En sólo dos semanas, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República lograron enredar el caso del homicidio del delegado del ISSSTE Javier Galván. Así, mientras las autoridades federales se muestran dubitativas, las estatales se apresuraron a detener y consignar a seis presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero sólo complicaron las cosas, pues presumiblemente les arrancaron la confesión mediante tortura.
Pese a la captura y consignación de seis personas presuntamente implicadas en el homicidio de Javier Galván Guerrero, delegado del ISSSTE Jalisco, las contradicciones y manoseo del caso enredan a las autoridades estatales y a la Procuraduría General de la República (PGR), que decidió atraer las investigaciones.
La primera versión sobre el “lío de faldas”, que presuntamente esgrimieron personas ligadas al PRI y al gobierno de Jalisco, sólo duró algunas horas. Luego, las mismas autoridades estatales dijeron que Galván Guerrero estaba implicado en un pleito por la finca donde vivía, valuada en más de 8 millones de pesos.
Pero esa versión también se vino abajo y comenzó a hablarse de que el delegado del ISSSTE estaba metido en un conflicto por decenas de hectáreas que le reclamaban personas ligadas al crimen organizado. Sobre este asunto las autoridades no han dicho nada.
El 25 de junio, el gobierno estatal filtró a los medios la versión de que hay dos detenidos por el homicidio del exalcalde de Autlán. Ambos cayeron en un operativo realizado por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) cerca del expenal de Oblatos, en el oriente de Guadalajara.
Al día siguiente, reporteros de la fuente policiaca se enteraron de que los presuntos homicidas del funcionario autlense en realidad eran seis, que formaban una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y habían recibido 180 mil pesos por ultimar a Galván.
Uno de los involucrados es José Domingo Millán Cordero, de 31 años y agente municipal de Guadalajara, quien, según la versión del gobierno estatal, admitió haber disparado contra Galván Guerrero en varias ocasiones en la calle Joaquín Angulo, entre Ontario y Avenida López Mateos.
No obstante, los familiares de Millán Cordero aseguran que esa confesión le fue arrancada por elementos de la Fuerza Única Metropolitana (FUM) bajo tortura, versión que acreditó posteriormente la PGR. Además, aclararon que él y los otros presuntos integrantes del CJNG fueron aprehendidos en un lugar diferente al que dio a conocer la FGE.
Los familiares de los detenidos presentaron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Y aunque fue rechazada en primera instancia, fue admitida el 26 de junio y quedó registrada en el expediente 3704 en la Primera Visitaduría.
Las contradicciones
De acuerdo con la versión de la FGE, los presuntos sicarios admitieron que la mañana del 19 de junio esperaron a bordo de varios autos a que Galván saliera de un gimnasio y abordara su camioneta. Acorralaron su vehículo, Millán Cordero bajó de una de las unidades y disparó contra él en la confluencia de las calles mencionadas.
Su captura se realizó el 24 en la zona de Oblatos y en el operativo también fueron aprehendidos Víctor Antonio Domínguez Millán Herrera, de 18 años y sobrino de Millán Cordero, además de Jorge Adrián Estrada, de 28.
Las balas entraron por la ventana trasera izquierda y al menos cuatro de los siete tiros impactaron el cuerpo de Galván, informó el fiscal central Rafael Castellanos el mismo 19 de junio por la tarde.
Sin embargo, el Ministerio Público federal no consignó a los detenidos por homicidio ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, sino por portación de armas prohibidas y posesión de droga.
Los afectados aseguran que fueron violados sus derechos humanos y torturados por los agentes de la FGE, quienes los obligaron a declararse culpables. El 26 de junio, dos días después de la detención de los presuntos implicados en la ejecución de Galván, la PGR manifestó sus reservas sobre la veracidad de los testimonios de los presuntos culpables.
Y comenzaron a salir las contradicciones.
Según la FGE, Millán Cordero declaró que él y los otros cinco implicados presuntamente recibieron 180 mil pesos por ejecutar a Galván, aunque omitió los demás nombres. También indicó que los seis fueron capturados por agentes de la FUM cuando viajaban en tres vehículos por Avenida Circunvalación, en la zona oriente de Guadalajara.
No obstante, vecinos de la calle Lomas Athos, de la colonia Lomas de Independencia, comentan a Proceso Jalisco que los detenidos fueron sacados de varias viviendas de esa zona; algunos aseguran incluso que los agentes de la FUM robaron objetos de las “fincas reventadas”.
