detuvo en el aeropuerto madrileño a su testaferro, Alberto Portuondo Coll, luego de haber documentado su equipaje para abordar el vuelo que lo llevaría a la Ciudad México, donde residía desde el año pasado.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, y la UCO vinculan a este empresario con las prácticas corruptas de Rodrigo Rato en España.
Las investigaciones arrojaron que Portuondo utilizó como pantalla su sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento, para el cobro de sobornos a cambio de millonarios contratos de publicidad de Bankia, dinero ilegal que fue a dar a las arcas personales de Rato y a las de su testaferro.
Albisa fue constituida en 2007 y liquidada en febrero de 2014. Meses después, ya sin vínculo con la presunta trama delictiva, Portuondo se convirtió en director general para México de la consultora de comunicación Inforpress, la cual inició actividades en septiembre pasado en su despacho en la avenida Mariano Escobedo del Distrito Federal.
Meses después, Inforpress cambió su nombre por el de Atrevia. Según una fuente consultada en México, esta consultora tiene entre sus clientes a Bimbo y Grupo México.
Una vez hecha pública la detención de Portuondo, Atrevia difundió un breve comunicado para desvincularse de su ejecutivo en México, al señalar que a consecuencia de su detención finalizaba la colaboración que mantenía con él desde hacía un año.
Aunque en España escondía su cuestionado pasado como hombre de confianza en los negocios corruptos de Rato, en México Portuondo trató de rehacer su carrera de la mano de la española Nuria Vilanova, que preside Atrevia en España, y quien aparentemente desconocía el lado oscuro de su ejecutivo.
Esta empresaria es conocida por presidir el capítulo ibérico del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), un lobby de empresarios españoles con intereses en el continente americano y donde tiene un notable protagonismo Enrique V. Iglesias, su primer secretario general iberoamericano, quien mantiene fuertes ligas con la Casa Real y con el cártel empresarial español.
Resalta la coincidencia de la llegada de Inforpress-Atrevia a México, con que el CEAL le otorgara al empresario mexicano Valentín Díez Morodo el primer premio Enrique V. Iglesias, entregado durante la Cumbre Iberoamericana en Veracruz el pasado diciembre.
Díez Morodo es una bisagra entre los empresariados español y mexicano y uno de los hombres de empresa más próximos al gobierno de Enrique Peña Nieto. En la actualidad es consejero de 32 empresas, entre ellas las filiales de Telefónica, OHL, Zara y Bodegas Vega Sicilia.
En el entorno de Atrevia se dio a conocer que desconocían las actividades previas de Portuondo y que fue contratado por su impresionante currículum como experto en comunicación estratégica, máster en business administration por el Instituto de Empresa y su experiencia de más de 14 años como director general de Cocacola en España y Portugal.
El cerco judicial en torno al exvicepresidente y a Portuondo –primer involucrado en entrar a prisión por este caso– tiene su base en que los investigadores detectaron que la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento cobró comisiones ilegales a las empresas Zenith Media y Publicis Comunicaciones España, disfrazadas con trabajos de asesoría no prestados.
Dichos sobornos se otorgaron a cambio de acaparar la totalidad de las campañas publicitarias que Bankia emprendió durante los dos años que la presidió Rato. Entre ellas, la muy célebre “Yo soy bankero”, que animó a clientes y pequeños inversores a comprar acciones en su salida a la bolsa.
Zenith Media y Publicis Comunicaciones España entregaron 2 millones de euros a Albisa. Posteriormente, la firma de Portuondo transfirió 834 mil euros a Kradonara 2001, todo ello con supuestas facturas falsas.
Kradonara 2001 es presidida por María Teresa Arellano, la secretaria particular del exvicepresidente del gobierno y es controlada por éste mediante otra sociedad con sede en Londres, Vivaway Limited.
El rastro de ese dinero llevó a los investigadores a descubrir que fueron invertidos en el hotel de Berlín, propiedad de la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, de la cual Rato fue administrador hasta el pasado abril.
Estos desembolsos detectados por Hacienda llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a pedir que la Audiencia Nacional asumiera el caso, al apreciar indicios de que el expresidente de Bankia blanqueó capitales en el extranjero mediante Bagerpleta GmbH.
En los dos años en los que Rato estuvo al frente de Bankia, Albisa Inversiones y Asesoramiento quintuplicó sus ingresos, según reflejan sus propias cuentas: pasó de facturar 272 mil 500 euros en 2009 a 1 millón 270 mil 464 euros en 2011, el primer ejercicio completo de Rato al frente del banco.
Asimismo, las dos empresas de publicidad que sobornaron a Rato y Portuondo multiplicaron su negocio: En 2010 facturaban 150 mil euros, pero en los dos años siguientes su cuenta se incrementó a más de 40 millones, cuando Rato estuvo al frente de Caja Madrid, primero, y luego de Bankia.
A petición de la fiscalía, el juez ordenó el ingreso en prisión de Portuondo Coll, vinculado a los delitos de blanqueo de capitales que la ONIF le atribuye a Rato.
El juez instructor número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, decidió mantenerlo en prisión provisional por considerar que había riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
La Guardia Civil descubrió que el administrador de la sociedad pantalla ejercía también como “asesor de Presidencia” de la entidad financiera cuando se concedieron los millonarios contratos publicitarios que reportaron la abultada comisión, dio a conocer el sitio de noticias Vozpopuli.
