Dentro de unos días la UNESCO determinará si esta obra única en el mundo, impulsada hace 450 años por el padre español Francisco Tembleque en el estado de Hidalgo, se convierte en Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por lo pronto, es centro de una disputa entre la asociación civil que demanda su protección de los particulares que le roban el agua para invernaderos, y la Dirección de Sitios y Monumentos de Conaculta, a la que se acusa de mala restauración. El gobierno no escucha, no responde, se lava las manos…
Zempoala, HGO.- Quizá pocos pongan en duda el valor histórico y arquitectónico del Acueducto del Padre Tembleque, construido entre 1554 y 1571, que en sus más de 48 kilómetros de longitud mantiene vivo el testimonio de la proeza que permitió llevar agua limpia a las poblaciones indígenas de los territorios que hoy conforman los estados de México e Hidalgo.
El historiador Manuel Toussaint lo calificó como la obra de arquitectura hidráulica colonial “más portentosa”. Y su colega Manuel Romero de Terreros hizo ver que en su sencillez radicaba justamente su belleza. Hoy se le considera ya el más importante sistema de abastecimiento de agua de América perteneciente al siglo XVI.
Fue construido por el fraile español Francisco de Tembleque con un mecanismo que combinó las técnicas y conocimientos hispanos (incluida la forma de los acueductos árabes y romanos) con los de Mesoamérica.
Por su prodigiosidad, esta obra monumental es uno de los sitios candidatos a inscribirse en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuyo Comité se reunirá del 28 de junio al 8 de julio en Bonn, Alemania.
Pero a poco tiempo de ser evaluada la candidatura del acueducto, saltan las discrepancias entre el Patronato Acueducto Tembleque A. C., fundado el 25 de octubre de 1996 por el párroco de Zempoala, Hidalgo, Ángel Cerda Córcoles, para recuperar de manera integral la función que dio origen al conjunto hidráulico, conservarlo y preservar también su entorno ambiental, y la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), encabezada por el arquitecto Raúl Delgado Lamas.
El Patronato es presidido, desde la muerte de Cerda, por la doctora Guillermina Acosta Barrera, e integrado, entre otros, por Jaime Escandón Gómez, el ingeniero Antonio Mateo Linaza, responsable de las obras de recuperación realizadas por esa asociación desde finales del siglo XX, el ingeniero Gil Navarro Padilla y el abogado Saúl Uribe.
Coinciden todos en que el acueducto, único y excepcional, es un portento de la ingeniería sin rival en Europa o las regiones árabes, pero hay discrepancia por la restauración realizada hace unos meses por Sitios y Monumentos con recursos del Fondo Embajadores de Estados Unidos, que asciende a 700,000 dólares.
La asociación civil señala también que particulares han dañado el monumento histórico, al romper los apantles originales hechos con barro cocido y unidos con argamasa de cal y arena, para literalmente “robar” el agua y usarla en el riego de un conjunto de invernaderos de vegetales hidropónicos, ubicados al pie del cerro del Tecajete, donde se encuentran también los manantiales que alimentan el Acueducto Tembleque.
En entrevista con Proceso, Uribe y el asesor externo del Patronato, Carlos González Gamio, expresan su molestia porque han hecho la denuncia ante el Conaculta, la Secretaría de Educación Pública y aun la Presidencia de la República, sin que se remedie la situación, que no sólo ha dañado al monumento de propiedad nacional sino también el paisaje que forma uno de los elementos por los cuales se hizo candidato a la Lista del Patrimonio Mundial.
Al respecto, González Gamio publicó en una columna del 11 de mayo pasado (https://www.oem.com.mx/oem/notas/n3801840.htm) al referirse a una visita realizada al sitio:
“La admiración a la belleza de la mayor Obra Social Hidráulica del Virreinato, quedó contrapuesta con que en la misma fuente proveedora del agua para Zempoala, Otumba y pueblos intermedios, manos criminales han roto la embocadura y el ducto de barro medieval para llevar el líquido a los apantles o conductos para consumar el robo de agua y con despojo de bienes de la Nación, desde las Leyes de Reforma de Juárez de 1857.”
