El intento de ordeña de un ducto de Pemex en el municipio nuevoleonés de Cadereyta dio origen a una investigación que demuestra que el principal contaminador del río San Juan –que alimenta la presa El Cuchillo, la cual surte de agua a Monterrey– es la refinería instalada en esa alcaldía. Y peor… es su planta tratadora de agua la que ensucia el líquido y arruinó la vida de los ejidatarios de los alrededores: dañó su salud y envenenó la tierra de la que vivían.
MONTERREY, NL.- Hace un año, un intento de ordeña provocó el derrame de miles de litros de crudo de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el río San Juan, en el municipio nuevoleonés de Cadereyta Jiménez.
El daño ya fue reparado, según la paraestatal. Sin embargo, el acto criminal reveló que la refinería ubicada en ese municipio descarga subrepticiamente aguas sin tratamiento en el mismo afluente, que llega a la presa El Cuchillo, en el municipio de China, la cual surte de agua potable a la zona metropolitana de Monterrey y a Tamaulipas.
El biólogo Antonio Hernández Ramírez recorrió la zona afectada y detectó que la procesadora de crudo tira toneladas de aceites residuales e hidrocarburos sólidos que van directamente a la cuenca, como se observa en las manchas oscuras y la pestilencia que, señala, se capta en el entorno.
La principal fuente de esta contaminación es, paradójicamente, la planta tratadora de aguas, de donde se vierten los residuos. La refinería tiene unos 40 años y, sin documentación disponible, podría suponerse que desde el inicio de sus funciones se registran las descargas clandestinas, dice el también activista.
Desde que fue detectado el derrame por la toma ilegal, el 16 de agosto de 2014, los habitantes de la zona han sufrido múltiples afectaciones en su salud y su economía.
Señalan que padecen frecuentes diarreas y que por la contaminación del agua en el subsuelo se han perdido cosechas de vegetales que debían destinarse al comercio y el consumo.
“Nos desgraciaron la vida”, resume María de la Luz Pérez García, afectada por los derrames y residente del ejido La Concepción, del municipio de Cadereyta Jiménez.
Tras la afectación, se les prometió a los residentes del sector que habría indemnizaciones. Pero éstas no han llegado y ya presentaron una demanda que está en curso.
Descargas en el San Juan
Pemex alega que ya retiró el líquido oleaginoso del río San Juan, pero no ha aclarado por qué descarga sobre el mismo afluente los desechos de la refinería Héctor R. Lara Sosa.
En un reporte de campo fechado el viernes 14, Hernández Ramírez señala que un año después de que ocurrió la afectación ecológica por la toma clandestina, ya no hay rastros visibles de petróleo, aunque los residentes del lugar aún se quejan de la calidad del agua que ahí consumen.
Señala que no hay reportes públicos sobre los posibles daños que pudo causar la toma clandestina en la biodiversidad y en los núcleos poblacionales de los alrededores.
Lo que sí constató es que la refinería de Pemex, de más de 40 años, descarga residuos contaminantes en el río San Juan; esto se percibe hasta a nueve kilómetros a la redonda.
Un recorrido por el lugar demostró que hay daños ambientales provocados por la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de la refinería, en los acuíferos y en la atmósfera, por emisión de partículas contaminantes.
El reporte asienta que de la PTAR se detectaron descargas que, en su contenido, tienen manifiesta “presencia de hidrocarburos sólidos y películas de aceite cubriendo la superficie del agua.
“También fue advertida la ocurrencia de olores intensos a combustible en el canal utilizado para las descargas procedentes de la PTAR. Esta instalación representa una fuente de contaminación recurrente, dado que la evidencia recopilada fue detectada en cada una de las visitas de campo señaladas.”
Una parte del río San Juan entra a la refinería y pasa por la planta tratadora, como constató Hernández.
El biólogo detectó cuatro zonas de descarga: a un costado de la carretera libre Monterrey-Reynosa, a la altura de su kilómetro 38; en un camino de terracería que comunica a la carretera Las Trancas, por la misma carretera; a un lado del panteón de la comunidad de Dolores; y por líquidos que emanan directamente de la tratadora.
Con la información disponible, Hernández Ramírez documentó que entre enero y julio de 2008 fueron descargadas, procedentes de la refinería, 23 toneladas de grasas y aceites y 59 de nitrógeno. También encontró que entre enero y julio de 2009 fueron arrojadas 94 toneladas de sólidos.
Mediante los cálculos efectuados en el recorrido de campo y con el software de Sistemas de Información Geográfica, se determinó que la principal fuente de contaminación, a unos 20 kilómetros a la redonda de la refinería, es la misma planta tratadora de agua.
La fuente visible, se constató en el recorrido efectuado el pasado 18 de julio, son las manchas de hidrocarburos y cubiertas espumosas que se observan en los canales de desagüe hacia el río San Juan, procedentes de la PTAR. El recorrido fue repetido cuatro días después y se verificaron de nuevo las evidencias contaminantes, así como la presencia de un fuerte olor a combustible, similar al que se percibe en las gasolineras.
