La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán tiene su origen en el “pacto de impunidad política” sellado por los gobiernos de filiación panista y priista. Esta es la opinión del experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional Edgardo Buscaglia.
Explica: sólo una alianza le permitió al capo mantener su poder económico y social mientras estuvo encarcelado y es probable que su fuga haya sido por omisión o negligencia del presidente Enrique Peña Nieto.
Investigador principal de la Universidad de Columbia en Nueva York, Buscaglia insiste: “No tienes que ser el autor intelectual para ser parte del pacto de impunidad. Uno a veces puede ser parte del pacto de impunidad siendo un idiota útil”.
El Chapo supo tejer una red de complicidades con políticos y empresarios, incluso se alió con sus enemigos, lo cual le permitió extender su territorio y afianzar su liderazgo, aun después de sus 17 meses de prisión, expone el entrevistado.
De ahí que su fuga sea “un golpe mortal para la credibilidad de Peña Nieto en el extranjero; eso afectará su política de fomento a los negocios. Si no puede mantener en prisión al capo que simboliza el crimen organizado, menos podrá implementar una política energética”, comenta.
En el interior, pinta un futuro cruel, pues es factible que el Cártel de Sinaloa “consolide su capacidad para controlar al sistema político mexicano”.
El Chapo, expone, “tiene un poder para generar un mecanismo por el cual el directorio de la red Sinaloa consolide su capacidad de controlar el sistema político mexicano para que no se extradite a sus miembros, para que no se afecten sus ganancias, para que se aprueben o manden al cajón leyes que les beneficien.
“Un gran dominio de la política para que no surjan instrumentos jurídicos que lo amenacen y sí en cambio que pueda lavar sus recursos a través de licitaciones públicas, infraestructura pública.”
O la infiltración total: “que a través de diversos mecanismos pueda comprar deuda con dinero sucio para después lavarlo vendiendo los bonos del gobierno. Este tipo de mecanismos los puede lograr si controla el sistema político con más facilidad”.
No es política ficción
Edgardo Buscaglia es uno de los investigadores más activos en su especialidad. Lo mismo se desplaza a Afganistán que a Argentina en busca de las rutas del narcotráfico utilizadas por El Chapo, quien desde 2009 instaló laboratorios para procesar droga sintética en la zona de El Chaco.
Es probable, dice, que tras su aprehensión en febrero de 2014, el capo sinaloense haya buscado una “negociación procesal” o “pacto judicial” que todos los países establecen como mecanismo para obtener información a cambio de beneficios para los delincuentes, como la protección familiar.
Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, Buscaglia considera que en cualquier país con una gobernabilidad mediana, la detención del Chapo “habría puesto a la mitad de la clase política en jaque; cientos de empresarios hubieran sido procesados, habría cientos de auditorías tributarias derivadas de la información que hubiese brindado. Pero en México hay una parálisis judicial amparada por un pacto de impunidad política”. Eso explica, insiste, por qué se escapó.
Las autoridades no le impusieron ninguna causa penal al Chapo y sus socios políticos ni a sus activos patrimoniales a pesar de que, en 2008, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Estados Unidos enlistó a un centenar de empresas fachada para lavar dinero.
De ellas, 48 empresas estaban ligadas al cártel de los Arellano Félix; 34 al Cártel de Juárez, y 25 a Ismael El Mayo Zambada, del cartel de Sinaloa. Entre estas últimas incluyó a Jamaro Construcciones, Establo Puerto Rico, Estancia Infantil Niño Feliz, Multiservicios Jeviz y Nueva Industria Ganadera de Culiacán, entre otras.
Y el 17 de febrero último, derivado de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros en el Narcotráfico de Estados Unidos (Kingpin Act), se estableció que la firma Andamios Dalmine de México, con 13 sucursales en la Ciudad de México, Cuernavaca, Tijuana, Culiacán y Mazatlán, pertenece a Francisco Javier Gastélum Serrano, identificado como uno de los principales proveedores de cocaína dentro del Cártel de Sinaloa.
