Pese a tener todo el poder político y policiaco, el Estado mexicano no atina a combatir eficazmente al crimen organizado. Con una larga historia de control sobre la delincuencia –que ejerció la ya desaparecida Dirección Federal de Seguridad–, las actuales autoridades han sido incapaces de aplicar la ley. Si bien ya nadie quiere el regreso de los mecanismos policiacos, autoritarios –dice el especialista Luis Astorga–, se hace indispensable la creación de “instituciones a la altura de los retos de seguridad que tenemos”; de lo contrario, “las Fuerzas Armadas seguirán en las calles”.
En su regreso a la Presidencia, el PRI no ha logrado consolidar la democracia en México ni crear instituciones funcionales para aplicar la ley contra la delincuencia organizada, pese a sus “intenciones de volver a los controles (políticos y policiales) que funcionaron en el pasado”.
Para el sociólogo Luis Astorga, quien hace el anterior planteamiento, “las organizaciones criminales han puesto a la clase política frente a tres alternativas: subordinarse a sus intereses, ser socios en igualdad de condiciones y beneficiarse mutuamente o hacer causa común entre partidos en posiciones de gobierno para aplicarles la ley”.
En entrevista con Proceso, Astorga, quien es profesor-investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los principales especialistas en temas de seguridad y delincuencia organizada, analiza la actual emergencia de criminalidad en el país y subraya la ineficacia del gobierno federal ante el fenómeno pese a que éste detenta una “mayoría de posiciones de poder” en las estructuras de Estado.
Y agrega: “O se crean instituciones policiales a la altura de los retos de seguridad que tenemos –y evidentemente no es el único aspecto a tomar en cuenta– o las fuerzas armadas seguirán en las calles”.
Desde la Revolución
Autor de libros clave para comprender la sociopolítica de la criminalidad en México –Mitología del “traficante” (1995), El siglo de las drogas (1996) y Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra (2007), entre otros–, Astorga rompe con las formas más frecuentes con las cuales se ha entendido el auge de lo que en México llamamos “narco”.
Explica: “El tráfico de drogas ilegales nació subordinado a la política desde los tiempos de la Revolución Mexicana y así continuó en el Estado posrevolucionario. Los traficantes fueron simultáneamente contenidos, extorsionados, controlados, combatidos en caso necesario y protegidos por el aparato político y de seguridad del Esta”, señala.
Y anota en su nuevo libro, “¿Qué querían que hiciera?” Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón (2015): “En el gran campo del poder, los traficantes dominaban en su propio campo pero estaban en posición de dominados frente al poder político”.
Según Astorga, el Estado se impuso ante los grupos criminales desde la década de 1940 por medio de un “aparato político-policiaco” que fue desmantelado con la desaparición de la represiva Dirección Federal de Seguridad en 1985 y como resultado de la profunda reconfiguración de la clase política a la par de la diversificación del mercado de drogas a escala mundial.
Estas condiciones causaron en las últimas tres décadas “un cambio en la relación de subordinación y los traficantes empezaron a adquirir una mayor autonomía respecto del poder político.
“Al debilitarse el Estado y sus mecanismos de control, las organizaciones criminales entraron en un proceso de lucha violenta por la hegemonía en el campo criminal. Hubo reconfiguración de los dos campos, las relaciones entre ambos se modificaron”, dice. “Pasaron de la subordinación histórica en la que los traficantes tenían tres opciones si no aceptaban las reglas del juego del sistema autoritario –salir del negocio, ir a la cárcel o morir–, a los intentos de realizar cambios cualitativos en la correlación de fuerzas”.
Responsabilidad compartida
Es importante comprender, apunta, que el proceso de desmantelamiento de los controles políticos y policiales que mantuvieron a las organizaciones criminales subordinadas al Estado mexicano fueron el resultado de un proceso iniciado 15 años antes de la llegada del PAN al poder, en 2000.
“Y más que un desafío a un gobierno en particular, la delincuencia organizada –particularmente las poderosas organizaciones de traficantes y las de tipo mafioso-paramilitar– se fue convirtiendo en una amenaza al fragmentado y débil Estado mexicano y a la sociedad”.
Su libro “¿Qué querían que hiciera?” –título tomado de una declaración con la que Calderón intentó justificar su agenda– trata de explicar cómo la supuesta “guerra” contra el narcotráfico emprendida por el gobierno calderonista, fue respaldada públicamente por gobernadores, ONG, intelectuales y múltiples actores de la sociedad civil.
Aunque sin duda le atañe a Calderón “una responsabilidad política por una decisión que sólo el presidente puede tomar, debido a sus facultades y obligaciones”, para Astorga no es posible atribuir al poder presidencial todo lo ocurrido durante ese sexenio.
“¿Los gobernadores de distintos partidos no tuvieron ninguna responsabilidad en la situación de inseguridad en sus estados, por la solicitud de intervención de las fuerzas federales, o por los homicidios en sus entidades? ¿La decisión presidencial lo hace responsable (a Calderón) de todos los homicidios dolosos, desde el primer decapitado, desollado, diluido en ácido, desmembrado y destrozado a balazos, hasta el último? Esas y muchas otras preguntas habría que hacer y responder para evitar la sobresimplificación de un drama nacional que continúa”.
Del mismo modo, mientras con frecuencia se acusa a los gobernantes de actuar en total complicidad con los delincuentes, Astorga afirma que debe definirse con mayor cuidado al Estado y a los distintos actores de la clase política.
