Caótica e inoperante justicia deportiva

Bastó una auditoría para revelar las irregularidades acumuladas por el presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, Rafael Rodríguez Sánchez: ausentismo, posible falsificación de firma, desapego al reglamento, caos administrativo, opacidad en gastos e inoperancia, entre otros. Sin embargo, Rodríguez, también director jurídico de TV Azteca, puede cobrar en esa institución hasta 2016.

Rafael Rodríguez Sánchez, presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), el máximo órgano de impartición de justicia deportiva en el país, incumple sus deberes y en muchas ocasiones ni siquiera asiste a las sesiones del pleno que encabeza.

Una auditoría realizada en marzo pasado a este órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) arrojó una serie de observaciones por irregularidades en la actual administración.

El análisis revela que, de acuerdo con sus expedientes personales, ni Rodríguez Sánchez ni el coordinador administrativo de la CAAD, Marcos Pérez Mendoza, cumplen con los años de experiencia requeridos en la “Descripción y Perfiles de Puestos de la APF (Administración Pública Federal)”.

El historial del presidente de la comisión, que también es director jurídico de TV Azteca, no tiene precedente: la auditoría comprobó que, según las actas de sesiones y listas de asistencia, no se presentó a 26 de las 96 sesiones de 2014 y que únicamente pudo justificar dos faltas.

Con base también en los registros de entradas y salidas de vehículos en el estacionamiento de la CAAD, los auditores concluyeron que el funcionario presidió sólo 44 de esas 96 sesiones. No cubrió siquiera la mitad de asistencias; no obstante, se las ingenió para que su rúbrica apareciera en las actas aunque él no asistiera.

“Tomando como referencia las 26 actas en las que no está (comprobada) su participación, es de deducir que las 26 restantes, aun y cuando están firmadas, no hay certeza de que el presidente del pleno haya estado presente”, se advierte en la auditoría 07/2015, a la que tuvo acceso este semanario.

De igual forma “se estuvo verificando la asistencia del licenciado Rafael Rodríguez Sánchez. Se descubrió que en la sesión 19/2015, de fecha 18 de marzo del año en curso, dicho presidente no asistió a esa sesión. Sin embargo, en el acta aparece su participación y por lo tanto firmó como si hubiera estado presente”.

Asimismo se estableció que Rodríguez Sánchez sólo acude a la comisión, ubicada en la colonia Tránsito, los lunes y jueves, es decir los días de sesión. Los registros de entradas y salidas reportan que por lo general ingresa alrededor de las 8:00 horas y se retira entre las 10:30 y 11:00. Así ha sido desde que asumió el cargo en abril de 2010.

En mayo de 2014 el Órgano Interno de Control giró a la CAAD un oficio en que solicita información detallada de las entradas y salidas de su presidente. El coordinador administrativo de la comisión, Marcos Pérez Mendoza, respondió que Rodríguez Sánchez ingresaba a pie. Sin embargo, el funcionario llega en su auto, como demuestra la bitácora del órgano desconcentrado de la SEP. Por lo general, lleva un ­Volkswagen Passat blanco y a veces un Volkswagen Bora.

El dictamen también revela que en cada sesión Rodríguez Sánchez apresura el desahogo de los asuntos sin permitir que se analicen a fondo, a fin de que la junta concluya lo más pronto posible y él pueda irse.

Asimismo, en las sesiones 18/2015 y 21/2015, fechadas el 12 y 26 de marzo pasados, se evidenció que sólo estuvieron presentes dos de los cuatro miembros del pleno y el secretario general, incumpliendo el artículo 81 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el cual establece que dichas sesiones deben realizarse con la mayoría de sus integrantes.

El pleno está integrado por un presidente y cuatro miembros titulares. Sin embargo, desde 2014 dicha comisión operaba con sólo cuatro integrantes por la renuncia de David Hernández. Su número se redujo a tres este año, cuando Gonzalo Zubillaga concluyó el periodo para el que fue designado. Hasta ahora no se ha nombrado a sus remplazos.

Otra consecuencia del ausentismo de Rodríguez Sánchez es que se le acumulan los documentos por firmar. De acuerdo con la auditoría, en las actas de sesiones tampoco hay evidencias de que el funcionario conduzca los debates u otros trabajos, o de que consulte al pleno si considera que el asunto ha sido suficientemente discutido, para efectuar la correspondiente votación.

Lo anterior afecta directamente los trámites procesales, ya sea en la resolución fast track de los asuntos o en las denuncias promovidas por las federaciones deportivas, los atletas y los entrenadores, a quienes les urge conocer el veredicto. Los auditores constataron en las actas de audiencia que las resoluciones no se notifican a todas las partes.

El presidente de la CAAD tampoco acude a las reuniones del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), a las del Comité de Control y Desempeño Institucional (Cocodi) ni a las de la Comisión Interna de Administración (CIA), como es su deber.