El jueves 16, cuando se le preguntó qué información recibía el presidente Peña Nieto sobre el reo de la celda número 20, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió: “que se estaba haciendo la vigilancia correspondiente. Siempre se vio que frente al monitor estuviera un guardia sólo para vigilar a este delincuente…”
Peña Nieto debió haber sabido que hay gente con nombre, apellido o denominación empresarial ya identificada que formaba parte de esa red de complicidades.
“Esto no es política ficción. El presidente Peña Nieto puede entender eso, no necesita ser un experto. Por omisión o negligencia, el presidente forma parte del pacto de impunidad.”
Buscaglia insiste que el presidente “debe pedirle la renuncia inmediata no sólo al personal operativo de las prisiones, sino a los responsables políticos y el principal responsable político es Osorio Chong, además del comisionado Monte Alejandro Rubido García”.
Un gobierno débil
En cualquier país, acusa Buscaglia, una fuga como la del Chapo –el quinto a nivel internacional–, hubiera causado la renuncia del gobierno. Y reitera: “El presidente debió pedir la renuncia a todo su equipo de seguridad”.
Al no hacerlo, expuso la debilidad de su administración. Hoy, en el extranjero ven a México con un gobierno a la deriva en materia de seguridad y otros temas.
Peña Nieto no pidió la renuncia a sus colaboradores porque “esta encapsulado por un grupo de poder que en algunos casos le han puesto a sus secretarios. El presidente está muy débil. Y mientras más débil se siente, menos quiere cambiar a su gabinete”.
Con respecto a la fuga del Chapo Buscaglia esboza varios escenarios. En primer término, dice, “la metodología que vino aplicando en Morelos, Chihuahua y Baja California para consolidar sus territorios y lograr alianzas tácticas con otros grupos criminales que antes eran enemigos, le permitieron a la organización de Sinaloa consolidarse en esas entidades. Eso hizo que bajara la tasa de homicidios”.
En otras palabras, la estrategia del Chapo fue aliarse con sus enemigos en lugar de enfrentarse a ellos. “Hoy –dice– la delincuencia organizada en México es más poderosa que en el sexenio de Felipe Calderón”.
Y advierte: el líder del Cártel de Sinaloa intenta ampliar sus logros al ámbito nacional e internacional. Sabe tejer sus redes. Su capacidad creativa para las alianzas y para diversificar sus mercados más allá de las drogas, es increíble. Nunca hay que subestimar a gentes como él.
Una segunda implicación es que el capo buscará generar “un mecanismo por el cual el directorio de la red Sinaloa consolide su capacidad de controlar al sistema político mexicano para lograr sus fines.
Una tercera: su fuga revela su intención de “transformarse en un grupo criminal del primer mundo, similar a la mafia Yakuza de Japón”.
Según Buscaglia, esa organización es la número uno en el mundo, seguida de la mafia rusa, y las italianas ‘Ndrangheta y Camorra, que ocupan el tercero y cuarto lugar; el quinto es el Cártel de Sinaloa.
“Está tratando de ascender sabiendo que el futuro de la organización, si quiere crecer y ser más exitosa, es la cooperación entre redes criminales y no la competencia. Cuando ellos compiten bélicamente pierden mucho dinero. Saben que el futuro de toda delincuencia organizada y transnacional son las alianzas y no el conflicto armado”, dice.
La Yakuza recurre a la llamada “pax mafiosa”, un acuerdo “con la clase política y alianzas tácticas con redes criminales adversarias. Y eso pretende el Cártel de Sinaloa, si se observa lo que la organización del Chapo hizo en Guatemala, El Salvador, Honduras y Argentina. Los artífices de los pactos en esos países son El Chapo y El Mayo Zambada, comenta Buscaglia.
Y sintetiza: en febrero de 2014, cuando detuvieron al Chapo, el directorio de Sinaloa reflejó la alianza con El Mayo y los hijos de Guzmán Loera, pues ambos continuaron operando dentro de la organización y la situación se estabilizó. El grupo de Los Ántrax, las Fuerzas Especiales Dámaso y muchos otros que forman parte de esa red, “operan como franquicias o gerentes operativos. Siempre en alianza para ser un grupo criminal de primer mundo”.