Sin embargo, las autoridades estatales omitieron estos datos y se centraron en vincular a Millán Cordero y compañía, casi todos policías municipales, con el CJNG, y luego intentaron deslindarse.
El 19 de junio por la tarde, el secretario general de Gobierno, Roberto López, declaró que la administración estatal correría a cargo de la PGR. Poco después, el fiscal central Rafael Castellanos expuso que la principal línea de investigación era la de la presunta disputa por la casa de Luis Pérez Verdía número 20. Y se abocó a la investigación para evitar que las cosas se le complicaran al gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz.
Y el 26 de junio, el ómbudsman estatal Felipe de Jesús Álvarez Cibrián admitió la queja de los familiares de los detenidos sobre la tortura a la que fueron sometidos Millán Cordero y los presuntos coautores de la ejecución de Galván.
De comprobarse esa versión, es probable que las acusaciones se caigan, comentan a este semanario académicos e investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Para el penalista Felipe de Jesús Garibay Valle, el principal cargo –el homicidio– fue diluido por la parte acusadora al consignar a los presuntos responsables ante el un Juzgado de Distrito, pues la presunción de tortura podría echar por tierra los cargos que se les imputan.
“Para todo mundo es sabido que la confesión arrancada mediante la tortura resulta inválida –expone–. Pero primero debe demostrarse que hubo tortura; si no se demuestra, entonces la confesión tiene valor probatorio.”
Y agrega: “Leí en la prensa que los acusados habían sido consignados por los cargos de delincuencia organizada, pero no por homicidio. Al parecer no se alcanzó a demostrar esa relación causa-efecto (nexo causal), entre la conducta atribuible a esas personas y la muerte de Galván. No basta que una persona confiese, si se comprueba que hubo tortura, eso hace inválida la declaración.
“(…) Es altamente complicado demostrar que hubo un caso de tortura contra un detenido; complicado y casi imposible. Se hace a partir del conocimiento del efecto de los golpes en ciertas partes del cuerpo, donde se busca no dejar huellas.”
Piezas sueltas
Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la UdeG, considera lamentable que se apliquen métodos violatorios a los derechos humanos para obtener las confesiones de los detenidos.
Es de vital importancia el trabajo y la investigación que realizará la CEDHJ, toda vez que admitió la queja a los familiares de los inculpados.
“Hay un concepto o principio en el que se destaca la necesidad de apegar al debido proceso todo tipo de aprehensión y declaraciones de los supuestos inculpados en cualquier tipo de delito, y al no respetarse ese principio, se tambalea todo el procedimiento”, sostiene.
Por su parte, los integrantes del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo consideran que el trabajo de la CEDHJ también se debe de observar con cuidado ante la serie de dudas que se levantan en torno a la forma en que el ómbudsman Álvarez Cibrián busca minimizar los señalamientos contra las autoridades estatales.
Recuerda que mientras Amnistía Internacional admite que en los últimos años ha habido más de 600 quejas por presuntos actos de tortura, en Jalisco la estadística tiende a la baja desde la llegada de Álvarez Cibrián a la comisión, según declaraciones oficiales.
El primer visitador de la CEDHJ, Javier Perlasca Chávez, manifiesta que el área médica de esa institución ya trabaja en la integración del expediente para sustentar o descartar el dicho de los familiares en relación con la supuesta tortura para obtener las declaraciones de los detenidos.
Según el funcionario, se trata de seis quejas que ya fueron ratificadas por las familias de los inculpados, quienes “refirieron (por separado) que fueron sometidos a actos de tortura por parte de policías de la FUM”.
El penalista Garibay Valle asegura que los homicidas de Galván planearon el operativo para no fallar. Cuando son encargos de ese tipo, por lo general los sicarios contratados siguen a su víctima para estudiar sus movimientos. En el caso del funcionario autlense todo indica que lo tenían en la mira desde hace tiempo.
Cuenta: “Conocí a Javier y sé que cuando lo nombraron delegado del ISSSTE renunció a los escoltas. Entiendo que como ya no tenía una representatividad de alto peligro, dejó de traer escoltas. Eso lo deduzco por las dos o tres veces que lo saludé en instalaciones del ISSSTE”.
Comenta también que antes de la ejecución, él se enteró de que el funcionario tenía un presunto pleito con unos malandros por la posesión de un predio de decenas de hectáreas.