Mediante imágenes satelitales, verificadas con las aproximaciones presenciales, el biólogo encontró que, por su lado oriente, la tratadora descarga controladamente sus líquidos en el río por tres vertientes construidas para ese propósito, colindantes con la comunidad San Juan, de Cadereyta.
En total son poco más de 18 kilómetros los utilizados por la refinería, a través de su planta tratadora, para verter sus líquidos hacia el afluente.
Pero además hay dos descargas sin control procedentes de la misma fuente. Una de ellas forma una laguna artificial, encontró el investigador en una imagen satelital fechada el 23 de diciembre de 2014. También se forma otro embalse similar, según se ve en otra imagen cenital fechada el miércoles 5.
También por aire
De acuerdo con el inventario histórico de emisiones de Pemex, de 2006 a 2008 hubo en la refinería un incremento de valores hasta de 99% en los compuestos dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxidos de carbono, óxidos de nitrógeno. En ese tiempo fueron expulsadas más de 14 millones de toneladas de las sustancias referidas.
En particular se vierten gases contaminantes a través de los tres quemadores usados por la refinería como sistema de desfogue, a través de los cuáles salen a la atmósfera sustancias como ácido sulfúrico, hidrógeno, gases inertes, metano, bióxido de carbono, etileno, etano, propano, isobutano, butano, isopentano, pentano y hexano.
El biólogo se trasladó a la comunidad La Concepción, a 21 kilómetros de la refinería, y constató que hay partículas contaminantes en árboles urbanos y cultivo. En los naranjos, cultivo típico de la región, detectó una capa sólida negra de un milímetro de espesor unidas a las hojas y a los frutos.
Hernández Ramírez considera, dice en su reporte, que para verificar o descartar las valoraciones primarias que efectuó en este análisis, Pemex debería efectuar estudios de mayor alcance y publicar definiciones claras sobre el origen de los contaminantes visibles.
Es necesario que los pobladores conozcan la calidad del agua que beben y que fluye por el río San Juan para conocer su viabilidad para consumo humano, doméstico, de actividades agropecuarias y para el impacto de los ecosistemas en general.
Afirma que actualmente no hay documentos al alcance del público sobre el agua que sale de la PTAR de la refinería ni si cumple con las normas oficiales.
Dice el especialista en el documento: “Este estudio es un primer acercamiento para saber cómo afectan las emisiones de la refinería. Nuestra hipótesis es que es Pemex el que está contaminando el San Juan y el subsuelo. Si es así, se les está violando a los pobladores el derecho al agua potable.
“Estoy haciendo equipo con otros especialistas para conocer a fondo el problema ahí. Lo que sigue es hacer perforaciones a los suelos y hacer las evaluaciones para ver qué sustancias están en el suelo y compararlas con las que ya sabemos que se originan en la refinería.”
También tiene que haber estudios de calidad del agua de los acuíferos subterráneos, dice. “Queremos comprobar la suposición con información. En el mediano plazo le pediríamos a Pemex refinación para que los trabajos ahí cumplan con normas ambientales. Y si no es así, que la refinería haga públicos los estudios que debe tener sobre esos temas”.
Para conocer la calidad de las emisiones de los quemadores, Hernández recordó que la procesadora de Cadereyta cuenta con una Unidad de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, que tiene entre sus funciones la de monitorear afectaciones a los ecosistemas y a las comunidades que pueden ser impactadas por las actividades de la refinería.
Según información pública, esa unidad ejerce presupuestos estimados en 26 millones de pesos anuales, afirma.
Si esta dependencia ha efectuado análisis, sería beneficio para todo Nuevo León que dieran a conocer sus resultados, enfatiza.
Actualmente, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos publicada el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, la operación para la refinación de petróleos debe ser autorizada por la Secretaría de Energía, que otorgó a la planta Héctor R. Lara Sosa el permiso Sener-Ref-006-2015.
En el término segundo de la autorización se señala que en materia de protección ambiental, la refinación de petróleo está regulada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos.
Esta agencia es la que debiera revisar, verificar y analizar los trabajos de la refinería. En la conclusión de su reporte, Hernández pide que esta instancia inspeccione y verifique que Pemex Cadereyta cumpla con las disposiciones que se le imponen en materia de protección ambiental.
Hernández hizo el estudio junto con Alejandro Parás, Luis Armando Torres, José Manuel Guerrero y Thania López.
Agua y aire contaminados
Pemex afirma que la contaminación del río San Juan fue remediada después del derrame del año pasado. Los ejidatarios dicen lo contrario. Y sustentan sus afirmaciones revelando sus enfermedades.
María Orfelinda Pérez Hernández describe ante el reportero lo que han sufrido ella y su entorno por la fuga: “Se fue deteriorando todo allá en el ejido Soledad. Ahorita no se levantan cosechas. No hay árboles frutales, porque la fruta se cae, ya sea naranja, limones, todo lo que nosotros producimos para comer y vender. No hay vida, porque no podemos comer, todo está tirado.