Fuentes del anterior equipo directivo del banco dijeron a ese diario digital que el empresario arrestado era visto con frecuencia en Bankia, de donde desapareció con la llegada de José Ignacio Goirigolzarri, el sucesor de Rato.
Según la investigación de la UCO fue ese puesto de asesor de Rato el que permitió a Portuondo influir de manera decisiva en el otorgamiento de los millonarios contratos publicitarios a Zenith Media y Publicis Comunicaciones España.
Trato de favor
El gobierno de Mariano Rajoy le ha dado a Rato un trato distinto al que le dio al extesorero del PP, Luis Bárcenas, éste último imputado por delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa procesal, cohecho y fraude fiscal. Ambos personajes, según los respectivos juicios, tenían cuentas en Suiza con dinero no declarado y ambos se acogieron a la amnistía fiscal del gobierno del Partido Popular.
En el caso de Rato, el PP asegura que aún no es culpable de nada, aunque en el caso del tesorero los portavoces del que fuera su partido lo tachan de “delincuente” y dicen que les da “asco”.
Pero el caso se complicó para Rajoy, cuando el diario El Economista reveló que en 2012 Rato se dirigió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de acogerse a la amnistía fiscal. Consultó con él las consecuencias de traer a España parte del dinero que tenía en Suiza.
Montoro, según la publicación, le informó que no habría ningún problema y que todo se manejaría confidencialmente.
Así, Rato decidió regularizar 5 millones de euros que tenía en un banco suizo. Montoro, según las fuentes cercanas a Rato, le dijo que no pasaría nada, que podía acogerse a la amnistía y se guardaría “su secreto”.
Pero no fue el único favor que ha recibido de Rajoy. El pasado 29 de junio, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió en su despacho al exvicepresidente para tratar temas relacionados con su proceso.
Cuando el diario El Mundo destapó pormenores de la reunión, el Ministerio del Interior aclaró que lo recibió pero bajo la condición de no hablar de su situación procesal.
Sin embargo, Rato desmintió a Fernández Díaz en una entrevista con El País, en la cual aseguró que hablaron “de todo lo que me está pasando. Le conté mi versión. Ni yo le pedí nada ni él se ofreció a realizar ninguna gestión”.
Después el Ministerio del Interior cambió su versión inicial. Fernández Díaz se vio obligado a comparecer ante el Congreso de los Diputados, donde aseguró que la reunión fue a petición de Rato, quien temía por su seguridad, ya que había conocido la difusión de unos 400 mensajes en las redes sociales donde aludían a hacerle daño a él o a su familia.
El escándalo ocupó un punto central en la agenda política, aunque aminorada por las vacaciones de agosto. La mayoría del PP sofocó los intentos de la oposición, que pedía la dimisión de Fernández Díaz.
Pese a ser recibido por los dos ministros, el avance de la investigación tiene en un callejón sin salida a Rato. La tarde del 16 de abril fue detenido durante ocho horas a la vez que efectivos de la Agencia Tributaria, a instancias de la Fiscalía de Madrid, llevaba a cabo un cateo en su domicilio, en su oficina y en el despacho de abogados Plaza, en la exclusiva zona residencial en Sotogrande, Cádiz. De los tres sitios se llevaron ingente documentación y computadoras.
La imagen de la detención del exdirector general del FMI dio la vuelta al mundo. Rato salió acompañado por varios agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, uno de los cuales lo cogió de la nuca para introducirlo en el coche policial.
La prisión provisional de Rato duró ocho horas, tras las cuales fue liberado y llevado a su domicilio, una vez que terminaron los cateos.
Pese a la caída del mito económico del PP, recibió el apoyo de los grandes empresarios españoles, quienes se vieron beneficiados con su gestión al frente de la Vicepresidencia económica en la época de Aznar. Primero fue contratado como asesor en el Banco Santander, pero debió abandonar el cargo en noviembre pasado, luego de estallar el escándalo de las tarjetas black.
Luego de la quiebra de Bankia, que lo obligó abandonar la entidad, fue rescatado por el presidente de Telefónica, César Alierta, quien en enero de 2013 lo incorporó al consejo de asesores de la empresa para América Latina y Europa.
La revista La Marea publicó el pasado 17 de abril, un día después de su detención provisional, que seguía en Telefónica con un sueldo de 100 mil euros al año y que poco después de su contratación, en 2013, la empresa también contrató a una hija suya.
La publicación recordó que fue Rato quien defendió la candidatura de César Alierta para la presidencia de Telefónica, la cual ocupa desde julio de 2000.
Sólo en España lo siguieron vistiendo de oropel cuando su propio paso por el FMI fue cuestionado por un informe demoledor, que acusó a su gestión de vivir en una burbuja en la que reinaba el optimismo mientras se gestaba la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión.
El informe que se conoció en 2011 señala que la actuación del organismo entre 2004 y 2007 muestra que deficiencias internas impidieron prevenir la crisis. “El FMI no anticipó la crisis, su ritmo ni su magnitud y, en consecuencia, no pudo advertir a sus miembros”, reconoce el informe.
