La reforma electoral, aprobada en 2014 por un Congreso dominado por el PRI y sus incondicionales aliados del Verde y el Panal, le puede permitir al tricolor mantener esa mayoría, así sea con sólo 40% del voto total de los comicios de este domingo 7, en un proceso cuyo costo es históricamente elevado: 21 mil 634 millones de pesos. De esta forma, el PRI y el presidente Peña Nieto se afianzan en el poder, sin experimentar castigo por el descontento provocado por dos años de inseguridad, actos de corrupción oficial y conflictos políticos, económicos, sociales.
En un país con más de 990 movilizaciones por conflictos sociales, magisteriales y de inseguridad pública y tras una campaña que destacó por su violencia, denuncias por violaciones a la ley, el abierto desafío del Partido Verde apoyado por las televisoras y el oficialismo y la debilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), los comicios de este domingo 7 auguran una crisis de legitimidad para los órganos de representación popular y una victoria cantada del PRI y sus aliados gracias a la sobrerrepresentación aprobada en la reforma electoral de 2014.
Con un alto abstencionismo de los 83.5 millones de mexicanos inscritos en la lista nominal, estas elecciones han sido las más caras en la historia de unos comicios federales: entre el presupuesto del INE, el financiamiento a los 10 partidos contendientes y el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se sumaron 21 mil 634 millones de pesos, más de 30% en comparación con 2009 y un exceso en medio de un recorte presupuestal este año de 124 mil millones de pesos.
El pretexto para este incremento del gasto electoral fueron las nuevas atribuciones del INE y el incremento de más de 100 plazas en el TEPJF, derivadas de la reforma político-electoral que aprobaron los partidos políticos hace año y medio.
El senador Alejandro Encinas, quien votó contra esa reforma electoral y renunció a su militancia en el PRD tras la crisis de los 43 normalistas de Ayotzinapa, advierte que, pese a la decepción y el enojo ciudadano frente a las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto, el partido de éste, el PRI, obtendrá la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, gracias a una serie de trampas legales, estrategias para comprar e inhibir el voto y consentir las violaciones de su aliado, el Partido Verde.
“Sucederá que el PRI y sus aliados (Partido Verde y Nueva Alianza) con sólo el 13% real del voto de los 83.5 millones de mexicanos inscritos en el listado nominal de electores y el 40% del voto total, podrá tener la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, gracias a la fórmula de sobrerrepresentación que se aprobó en esa reforma electoral”, afirma Encinas.
“No tenemos un escenario de normalidad democrática. Esto profundizará la crisis de legitimidad de las instituciones públicas. ¿Cómo explicar el profundo descontento social contra las reformas estructurales de Peña Nieto y que las elecciones le otorguen el control mayoritario de la Cámara de Diputados al PRI y a sus aliados?”, se cuestionó Encinas.
El exjefe del gobierno capitalino explica a Proceso este cálculo: “Todas las encuestas arrojan un índice cercano al 60% de abstención y votos nulos; de ese 40% de votos reales, el PRI obtendrá entre 30 y 32%, más el 8 a 10% que pueden aportarle el Partido Verde y Nueva Alianza, le darán el control de la mayoría en la Cámara de Diputados.
“Por eso voté en contra de esa reforma electoral, además de que vamos a ver el colapso del sistema de partidos actual y la inoperancia de un modelo híbrido de centralización electoral que se generó con el Instituto Nacional Electoral. Si antes los órganos electorales estatales estaban secuestrados por 32 gobernadores, ahora tenemos un INE secuestrado por un solo personaje que es Enrique Peña Nieto”, abunda.
Las últimas encuestas publicadas confirmaban la percepción de que el PRI alcanzaría, con el Verde y Nueva Alianza, 40% de los votos. El miércoles 3 las encuestadoras Parametría, Ulises Beltrán y Mitofsky dieron a conocer sus últimos resultados: el PRI tenía entre 30 y 32% de la intención del voto; el PAN, 24 (Mitofsky) a 25 (Parametría) y 26% (Ulises Beltrán); el PRD, 11 a 17%, según la empresa encuestadora; Partido Verde, 6 a 9%; Morena, 9 a 10%, rebasando a los del partido del tucán; Nueva Alianza, 3 y 4%; y Movimiento Ciudadano, 4 a 6%.
Los partidos que estarían en posición de perder el registro serían el Humanista, Encuentro Social, del Trabajo e incluso Nueva Alianza, según los resultados preliminares de esas encuestas.
La alianza PRI-Verde-Nueva Alianza alcanzaría 40% de los votos y 51% de la asignación de diputados federales, según las nuevas reglas de la reforma electoral, a pesar de que el descenso de las preferencias hacia el PRI ha sido muy claro en 2014 y 2015.