“El agua está contaminada, muchos padecemos diarrea, yo soy de las que han sido afectadas desde un principio del estómago por esta situación. No tenemos manera de vivir, no trabajamos los campos, no hay agua, el pescado no sirve, está desierto. No tenemos forma de salir adelante. No hay recursos, no hay dinero”, dice.
En agosto de 2014, desconocidos pretendieron hacer una toma para extraer crudo de una línea del tramo Madero-Cadereyta. La fuga estaba a 50 kilómetros de El Cuchillo, una de las tres grandes presas de la entidad.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente calificó el daño de grave y reportó que habían sido afectados 6.5 kilómetros del río San Juan y 11.5 kilómetros de una acequia. Pemex demoró cuatro días para dar a conocer el derrame y otros más para aceptar que el crudo había alcanzado el afluente, que desemboca en el río Bravo.
Como parte de las acciones de contención, trabajaron en el área unos 300 empleados de Pemex y seis equipos de extracción que absorbieron el líquido. En el área había dispersos 4 mil barriles de combustible, equivalentes a 636 mil litros. Unas 15 mil toneladas de maleza quedaron impregnadas del hidrocarburo.
Además de La Soledad, resultaron afectados los ejidos San Juan, Mexiquito, Santa Isabel y Dolores, donde, según el alcalde Emeterio Arizpe, viven unas 4 mil personas.
Al recorrer el área, el gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina, aseguró que Pemex pagaría una indemnización a los afectados, aunque el recurso, hasta ahora, no ha llegado.
Los vecinos del área se quejan de que han sufrido millonarias pérdidas por la contaminación del agua en el subsuelo, pues las siembras se han perdido, como testimonia María de la Luz Pérez García.
“En pocas palabras, nos desgraciaron la vida, porque nos dejaron sin agua… con eso hacemos todo. Hay gente que no tiene para comprar el garrafón y agarra del pozo, pero los responsables dicen que el agua está buena, que está impía, que la tomemos; pero si lo hacemos, nos enfermamos y con qué nos curamos. Estamos en un dilema y mucha gente cree que somos mentirosos, pero es una realidad”, dice.
Hernández señala que Pemex ha dicho que no hay daño ecológico por el derrame, pues ya todo el combustible derramado fue debidamente retirado; sin embargo, no ha dado a conocer ni un solo estudio de la calidad del agua, necesario para dar certeza a los pobladores.
Esta falta de información hace que él no pueda afirmar, con certeza, que el río San Juan sigue contaminado por el derrame, aunque las evidencias así lo indican.
Después del derrame, en el Congreso de Nuevo León los diputados crearon una comisión para dar seguimiento al caso. La diputada expanista Blanca Lilia Sandoval, ahora independiente, lamenta que ese grupo de trabajo haya servido únicamente para lucimiento de algunos diputados y del gobernador Medina, que fue al lugar a tomar agua de la llave, aunque ella afirma que fue líquido de garrafón.
El priista Gustavo Caballero fue presidente de la comisión que no tuvo ninguna utilidad, dice la legisladora.
Denunció Sandoval: “En su momento formamos la Comisión en el Congreso del estado y quiero dejar claro que las autoridades legislativas municipales, estatales y federales son irresponsables. La Comisión se formó por política”.
Dos mil personas de los ejidos Tepehuaje, La Haciendita y Concepción, afectados por el derrame del año pasado, demandaron en la dirección de Pemex una indemnización por una cantidad que no se ha revelado por acuerdo de las partes, señala el abogado Roberto Santana Villarreal, del Colegio de Abogados Pro Personae, que asesora a los quejosos.
Al presentar su exigencia para la reparación del daño, el 1 de octubre de 2014, la empresa respondió con una negativa, por lo que los afectados recurrieron al Tribunal de Justicia Administrativa, donde se aceptó la demanda. Actualmente el caso está en plena disputa legal, dice Santana. El estudio de Hernández será incluido en la demanda, a manera de peritaje.
El jueves 13, Pemex difundió un comunicado para asegurar que, a un año del derrame, los análisis de laboratorios especializados han certificado que no hay presencia de hidrocarburos ni derivados en la acequia ni el río.
La potabilidad del agua fue respaldada por estudios del Instituto del Agua de Nuevo León, la Secretaría de Salud del Estado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Dirección de Ecología de Cadereyta, dijo la paraestatal.
“Petróleos Mexicanos atendió de inmediato el incidente, controló el derrame y procedió a reparar el ducto, al mismo tiempo que notificó y mantuvo estrecha coordinación y colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales, y presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República”, señala el boletín.
La petrolera sostuvo que las acciones oportunas evitaron que el hidrocarburo llegara a la presa El Cuchillo. La limpieza del río y la reparación del ducto le costaron a Pemex 150 millones de pesos.
Concluyó la empresa que la fuga no fue su culpa: “Petróleos Mexicanos fue víctima de un acto vandálico que generó afectaciones a la comunidad, al medio ambiente y a la economía de la empresa; sin embargo, actuó y seguirá actuando de manera responsable”.
