El gobernador Gabino Cué decidió “refundar” el instituto de educación de Oaxaca para socavar el poder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esa resolución evidenció corruptelas y fracturas en la organización magisterial, pero también el modo en que el PRI infiltra organizaciones sociales. En entrevista, Cué defiende su maniobra y va más allá: “si (las autoridades federales) piensan construir un cuartel (de la Policía Federal en Oaxaca), podemos contribuir. El gobierno del estado dará todas las facilidades para que así sea”.
OAXACA, Oax.- A 14 meses de que termine su gobierno, Gabino Cué Monteagudo se dice tranquilo por haber cerrado la “caja chica” de varios gobiernos priistas y de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). “Quien traicionó al movimiento magisterial fue su propia dirigencia”, asegura.
En la Sección 22, principal bastión de la CNTE, hay “muchas manos metidas y muchos intereses fuera de lo educativo, que quizás influyeron en prolongar el conflicto, radicalizarlo, generar irritación social y politizar el tema hasta meterlo en el boicot del proceso electoral”, acusa. Por esto, afirma en entrevista, decidió reestructurar profundamente el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), organismo público que era controlado por la CNTE.
Desde su despacho del Palacio de Gobierno, Cué denuncia que los dirigentes de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos, son los verdaderos traidores a la causa docente, porque negociaban y tomaban acuerdos a nombre de sus agremiados, pero sin consultarlos ni informarlos.
“Fue una suma de manejos que empezaron a distanciar a la Sección 22 de la sociedad y del gobierno del estado. Buscaban presionarlo, generar una corriente de voces para desacreditarlo y acusarlo de ser omiso, cómplice o rehén de este movimiento magisterial.”
Hace un mes, asevera, en consonancia con el gobierno federal se tomó la decisión de “aplicar la ley, y eso pasaba por retomar la rectoría de la educación por parte del Estado, porque ese control, desde hace 23 años, lo detentaba la Sección 22. Ya dimos el primer paso y ahora vamos por el otro. Eso no es traicionar: al contrario, se traiciona a la sociedad cuando los recursos públicos están financiando a gente que no trabaja”.
El mandatario –quien llegó a la gubernatura encabezando una alianza entre PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano– reconoce que el movimiento magisterial no va a terminar porque tiene estructura e historia, pero, dice, “debe renovarse para buscar una alianza o reencuentro con la sociedad”.
Y amaga: Si “grupos radicales enquistados” se van al paro de labores al inicio del próximo ciclo escolar, programado para el 24 de agosto, el actual movimiento magisterial dejaría “de ser una causa legítima, y lo que nos toca es aplicar la ley”.
Defensa de la policía
Cué admite que Oaxaca está inundada de policías. “Debe haber entre 6 mil y 7 mil soldados y policías federales, más el despliegue estatal, de 4 mil agentes”; si bien acepta que tras los cambios en el IEEPO (anunciados el 21 de julio pasado) se incrementó el despliegue de fuerzas del orden, los agentes no están para reprimir sino para contener.
Él se pregunta y se responde: “¿Cuánto tiempo va a estar la Policía (Federal)? El tiempo que sea necesario. Oaxaca sí requiere tener una partida importante de policías”.
–¿Cuánto va a costar esa presencia y quién la va a pagar? –se le inquiere.
–Todo lo paga la federación. Y si piensan construir un cuartel podemos contribuir. El gobierno del estado dará todas las facilidades para que así sea. Se justifica porque hay muchos conflictos agrarios.
–¿En qué va a consistir la presencia policial? ¿Es para contener a los maestros o sembrar el miedo?
–Nadie le tiene miedo a la policía. La policía no agrede a nadie, a menos de que hablemos de un estado represor, y Oaxaca no es un estado represor. Somos un gobierno democrático, y en esta administración no tenemos ninguna queja de abuso policiaco.
–¿Quién va a tener el mando de los operativos?