Explicó que en la “zona de protección” del acueducto se hizo un aljibe de más de cuatro metros de profundidad utilizando maquinaria pesada, para regar 10 invernaderos y construir casas para sus trabajadores. Señaló que el agua del acueducto es para consumo humano y “no es compatible con el riego para invernaderos”, y advirtió que son “delitos flagrantes” por lo cual podría detenerse “en el mismo acto a quienes los cometen”, aunque el ayuntamiento de Zempoala “permanece ciego, sordo, mudo y manco”.
Círculo vicioso
Uribe entrega copias de las cartas enviadas a la Presidencia de la República, la SEP y el Conaculta, en las cuales han solicitado su intervención “con las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes para defender este Patrimonio nacional”. Muestra también las respuestas donde le ofrecen diálogo, cuando –dice– se está pidiendo investigar el daño al monumento y poner fin a esa situación con un procedimiento jurídico, para lo cual no necesitan “platicar” con él.
Explica que no le dan solución: El Conaculta turnó el asunto a Sitios y Monumentos y al Jurídico, cuyo titular, Luis Norberto Cacho Pérez, se “ostenta como apoderado” de Rafael Tovar. Decide entonces dirigirse a la Presidencia, que turna el asunto a la SEP y ésta a su vez al Conaculta, y ahí termina igualmente con respuestas de Delgado Lamas y de Cacho.
Con el oficio DGJ/DAJPL/SCSA/4612/2015, éste respondió a Uribe que la “Dirección General Jurídica no cuenta con las facultades de suspender y sancionar, ni mucho menos investigar, los hechos ilícitos que se cometen en perjuicio de persona física o moral alguna, ya que para ello existe una autoridad expresamente facultada para investigar y perseguir los hechos que pudieran constituir delitos, motivo por el cual no es posible atender su petición”.
Tras comentar que Tovar no puede tener un apoderado pues no es un particular sino un funcionario público, Uribe advierte que los daños causados por las tomas de agua clandestinas redundan en “perjuicio de intereses públicos fundamentales, despojo de inmueble de la nación, robo de agua y daño al paisaje del que puede resultar desistimiento de la UNESCO para la declaratoria de Patrimonio Mundial, cuestión de interés nacional e internacional”.
El abogado menciona también que el arquitecto Delgado le argumentó igualmente que la Dirección de Sitios y Monumentos no tiene facultades para investigar los hechos. En entrevista con Proceso, el arquitecto dice que no puede denunciar sin el nombre de quienes atentan contra el patrimonio, pues la Procuraduría General de la República se los pedirá, le demandará relatar los hechos precisos y posteriormente una ratificación de la denuncia.
Uno de los miembros del Patronato, Linaza, dice por su parte que ya se entregaron al funcionario algunos nombres, además de información sobre los daños provocados a los apantles y de las tuberías que van de ahí a los invernaderos. Pero además tanto Uribe como González Gamio afirman que el Conaculta o, en su caso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pueden hacer una denuncia “contra quien resulte responsable”. Basta, añaden, con que una autoridad haga una visita al sitio para ver las tuberías que no van bajo tierra sino elevadas, a la vista de todos.
A decir de Uribe al titular del Conaculta le sobran años de experiencia burocrática, pues es la segunda vez que dirige el organismo cultural, pero en este caso le falta “buena voluntad, espíritu de servicio y sentido del deber”.
Telas de juicio
Hacia finales del siglo XX, el Patronato del Acueducto emprendió acciones para la restauración del monumento. Sus integrantes tienen la idea de que algún día vuelva a correr el agua por los 48 kilómetros. Ahora sólo lo hace por algunos tramos. El ingeniero Linaza explica que han intervenido en las áreas de manantiales, hace tiempo se reconstruyó el arco caído de Acelotla de Ocampo –que se desplomó durante un temporal de lluvia–. Ahora necesita limpieza de flora. También esperan recursos para restaurar la capilla abierta del templo de Todos los Santos en Zempoala.
En un documento firmado por Delgado Lamas, dirigido a Uribe, se indica que el Patronato ha recibido recursos a través del Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba) y del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado por la Cámara de Diputados, destinado a apoyos y donativos a las asociaciones civiles por 6 millones de pesos en el año 2011, 6 millones de pesos en el 1012 y 10 millones de pesos en el 2013.
