Más allá de la coyuntura electoral, “en México hay pluralismo, pero no democracia”, dice convencido el doctor José Antonio Crespo, experto en sistemas constitucional y político, elecciones y partidos.
Adscrito al Centro de Investigación y Docencia Economicas (CIDE), el académico ennumera los factores que rodean el entorno electoral de este domingo 7: Una ley que no funciona bien, el mensaje de impunidad implícitamente dado por el árbitro con las transgresiones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como la inusitada violencia en el contexto del proceso de elección y los diferentes niveles de descontento.
La legislación electoral no funciona bien por la mezcla “extraña” entre autoridad estatal y federal, sostiene, y también advierte que las causales de nulidad suponen un alto grado de litigiosidad poselectoral. Así, considera previsible otra reforma electoral para los comicios presidenciales de 2018.
Doctor en historia por la Universidad Iberoamericana, profesor asociado del Sistema Nacional de Investigadores, Crespo ha realizado estudios comparados sobre democracia en América Latina en los últimos años.
–¿Tenemos problemas con las reglas del juego o con las formas de jugarlo? –le comenta el reportero, en alusión a las múltiples reformas electorales.
–Con las dos. Las reglas son intrincadas. La desconfianza tradicional entre los partidos y de los ciudadanos hacia los partidos se ha traducido en demasiados candados. Tenemos la ley electoral que más candados tiene y un sistema electoral en el que quienes pierden no reconocen las derrotas. Es una paradoja.
“Y también son las formas de jugar. En todas partes los partidos tratan de hacer trampa donde pueden. Aquí es sistemático, pero no se ve que haya un compromiso real con los resultados de parte de los partidos. Los perdedores denuestan las reglas y al árbitro.”
En entrevista con Proceso, Crespo abunda en otro elemento relevante del proceso electoral: la falta de sanción por las transgresiones sistemáticas reiteradas y los desacatos del PVEM a una autoridad que se percibe debilitada o parcial. El mensaje es que conviene más desacatar la ley que acatarla, lo cual tiene “un sentido perverso”.
Para el investigador, más allá del resultado de los comicios, queda pendiente que el Instituto Nacional Electoral (INE) explique cuándo procede la perdida de registro. Y lo ejemplifica con una referencia futbolística:
“Lo que dijeron los árbitros con el Verde es: aunque exista la tarjeta roja, no estamos dispuestos a usarla. El mensaje implícito es: van a ser puras amarillas y resulta rentable… entonces no es el mensaje más adecuado para un proceso civilizado, legal; es contraproducente.”
Habla también de las candidaturas independientes que, advierte, si bien habían competido en procesos locales, no lo habían hecho en federales o de gobernador:
“Creo que hubo un cálculo erróneo de quienes crearon esa posibilidad, asumiendo que las candidaturas independientes a nivel de gobernador y presidente difícilmente podrían triunfar. En Nuevo León no sabemos qué va a pasar, pero gane o pierda El Bronco, vemos que sí puede ganar un independiente a los partidos. Es un mensaje que creo que ya quedó independientemente del resultado”.
La nueva violencia
Sobre la violencia electoral en Guerrero y Oaxaca por el intento de impedir la elección, expresado en la destrucción de paquetería y el afán de sacar al Ejército de la sedes del INE, José Antonio Crespo comenta:
“Eso es algo nuevo. Habíamos visto la violencia derivada del crimen organizado. Esa no fue nueva. Ya llevamos años con eso. Esto es nuevo: el uso de la elección para el chantaje político para la preservación de los privilegios de los grupos de interés o poderes fácticos, en este caso, el magisterio. Eso es nuevo y preocupante.”
Si bien la violencia del crimen organizado no es nueva en elecciones, sí lo es relativamente en el panorama político mexicano, del sexenio de Felipe Calderón hasta ahora. La distinción estriba en que a eso se suma la elección para exigir algo distinto al objetivo electoral.
–La otra lectura es que los argumentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no fueron tomados en cuenta a la hora de las decisiones –le comenta el reportero.
–Bueno, por eso usan lo que sea para presionar lo que ellos consideran intereses legítimos que muchos cuestionamos, para que no haya elecciones… Es la misma línea.
Una vez que decidió revertir la reforma educativa, el gobierno de Enrique Peña Nieto claudicó, dice Crespo, lo que “parece irracional: Ceder, claudicar como Estado mexicano frente a poderes fácticos. Se podría creer que hay una estrategia detrás: movilizar a la sociedad para eventualmente reforzar la reforma educativa, plantar cara a estos grupos del magisterio…
“Es decir, si es así y le sale bien, saldrá muy bien; de lo contrario, quedará totalmente debilitado el gobierno a costa de debilitar al Estado. La señal sería que todos los poderes fácticos pueden hacer valer sus intereses frente a un Estado débil.”
El investigador del CIDE recuerda que, en el pasado, el Estado se caracterizaba por tener a los poderes fácticos de aliados y subordinados. Pero, dice, con la alternancia fue distinto: el poder presidencial se redujo, se distribuyó, pero los poderes fácticos quedaron igual. El Pacto por México quiso acotarlos, según dijeron…
Crespo considera que la claudicación frente al “chantaje” muestra una situación de debilidad relativa ante los poderes fácticos, algo que no es nuevo. Y ejemplifica con otros episodios, como el relativo a la Ley Televisa.