De acuerdo con las encuestas de Parametría, en mayo y junio de 2014, antes de la crisis provocada por los escándalos de corrupción y las protestas sociales por Ayotzinapa, registraba una intención de voto de 46%. Al 31 de mayo de 2015 disminuyó a 31%, 15 puntos menos.
Su mayor aliado, el Partido Verde, tuvo un crecimiento constante hasta febrero de 2015, que registró 11% de intención de voto, según Parametría. A partir de marzo comenzó a descender al 8%.
Nueva ley, peores vicios
El descontento por los efectos de la reforma electoral fue expresado también por el presidente del Senado y coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa. “No ha funcionado la reforma política. Hemos visto los mismos vicios como rebase a los topes de campaña, dinero privado en las campañas, señalamiento de manejo de recursos públicos, de programas federales locales, y eso involucra a todos los gobiernos locales”, se quejó el 21 de mayo en improvisada rueda de prensa.
El senador poblano se quedó corto en su enumeración. La campaña electoral de 2015 está considerada como una de las más violentas en la historia reciente. A las amenazas provenientes del crimen organizado contra candidatos se sumaron las agresiones, enfrentamientos y crímenes contra aspirantes, operadores políticos y militantes.
El martes 2 fue asesinado Miguel Ángel Luna Munguía, candidato del PRD a diputado federal en el distrito 23 del Estado de México, correspondiente al Valle de Chalco. Con él llegó a 20 el número de políticos ejecutados en 10 entidades.
También se agudizaron los enfrentamientos entre simpatizantes partidistas: el 30 de abril, en la comunidad de Ixcaputzalco, Guerrero, fueron asesinados cuatro simpatizantes del Panal; el 31 de mayo, en Peto, Yucatán, dos simpatizantes del PAN murieron y seis fueron heridos tras enfrentamientos con presuntos grupos de choque priistas, en una de las entidades consideradas como las de menor índice de violencia del país.
El final de mayo se puso muy violento con los asesinatos del perredista Jehová de la Cruz Gallegos, en Juchitán, Oaxaca; del exedil panista Ambrosio Borbonio, en Cuitláhuac, Veracruz; del regidor priista José Salvador Méndez, de Chignahuapan, Puebla; y del coordinador de la campaña priista en el Distrito Federal, Israel Hernández, el 28 de mayo.
A éstos se suman más de 70 episodios de secuestros, amenazas de extorsión y muerte, agresiones de grupos de choque y ataques directos a las instalaciones del INE; estos últimos se agravaron con el desafío de los maestros de la CNTE que llamaron al boicot electoral.
En el Distrito Federal, donde se eligieron 16 jefes delegacionales, diputados federales y diputados locales, se registraron actos violentos en 13 de las 16 demarcaciones.
Alejandro Encinas también se queja de este retroceso en la Ciudad de México: “Desde el 2000 habíamos logrado tener el mínimo de impugnaciones en elecciones capitalinas; ahora no sólo hay impugnaciones de carácter electoral sino penal. Es obvio que hay un grave problema de operatividad de los responsables de seguridad pública y de la autoridad electoral”.
Un análisis realizado por la empresa E-Consulting Box registró mil 300 quejas de partidos y candidatos denunciando propaganda contraria a la normatividad electoral, calumnia, actos anticipados de campaña, contratación ilegal en tiempos de radio y televisión, uso indebido de la pauta y uso indebido de programas sociales.
Desde el reparto de televisores por parte de la Sedesol y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el pretexto de la política de Transición Digital Terrestre, hasta el retorno del reparto de despensas y sobre todo, la entrega ilegal de vales de todo tipo del Partido Verde (desde lentes hasta pases para el cine), las acciones de compra y coacción del voto se generalizaron.
La misma consultoría previó que habría muchos municipios y distritos electorales clave que terminarían en conflictos poselectorales y judicializados, como Naucalpan, la capital de Querétaro, Cuautitlán, Texcoco, Guadalajara, Hermosillo, Monterrey, Los Cabos, Minatitlán, Manzanillo y las delegaciones capitalinas más competidas: Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras.
El INE previó que de las 15 mil 134 secciones de atención especial en todo el país, 6 mil 656 presentarían problemas de “alta inseguridad pública”, casi 10% de todas las secciones electorales nacionales.
Hasta el miércoles 3 el INE había registrado 433 procedimientos especiales sancionadores, la mayoría por violaciones a la prohibición de compra del voto (102), propaganda contraria a la normatividad electoral (100), calumnias (86) y adquisición o contratación de tiempos en radio y televisión.