–Tenemos una estrecha coordinación. El grupo de coordinación lo preside el gobernador y están presentes los funcionarios estatales y de la federación del área de seguridad.
–¿Quién solicitó la presencia de las fuerzas federales?
–Yo la solicité.
–¿A Oaxaca le dan un trato de narcoestado?
–Los agentes llevan ocho, nueve días (en la entidad) y no veo cuál sea la molestia o el agravio de la sociedad. Al contrario: las expresiones son de agradecimiento, de optimismo.
“Entiendo la pregunta por los antecedentes de 2006 (cuando la Policía Federal terminó a sangre y fuego una huelga magisterial). Hay una gran presencia de organizaciones no gubernamentales que se sienten agraviadas. Pero no sé por qué, cuando no se les está agraviando, cuando las manifestaciones están en orden y no ha habido ni presencia policiaca.”
–¿Donde las fuerzas federales llegan hay violación a los derechos humanos?
–Esperemos que no sea el caso de Oaxaca. Se impondrá la razón, la explicación y el apego a la legalidad.
La realidad es que “quien violente al Estado tiene una responsabilidad. Si te metes a una instalación estratégica es un delito que se tiene que perseguir, si tratas de quitarle la gasolina a la gente es un delito, si rompes una cámara de seguridad, es un delito, y por eso hay muchas denuncias de particulares”.
Contrincantes
Cué argumenta: “Desde el principio de mi administración pensé de qué manera mejorar la educación en Oaxaca y siempre quise hacerlo del lado del magisterio. Los dos primeros años hubo una relación ordinaria con el sindicato, y ellos, año con año, planteaban sus demandas.
“Sin embargo, cuando se inicia la actual dirigencia de la Sección 22, con Rubén Núñez y Francisco Villalobos, que coincide con el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, se llega a la radicalización, de la mano de la reforma educativa. Empieza a haber una relación distinta con la actual dirigencia, a la que se daba respuestas, pero esa información casi nunca bajó a las bases.”
Recuerda que mantuvieron muchas reuniones e incluso presentó una iniciativa de ley que recogía parte de las preocupaciones del magisterio. “Pero lamentablemente, por diversas razones, algunos actores estuvieron participando con el ánimo de radicalizar las protestas”.
Por esa razón se decidió reconfigurar el IEEPO, expresa. “Y no es una traición sustituir a 300 personas que tenían cargos administrativos y, a través de esos cargos, tejieron una red para tener el control del magisterio y presionar a las bases para hacer cosas como marchas y plantones a cambio de horas extras, cambiar de adscripción u obtener préstamos.
“Nuestra función es gobernar para 4 millones de habitantes. Dentro de ellos están los 84 mil maestros. Pero la sociedad demandaba otra actitud de las autoridades y reformar la educación porque se perdió la calidad.
“Estamos a favor de la libre manifestación, pero que se haga en orden. Un régimen democrático no puede permitir que la protesta se convierta en un hecho que lastime a la sociedad.
“Yo estoy tranquilo con la decisión que tomé porque en ningún momento se lastiman los derechos laborales. Fue la descomposición a la que se llegó, porque el sindicato durante muchos años se corrompió y el IEEPO se convirtió en caja chica de muchos gobiernos. Se expedían nóminas con gran facilidad, directores llegaban y se iban y dejaban personas afines.”
El músculo
Pese a los 11 mil policías, sobrevuelos rasantes y patrullajes constantes, la Sección 22 salió nuevamente a las calles para mostrar su músculo.
El mismo día que culminaron las fiestas de los Lunes del Cerro, el 27 de julio, arrancó la “guerraguetza”: “Si guerra quiere el Estado, guerra va a encontrar. No importa que se corra sangre, la resistencia empieza hoy aquí”, fue el mensaje que lanzó la CNTE a Enrique Peña Nieto y a Cué.
