En los últimos años, en México hemos visto gobiernos de distintos partidos que han mostrado incompetencia, proclividad a la corrupción y la impunidad y, sobre todo, una falta de compromiso con los grandes intereses de la nación; antes bien, siempre en favor de los réditos económicos y políticos de unos pocos. Así, han convertido al país en una enorme cleptocracia, entendida ésta como el dominio de los ladrones. Cabe recordar las palabras de San Agustín: “Sin la justicia, los reinos son sociedades de bandoleros”.
En general, el desempeño del país deja mucho que desear, reprueba en muchos rubros. Veamos.
En 2013 la economía creció 1.4%, mientras en 2014 alcanzó 2.1%. El crecimiento económico promedio de los dos primeros años del sexenio fue de 1.75%, debajo del de los gobiernos anteriores, cuya media anual fue de 2.4% en las últimas tres décadas.
Según el Fondo Monetario Internacional, en la actualidad México es la decimocuarta economía mundial, cuando en 2000 ocupaba el noveno lugar; de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), somos el país más desigual de esta agrupación; para Transparencia Internacional somos una de las naciones más corruptas, y ocupamos el segundo lugar en impunidad, a decir de la Universidad de las Américas, Puebla.
Aún más: para Reporteros sin Fronteras somos el país más peligroso del continente; la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen nos coloca como el séptimo más violento del planeta; la Organización Mundial de la Salud, en el primero en obesidad; según Treehugger, de Discovery Communications, el decimosegundo en deforestación, y de acuerdo con la prueba PISA, de la OCDE, el último en desempeño escolar.
En marzo de 2015, una encuesta del Grupo Reforma mostró que la percepción ciudadana no favorecía al gobierno: sólo 39% de los ciudadanos lo aprobó, mientras 17% de los líderes académicos, políticos, empresariales y de organizaciones de la sociedad civil lo aprobaron.
La pérdida de confianza en el gobierno se confirma con las críticas siguientes.
El cineasta Guillermo del Toro, invitado al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, afirmó el pasado 9 de marzo: “Me preocupa más que exista gente que crea que la chingada se va a llevar nada más a un pedazo del país y no a ellos. Me encantaría sentarme con la clase política y prenderles fuego para que hubiera voluntad histórica, no nada más voluntad de robar. A muchos de nosotros nos van a olvidar, pero a ellos, las chingaderas que hacen, los va a recordar la historia”.
También en marzo último el escritor Fernando del Paso, homenajeado en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2015, señalaba: “¿A qué horas, cuándo permitimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia?”.
Y el director de cine Alejandro González Iñárritu dijo en entrevista con el diario italiano La Repubblica: “Los gobiernos ya no son parte de la corrupción. El Estado es la corrupción. El nivel de insatisfacción, injusticia, corrupción e impunidad ha llegado a niveles insoportables. No tengo las respuestas, pero sí creo que tengo los mismos deseos. Ruego por tener el gobierno que nos merecemos los mexicanos”.
En la Convención Nacional Bancaria de este año, la Asociación de Bancos de México lanzó duras críticas al gobierno por la falta de solución a problemas como la violencia, la corrupción y la impunidad.
Y en la más reciente ceremonia de presentación de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, de la revista Time, el periodista Jorge Ramos, mexicano galardonado, afirmó:
“Un grupo de periodistas mexicanos han denunciado casos de corrupción en los niveles más altos de gobierno. Funcionarios de México compraron casas a contratistas del gobierno, y después de eso, esos contratistas obtuvieron millones de dólares del gobierno. ¿Adivinen lo que pasó? Los funcionarios no renunciaron y los periodistas que denunciaron la corrupción fueron despedidos.”
Cleptocracia sistémica
La corrupción tiene muchas facetas. Está, lo sabemos, en la contratación de obra pública, por el contubernio entre empresas y servidores; en las fallas de la Línea 12 del Metro y en las construcciones ilegales solapadas por el Gobierno del Distrito Federal; en la adquisición de bienes y servicios (con el subsecuente pago de comisiones); en el desvío de recursos para comprar votos, y en los partidos políticos que se enriquecen, trampean sus contabilidades para ocultar sus malos manejos y se niegan a ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También se muestra en los líderes políticos que manejan redes de prostitución; en gobernadores y alcaldes que desvían recursos públicos para enriquecerse; en líderes sindicales que hacen mal uso de los recursos de sus agremiados; en legisladores que cobran cuotas por apoyos presupuestales; en policías, ministerios públicos, jueces y magistrados que venden la justicia al mejor postor; en fracciones parlamentarias que no son transparentes y usan discrecionalmente los recursos públicos; en auditorías fiscales falseadas para disminuir el pago de impuestos, y en la fuga de grandes capos del narcotráfico de penales de alta seguridad.
Siempre que una sociedad tolera las ilegalidades de sus gobiernos, las consecuencias son desastrosas. La legitimidad de un Estado proviene no sólo de aplicar la ley, sino de cumplirla.