“Hay quienes gobiernan y no son corruptos y otros que sí lo son. Hay quienes quieren y tratan de aplicar la ley y otros que no. Hay quienes respetan la ley y los que no. Hay grupos políticos, policiales, empresariales y otros de la sociedad civil que están coludidos con grupos criminales y otros de todos esos campos que no”, dice. “¿Cómo medir eso con un mayor grado de certeza? Teniendo un mejor sistema homogeneizado en el país de recopilación de datos estadísticos con categorías claras de lo que se quiere medir. No politizando la tragedia humanitaria”.
Al recordar las numerosas críticas que recibió el poeta Javier Sicilia, entonces líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, al reunirse con el presidente Calderón para discutir la problemática estrategia antidroga del gobierno federal, Astorga matiza:
“Sicilia entendió el principio de la corresponsabilidad política, fue de los pocos críticos que señaló claramente que también las organizaciones criminales tenían una gran responsabilidad, y que la solución no podía venir sólo del gobierno federal sino de una participación social más amplia”.
Sin embargo, observa, el juicio final sobre la responsabilidad de Calderón está aún por llegar: “Para la parte de la sociedad civil que no reconoció el resultado oficial de las elecciones Calderón nunca será un interlocutor legítimo, para el resto sí. La Corte Penal Internacional de La Haya decidirá si está suficientemente sustentada la denuncia para dar su fallo”.
La tentación del autoritarismo
Astorga ha señalado consistentemente que no es posible pensar por separado los campos de la política y la delincuencia organizada. La exigencia para los estudiosos del fenómeno radica entonces, explica, en analizar “qué tipo de correlación de fuerzas se establece entre ellos en diferentes partes del país”.
Con la presidencia de Enrique Peña Nieto, continúa, el gobierno federal ha intentado reconstituir la dominación que durante décadas ejerció el gobierno sobre los grupos criminales en México.
“El regreso del PRI a la Presidencia se ha caracterizado por una tendencia hacia la centralización y el control de atribuciones en asuntos de seguridad y de información en la Secretaría de Gobernación”, explica.
“El éxito relativo que ha tenido el gobierno federal en detener y ‘abatir’ a líderes importantes de organizaciones criminales, ha mostrado sus límites en la situación que prevalece en estados como Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, por ejemplo. En la continuidad de altos niveles de violencia homicida, retos constantes de organizaciones criminales, desplazamientos y desapariciones forzadas, abusos de poder de las fuerzas de seguridad, denuncias de violaciones a los derechos humanos, etc. También en la reciente fuga de Joaquín Guzmán”.
Así, la Presidencia de Peña Nieto tiene la misma asignatura pendiente que emergió en México durante los gobiernos del PRI.
El Estado “no logra consolidar la democracia y construir instituciones funcionales que puedan aplicar la ley a la delincuencia (…) y predicar con el ejemplo de respeto a la ley en asuntos de corrupción, impunidad y derechos humanos. La sociedad civil, insuficientemente organizada, tampoco ha servido de contrapeso para corregir el rumbo”.
En ese sentido, dice Astorga, es importante evitar concebir el regreso de los controles estatales que en su momento subordinaron a los grupos criminales en México: “No es deseable un Estado policial, que sería esencialmente autoritario. Y en la democracia inmadura que tenemos, o se crean instituciones policiales a la altura de los retos de seguridad que tenemos, y evidentemente no es el único aspecto a tomar en cuenta, o las fuerzas armadas seguirán en las calles”.
El mito
Ante una gran proliferación de investigaciones periodísticas y académicas sobre la supuesta emergencia de los cárteles del narcotráfico, Astorga advierte sobre los riesgos de elevar a un grado de mitología el desafío que implica el crimen organizado para el Estado y la sociedad.
Así lo anota en la conclusión de ¿Qué querían que hiciera?”:
“No existe, ni ha existido, un modelo único, universal, trasplantable a todo lugar y experiencia histórica particular, que pueda ser capturado de manera simbólica con una etiqueta mágica y adictiva, como la de ‘cártel’, especie de camisa de fuerza epistemológica, que subsumiría todas las modalidades posibles de organización criminal y les daría la ilusión, y la tranquilidad de espíritu, a quienes la utilizan, sin mayor reflexión, de haber definido de manera adecuada y entendido el fenómeno que pretenden describir y explicar.
“El prefijo ‘narco’ opera de la misma manera mágica y adictiva en el lenguaje cotidiano: basta usarlo con cualquier palabra para imaginar que se comprende lo que se dice, sin investigación alguna.”
De ese modo, y pese a las decenas de miles de homicidios y desapariciones forzadas que dejó como saldo la supuesta “guerra” contra el narcotráfico ordenada por Calderón, y aun ante la fuga de Joaquín, El Chapo, Guzmán, Astorga llama a no exagerar el poder de las organizaciones criminales en México. “Si bien el peso económico de las organizaciones dedicadas en mayor medida al tráfico de drogas puede influir en un determinado momento y bajo ciertas circunstancias en el campo político, ese tipo de organizaciones no le disputan a la clase política la dirección del Estado.
“Por lo menos en México no hay evidencia en ese sentido, aunque no faltará quien sostenga, sólo con su palabra e imaginación, y apoyado en los medios que le hagan eco, que algún traficante convertido en mito le da o dio órdenes al presidente, que los traficantes dominan de facto el Estado o que la economía mexicana se colapsaría sin el dinero de las drogas ilegales.”