Linaza y Uribe cuestionan a su vez que la Dirección de Sitios y Monumentos gastara los recursos, de cerca de 8 millones de pesos –recibidos del Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural, de Estados Unidos–, en la restauración de sólo dos arcos centrales de la arquería monumental y tres columnas.
En el recorrido con Proceso Linaza mostró que los materiales utilizados en la intervención se deslavaron con las lluvias del pasado mes de marzo, dejando las partes restauradas más claras que el resto del conjunto, lo cual se ve a simple vista. Por ello hicieron una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Conaculta, el cual les respondió que ya se “ordenó la investigación correspondiente”.
A decir de Delgado Lamas se está preparando un informe y se pedirá a la empresa responsable de la restauración se corrijan los errores. Linaza lamenta que se gastara tanto en esa intervención y que ahora se deba gastar nuevamente en colocar andamios, limpiar lo mal hecho, y rehacer el trabajo.
“Es un dinero echado a perder.”
Igualmente cuestiona las razones por las cuales no se invirtieron todos los recursos aportados por el Fondo Embajadores a la obra. Detalla que se gastaron unos 800 mil pesos para un estudio a cargo del ingeniero Roberto Meli, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, para conocer cómo se comporta la arquería durante los sismos cuando –dice– no es una zona sísmica, y agrega que si las columnas están en plomo desde hace más de 450 años y no presenta grietas de peligro, quiere decir que el monumento está estructuralmente bien.
Indica que se pagó una cantidad similar al abogado Dionisio Zabaleta para hacer un estudio de impacto entre los vecinos cercanos al acueducto, y además para conocer su estatus jurídico y poder registrarlo ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), lo cual se hizo en el 2014, no obstante que la Fundación Acueducto Tembleque sostiene que el monumento es propiedad de la nación desde las Leyes de Reforma.
Con el Fondo Embajadores, sigue Linaza, se financiaron también los estudios del arquitecto Francisco Pérez de Salazar, quien hizo un levantamiento de planos de los arcos, aunque 49 de los 65 habían sido realizados ya por el Patronato. Otro estudio más fue sobre uso y mecánica de suelos.
En resumen, los integrantes del Patronato consideran que no hacía falta invertir en algunos de estos estudios que documentaron las necesidades de restauración del monumento, pues en su opinión son evidentes a simple vista. Cabe mencionar que el Patronato cuenta con un vasto acervo de documentación y estudios sobre el Acueducto conformado a lo largo de su existencia.
Delgado dijo –en alusión a la candidatura de UNESCO y el tardío registro ante Indaabin– que “le estamos buscando el pasaporte y no tiene acta de nacimiento”. En cambio Uribe muestra en un antiguo catálogo (1939), realizado por expertos como Manuel Toussaint, Francisco de la Maza y Justino Fernández, entre otros historiadores, que el bien estuvo registrado desde las primeras décadas del siglo XX.
El titular de Sitios y Monumentos descarta que el acueducto pueda estar alguna vez en total operación como lo dejó el padre Tembleque y como desea el Patronato. No obstante señala que es necesario “destinarlo” y dejar en claro cuál será su fin y quiénes serán sus destinatarios, aunque seguirá siendo propiedad de la nación.
Considera que debería destinarse a los gobiernos de Hidalgo y el Estado de México. Vale recordar que cuando estuvieron encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto, respectivamente, ambos firmaron en 2007 un convenio para su restauración, lograr su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y convertirlo en un detonante del desarrollo turístico y económico de la región.
Desde hace más de diez años el Acueducto del Padre Tembleque se contempló en la Lista Indicativa de posibles candidatos a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Finalmente, hace dos años se presentó la propuesta ante el organismo internacional con sede en París, Francia.
En la elaboración del expediente participó un grupo multidisciplinario, coordinado por Luis Ignacio Gómez Arriola, quien obtuvo el Premio Francisco de la Maza 2014 que otorga el INAH a proyectos de Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico, en el rubro de mejor investigación por “El acueducto del Padre Tembleque, complejo hidráulico renacentista en América”.
A decir de Uribe y González Gamio los daños ocasionados por la extracción ilegal de agua y el descuido podrían poner en riesgo la resolución positiva de la UNESCO.
La decisión del Comité del Patrimonio Mundial se dará a conocer en unos días, durante su reunión en Bonn, Alemania.