En el México actual la corrupción está a la vista, y aun así la impunidad es la constante. Nos hemos convertido en una sociedad sin sanciones, en una República de la Impunidad. La ética política y la moral pública deben ser una premisa cotidiana en la actuación de los actores políticos.
Las reformas aprobadas este sexenio por el Congreso en materia de educación, impuestos, telecomunicaciones, competencia económica, transparencia, derecho a la información, deuda pública, procuración de justicia, amparo, petróleo y electricidad, electoral y de combate a la corrupción, han sido un gran paso en el camino correcto, siempre y cuando se mantenga como valor supremo el interés general de la nación y procurando que aquéllas no se descarrilen en las leyes secundarias y reglamentarias, pues no en vano afirmaba el senador romano Tácito: “Entre más corrupto el Estado, mayor el número de leyes”.
Sin valores ni principios
En tanto no diagnostiquemos correctamente el problema de la corrupción, no será posible resolverlo.
El problema es multifactorial. Se deriva de la mala calidad educativa; de la pérdida de valores y principios; del exceso de tramitología en servicios públicos; de leyes, normas y reglas poco claras; de discrecionalidad y arbitrariedad excesivas; de diseños institucionales inadecuados; de la impunidad; de carencia de un sistema integral de control y vigilancia; de contralores internos y auditores externos complacientes, y de la inobservancia de las mejores prácticas.
El pasado 28 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La reforma cuenta con los siguientes aspectos positivos: tiene una visión integral y el apoyo de los partidos políticos; no desaparece y fortalece a la Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable del control interno; permite una fiscalización más oportuna de la ASF; se crean la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y se le da participación a la sociedad civil, aunque ésta es todavía insuficiente.
Pero también tiene aspectos negativos: le quita a la ASF la facultad de sanción económica resarcitoria, en lugar de que tanto ésta como la SFP, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenten con esta facultad e integren un frente más amplio que sancione la corrupción.
Además, la presentación de informes individuales de las auditorías de la ASF, mil 500 al año, hará que ésta comparezca constantemente ante la Cámara de Diputados, lo cual afectará su labor sustantiva. Replicar el SNA en las 32 entidades federativas tendrá enormes costos para el erario (se estiman presupuestos anuales de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos). Y carece de más representantes de la sociedad civil, necesarios para fortalecer el combate a la corrupción y a la impunidad.
Para aspirar a que cualquier iniciativa tenga éxito en el futuro, se requiere adoptar las siguientes políticas públicas: tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad; sancionar todos los delitos; vigilar a los sancionadores; control interno preventivo; análisis de riesgos; auditorías forenses; fortalecer el control externo (en 14 años la ASF ha recuperado para el patrimonio público recursos por 95 mil millones de pesos); dar facultades de atracción sobre sanciones administrativas, en casos importantes, a la ASF…
Adicionalmente, se necesita disminuir la discrecionalidad de los servidores públicos, que siempre termina en arbitrariedad; reducir a su mínima expresión los incentivos perversos de la corrupción; exhibir públicamente a los corruptos en sistemas de información permanentes del servicio público y de observatorios ciudadanos; eliminar las adjudicaciones directas en adquisiciones y obras públicas; hacer públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y sobre conflicto de intereses de los servidores públicos; crear sistemas de monitoreo autónomos; reintegrar a la Tesorería de la Federación todos los subejercicios presupuestales; sujetar a fiscalización de la ASF a los partidos políticos; terminar con el fuero constitucional de todos los servidores públicos, y hacer que los cargos de elección popular sean cumplidos hasta el final del mandato.
Algunos partidos de oposición calificaron de limitada la Ley Anticorrupción, pues quedaron fuera temas como la posibilidad de sancionar al presidente por actos de corrupción; quitar el fuero a todos los funcionarios; hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses; establecer un sistema sancionatorio; responsabilizar a personas morales (empresas); eliminar el reparto discrecional del presupuesto; poner topes y candados al gasto en Comunicación Social; instituir esquemas más amplios de participación ciudadana; sancionar la corrupción en el Poder Judicial; devolver facultades a la SFP; crear esquemas de prevención en materia de corrupción, y desarrollar inteligencia financiera.
Como se puede observar, estamos muy lejos de un Estado con los instrumentos necesarios para combatir la enorme corrupción e impunidad que tanto afectan a la mayoría de los mexicanos. La pérdida de confianza en el gobierno es altamente preocupante.
El Evangelio de Confucio contiene el siguiente pasaje:
“Un discípulo preguntó a Confucio: ‘Maestro, ¿cuáles son los elementos de un buen gobierno?’ El maestro contestó: ‘Los elementos de un buen gobierno son tres: el ejército, la comida y la confianza’. El discípulo preguntó nuevamente: ‘Maestro, si tuvieras que sacrificar alguno de ellos ¿de cuál prescindirías?’ Confucio contestó: ‘Del ejército y de la comida, porque has de saber que sin la confianza del pueblo, ningún gobierno puede subsistir’.”
En resumen, México debe deslindar la política de los negocios. Que la política sirva al interés general y los negocios sirvan al dinero. l
*Titular de la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2002-2009.
