TIJUANA, BC.- “Ser propietario aquí es sólo el principio”, se ufanaba, espectacular, un letrero que mostraba la sonrisa del entonces exitoso empresario estadunidense Donald Trump, en la zona conocida como Punta Bandera, ubicada en el kilómetro 17 de la Autopista Escénica, a la altura de Playas de Rosarito.
El anuncio era parte de la promoción del Trump Ocean Resort, en México, que construiría en asociación con la inmobiliaria Irongate, de Los Ángeles, California. Este desarrollo de lujo contaría con 500 condominios, con dimensiones desde 60 hasta 400 metros cuadrados, repartidos en tres torres con vista al mar, piscina, gimnasio y centro de negocios. Aún más, el cartel festejaba que 80% de la primera fase se había vendido en un solo día, por lo que ya estaba disponible la segunda etapa.
Irongate presentó la propuesta inmobiliaria como La Mirada, pero no causó interés entre los compradores hasta que la vinculó con el nombre de Donald Trump, usado como marca.
Decenas de compañías y empresarios inmobiliarios promovieron el proyecto. Organizaron una conferencia de prensa el 23 de octubre de 2006 en el terreno donde se erigirían las torres que representarían el “Boom de la Baja”. Entre los impulsores se encontraban Héctor Bustamante (Credimex/Century 2 Aries) y Sergio Arturo González (My Baja Property).
Esa mañana, Marie Lauree Frere, encargada de ventas del complejo, presentó una maqueta de lo que calificó como un proyecto “espectacular”, por su “innovador concepto de condo-hotel”. Dijo que la comunidad local disfrutaría de las “bondades del proyecto¨ y advirtió que “mucha de la inversión que se va al extranjero dejará de hacerlo, porque ya existe en la Baja un desarrollo de lujo con diseños que compiten a nivel mundial”.
También anunció que se organizaría un coctel, en el que Brendan Mann, director de ventas de Trump Baja, daría la plática “Baby boomers y su impacto en el mercado inmobiliario”. Habría también otra charla, denominada “Por qué invierte Donald Trump en la costa de Baja California”.
La publicidad para la venta de los condominios, cuya inversión inicial sería de 200 millones de dólares, arrancó el primer viernes de diciembre de 2006, en un hotel californiano desde donde se apreciaba la bahía de San Diego.
Inquietos y seducidos por Trump, los inversionistas decidieron apartar espacios con una panorámica exclusiva al Pacífico Mexicano, casi frente a las Islas Coronado, desde donde también se observa, al norte, la lengüeta de tierra de Coronado, California, allende la frontera.
Esa tarde, la empresa obtuvo 122 millones de dólares al vender cerca de 150 condominios. Sólo quedaron disponibles 40 departamentos de la primera torre, cuyos precios oscilaban entre los 300 mil y un millón de dólares, dependiendo de su ubicación en las torres de 20 niveles.
Durante dos años, el complejo habitacional contó con un módulo de venta. Empezó a edificarse el estacionamiento, se hicieron excavaciones para cimientos, la instalación de drenaje. La sonrisa de Trump parecía más fuerte que la recesión económica mundial, el despeñadero inmobiliario en Estados Unidos y los estragos de la guerra antinarco del presidente Felipe Calderón.
Pero todo eso estaba ocurriendo. En Baja California, los cárteles de Sinaloa y de Tijuana libraban su propia batalla por el control de la plaza –que se extendió hasta 2010 y dejó miles de ejecutados durante el gobierno estatal de José Guadalupe Osuna Millán (PAN).
La realidad terminó imponiéndose a los planes del potentado, y atrás quedó la promesa de los desarrolladores estadunidenses de iniciar la construcción de la primera torre en marzo de 2007 y concluirla en noviembre de 2008.
En febrero de 2009, de hecho, Irongate dio a conocer la cancelación del proyecto y advirtió que no se encontraba en condiciones de regresar el dinero a los inversionistas. Por esto, 190 compradores –la mayoría estadunidenses aunque también había mexicanos– se organizaron para presentar una demanda colectiva por 32 millones de dólares y, al final, tras un largo juicio, obtuvieron en Los Ángeles una sentencia judicial favorable, que ordenaba regresarles 7 millones 250 mil dólares.
Ante la demanda, el 18 de marzo de 2009 el gobierno de Baja California y empresarios de Tijuana se deslindaron del fraude millonario y solicitaron que dejara de usarse el nombre de esta ciudad fronteriza como referente, debido a que el impacto negativo de la transacción comercial la ubicaba como un lugar propicio para cometer fraudes.
El entonces secretario de Turismo, Óscar Escobedo, instó a Trump a defender su prestigio y dar la cara a quienes entablaron el proceso judicial.
El desarrollador Héctor Bustamante dijo que la demanda en tribunales estadunidenses afectó, en México, a la empresa PB Impulsores, representante de Irongate, y reconoció haber participado en la promoción de Trump Ocean Resort. Por esto, apuntó, estaría en posibilidad de asesorar a los inversionistas afectados, pese a no tener responsabilidad en las irregularidades.
En marzo de 2009 se instaló en Tijuana un módulo de atención para atender a quienes aportaron adelantos. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmobiliarias de Tijuana, Alfredo de la Lama, sostuvo que el silencio de los representantes de la compañía desarrolladora “sólo puede interpretarse como un fraude”.
El terreno fue adquirido a mediados de 2006, sin considerar la prohibición constitucional de que extranjeros adquieran propiedades en las áreas que estén a menos de 100 kilómetros de la frontera, ni a 50 kilómetros de las costas. La obra negra quedó a sólo 17 kilómetros al sur de Estados Unidos y a orillas del mar.
El proyecto inmobiliario se quedó sólo en el principio.