Las más caras
A la debilidad institucional del INE y el carácter obsequioso del TEPJF frente a las constantes violaciones del Partido Verde, le corresponde el mayor presupuesto en la historia para unas elecciones federales: entre ambos se ejercerá un total de 21 mil 634 millones de pesos, de los cuales 18 mil 572 le corresponden al Instituto y 3 mil 62 al Tribunal; 30% más que en los comicios intermedios de 2009.
Con el pretexto de que tiene nuevas atribuciones derivadas de la reforma electoral, el INE ejercerá este año 18 mil 572 millones de pesos, 30% más que en 2009, cuando el IFE organizó otras elecciones intermedias (12 mil 880 mdp).
De esos 18 mil 572 millones de pesos, 70% fueron para gastos de operación del instituto (13 mil 216 millones de pesos) y el resto para el financiamiento a los 10 partidos contendientes (5 mil 355 millones de pesos).
El TEPJF ejercerá 3 mil 62 millones de pesos, 40% más que en 2014 (2 mil 448 millones de pesos), so pretexto del incremento de salarios y de plazas, así como la creación de la Sala Regional Especializada en el Procedimiento Sancionador, que costará 187 millones 559 mil pesos, aunque no haya podido evitar las evidentes y documentadas violaciones del Partido Verde.
Violaciones del Verde
De manera sistemática, durante la campaña electoral el TEPJF le rebajó las sanciones al Partido Verde pese a que este partido violó de manera evidente la ley y especialmente el llamado “modelo de comunicación política” que tanta animadversión creó entre Televisa, TV Azteca y los principales concesionarios de radio desde 2009.
El Verde sumó más de 513 millones de pesos en multas aprobadas por el INE; la mayor de ellas fue de 322.4 millones de pesos por haber transmitido casi 300 mil spots entre septiembre de 2014 y febrero de 2015 con el pretexto del “informe de labores” de sus legisladores.
Otras multas fueron por sus campañas de “cineminutos” en las salas de la compañía Cinemex, el reparto de 4 millones de calendarios de material no biodegradable, la apropiación ilegal de programas sociales como los vales de medicina a través de spots y propaganda.
En casi todos los casos el TEPJF revocó o disminuyó las sanciones al Partido Verde. En el caso de las impuestas por vales de medicina, boletos de cine y calendarios, los magistrados le ahorraron 9 millones de pesos al principal aliado electoral del PRI.
En el caso de los calendarios, los magistrados llegaron a argumentar que no se pudo comprobar fehacientemente que estaban hechos con material no biodegradable y por tanto, le perdonó 1 millón 181 mil pesos de sanción.
“Les ha resultado más rentable violar la ley que asumir las sanciones, con todo el apoyo del PRI”, afirma Encinas.
–¿Se trata de ganar a toda costa para el PRI y el Verde?
–Se trata de ganar con una minoría mayor, a partir del tráfico de votos, de violar la ley como en el caso del Partido Verde y de minar a las instituciones responsables de la vigilancia electoral.
Reforma educativa y fantasma electoral
La paradoja más grande es que de las 11 reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto, ninguna fue presumida de manera sistemática por los candidatos a diputados federales, gobernadores o alcaldes del PRI y de sus aliados.
Peor aún, en vísperas de las elecciones la SEP anunció en un escueto comunicado del 29 de mayo, que interrumpía el proceso de evaluación magisterial, resultado fundamental de la reforma educativa, “una de las que contaron con mayor apoyo social”, según presumió Peña Nieto apenas el pasado 15 de mayo.
La cancelación de la evaluación magisterial provocó un agrio debate en la Comisión Permanente, donde la mayoría de los partidos hizo un exhorto a la SEP y a la Secretaría de Gobernación para que no recularan en la evaluación magisterial.
La reforma educativa, recordó el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, fue la “primera gran reforma del Pacto por México” que se aprobó en el Congreso.
“Estamos frente, entonces, a un gobierno asustado, pasmado, debilitado, burlado, cerca de la ilegalidad, con falta de sensibilidad académica y falta laboral”, advirtió Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación que dictaminó esa reforma.
A pesar del anuncio realizado por la SEP, las movilizaciones magisteriales protagonizadas por contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, especialmente, no disminuyeron. El llamado al boicot electoral se agudizó. En el gobierno federal hubo reuniones entre el jefe de la Oficina de Los Pinos, Aurelio Nuño, el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava y asesores del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero no se logró avanzar ante una desafiante movilización de la CNTE.
Si antes de la reforma la Coordinadora tenía presencia fuerte sólo en cuatro estados, ahora tiene contingentes en 21 entidades. Y en la mayoría amenazaron con realizar acciones de boicot.
