MÉXICO, D.F. (Proceso).- El gran “proyecto presidencial” creado para mantener “la gobernabilidad” en zonas rurales y periurbanas y garantizar el destino de la producción agrícola, el tránsito de mercancías y el paso de inmigrantes, la División de Gendarmería, ha resultado millonariamente caro y peligroso, aunque por “seguridad nacional” su costo se mantiene “bajo reserva”.
Formada por cinco mil jóvenes de entre 18 y 25 años, la Gendarmería terminó siendo un cuerpo de seguridad “errante”. Dentro de su estrategia, el gobierno de Enrique Peña Nieto le concesionó a una empresa –con experiencia en el armado de aulas prefabricadas para primarias y jardines de niños– la construcción de “6 cuarteles móviles”. Un trabajo considerado de “seguridad nacional”.
Según el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C108/2014, fechado el 14 de noviembre de 2014, la Policía Federal (PF) firmó con la empresa Desarrolladora M, S. A. de C. V. el acuerdo para que “proporcione la adquisición de 6 cuarteles móviles para la Nueva División Gendarmería”, por 535 millones 54 mil 883.97 pesos.
El instrumento legal cuenta con la leyenda de “reservado” y para ello se acoge a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 13, fracciones I y V, y 14, fracción I, según los cuales la información es “reservada y confidencial” cuando pueda “comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” o “pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesarles en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en circulación.
