Ya no es ninguna novedad que con cada nuevo temporal de lluvias se pierden por distintos puntos del territorio de Jalisco, y particularmente en su capital, numerosas fincas de valor patrimonial, no obstante que tales edificaciones están protegidas por la ley, lo que en la práctica es punto menos que letra muerta. Lo novedoso en todo caso –novedoso para mal– es que sean las propias instancias oficiales, encargadas de velar por la protección del patrimonio cultural, las que ahora, muy lejos de cumplir con su cometido de proteger los inmuebles de alto valor, propicien, en un acto supremo de esquizofrenia, el daño y hasta la desaparición de fincas y conjuntos urbanos que han sido catalogados y declarados por esas mismas dependencias públicas, ¡quién lo diría!, como bienes patrimoniales que deben ser protegidos.
Eso ocurre ahora mismo en pleno centro tapatío con una finca del siglo XIX, ubicada en la esquina de las calles Independencia y Doctor Baeza Alzaga, cuyo propietario desde hace ocho años es nada menos que el ayuntamiento de Guadalajara, y de cuyo cuidado y aprovechamiento olímpicamente se han desentendido las administraciones municipales más recientes, con el pretexto de que ese inmueble, lo mismo que otros que se localizan en torno al parque Morelos, fue cedido por la comuna tapatía al fideicomiso de un membrete llamado Ciudad Creativa Digital (CCD), proyecto este último que cinco años después de que el entonces presidente de México Felipe Calderón viniera a anunciar su puesta en marcha, nomás no cuaja, aun cuando autoridades de todos los órdenes de gobierno, y eventualmente también algunos dirigentes empresariales, digan que “ya pronto” o que “ahora sí”.
¿Ahora cuándo? ¿El año entrante, para el que desde ahora se anuncia ya un drástico recorte en el gasto federal, lo que significa que las limitaciones presupuestales habrán de resentirse particularmente en los ámbitos estatal y municipal? La verdad es que nadie sabe cuándo será ese cuándo y máxime en los casos en que un proyecto, como el de la CCD, depende de la voluntad política –y sobre todo la correspondiente asignación presupuestal– del gobierno federal antes que de los deseos y las posibilidades de las autoridades de la comarca. Ahí está, si no, el creciente cementerio de proyectos fallidos de Jalisco, donde se han ido acumulando cadáveres como la presa de Arcediano, el Museo Guggenheim, el Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, más los que se agreguen este sexenio.
Pero mientras cuaja o no la CCD, o se termina de desbarrancar el Museo de la Barranca, muchas apreciables fincas patrimoniales se siguen perdiendo ante la dejadez, la torpeza, el “valemadrismo” y hasta la complicidad de incompetentes o hasta malévolos funcionarios locales, cuyo verdadero papel es el de depredadores patrimoniales.
Ejemplo de ello es el secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara y el director del Fideicomiso de la Ciudad Creativa Digital (FCCD), quienes con disimulo pero de manera aviesa están promoviendo la demolición de la finca patrimonial antes mencionada, para construir en su lugar un nuevo edificio, a tono con los requerimientos de la CCD. Vale decir que, durante muchas generaciones, dicha finca fue ocupada por la Posada Nayarit, una muy solicitada casa de asistencia y de grandes dimensiones, que contó entre sus huéspedes al poeta andaluz Pedro Garfias, uno de los tantos ilustres republicanos españoles que se asilaron en nuestro país, luego del triunfo del franquismo.