Falta de controles

De acuerdo al portal de Obligaciones de Transparencias, su puesto es de confianza, con la clave 001 y una remuneración total de 85 mil 966 pesos con 10 centavos; sus ingresos netos son de 65 mil 521.65 pesos al mes.

Con el oficio CA/090/2015, fechado el 15 de marzo pasado, el coordinador administrativo Pérez Mendoza aportó una relación de horarios del personal de la CAAD. Los auditores observaron que los empleados no cumplen con el oficio PRES/A031/2013, del 26 de septiembre de 2013, en que el propio titular del organismo estableció el horario de labores: de las 9:00 a las 18:00 horas, con pausa de una hora para comer, lo que suma ocho horas diarias. Pero eso no lo cumple ni Rodríguez Sánchez.

Éste preside la CAAD desde el 24 abril de 2010. Llegó apadrinado por el entonces director jurídico de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), Juan José Trevilla, aunque tanto a él como a los miembros titulares de la comisión los nombró el Ejecutivo federal por un periodo de tres años, con la posibilidad de ser ratificados una vez por el mismo periodo. Todo indica que el ejecutivo de TV Azteca y funcionario continuará en el cargo hasta abril de 2016.

La auditoría detectó inadecuados controles contables –por ejemplo, en el manejo de la cuenta de cheques– y presupuestales, comisiones por sobregiros al expedir cheques sin fondos, incumplimiento de funciones, compras poco transparentes de material y artículos de oficina, además de falta de supervisión por parte del coordinador administrativo y del presidente de la CAAD.

El dictamen consigna que, de julio a diciembre de 2014, la comisión pagó la renta de dos equipos multifuncionales sin contar con evidencia del contrato.

Además, se detectó que Pérez Mendoza adquirió papelería por 24 mil 664 pesos, así como camisas y sacos que nadie ha visto por 55 mil 583.72, lo que suma 80 mil 247 pesos. Sin embargo, se conoció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) descubrió operaciones inexistentes o simuladas del proveedor, Diseño Publicidad y Comercialización Maquil S. A. de C. V.

Por otra parte, el coordinador administrativo de la CAAD no presentó evidencia de haber recibido los uniformes, ni de su destino y uso. Tampoco demostró el control de la papelería adquirida, por lo que no acredita si el órgano desconcentrado de la SEP recibió realmente los bienes, y eso “denota opacidad en el gasto”, se consigna en el dictamen.

Considerando la muestra revisada del ejercicio 2014, Pérez Mendoza ejerció un presupuesto de 2 millones 587 mil 125.38 pesos, pero no pudo acreditar la compra y utilización de los bienes y servicios pagados.

En cuanto al parque vehicular, se determinó que la Coordinación Administrativa no cuenta con un control de los tres automóviles de uso oficial, de los cuales no hay bitácoras ni registros. Esto no impidió que Pérez Mendoza reportara un gasto de 120 mil pesos en combustible y 77 mil 836 en mantenimiento.

“Con lo anteriormente expuesto se concluye que no existe transparencia ni aplicación eficiente, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a la CAAD, así como en el ejercicio del gasto de los recursos informados en el estado del presupuesto ejercido por esta comisión en 2014, por un total de 11 millones 392 mil 781 pesos”, se indica en la auditoría.

Plantilla caótica

En materia de recursos humanos, la documentación presentada por Pérez Mendoza no permitió identificar una estructura operacional de trabajo ni la presencia de un guía para encaminar las acciones de la fuerza de trabajo a fin de aplicar los controles adecuados. También se encontró que algunos procedimientos administrativos eran deficientes y otros no se realizaban.

Se comprobó que no existen las constancias de nombramiento que formalizan la relación laboral entre la CAAD y sus empleados. La plantilla de personal presentada por Pérez Mendoza no contiene la información mínima que establece el Manual de normas para la administración de recursos humanos en la SEP.

La estructura orgánica de la CAAD cuenta con 20 personas. No obstante, la comisión ocultó que seis personas ajenas a ella trabajaron durante 2014 y hasta febrero pasado sin contar con un documento que amparara su presencia ahí o justificara una relación laboral. Según la auditoría, dichas personas únicamente tenían la promesa de contratación y el pago por sus servicios.

Por esta situación y por el incumplimiento de esa oferta laboral, la CAAD afronta dos demandas laborales, interpuestas por María Beatriz González Bruno e Israel Alfonso Gaona Santos, por un total de 362 mil 511 pesos.

Además, otro par de trabajadores que prestaron sus servicios a la comisión con promesas de contratación promueven sendos juicios.

Y Nadia Alejandra Machuca Pérez, quien durante cinco años fue secretaria de Rodríguez Sánchez, fue despedida el pasado 16 de junio repentinamente y, según ella, sin justificación. Por ello, el 3 de julio  promovió un juicio en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje contra el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, así como el presidente y el coordinador administrativo de la CAAD.

Machuca Pérez exige la reinstalación en su cargo, el pago de los salarios caídos y las compensaciones anuales por prima vacacional, vacaciones y aguinaldo.