Los niveles de descontento
José Antonio Crespo identifica algo propio de esta elección: un nivel de descontento mayor que en otros procesos electorales, e identifica tres niveles:
Primero, está el descontento contra el gobierno actual, que se juzga normalmente en las elecciones intermedias y se traduciría en quitarle curules al PRI.
Quizás más fuerte que en otras ocasiones, el segundo nivel es con el régimen partidocrático, pero aceptando aún el sistema electoral; ese descontento se manifestaría con el voto nulo.
Un tercer nivel sería el descontento con todo el sistema de partidos y electoral que se traduce en abstención.
La interrogante está en lo que puede reflejarse en las urnas. Si, como dicen las encuestas, el PRI se queda con 30%, sería más o menos el mismo número de curules. Si el voto nulo es igual que hace seis años, no expresaría mayor descontento, y si la abstención no es superior al 60% histórico, tampoco sería contra el sistema.
Los niveles de descontento que el académico advierte se han reflejado en otras ocasiones. En 1997, por ejemplo, el PRI se cayó y perdió la mayoría absoluta (11% menos). En 2003 se desplomó el PAN con 50 curules. En 2009, con alrededor de 60.
Así que, observa, a menos de que se equivoquen las encuestas, esta sería la primera vez que el partido gobernante no se desploma, sino que va a quedar más o menos como estaba.
“Esto es una peculiaridad. Desde 1997 –que tenemos un IFE autónomo, porque realmente lo de antes es todavía poco confiable–, esta será la primera vez que el gobierno quede tablas.”
–A la luz de lo ocurrido con el Pacto por México, importa la configuración de la Cámara de Diputados? –se le plantea.
–Depende de la perspectiva que se quiera ver. Puede decirse: da lo mismo que sea mayoría o minoría que ganar unas curules o no, los partidos hacen lo que quieren, mantienen sus privilegios, mantienen su financiamiento. La composición de la cámara puede no importar.
“Pero mantener una mayoría o no, sí puede hacer la diferencia para el gobierno. El gobierno la prefiere porque tiene ahí la aceptación automática del presupuesto, no tiene que negociarlo; eso es importante. Al gobierno le interesa mantener la mayoría y a la oposición le interesa que no la obtenga. Desde esa perspectiva, es importante la nueva distribución en la Cámara de Diputados”.
Crespo no omite los avances. Hay transparencia, dice, pero no se refleja en rendición de cuentas; hay pluralismo, pero éste no se traduce en democracia.
Refiere que esa conclusión responde a la interrogante sobre la modificación del esquema que desde 1997 concentró en tres fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, los cargos de elección y que hoy se altera con la existencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el avance –al menos en las encuestas– del PVEM.
En su balance, la posición de Morena y el PVEM es la de partidos intermedios, con 8% o 9% y que aún no logran ser opciones de gobierno en esta elección, difícilmente competitivos, aunque pueden serlo en el futuro. Por lo pronto, dice, sólo contribuyen a hacer el modelo multipartidista más complejo.
–¿Esa complejidad contribuye a la democracia? –se le pregunta.
–Contribuye a la pluralidad, pero la pluralidad en México no se ha traducido en democracia. Durante mucho tiempo luchamos por la pluralidad como sinónimo de la democracia, cuando en realidad era condición de la democracia, pero una condición no es suficiente. Sin pluralidad no hay democracia, pero la pluralidad no garantiza la democracia .
A su juicio, falta rendición de cuentas, combate a la corrupción y poner fin a la impunidad, lo cual no ocurre por la sola pluralidad.
“Hasta ahora lo que ha hecho la pluralidad es democratizar la corrupción que se socializó en todos los partidos. Ya no es sólo el PRI. Por eso hablamos de que, más que una democracia representativa, hay un régimen partidocrático.”
Explica que un monopolio partidista impune es característico de los regímenes autoritarios, y lo que se observa en México es que eso se tradujo “en un oligopolio partidista”.
Por un lado, considera, no hay rendición de cuentas, y la partidocracia es más una oligarquía de varios partidos que compiten pero tienen su pacto partidocrático; defienden sus privilegios, aunque no coincidan con el interés ciudadano, tales como los financiamientos, salarios, prerrogativas, fueros e impunidad, que comparten todos ellos.
Del otro lado, los ciudadanos carecen de mecanismos para llamar a los partidos a la rendición de cuentas, de manera que si hasta ahora se les logró elegir a través del voto, una vez en el poder no se les puede llamar a cuentas, factor necesario para tener una democracia representativa eficaz, apunta.
Crespo dice que lo anterior se expresa en la falta de mecanismos como la revocación de mandato; es decir, no hay vías para castigar, y si en alguna medida la reelección contribuiría a ello, quedó desvirtuada pues ésta sólo es posible con autorización del partido.
“Por eso –concluye el investigador– muchos consideramos que pasamos del monopolio partidista impune y corrupto, a un oligopolio partidista impune y corrupto. Cambió la pluralidad, pero no se tradujo en algo que es esencial en la democracia: la rendición de cuentas”.