La mañana del pasado 10 de agosto, una parte de la finca en cuestión (la que da hacia la calle Independencia) se vino abajo, pero no a causa del temporal de lluvias, como han pretendido hacer creer funcionarios del ayuntamiento de Guadalajara y del FCCD, que juegan a ser émulos de Pilatos, sino del descuido y el abandono en que la han tenido varias administraciones municipales, desde la que encabezó Alfonso Petersen Farah hasta la de Ramiro Hernández. El inmueble de marras, que se ubica apenas un par de cuadras atrás del teatro Degollado, fue adquirido por el primero de los mencionados para que formara parte del fallido Proyecto Alameda, con el cual se pretendía darle un uso habitacional intensivo a la zona aledaña al parque Morelos, primero acondicionando y construyendo en esa demarcación la Villa Panamericana, a fin de albergar los cerca de 10 mil atletas que participarían en los Juegos Panamericanos de 2011, y posteriormente, con la conversión de esa proyectada villa en departamentos y unidades de vivienda.
Pero como es bien sabido, el problema fue que poderosos intereses políticos y empresariales se interpusieron e hicieron zozobrar el Proyecto Alameda, con todo y su plan de repoblamiento del primer cuadrado tapatío, incluida la Villa Panamericana que, como es de sobra conocido, se acabó edificando en la zona menos recomendable para ello, en un área de gran fragilidad ambiental: el Bajío de Zapopan, en los límites con el bosque de la Primavera.
Desde ese momento, la suerte de la finca que ocupó la Posada Nayarit sólo ha empeorado: el panista Alfonso Petersen Farah ni siquiera pudo terminar su periodo como alcalde y en su lugar fue nombrado un alcalde interino. Un año después, el priista Aristóteles Sandoval llegó a ese mismo cargo, el cual dejó también en manos de su respectivo interino. Y desde fines de 2012 otro priista ha venido gobernando Guadalajara, Ramiro Hernández.
El caso es que ninguno de éstos se preocupó en lo más mínimo por salvaguardar la integridad y el buen estado de una finca con valor patrimonial, propiedad de los tapatíos, dándole un uso racional y socialmente útil. Cuando en 2010 surgió el proyecto de la CCD, tácitamente se dio por hecho que la finca de la Posada Nayarit, como los demás inmuebles de la zona adquiridos por el municipio –a sobreprecio, vale decirlo– pasaría a formar parte del cacareado proyecto. Pero como éste, pasados ya cinco años, sigue sin cuajar, la Posada Nayarit sigue padeciendo un triste proceso de abandono y deterioro que, ahora (en pleno temporal de lluvias) la tienen al borde de la ruina. Lo peor del caso es que tanto funcionarios municipales como del FCCD no sólo se han desentendido olímpicamente de ella, sino que no han ocultado su propósito de demoler esa finca patrimonial. Y si hasta ahora no lo han hecho es porque se los ha impedido el INAH.
Desde el gobierno de Guadalajara se ha tratado de justificar esta postura, contraria a conservar una finca patrimonial, con toda clase de despropósitos: que el ayuntamiento tapatío no tiene dinero para restaurarla, que el inmueble es insalvable a causa de sus severos daños estructurales, o que es de poco valor patrimonial, habida cuenta de que el tercer nivel es un añadido del siglo XX. Con este criterio los funcionarios municipales en cuestión bien podrían pedir también la demolición del Palacio Nacional, pues el tercer piso de la sede presidencial tampoco formó parte del proyecto primigenio, durante la época colonial, sino que se trata de una ampliación que en 1926 se le encargó a Augusto Petricioli.
Del lado del FCCD, la postura ha sido igualmente insensata, pues se insiste en la “conveniencia” de demoler la antigua Posada Nayarit para construir en su lugar un edificio a tono con “la Guadalajara del futuro”. Con esta forma frívola y desarrollista de concebir la ciudad, apelando a una pretendida “modernidad”, se han perdido innumerables fincas patrimoniales y conjuntos urbanos enteros, lo que significa que a muchos de nuestros funcionarios de nada les han servido los errores y las intervenciones contraproducentes a que ha sido sometida nuestra ciudad en los últimos 60 o 70 años.
Ahora resulta que quienes en teoría están obligados por la ley a preservar el patrimonio construido, en la práctica son sus principales depredadores.
