La Comunidad Indígena de Mezquitán siempre ha defendido sus tierras, otorgadas en 1976 por decreto presidencial, de la ambición de particulares: desde la cuñada del entonces presidente Luis Echeverría y un excomisariado ejidal, hasta el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia Celso Rodríguez. Por su cargo y su evidente influencia en el Poder Judicial, este último funcionario ha sido el obstáculo más difícil que los comuneros han enfrentado al buscar justicia.
Integrantes de la Comunidad Indígena de Mezquitán denuncian que, para atrasar la demanda que ellos interpusieron para recuperar seis hectáreas del Cerro Pelón, a un costado de la cascada Cola de Caballo, en Zapopan, el particular que las compró ilegalmente está utilizando su influencia en el Poder Judicial.
Se trata nada menos que del magistrado de la Sexta Sala Penal y expresidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González.
El 19 de diciembre de 2013, el magistrado compró a Aurelio Torres 62 mil 67 metros cuadrados por sólo 186 mil 204 pesos en el mencionado cerro. Pero Torres, miembro de la comunidad, estaba denunciado por tratar de adueñarse del cerro, cuya superficie total es de 57.4 hectáreas.
Según los comuneros, Torres le vendió el predio tan barato a Rodríguez González para que a cambio le ayudara a legalizar esas tierras de manera rápida y segura.
Raúl Gutiérrez Robles, abogado de tres comuneros que presentaron una demanda de nulidad de la adjudicación del Cerro Pelón a Torres, dice que cuando Torres inició el juicio de adjudicación de la propiedad, el entonces juez Quinto de lo Civil, Marco Madrigal, no se lo notificó –como debía hacerlo– a la comunidad de Mezquitán ni a los comuneros, que son los terceros interesados.
Señala que en el juicio de nulidad contra Torres, el magistrado Rodríguez González tiene ventaja sobre los comuneros inconformes porque los jueces lo conocen: “La corrupción está en grande en el Poder Judicial. (…) Deliberadamente desecharon las pruebas para favorecer a Aurelio Torres, quien prácticamente le regaló las seis hectáreas a Celso Rodríguez”.
El abogado de los comuneros apeló la decisión del juez Noveno y “lo único que resta es esperar a que se desahoguen las pruebas”.
Este semanario ha informado que el expresidente del Supremo Tribunal de Jalisco posee un patrimonio millonario en bienes inmuebles que comparte con su esposa, María Elena Chávez Martín del Campo (Proceso Jalisco 537). En el Cerro Pelón construye actualmente un gran salón de eventos llamado La Fortaleza, un restaurante y un parque ecológico adjunto al mirador municipal, construido hace años por el ayuntamiento de Zapopan, al borde de la caída de agua.
El fraude
El litigante Gutiérrez Robles comenta que la demanda de nulidad está en manos del juez Noveno de lo Civil, Armando René Ibarrarán Zuno, quien “obviamente está ayudando a Celso Rodríguez” y es “pariente directo” de los descendientes de José Guadalupe Zuno.
Esto es importante por la historia del litigio por el Cerro Pelón.
El 27 de septiembre de 2012 Torres acudió a “promover diligencias de información ad perpetuam con la finalidad de que por el simple transcurso del tiempo como poseedor me he convertido en propietario del inmueble denominado Cerro Pelón o Cerro del Gavilán, con una superficie de 57.4 hectáreas”. El juicio quedó radicado en el expediente 974/2012, ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Partido del Poder Judicial del estado.
Torres argumentó que ese predio le fue transmitido hace 45 años mediante cesión de derechos, por lo que desde entonces lo explota para el uso ganadero y agrícola. Incluso afirma que hace 65 años la propiedad era de su padre, Ignacio Torres López.
Según el escrito de Aurelio Torres, su padre adquirió el predio como integrante de la Comunidad de Mezquitán, pues “al promover la regularización y titulación de la comunidad indígena, al dictarse la resolución presidencial de fecha 30 de noviembre de 1976, se declaró que dicha superficie que conforma el Cerro Pelón, entre otras, quedaba fuera de la propiedad comunal”.