Desde su búnker y protegido por representantes de 26 secciones del país, el líder de la Sección 22, Rubén Núñez, hizo un llamado a reconstituir la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) porque, advirtió, “no aceptarán que los maestros sean reprimidos o despedidos”, y si los profesores deciden irse a un paro indefinido no habrá forma de que sean reemplazados.
El exsecretario de Organización de la Sección 22, Gabriel López Chiñas, indica que en la marcha del pasado 27 de julio participaron 50 mil maestros, y afirma que con esto el magisterio volvió a mostrar su fuerza ante la embestida del Estado.
Respecto de las declaraciones del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, en el sentido de que el próximo curso escolar arrancará pese a las inconformidades, López consideró que no corresponden a un funcionario de ese calibre, lo que demuestra que no tiene la estatura política y le queda muy grande el cargo que ostenta.
Abunda: Los políticos que piensan que el movimiento está derrotado sólo exhiben una gran ignorancia. “Posiblemente los dirigentes podrían desviarse o alejarse de los principios rectores del movimiento, los jefes de departamento y directores de educación, pero el movimiento tiene herramientas para sancionar.
“Hay comisiones de honor y justicia, y si la actual dirigencia cometió errores va a llegar el momento que se inicie una investigación y se les sancione por esas faltas, corrupción, entreguismo al gobierno federal o si fueron omisos o negligentes.”
El PRI, detrás
López considera que “el gobierno federal inició una guerra en contra del magisterio desde que el PRI asumió el poder en el país. Y desde ahí Peña Nieto hizo el compromiso de imponer la reforma educativa con el Pacto por México, cuyo proyecto fue construido por (el exgobernador oaxaqueño) José Murat”.
Inicialmente, comenta, “se recurrió a dos opciones. Primero, intentar convencer a Elba Esther Gordillo Morales (otrora presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, SNTE)”, y como no aceptó fue encarcelada por malversación de fondos, uso indebido de los recursos, compras millonarias de bolsos, yates y hoteles, “y esa es la misma estrategia que se instauró con el magisterio disidente”.
Como es muy difícil romper la resistencia de la CNTE, las autoridades optaron por dos estrategias: La primera, denuncia, era tratar de llegar a acuerdos con la dirigencia formal e integrantes del movimiento, “el cual fue infiltrado de priistas, con personeros de Murat y Eviel Pérez Magaña”.
Sin embargo, del 19 de septiembre al 2 de agosto de 2013 se resquebraja la frágil relación entre el gobierno y el magisterio con la toma del aeropuerto. López dice que la gente infiltrada los llevó al choque enarbolando el repudio a la reforma educativa.
El dirigente magisterial manifiesta: “No niego que al interior del movimiento se hayan corrompido, porque lo hemos vivido. Del 92 para acá se agudizó el problema de la corrupción; de ahí viene la deformación, la venta de plazas, cambios que fueron prostituyendo a este movimiento por el influyentismo y acoso sexual a cambio de plazas o puestos”.
Tras los incidentes de agosto de 2013, continúa, el magisterio se organizó y excluyó a los priistas de la toma de decisiones. Así, las autoridades decidieron golpear mediáticamente al magisterio para generarle una opinión adversa.
López percibe que, sin embargo, el “plan A” fracasó.
A partir del 21 de julio, entonces, el gobierno recurrió al plan B, “que vienen trabajado desde enero, y desde esa fecha el gobierno rompió relaciones con la comisión política. Ahora lo que viene es la represión, encarcelar, desaparecer o asesinar a través de una guerra de baja intensidad”.
López sostiene que la federación le apuesta a las acciones radicales, “pero la experiencia de 2006 dejó muchas lecciones y eso nos permite, ahora, tomar decisiones más inteligentes, porque en el pasado el costo para los profesores fue altísimo, cuando la cuota de sangre la pusieron ellos y no (el entonces gobernador), Ulises Ruiz Ortiz”.
