Las fichas forenses de 120 cuerpos descubiertos en abril de 2011 en las llamadas fosas de San Fernando
–trasladados posteriormente al Distrito Federal– arrojan información sobre los métodos usados por Los Zetas para asesinar, perfilan algunas características de sus víctimas y exhiben errores cometidos por peritos forenses que podrían ser la causa de que algunas familias sigan buscando sin éxito a un pariente desaparecido.
Cuando en abril de ese año los cadáveres fueron trasladados a la Ciudad de México, de 105 se había obtenido el perfil genético (mediante pruebas de ADN) y 15 estaban “en proceso”. En tanto, 95 habían sido registrados con identidad desconocida, 23 estaban identificados y dos no tenían especificado ningún estatus.
Salvo cuatro cuerpos que estaban desnudos, los demás tenían ropa. Algunos llevaban en el bolsillo identificaciones o accesorios. Además, 17 estaban tatuados.
Pero parece ser una regla que la PGR guarda para sí datos valiosos, como las fotos de las vestimentas y los equipajes, las descripciones de los tatuajes o de las dentaduras de los cadáveres, que podrían servir a los familiares para identificar a algún familiar y reclamarlo. Faltaría sólo que una prueba genética confirmara las coincidencias.
Integrantes de 11 familias con parientes desaparecidos en San Fernando fueron entrevistados en Michoacán y Guanajuato para esta investigación. La mayoría afirmó que en la PGR nunca les mostraron la ropa que llevaban los muertos, ni fotografías de los cuerpos o sus pertenencias.
Tres familias del municipio michoacano de Tiquicheo de Nicolás Romero mencionaron que a ellos sí les permitieron ver evidencias para que se convencieran. Uno de los casos fue el de los parientes de Vicente Piedra García, quienes, sin embargo, enterraron con dudas el cadáver que les fue entregado porque no les pareció familiar la dentadura que éste tenía.
En cambio, la madre del joven Misael Cruz Benítez no aceptó el cadáver que le daban, pues sólo le mostraron fotografías de un esqueleto. Le dijeron que había 70% de probabilidades de que fuera su hijo y que éste se encontraba desnudo. A ella la evidencia no le pareció definitiva, pues le mintieron. Todos los cuerpos que habían sido recientemente enterrados en esas fosas llevaban ropa.
“No nos gustó que las pruebas de ADN que decían que eran de él (de Misael) estaban como a 70% de coincidencia. Con 90% hubiera sido otra cosa. No nos enseñaron su ropa. Nos dijeron que ninguno traía ropa y las fotos estaban muy borrosas. Se veía un cuerpo viejo y a él lo acababan de secuestrar días antes de que hallaran las fosas. La base de datos la tenían mal acomodada en la computadora. Tenían mal los nombres de sus papás y su edad”, explica una pariente de Misael, que pidió el anonimato, en una entrevista realizada en la comunidad Los Limones, Michoacán.
Únicamente alcanzó paz y resignación la familia de Raúl Arreola Huaracha, oriundo de Celaya, quien fue identificado por los tatuajes.
Conteos mortuorios
Detalles no dados a conocer que podrían servir para identificar los cuerpos hallados en las fosas de San Fernando, así como fallas cometidas en la cadena de custodia de sus pertenencias, dan cuenta de por qué cada año tantas miles de personas son enviadas a fosas comunes.
De 2006 a 2012 la base nacional de perfiles genéticos de la PGR recibió los datos de 15 mil 618 cadáveres correspondientes a desconocidos que murieron de forma violenta. Sólo 425 fueron identificados, según un informe oficial publicado por La Jornada el 2 de enero de 2013.
En 2012 la cifra de cuerpos lanzados a fosas comunes ascendía a 24 mil 102, de acuerdo con el conteo que el reportero Víctor Hugo Michel publicó en el diario Milenio el 28 de octubre de ese año. Dicha cifra la calculó con base en solicitudes de información a través de las leyes de transparencia en cada estado. Desde entonces la cifra se incrementó. Durante el primer año y medio de gobierno de Enrique Peña Nieto otros 3 mil 602 cuerpos no identificados fueron lanzados a fosas comunes, a un ritmo de seis por día. Ese número no incluye Tamaulipas, cuyas autoridades nunca han respondido a las solicitudes de información.
Más allá de las cifras, el aspecto más importante de estos conteos es cuántos de esos cadáveres han sido identificados. Es allí donde impera la imprecisión.
Según las respuestas ofrecidas por la PGR a reporteros de distintos medios de comunicación –entre ellos Proceso–, se ha logrado identificar entre 3% y 20% de los cadáveres que quedan bajo su custodia.
Roxana Enríquez Farías, directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), remarca la importancia de registrar correctamente los datos en una ficha forense: una descripción detallada del cuerpo, sus señas particulares y sus pertenencias, el cálculo de la posible fecha de muerte; así como establecer la cadena de custodia para conservar las pertenencias de la persona fallecida. El objetivo es tener un registro bien organizado y, de preferencia, sistematizado. Ello, señala, permite que menos personas sean enterradas sin nombre.
En entrevista, Enríquez explica que el tiempo estimado de muerte permite hacer un filtro entre los desaparecidos. Al mismo tiempo, agrupar los datos de los restos por grupos de edad o características similares crea un nuevo tamiz. Comenta que dicha información puede ponerse a disposición de familiares de desaparecidos con el propósito de establecer un “mecanismo de consulta para poder cotejarla”.
La antropóloga forense participó en la exhumación de los restos del luchador social Rosendo Radilla, desaparecido en los años setenta, así como los de Brenda Damaris, en Nuevo León. Trabajó también en la violenta Ciudad Juárez, donde observó que durante un tiempo se publicaban en los periódicos las descripciones de la ropa de los cadáveres no identificados con el propósito de que las familias pudieran reclamarlos antes de que fueran enterrados de manera anónima en el cementerio municipal. Aunque a mucha gente le parecía una iniciativa de mal gusto, funcionó.
Eso mismo ocurre en comunidades campesinas de Perú o de Guatemala, donde se realizan exposiciones itinerantes de la ropa de las personas halladas en fosas. En Colombia y Sarajevo se imprimen fotografías con las pertenencias que llevaban los cadáveres a la espera de que alguien llegue a reclamarlos.
Los manuales de buenas prácticas para manejo de cuerpos en casos de desastres o de violaciones a los derechos humanos, elaborados por organizaciones como la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, así como los protocolos de la propia PGR, mencionan que las ropas, pertenencias y descripciones exhaustivas de los cadáveres son clave para lograr una buena identificación.
El Libro Blanco que la PGR publicó al final del sexenio de Felipe Calderón informa que se invirtieron 617 millones de pesos para dotar de infraestructura y equipo especializado, con tecnología de punta, a los servicios periciales federales. Presumía la existencia de un sistema automatizado de identificación de huellas dactilares y una base de datos genética que hasta ese momento almacenaba 15 mil perfiles. La plantilla de peritos, además, creció 36%, de mil 51 a mil 432.
En agosto de 2013, la PGR firmó un convenio de colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense y organizaciones centroamericanas y mexicanas. Su propósito: identificar a las víctimas de las masacres de 72 migrantes (2010), de las 49 personas halladas en Cadereyta, Nuevo León (2012), y de las cuales sólo existen torsos, así como de los 193 exhumados de las fosas de San Fernando (2011).
De las osamentas que fueron recuperadas de las tres masacres y que fueron lanzadas a fosas comunes, sólo 15 fueron identificadas; cuatro de ellas eran de las fosas descubiertas en San Fernando en 2011.