Detalla que ese terreno se inscribió en la Dirección de Catastro en 1999 con la clave D55-J8-010-01. Sin embargo, justifica, “por causas ajenas a mi voluntad y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que a la fecha me ha sido imposible inscribir la cesión hecha a mi favor del bien inmueble, ello en razón de que dicho predio carece de antecedentes registrales en el Registro Público de la Propiedad”.
Por ello, Aurelio Torres pidió al Juzgado Quinto de lo Civil que emitiera una resolución para que el terreno multicitado se inscribiera en el Registro Público de la Propiedad a su nombre. El juzgado lo favoreció.
Cuando la Comunidad Indígena de Mezquitán se enteró de la maniobra, algunos de sus integrantes decidieron demandar que se anulara la resolución judicial.
El 26 de septiembre de 2013, los comuneros Juan Nava Íñiguez, Mariano Jiménez Huerta y Juana García de León presentaron una demanda de nulidad del trámite fraudulento de ad perpetuam contra Aurelio Torres Rodríguez (expediente 1193/2013). Su querella fue enviada al Juzgado Noveno de lo Civil.
Entonces solicitaron a este juzgado que se le indicara al director del Registro Público de la Propiedad que cancelara la inscripción de la escritura pública 7479, correspondiente al Cerro Pelón y pasada ante la fe del notario público 21 de Guadalajara, David Parra Grave. También pidieron al director de Catastro de Zapopan la cancelación de la cuenta catastral.
Juicio cuesta arriba
En su demanda, el trío de denunciantes recuerda que la Comunidad Indígena de Mezquitán cuenta con un padrón de 333 integrantes, a quienes se les otorgó el título por 2 mil 681 hectáreas mediante decreto presidencial del 30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Exponen que antes de ese año la comunidad tenía la posesión del Cerro Pelón, pero en 1993 se enteraron de que había un problema:
“Tuvimos conocimiento de que Ana Beatriz Zuno de Tadeo, quien era cuñada del presidente de la República en funciones, Luis Echeverría Álvarez, trató de adjudicarse el inmueble formando un fideicomiso con el Banco Nacional de México”. Zuno de Tadeo nombró a Julio de la Peña Lomelí como su apoderado legal para este litigio.
Los afectados refieren que le encomendaron al entonces presidente del Comisariado, Aurelio Torres, que defendiera el bien comunal Cerro Pelón con recursos de los comuneros.
Torres presentó una denuncia penal contra De la Peña y Zuno por despojo (averiguación previa 135/1993); como el apoderado legal de Zuno nunca pudo acreditar la posesión del inmueble, éste siguió perteneciendo a la comunidad de Mezquitán.
“Con esa prueba se observa que Aurelio Torres compareció al Juzgado Noveno de lo Penal como representante de la Comunidad Indígena, defendiendo los derechos de posesión y propiedad del Cerro Pelón a favor de la comunidad, y no como supuesto propietario, tal y como lo externó al promover el trámite de informaciones ad perpetuam”, señalan los tres inconformes.
El 11 de agosto de 2014, los denunciantes presentaron una serie de pruebas, entre ellas la copia certificada del plano cartográfico del ejido Hacienda de El Lazo, que se encuentra en el Registro Agrario Nacional desde el 3 de agosto de 1938. En ese documento se aprecia que el predio denominado Cerro Pelón forma parte de la Comunidad Indígena de Mezquitán.
Otra prueba es el plano cartográfico aprobado por el Ejido La Hacienda de El Lazo el 28 de mayo de 1994. En éste se estipula que el Cerro Pelón forma parte de la comunidad de Mezquitán y así quedó acreditado ante el entonces llamado Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Registro Agrario Nacional.
Como parte de su defensa, Torres declaró ante el Juzgado Noveno de lo Civil que el Cerro Pelón no forma parte de los terrenos entregados por decreto presidencial a la Comunidad Indígena de Mezquitán: “No existe ningún documento por medio del cual acrediten que han ejercido dicha posesión y mucho menos que la misma la hayan ejercido en forma pacífica, continua, pública y de buena fe”, señala.
Insiste en que los derechos sobre el predio le fueron reconocidos a su padre Ignacio Torres López desde 1920, y que éste a su vez se los otorgó a él mediante una constancia de cesión de derechos. Además, afirma que se legitimó su dicho a través de la promoción ad perpetuam en el Juzgado Quinto de lo Civil.
El demandando subraya que los tres comuneros “carecen de legitimación para demandar la nulidad pretendida” y precisa que el derecho de defensa recae únicamente en el Comisariado Ejidal.
Torres expresa que los demandantes no exhibieron copias certificadas del procedimiento de Jurisdicción Voluntaria del expediente 974/2012, por lo que precluyó su derecho a exhibirlas.
Saqueo a la comunidad
El 27 de mayo de 2012, Luz Elena del Vivar Zepeda –trabaja como auditora en el Poder Judicial, según se lee en un acta de sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2010– se presentó ante el Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Mezquitán como su vecina.
Del Vivar indica en su escrito que ella forma parte del ejido Exhacienda de El Lazo y a la vez funge “como representante legal de un proyecto que pretendemos realizar en un espacio (…) que tendrá un perfil ecoturístico”.
Según ella, el proyecto se realizaría en su parcela y contaría con actividades como tirolesa, rappel, cabañas y un restaurante. En su oficio pide al Comisariado de Mezquitán nombrar un “cuerpo técnico que los represente en la elaboración de un trabajo topográfico y conocer así los linderos de ambos ejidos”.
Detalla que en el lugar conocido como la Media Luna pretenden instalar dos bases para tirolesas, pero “se presume que las mismas se encuentran en terreno perteneciente a la Comunidad Indígena de Mezquitán”.
En los manejos irregulares del patrimonio de la Comunidad Indígena de Mezquitán también están presuntamente involucradas otras siete personas que en diferentes periodos han formado parte de la mesa directiva del Comisariado, dice el comunero Mariano Jiménez Huerta.
Relata que al pedir a sus compañeros cuentas de la venta millonaria de predios comunitarios, fue amenazado de muerte.
El 31 de marzo de 2010 Jiménez Huerta presentó una denuncia en contra de los comuneros de Mezquitán Pedro Lara Siordia, Aurelio Torres Rodríguez, Salvador Ramos Lomelí, Trinidad Rodríguez, Heliodoro Presa, Juan María Navarro, Heriberto María Navarro y Jesús Ramos Lomelí.
En su querella narra que desde hace varios años los señalados han ocupado cargos administrativos en el Comisariado y en el Consejo de Vigilancia.
Desde esos puestos, explica, “han estado realizando contratos de ventas de inmuebles propiedad de la comunidad, por los cuales cobraron indemnizaciones por expropiaciones por obras de utilidad pública, como es el caso de la carretera a Saltillo y la venta de un terreno a la Comisión Estatal del Agua (CEA)”.
Recuerda que en las elecciones del Comisariado se presentó una planilla de oposición a la que presentaron los señalados, pero éstos volvieron a ganar porque se permitió que votaran personas no incluidas en el padrón del Registro Agrario Nacional.
“Como el suscrito les he pedido que presenten copia de los contratos y rindan cuentas a la asamblea general de los ingresos que han tenido, empezaron a decirme que no me esté metiendo en esos asuntos”, indica el inconforme en su denuncia, asentada en la averiguación previa 4111/10, en la Agencia 9.
Prosigue: “Es el caso que en la últimas asambleas me han amenazado en forma específica las personas antes señaladas, incluso ante la presencia de asambleístas, que si no me callo me van a matar. En forma especial me han dicho que si no me pongo en paz y dejo de molestar pidiendo rindan cuentas, me van a matar, eso me lo han dicho las personas señaladas varias veces”.
Jiménez Huerta agrega que tiene información de que celebraron con la CEA un contrato por la compra de un terreno en 84 millones de pesos. Además, sabe que se hizo un pago a la comunidad por la ampliación de la carretera a Saltillo, pero no especifica el monto.
